ESTADOS UNIDOS NOS ESPÍA

La foto de Edward Snowden, un rubiecito de 29 años y anteojos, de profesión informático y desconocido hasta hace unos días, ganó la tapa de los principales portales de los diarios europeos y norteamericanos. Es que el diario inglés The Guardian (originario de Manchester pero que se edita desde Londres desde hace medio siglo) publicó una historia que sacudirá al gobierno de Barack Obama y todo el complejo militar y del espionaje norteamericano. Desde Hong Kong y sin ocultar su identidad, Snowden dio una entrevista a The Guardian en la que asume haber trabajado 4 años para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y dio al periódico los detalles de un programa de intrusión en las llamadas telefónicas de millones de personas por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, dirigida por el General Keith Alexander (foto). Snowden tomó la precaución de mudarse a Hong Kong 20 días antes de que la historia fuera publicada. No duda en que las autoridades norteamericanas van a demonizarlo pero pide, a través de la entrevista, que sus conciudadanos reflexionen acerca del mundo en que quieren vivir.




"Mi única motivación era informar a la gente, y lo que hice es por ellos", aseguró. "No puedo permitir que Estados Unidos destruya la privacidad de las personas", dijo este joven que ganaba 200 mil dólares anuales por ser parte de ese entramado de espionaje masivo, según aclaró.

El tema del espionaje telefónico había saltado el miércoles pasado, cuando The Guardian publicó una orden judicial a la operadora telefónica Verizon de Estados Unidos en la que la empresa debía darle a diario la información de la actividad de sus usuarios.

La mencionada orden aclaraba que Verizon no puede dar a publicidad esta solicitud por cuestiones estrictas de seguridad nacional. Es decir, no se trataba de una orden judicial de un caso específico de alguien sospechado de alguna actividad puntual sino que el pedido era indiscriminado, para todos los clientes. No hay duda que forma parte de un programa de control político orientado a millones de norteamericanos.

Además del control de las comunicaciones telefónicas, el periódico inglés hablaba del programa PRISM, destinado a intrusión de comunicaciones de Internet. Así, queda claro que Google, Apple, Microsoft, Facebook y otras grandes compañías tecnológicas colaboran con el gobierno estadounidense para entregar información privada, revelaba el diario. Es decir, los correos electrónicos, las redes sociales o cualquier otra actividad es atentamente escaneada por la inteligencia norteamericana sin autorización de los usuarios. PRISM existe desde 2007 y constituye la principal fuente de información de inteligencia.

Las respuestas a las revelaciones del miércoles en The Guardian llegaron de inmediato. En un comunicado de prensa, James Clapper, director de Inteligencia Nacional norteamericano dijo que PRISM servía para "proteger al país de una gran variedad de amenazas" y pretendió suavizar el golpe aclarando que el espionaje se hacía "únicamente sobre personas que viven fuera del país".

Lo que destapaba The Guardian se convertía en el primer golpe al gobierno de Barack Obama por espionaje indiscriminado. El conservador Washington Post se sumaba a las denuncias. Sin dudas porque siempre corre por derecha a Obama. Pero acá las cosas se empastan porque el origen de todas las medidas de control masivo al interior de Estados Unidos fue de George Bush –a través del Acta Patriótica– inmediatamente después del ataque a las torres gemelas. Dicho sea de paso, jamás el espionaje norteamericano pudo dar una versión fehaciente sobre quién es Al Qaeda.

Así como el W Post aprovecha para pegarle a Obama por sus claros vínculos con los republicanos, nadie puede pensar que es el caso de The Guardian, de clara orientación liberal y que se opuso a las invasiones de Afganistán e Irak desde el inicio hace ya más de una década.


¿QUO VADIS OBAMA? 

Así las cosas a mitad de la semana pasada, Obama salía a la luz pública el viernes en una conferencia de prensa. Ya no era el hombre que pretendía contarles a los norteamericanos que tenía un sueño, emulando a Martin Luther King, sino que no tuvo problemas en mostrarse como un personaje de pesadillas y justificó la intrusión, creyendo quizá que era una denuncia leve. Pero Snowden, dos días después de la parada de Obama, dio la cara. Y eso redobló la apuesta: no se trataba de la filtración de un papel reservado enviado desde un juzgado hacia una empresa telefónica. Era un muchachito rubio de carne y hueso que puso las cosas, valga la paradoja, en blanco sobre negro. "Mi familia no sabe qué está pasando. Mi miedo es que van a ir a por mis padres, mis amigos y mi pareja", dijo en la entrevista.

Para algunos, Obama todavía podrá simbolizar el progreso, el acceso de la comunidad afroamericana a las máximas ligas de la administración pública y muchas otras cosas que no dejan de ser parte de los cambios en el país más poderoso de la Tierra. Pero es, en estas horas, la cúspide de la toma de decisiones de un aparato infernal. Y las decisiones no se delegan.

No bien tomó estado público la denuncia, quien dio una entrevista fue el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Se la dio a la agencia francesa AFP desde su reclusión, la embajada de Ecuador en Londres. Habló del "colapso catastrófico del derecho" en Estados Unidos. Todos recuerdan que una de las fuentes de Assange fue el analista de información de la CIA Bradley Manning, quien estuvo en Afganistán e Irak y lleva tres años preso en condiciones infrahumanas. El también joven, rubio y de anteojos Manning es ahora un pequeño héroe para Snowden. No faltan comentarios de prensa por estas horas que califican a Snowden como el nuevo Manning. Como tampoco faltan analistas que ponen a Obama en una línea de continuidad con Bush.


¡DEMOCRACIA AHORA! 

El control de la CIA y la Casa Blanca tiene sus motivos. El todavía joven pero ya veterano periodista de investigación Jeremy Scahill acaba de ganar un premio por un documental en la edición del prestigioso festival de cine de Sundance. En efecto, junto a Rick Rowley hizo Guerras Sucias (Dirty Wars), un documental que pone la piel de gallina mostrando las actividades de las tropas norteamericanas en operaciones secretas, en el uso de aviones no tripulados para eliminar adversarios y también en la actividad cotidiana de los soldados con uniforme que actúan en Afganistán, Pakistán y en otros destinos, donde las tropas norteamericanas actúan como ejército invasor. Scahill publicó hace unos años Blackwater, el auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, donde se evidencia que no hay límites entre las tropas mercenarias de empresas privadas de seguridad y los ejércitos formales de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Scahill forma parte de una nueva camada de periodistas investigativos que toman la posta de grandes plumas como Seymour Hersh, quien no dejó de publicar verdades en los últimos 50 años, pese a que los dueños de los medios dejaron a Hersh en un lugar marginal. Vale la pena recordarlo: Hersh saltó a la primera plana de los diarios cuando entrevistó a un oficial norteamericano preso, que le detalló cómo había sido la masacre de Mi Lay (1968) en plena ocupación norteamericana en Vietnam.

Poco tiempo después de las denuncias de Hersh salía a la luz en Estados Unidos un libro que se convertía en un ícono de la oposición a la invasión en Vietnam. Era Los ejércitos de la noche, de Norman Mailer, donde se mostraba el otro lado del gran Imperio, el de los que querían confraternizar con los vietnamitas en vez de intentar destriparlos y someterlos. Mailer murió en 2007, y pese a ser un autor de culto, los grandes medios ya no lo publicaban, porque sencillamente era un opositor feroz a las invasiones en Afganistán y en Irán. Hersh sigue en el camino.

Scahill es parte de Democracy Now, un colectivo que no claudica frente al poder. Es una emisión que sale por distintos canales de televisión, radio e Internet y que presenta Amy Goodman, y que en una de sus últimas emisiones puso a disposición de las audiencias Dirty Wars. Scahill estuvo en Irak, en Pakistán, en Afganistán, en Yemen, en Somalia, en Sudán y en muchos otros lugares donde las tropas norteamericanas realizaron acciones criminales. Las pone en evidencia en el documental y se las cuenta a Amy Goodman.

Es cierto que no puede construirse una visión paranoica de la política, pero peor aún es desconocer que el poderío militar norteamericano tiene un pacto implícito con los grandes medios de comunicación respecto de no incursionar en el sentido imperial de sus fuerzas armadas como punta de lanza de las grandes compañías multinacionales.

El control sobre los correos electrónicos y las llamadas telefónicas no son la persecución directa a Democracy Now y a otras asociaciones o grupos de norteamericanos contrarios a la ideología imperial reinante en ese país. Sin embargo, son parte del fantasma de la Casa Blanca y del Pentágono norteamericanos. Viven con espanto el recuerdo de la derrota de Vietnam, de la influencia interna de aquellos crímenes que nunca llegaron a los tribunales y que fueron destapados por Hersh, Mailer y otros valientes periodistas.

Scahill pone el acento en algunos aspectos ignorados por la gran prensa norteamericana. Los drones –aviones no tripulados– fueron utilizados a fines de mayo, en Pakistán para ejecutar a siete personas. Nadie se hace cargo de su utilización, sin embargo el mismo Obama durante la campaña electoral que le permitió la reelección se comprometió a controlar y disminuir drásticamente las operaciones con robots asesinos. Esto sucedió unos días antes de que tomara estado público la denuncia de Edward Snowden. Los drones actuaron a kilómetros de distancia de Estados Unidos y quizá resulte más fácil de ocultar para el gran público norteamericano. Lo que cuenta Snowden impacta sobre el corazón de la credibilidad del sistema. El mismo domingo por la noche, las portadas de los portales de noticias del Washington Post, el New York Times, el Financial Times y de otros diarios norteamericanos contaban la historia de Snowden. Habían pasado apenas 48 horas de la conferencia de prensa de Obama. Si la sociedad norteamericana llega a percibir que una y otra cosa –los drones y el PRISM– forman parte de un mismo sistema de dominación y control, es posible que el sistema político de la nación más poderosa del planeta tenga que reconocer: Houston, estamos en problemas.

Eduardo Anguita

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LA CRISIS PERPETUA

“En nuestra precipitación por medir lo histórico, lo significativo, lo revelador, no dejemos de lado lo esencial: lo verdaderamente intolerable, lo realmente inadmisible, el escándalo no es el grisú, es el trabajo en las minas. Los 'malestares sociales' no son 'preocupantes' en período de huelga, son intolerables 24 horas por día, 365 días por año."

Georges Perec

Una parodia de crisis política mece la poltrona de Cristina Fernández. Una oposición sin estrategia, faltan 70 días para las elecciones de medio tiempo y todo sigue en veremos, confunde el lugar televisivo de Jorge Lanata con un camino hacia alguna parte. La fragilidad de toda la estructura yace una vez más al descubierto.

¿Qué impone semejante endeblez sistémica? No se trata tan sólo del complejo y destartalado abanico denominado "la oposición", también remite al oficialismo. Una oposición incapaz de producir reagrupamientos termina por jugar en los pliegues internos del Frente para la Victoria. Dicho sin anestesia, juega en la canchita presidencial. Esa es la impotencia: dificultad, imposibilidad de jugar en la otra cancha. Conviene recordar en esta lectura que las elecciones de 2015, como toda elección presidencial desde 1916, no es otra cosa que un plebiscito que el Ejecutivo propone a la sociedad política: aceptar o rechazar su candidato presidencial. Es útil añadir que a lo largo de esta centuria nunca ninguna propuesta fue rechazada. Y que a lo sumo los golpes de Estado exitosos tuvieron, en ese lapso, como parte de sus propósitos, confiscar ese atributo presidencial y transferirlo a su cuadro de oficiales superiores.

En 1930 fue arrebatado a Hipólito Yrigoyen, en 1943 a Ramón Castillo, en 1955 a Juan Domingo Perón, en 1962 a Arturo Frondizi y en 1976 a María Estela Martínez de Perón. Destruidas las FF AA en la batalla contra la guerrilla, ese poder se parlamentarizó, y en la crisis de 2001, el Congreso terminó sentando –en Balcarce 50– al senador Eduardo Duhalde; y todo siguió fingiendo normalidad.

De esa lógica sistémica proceden Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de saber si continuará en 2015, o si será modificada. No hay modo de anticiparlo, mi hipótesis provisional será que no. Cristina elegirá a su sucesor. Entonces, la clásica disputa entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el titular del Ejecutivo volverá a reproducirse. En una de las caras de la tenaza está la presidenta, en la otra, el reguero de reclamos docentes que ilumina el camino de Daniel Scioli. La oposición, para auxiliarlo, pide un precio que Scioli no pareciera dispuesto a pagar: saltar la tranquera; restablecer sus "naturales" vasos comunicantes con "amigos" de igual ADN ideológico. Asumirse como "jefe" de toda la oposición, nacionalizar el conflicto provincial. ¿Lo hará?

El viejo conflicto por los recursos corroe la ingeniería política del gobernador. O los obtiene del poder central, o salen de la Pampa Húmeda. Ni los radicales, ni los seguidores del colorado De Narváez parecen materia dispuesta a votar una ley que arrime recursos reduciendo, por ejemplo, la astronómica tasa de ganancia de los pools sojeros; después de todo, la mínima corrección del impuesto inmobiliario rural gatilló la resistencia de la Mesa de Enlace; sin embargo, el gobernador no podrá zafar sin incrementar los acotados recursos propios. Ahí se obtiene la primera conclusión tajante: saltar el cerco no le sirve, no para seguir gobernando con una mayor cuota de oxígeno político.

La oposición no puede respaldar a Scioli más allá del parloteo; el gobernador solicita, requiere, necesita dinero fresco. O lo genera mediante impuestos provinciales (después de todo, esa sería la retraducción práctica de la andanada discursiva presidencial) o lo recibe del Poder Ejecutivo. La oposición no puede apoyar una cosa ni lograr la otra, por tanto sigue en el limbo, carece de política propia. No es la lealtad la que le impide a Scioli invertir las alianzas, sino la dura materialidad de la política práctica. Salvo que decida inmolarse.

Nadie se inmola en la política contemporánea, ni aquí ni en parte alguna. ¿Por qué un hombre que hizo de la obediente medianía su estrategia natural haría semejante cosa? Convengamos algo, estoy de acuerdo en que, en condiciones normales, ese sería el comportamiento esperable, pero estas no son condiciones normales y por tanto se pueden esperar curiosidades relevantes.

Dijimos en otra oportunidad: dos extremos lógicos, no políticos. En uno el gobernador "aguanta" todo y sobrevive. En el otro no aguanta más y pega el brinco. Primero, aguantar todo y sobrevivir no es exactamente lo mismo. Sobrevivir, para un hombre que mostró sus cartas presidenciales de movida, no puede ser otra cosa que conservar vivo su proyecto. ¿Si aguanta todo, cómo pega el salto? Da batalla pública para terminar renunciando y trasformarse en el punto de recomposición de parte del universo anti K.

¿Esa es una sucia maniobra desestabilizadora? ¿O es simplemente la naturaleza del modelo político argentino? Sólo el coronel Perón tuvo un padrino plebeyo, el 17 de Octubre, y el bloque de clases dominantes jamás se lo perdonó. Recordemos, el General Perón y el gobernador Mercante reproducen el conflicto durante el primer peronismo; el presidente Frondizi y el gobernador Alende, en el año '62; de nuevo Perón y el gobernador Oscar Bidegain, en el '74; y si la escena no se repitió con Raúl Alfonsín fue porque la UCR perdió, en el '87, esa estratégica provincia a manos de Antonio Cafiero; pero con Menem y Eduardo Duhalde el conflicto recobró máxima intensidad, en su anteúltima versión. Por eso Menem optó por Fernando de la Rúa. Entonces, salvo durante los gobiernos militares, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por peso específico del distrito, termina siendo un "enemigo natural" del presidente. El conflicto no se desata por diferencias de personalidad sino por el funcionamiento de la estructura.

Esa es la historia nacional, y para que no se repita, es preciso cambiar de modelo político; poner en marcha la alternativa parlamentaria, reformar la Constitución. "No", grita enardecida la oposición, ese es un traje a medida de Cristina, la otra cara del continuismo. Ahora podemos entender, la oposición requiere de un animal que no provee la zoología política. Ni acepta un nuevo presidente fogoneado por la Casa Rosada, ni tolera un gobierno parlamentario. Quiere designar el próximo presidente como derecho natural inalienable, como durante el ciclo 1983-2001, donde se votara lo que se votara todos los gobiernos hacían lo mismo, y para lograrlo espera que la crisis global arrime la brasa.

Entonces, razonan a media voz, cuando quede claro que no sirven, que sólo ejercen su cruel despotismo personal sin límite republicano, la sociedad argentina reaccionará. El razonamiento es simple. Si el enojo clasemediero por las dificultades para hacerse de dólares siguiera su curso, si los precios de los productos de la canasta familiar se volvieran a empinar y la economía se terminara estancando, después de todo la brasileña ya lo hizo, hasta los amigos del gobierno se convertirían en sus enemigos. El viento de cola habría sostenido el barrilete; con un huracán soplando en sentido opuesto se caería.

Un silencio denso se instala en el horizonte político nacional, es evidente que no faltan irresponsables que apuestan a las virtudes pedagógicas de la crisis, a que la marcha de sus volutas arrase una vez más la estragada piel de la sociedad argentina y la rehaga a la griega. Pero la compacta mayoría está condenada al sentido común. Y nadie con sentido común está dispuesto a dejarse arrasar primero, para que después Scioli sea presidente. Es un poco mucho. Sólo la Mesa de Enlace puede permitirse semejante tipo de "reflexión"; y nada indica que esa interesada voluntad suicida puesta en marcha (después de todo las crisis no sólo tienen perdedores también están los "ganadores sistémicos") termine por cristalizar otra mayoría amorfa capaz de avanzar alegremente en dirección a la nada.

Alejandro Horowicz

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LA FARSA ANTI K: CIRCO MEDIÁTICO Y JUDICIAL

En Tribunales corre una humorada: “Hay que ver qué declaró en sede judicial y hay que ver qué declaró en sede periodística”. Está claro que lo que se investiga es si Lázaro Báez ha hecho una fortuna de manera ilegal y si transfirió parte de esa fortuna al exterior. Pero la ironía apunta a que en algunos casos lo que parecen enormes pruebas en la televisión, se convierten en evidencias inexistentes en las causas judiciales. Y, en ocasiones, ni siquiera está claro si hubo delito. Pero, además, en la mayoría de las denuncias el orden de los factores altera los resultados de la investigación. Si el tandem Elisa Carrió - Jorge Lanata sale a decir públicamente que se investiga una baulera en San Fernando, son nulas las posibilidades de que un imputado visite la baulera y que la Prefectura –instalada allí secretamente por orden del juez– aborde al que va a sacar o poner cosas en la baulera. Si difunden las fotografías de un supuesto desarme de una caja de seguridad, no hay chances de que un juez o un fiscal pueda avanzar en silencio con la pesquisa de algo que tampoco queda claro si es delito o no. Encima, el supuesto fotógrafo Sergio Triviño declaró el viernes en una causa judicial de Santa Cruz que las fotos se las robaron, que hay tomas que no corresponden a la quinta de Báez y que no desarmó ninguna caja. Para dar una idea de que lo que importa es el impacto mediático y político, basta decir que en un mes se hicieron treinta denuncias que no aportan ni un sólo dato más que el difundido previamente por los medios opositores.


Lavado de dinero

El viernes el juez federal Sebastián Casanello concretó operativos en seis instituciones bancarias y financieras. Lo que se buscó fueron operaciones de Southern Global Investments (SGI) a través de la cual, supuestamente, se cursó dinero ilegal que Lázaro Báez habría sacado al exterior. El magistrado también pidió informes a Panamá sobre la sociedad Teegan en la que un hijo de Lázaro Báez, Martín, habría depositado 1.500.000 dólares, que luego fueron transferidos a Suiza. El delito originario –porque el lavado requiere de un delito originario– no está claro del todo, pero sería evasión impositiva, cohecho, sobreprecios.

El puntapié inicial lo dieron las entrevistas a Leonardo Fariña y Federico Elaskar en Periodismo para Todos. Tras el programa, se presentaron 14 denuncias: compitieron en la carrera por el impacto ante las cámaras de televisión cuatro abogados mediáticos y diez legisladores de la oposición.

Que haya salido antes en los medios que en la Justicia llevó, por ejemplo, a que el allanamiento a SGI se hiciera tres días después. Porque, además, tantas denuncias hicieron que no quedara claro quién era el juez. En este expediente se sugiere que Báez es ahora el verdadero dueño de SGI, que fue comprada por una empresa con sede en Suiza, Helvetic, fundada en 2005, y que está a nombre de dos cordobeses que viven hace años en ese país y en Inglaterra. Helvetic tiene una estructura grande con sociedades formadas en numerosos países, incluyendo Estados Unidos y Chile.

Habrá que ver si desde Panamá contestan: algunos dicen que sigue siendo un paraíso fiscal, otros afirman que ahora quiere hacer buena letra. Aunque parezca asombroso, en Tribunales dicen que hay un país del que nunca se pueden esperar respuestas sobre sociedades y cuentas: Estados Unidos. De los procedimientos del viernes, la Prefectura se llevó todas las carpetas de depósitos de SGI y, si había, de transferencias al exterior por vía bancaria. La documentación recién se empezará a analizar en la semana que se inicia.


Bolsos 

Otro despliegue mediático se generó alrededor del testimonio de la ex encargada de correspondencia de la Casa Rosada, Miriam Quiroga. La mujer se promocionó hace dos años como amante del fallecido presidente Néstor Kirchner, pidió dinero para seguir concediendo entrevistas y finalmente apareció este mes contando que vio bolsos, que le dijeron que contenían dinero y que los llevaba un secretario de Kirchner, Daniel Muñoz, a Santa Cruz.

Quiroga testimonió ante el juez Julián Ercolini, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en otra causa sobre otros hechos –compra de vagones para el subte, construcción de una ruta, comercio con Venezuela, administración de autopistas– y por su declaración se deduce que nunca estuvo demasiado cerca, que no presenció ninguna reunión, que sólo entró en algún momento a un encuentro y escuchó que Kirchner sugería que inviertan en obras y en medios, que no recuerda cuándo ocurrió y tampoco sabe la fecha en la que vio los bolsos.

El juez federal Luis Rodríguez quedó a cargo de la causa por los bolsos y hasta ahora sólo pidió copia del programa en que habló Quiroga y envió una cédula a la Casa Rosada para saber qué cargos ocuparon Muñoz y Quiroga y en qué años.

Parece una causa con pocas chances: la ex funcionaria no tiene pruebas ni fechas ni datos adicionales. Al menos por ahora.


Caja I 

La denuncia iniciada por Elisa Carrió con 200 fotocopias de 200 fotos supuestamente tomadas por un carpintero, Sergio Triviño, en la casa de Lázaro Baéz y en la que se demostraría que desarmó una caja de seguridad, también provocó un escándalo mediático. Está claro que no importó saber la verdad sino golpear políticamente, porque de lo contrario la denuncia se hubiera hecho en forma reservada para que se tomen declaraciones y se verifiquen los hechos.

Con estruendo, Carrió se presentó ante Casanello y éste sacó fotocopia de la denuncia, dejó constancia en su juzgado y la envió a Santa Cruz para que la investiguen en el distrito donde habrían ocurrido las cosas, que ni siquiera queda claro que sean un delito. Podría ser, tal vez, destrucción de pruebas. Casanello dejó en claro que si de la investigación de Río Gallegos salía algún elemento sobre el lavado de dinero podría incorporarlo luego al expediente que él instruye. La decisión del juez fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán y ahora debe resolver la Sala II de la Cámara Federal. Va a tardar unas dos semanas.

Lo curioso es que, mientras tanto, en Santa Cruz se avanzó en la investigación, porque existe una causa, iniciada por la titular provincial del ARI, Mariana Zuvic, por asociación ilícita. Ante la fiscal Patricia Kloster ya declararon al menos dos personas. El autor de las fotos, Triviño, lo habría hecho el viernes. Lo que trascendió es que dijo que las fotos le fueron robadas por un allegado, Fabián Coll, y que hay varias tomas que no se corresponden con las que él sacó. Habría dicho también que Báez no desarmó ninguna caja.

Por supuesto que ahora vendrá la contraofensiva sosteniendo que Triviño fue “apretado” por Báez porque trabaja en Austral Construcciones. Lo cierto es que todo deriva de que lo que se buscó no es una investigación seria, sino un golpe político. Fabián Coll, que es quien –supuestamente– promovió la entrega de las fotos, dice que él no fue y alega que ya recibió amenazas de muerte. Casanello ordenó una custodia. Como sostenía el magistrado, la pesquisa podía y debía hacerse en Río Gallegos.


Caja II 

Respecto de la que existiría en la casa de los Kirchner en El Calafate, el propio arquitecto que testimonió en PPT les sacó crédito a las cosas: como el terreno era inundable, propuso hacer un subsuelo de hormigón. Para aprovechar el lugar los Kirchner le sugirieron hacer un gimnasio y luego el fallecido ex presidente le consultó si no se podía poner una caja de seguridad. El arquitecto, para no tener que hacer un cielorraso, dejó la caja con el doble de altura. El ex vicegobernador Eduardo Arnold, presentado como un testigo imparcial, pero hoy fanáticamente alineado con Hugo Moyano, el Momo Venegas y el peronismo disidente, dijo que se puso una puerta metálica que provenía del Banco Hipotecario, algo que el propio arquitecto dijo que era imposible. No se observa cuál sería el delito, en todo caso.


Extorsión

 En las últimas 48 horas apareció en escena el fiscal José María Campagnoli quien investiga si Báez extorsionó a Federico Elaskar para quitarle la financiera SGI. Según Campagnoli, Báez usa esa financiera para lavar dinero desde 2002, es decir antes de que asuma la presidencia Néstor Kirchner. A raíz de un diferendo en 2011, Báez habría extorsionado a Elaskar y lo obligó a vender SGI a quien supuestamente es uno de sus hombres, Daniel Pérez Gadín. Mediáticamente se lo presenta como contador de Baéz, pero la contabilidad de Austral Construcciones está en manos de otro estudio. Quienes acusan a Báez dicen que Pérez Gadín es Báez; en el entorno del empresario sostienen que Pérez Gadín se dedica desde siempre a proponer negocios y que tiene muy poca relación con Báez.

Campagnoli le pidió a la jueza María Gabriela Lanz la indagatoria del empresario por el delito de extorsión. Habrá que ver qué dice la magistrada. Paralelamente, el fiscal habría hecho un análisis de todas las sociedades esparcidas por el mundo que tendrían vínculo con SGI. La fotocopia de esa pesquisa quedó el viernes también en el juzgado de Casanello, porque no tienen que ver con la extorsión sino con el supuesto lavado de dinero.

Desde un punto de vista estrictamente judicial, la situación de Báez es hoy bastante mejor que la de Ernestina Herrera de Noble, otros directivos de Clarín o Francisco de Narváez. Respecto de todos estos últimos hay números de cuentas, montos y en el caso de De Narváez hasta un fallo de cámara en el que se dice que tiene cuatro sociedades en Panamá que no declaró ante el fisco. Respecto de Herrera de Noble hay un listado de cuentas presentado por el vicepresidente del JP Morgan ante el juez Sergio Torres. Incluye, también, sociedades en Panamá. En los cinco años transcurridos desde la denuncia de Arbizu nunca se presentó alguien de Clarín ante el juez, aunque sea para decir que el listado es falso.

Pero en todos los casos, lo que parece estar en perspectiva es una evasión impositiva y, tal vez, contrabando de dinero, si se puede probar que se llevó la plata en efectivo al exterior sin declarar. El problema –también en todos los casos– es probar el delito anterior, lo que es imprescindible para el lavado de dinero. No se requiere una condena por un delito anterior, como se requería antes de la nueva ley sobre el tema. Pero sí algún indicio, un procesamiento, una causa existente. La mirada tiene que estar puesta en sobrefacturaciones, coimas, licitaciones y otras maniobras delictivas. Y habrá que probarlas en sede judicial, no en sede periodística.

Raúl Kollmann

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VIDELA Y LA INDIGENCIA MORAL

Dieciocho avisos fúnebres de pobre significación social: ni una de las familias de rancio abolengo, ninguno de los beneficiarios sociales y políticos de la dictadura burguesa terrorista. Es que el bloque de clases dominantes desconoce la gratitud para con sus sirvientes,  Martinez de Hoz, en cambio, disfruta de un pabellón con su homenaje en el predio de la Rural.

Hombres infames con respaldo del poder del Estado produjeron millones de víctimas. Videla entonces no resiste. Hitler, Franco, Stalin incluso Mussolini están más allá. Algo lo distingue: transformó la mentira desalmada en estética política, mediante la exhibición de su poder como impotencia personal; un dictador que verbalizaba limitaciones que no tenía, subrayando con sibilina crueldad que si podía, pero que no estaba dispuesto a ejercer ese poder para satisfacer ningún pedido, ningún alivio personal. Nadie era digno de obtener su "cristiana compasión", nadie merecía que Videla detuviera la maquinaria si no disponía de suficiente respaldo de clase.

Como padre de un hijo minusválido, sin capacidad económica para solventarlo en una institución privada (había penado por un hogar en Morón, en compañía de una decena de chicos en similar situación, gracias al aporte familiar), Videla se vio obligado a ubicarlo en Open Door cuando corría el año '64.

A nadie se le escapa el carácter siniestro de la Colonia Montes de Oca, denominación administrativa con que se intenta ablandar la cadena de asociaciones que gatilla hoy Open Door, sin embargo, Alejandro Eugenio, el hijo oligofrénico de los Videla, pasa los últimos siete años de su vida en ese establecimiento. Muere el 1 de junio de 1971, meses antes del ascenso a general de su padre.

Aprovechando un destino menor en la Junta Interamericana de Defensa en Washington, el entonces capitán Videla había hecho en 1954 las consultas médicas que confirmaron la irreversible situación de la criatura. Del destino militar obtenido para ayudarlo en su aflicción personal, surgió su inglés tartajeante, y el viaje terminó siendo el único "lujo" que pudo costearle a su familia. Hijo de un militar sin bienes de fortuna, casado con la hija de un diplomático de clase media, la mantenía con el magro ingreso de un oficial que sólo se destacó en el cumplimiento meticuloso del organigrama administrativo.

Mientras Alejandro Eugenio vivió en la Colonia Montes de Oca, la calidad de su existencia dependía de la buena voluntad del personal. Tres monjas francesas aliviaron su terrible suerte: Yvonne Pierrot, Alice Domon y Léonie Duquet. El testimonio de Pierrot nos ahorra cualquier especulación: "El hijo de Videla andaba en los campamentos con ellos", donde ellos son las monjas y el padre Calcagno, primo de Videla. Tanto Domon como Duquet fueron asistentes de Calcagno, mientras el oscuro oficial lo visitaba en la Casa de Catequesis de Morón.

El 8 de diciembre de 1977, un operativo conjunto del Ejército y la Marina se descargó sobre la Iglesia Santa Cruz. Era un ataque contra la embrionaria organización que en su desarrollo serían las Madres de Plaza de Mayo. Un puñado de activistas estaba juntando dinero para publicar una solicitada en La Nación; en el texto reclamaban por los elementales derechos de los desaparecidos. Alice Domon era la "enemiga" encargada de recolectar el dinero. Infiltrados por un grupo de tareas de la Marina, el teniente de corbeta Alfredo Astiz ya ejercía su aptitud: señalar víctimas, nueve en este caso: Angela Aguad, María Esther Ballestrino de Careaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Horane, José Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Horacio Aníbal Elbert y Alice Dumon.

Dos días más tarde caían Azucena Villaflor y Léonie Duquet. El círculo estaba cerrado; ante la presión internacional –por las monjas intervino personalmente el presidente de Francia– los servicios de inteligencia militar intentaron camuflar su responsabilidad, fraguando en la ESMA la responsabilidad de Montoneros.

Las dos monjas francesas que cuidaron al hijo oligofrénico de Videla estaban vinculadas al incipiente movimiento de Derechos Humanos fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, salvajemente torturadas y asesinadas sin que Videla –informado detalladamente del caso– moviera un dedo en su salvaguarda. En ese momento el dictador alcanza y supera –en la escala de un acto– el nivel de Hitler. El Führer, cuyo antisemitismo no requiere recordatorio, había entregado personalmente el pasaporte al médico judío que atendió a su madre moribunda. Por agradecimiento personal, facilitó que éste emigrara a los EE UU. Videla sobrepasa la "virtud hitleriana"; ese detalle termina de habilitar su pertenencia a la galería de los hombres infames del siglo XX.

LA OTRA HISTORIA. Un debate quedó definitivamente saldado: los desaparecidos no se fugaron al exterior, no fueron asesinados por sus propios compañeros, ni pasaron a la clandestinidad, como Videla mintiera infinidad de veces mientras presidió la fatídica Junta Militar. Ni siquiera hizo falta que fueran guerrilleros. Ya no se trata de denunciar la "campaña antiargentina", que produjera la indignación de los buenos ciudadanos y hasta del Partido Comunista de entonces, sino de admitir lisa y llanamente que hubo miles de "muertes enmascaradas" de opositores políticos. La inexactitud del número en el libro de Ceferino Reato ("siete u ocho mil") no cuenta, es un detalle menor que forma parte de la Disposición Final. No de la "Solución Final" (fórmula utilizada por Adolfo Hitler) dado que según Videla esa frase "nunca se utilizó". Videla informa que se trataba de "sacar de servicio una cosa inservible". Con tono de cínica y estúpida pedagogía ilustra: "Una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada." Exactamente esa era la acusación: torturar y masacrar militantes (seres humanos) como "ropa gastada". El "salvador de la patria" siempre sostuvo que esa acusación era una infamia, una "estratagema de la subversión". Hasta un falsificador impenitente a veces dice la verdad, la pregunta es por qué la dijo recién en 2012.

La respuesta es simple y rotunda: hace mucho tiempo que esa estrategia discursiva no sirve a los responsables de la dictadura burguesa terrorista, perdió toda eficacia práctica, solo es útil para detectar impresentables. Los organismos de Derechos Humanos, su discurso finalmente sostenido por la voluntad política de punición (derogación de las "leyes" de Obediencia Debida y Punto Final, así como los indultos), restituyeron la relación de las palabras y las cosas, los delitos y las penas, entre la ley y la política.

LAS ÓRDENES. Qué órdenes cumplió Videla. El hace saber: las de Ítalo Argentino Luder, presidente provisional del Senado a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, en sustitución de María Estela Martínez de Perón. ¿Eran legales? Si se lee la acusación del Fiscal Julio César Strassera, si. Si se lee la Constitución Nacional, no. El artículo 67, inciso 24, dice que forma parte de las atribuciones excluyentes del Congreso Nacional: "Autorizar la reunión de las provincias o de parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones". Dicho en criollo, ningún Ejecutivo puede impartir semejante orden; pero la impartió, y ningún partido político lo denunció ni entonces ni ahora. Las FF AA obedecieron una orden "ilegal" de un gobierno "legal". Y la muerte de Videla permite dar vuelta la página, pero no cambia absolutamente nada. La justicia todavía aguarda que los beneficiarios sociales de la dictadura burguesa terrorista se hagan cargo, como los Blaquier, de su indelegable responsabilidad. En ese punto estamos.

Alejandro Horowicz

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EL FBI QUIZO CERRAR LA CAUSA DE LAVADO DE CLARÍN

A mediados del año 2008, y después de haber realizado una serie de estafas con dinero a sus propios clientes, Hernán Arbizu, el ex banquero arrepentido del JP Morgan, se instaló en la Argentina y, acechado por sus propias conductas, se autoincriminó ante la justicia nacional por haber fugado y lavado dinero de 469 grandes empresas y personas físicas de la Argentina. Presentó nombres, números de cuenta y montos en dinero de grandes corporaciones como el Grupo Clarín y sus directores, los dueños de Edenor, Ledesma, el Grupo Constantini y Bunge.

Hoy, casi cinco años después y a pesar de la existencia de un material testimonial único para un caso de lavado en todo el mundo, la justicia no ha tenido casi ningún avance concreto en la investigación, excepto el pedido reciente de información del juez federal Sergio Torres –quien lleva adelante la causa– a organismos tributarios a nivel local y sus pares en Suiza y otros paraísos fiscales. El planteo de Torres a las autoridades suizas se dio luego de reiterados pedidos de información a funcionarios estadounidenses que, casualmente, nunca fueron respondidos.

Pero las cosas, ciertamente, pocas veces ocurren por azar. Un documento al que tuvo acceso Tiempo Argentino, y que es parte del expediente de la causa, muestra que un año después de la autodenuncia de Arbizu, Estados Unidos presionó fuerte y en forma directa al magistrado Torres para tener acceso a información del caso, evadiendo todos los protocolos y acuerdos internacionales de cooperación entre Washington y la Argentina, y yendo directamente a operar sobre el juez.

Fuentes de la investigación deducen que se hizo con el objetivo de lograr extraditar a Arbizu para juzgarlo en los Estados Unidos, parando la causa en la Argentina –que atañe a intereses de enormes corporaciones del país– y de esa manera callar al ex banquero para que deje de verter en los medios de comunicación información que perjudica directamente a un banco investigado en todo el mundo por especular con activos financieros. Las autoridades nacionales, como el titular de la UIF, José Sbatella, vienen hace tiempo desconfiando de irrupciones sospechosas de distintos sectores para detener la causa.

LAS PRUEBAS. El 29 de abril de 2009, llegó a manos de Torres un escrito de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, firmado por la agregada jurídica del Federal Bureau of Investigation (FBI), Beth D. Mc Conn. No ingresó por mesa de entradas del Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal Nº 12, sino casi en forma directa al despacho del juez.

Bajo el título de "Cooperación con respecto al caso de HERNÁN ESTEBAN ARBIZU", la nota blanquea que "nos gustaría pedirle la siguiente colaboración con nuestras investigaciones del FBI en Nueva York" y agrega que "es de nuestro conocimiento a través de los Dres. Slupski e Iglesias y de la Policía Federal que el sujeto ARBIZU dio una autodenuncia supuestamente admitiendo estar involucrado con fraudes en el Paraguay y en los Estados Unidos". La primera parte refiere a dos causas diferentes que pesan sobre Arbizu en los Estados Unidos, y el segundo párrafo ya muestra irregularidades de proceso: por un lado, la agregada del FBI reconoce que, antes de escribir la carta a Torres, ya había tenido contacto informal con los secretarios de sus propio juzgado (Slupski y Diego Iglesias) y con agentes de la Policía Federal, quienes le habían pasado la información de la causa y la autodenuncia de Arbizu. Y que también le habrían relatado que "el caso abierto a raíz de esa denuncia fue archivado aquí en Buenos Aires por falta de jurisdicción pero que está siendo apelado". Esta parte del texto devela que Estados Unidos sabía ya en 2009 del cajonamiento de la causa de lavado más grande en la historia del país y de las gestiones que estaba haciendo la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante.

Y lo de hablar de la causa "más grande del país" no es simbólico: si se confirman las sospechas sobre presunto lavado de activos por parte del empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez, se estaría hablando –según uno de los arrepentidos de ese caso– de unos 55 millones de euros fugados al exterior; mientras que si cada uno de los 469 denunciados por Arbizu hubiese fugado $ 1 millón de dólares (fue en realidad mucho más), la causa tendría más de U$S 500 millones que, según el ex Morgan, son en más de un 90% dinero en negro.

Siguiendo con la carta a Torres, las intervenciones viciadas de irregularidad de los Estados Unidos en los procesos en Argentina son más importantes hacia el final de la nota que recibió el juez. En el último párrafo se especifica que "nos gustaría también saber si fuese posible obtener una copia de esa Auto-Denuncia del Sr. Arbizu, siempre y cuando esto no pueda perjudicar cualquier proceso legal en andamiento". Distintos abogados especialistas en Derecho Internacional explicaron a este diario que rigen entre la Argentina y los Estados Unidos distintos acuerdos de cooperación en materia penal que, básicamente, preservan la independencia en las decisiones de cada país, pero abren herramientas para que se salden casos delictivos que, por un interés u otro, atañan a esos dos estados. Por un lado, rige actualmente el tratado 25.126, que remite a los procesos de extradición de presuntos delincuentes, y que especifica que cualquier pedido para juzgar a Arbizu o cualquier otro sospechoso en otro país debe pasar por la Cancillería argentina. El segundo tratado vigente es el 24.034, que data del año 1991, y tiene que ver con la facilitación de documentación, datos y precisiones sobre personas sospechadas. Justamente, la nota enviada por el FBI directamente al juez viola estos dos convenios, es decir, evita el protocolo de los estados con una intención claramente sospechosa e injustificada. El acuerdo 24.034 dice que para ubicar a una persona en el país y tener datos de ella o de una causa de la misma, Estados Unidos debería, a través de su Attorney General, solicitar los datos al Ministerio de Justicia de la Nación. "Y si la autoridad central del Estado requerido deniega la asistencia, dará a conocer" esa decisión a su contraparte norteamericana. En pocas palabras, Estados Unidos se saltó las instancias tanto de Cancillería como de Justicia, para pedirle datos en forma directa a Torres, sin siquiera además la Embajada de Estados Unidos ser imputada en la causa.

Según pudo saber Tiempo, cuando el juez recibió la carta, envío un oficio a la Cancillería e incluyó, en forma automática, el documento a la causa. Desde el entorno de abogados de Arbizu suponen que la nota se adjuntó "para tratar de darle transparencia a la causa". Cabe recordar que, al momento de enviada la nota, y actualmente, el fiscal de la causa es Guillermo Marijuan, el mismo de la causa Báez, que inició pesquisas de oficio, a diferencia de su proceder con la megacausa Arbizu.

La nota no es el único indicio de presiones de los Estados Unidos. En 2012, Tiempo reflejó una denuncia del propio Arbizu contra dos funcionarios del FBI que, amparados por la embajada, intentaron meterse en la causa para lograr llevárselo del país. El ex Morgan les apuntó directamente a los agregados jurídicos del FBI William Godoy y Frank Oliva, que con total impunidad se presentaron ante Torres para informarle al magistrado la existencia de una orden de detención contra Arbizu. Supuestamente, la orden era falsa ya que el nombre del juez autorizante de la extradición no coincidía con el nombre del magistrado que llevaba la causa en los Estados Unidos. En este contexto, el letrado patrocinante de Arbizu, Pablo Argibay Molina, pidió que la Corte Suprema investigue las intromisiones, sobre todo por ser violatorias de los acuerdos bilaterales entre ambos países. De todas maneras, no es la primera vez que el FBI interviene en el país sin autorización de las autoridades nacionales. Lo había hecho en 2011 en Córdoba, investigando paralelamente un caso de presunta pedofilia, en el que aparecía, curiosamente, la misma agregada jurídica del FBI que en el caso de la nota a Torres.

Arbizu es, sin dudas, un reo, él se reconoce como tal ante cualquier tribunal, y debe ser juzgado con la misma vara que el resto de aquellos que fueron por él incriminados. Ahora bien, el proceso de extradición del ex Morgan responde a intereses políticos y económicos de peso. Cuando Arbizu llegó a la Argentina en 2008, en plena explosión de la crisis de las hipotecas subprime, él ya sabía de ese estallido hacía por lo menos dos años. En 2007, el Morgan le había bajado línea para que busque clientes en la región sudamericana, aprovechando los efectos de la crisis. Es decir, Arbizu –como el resto de sus compañeros del banco, incluido el ex Morgan y hoy diputado Alfonso Prat Gay– conocía la quiebra de los bancos Bearn Sterns y Lehman Brothers antes de que ocurrieran y no lo develaron.

En pocas palabras, Arbizu sabía cómo especulaba con dinero ajeno esa entidad, que ahora lo cerca para que no devele semejante estructura operativa. Y a la par están las 469 empresas y personas de la Argentina, entre ellas Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda, el agro nacional y los ricos dueños de countries y negocios inmobiliarios, que apuestan al congelamiento de una megacausa que, de prosperar, será un hito en la lucha contra el lavado y la evasión en toda la región. «


La multiplicación de las denuncias

Los casos de denuncias e investigaciones sobre el JP Morgan se multiplican a nivel mundial, al igual que las prácticas de sus ejecutivos.

Ina Drew, ex jefa de inversiones del banco, indicó en marzo al Senado estadounidense que había sido víctima del ocultamiento de información por parte de sus subordinados y justificó así su participación en la pérdida de 6200 millones de dólares. La audiencia en la que la ex ejecutiva intentó despegarse de la investigación, se realizó un día después que el Senado difundiera un reporte de 300 páginas sobre las pérdidas del banco.

El senador demócrata Carl Levin, jefe del subcomité que coordina la investigación, cuestionó a los ejecutivos por no haber reportado las pérdidas y por la insuficiencia de los controles de riesgo para limitarlas. "JP Morgan apostó al riesgo, escondió pérdidas, ignoró límites, manipuló modelos y desinformó al público", dijo Levin.

El propio ex jefe financiero de la entidad, Doug Braunestin, ocupa hoy la vicepresidencia del banco y dijo que el CEO Jamie Dimon ordenó a los empleados ocultar información a los reguladores por una supuesta preocupación por la confidencialidad de los datos.

Además, en mayo se sumó otro caso más de investigación sobre la espalda del JP Morgan. El gobierno de los EE UU acusó a la entidad financiera de manipular el mercado energético. The New York Times informó que uno de los más altos ejecutivos dio "declaraciones falsas y engañosas" bajo juramento, y además dio a conocer detalles de las acciones contra el grupo por la forma en la que recauda la deuda de las tarjetas de crédito. Los fiscales estadounidenses también indagan sobre las alertas que existieron sobre Bernard Madoff, el inversor que estafó por más de U$S 17 millones.

Leandro Renou e 

Ignacio Chausis

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PAPEL PRENSA: ERNESTINA Y VIDELA

El 27 de septiembre de 1978 consumaron el pacto que los unió y algún día los condenará. "Videla inauguró la planta de Papel Prensa", tituló Clarín el jueves 28.

Ernestina Herrera viuda de Noble brindaba con el genocida.

La foto lleva impresa en sí misma la génesis de la impunidad. "Esto es todo un mensaje cuando hay objetivos comunes", expresó radiante Videla, junto a la dueña de Clarín. Ambos felices.

El dictador Videla habló de libertad de prensa: "Esto es un logro de la voluntad de un grupo de empresarios privados que asociados con el Estado argentino, con vocación de argentinos, se encolumnaron detrás de este objetivo, que es una realidad."

Lo que subyacía en ese "argentinos" era nada menos que el concepto de matriz antisemita de la sociedad espuria de las tres armas con los tres diarios Clarín, La Nación y La Razón.

Antes de inaugurar la planta de Papel Prensa en 1978 –cuando más de 20 mil argentinos habían sido masacrados en los centros de detención y torturas– despojaron a los auténticos herederos de la principal empresa productora de papel de diarios del país.

Desde que su marido murió en un accidente que nunca logró esclarecerse, en un vuelo de Nueva York a México, el 7 de agosto de 1976, Lidia Papaleo y los Graiver sufrieron presiones y amenazas para firmar el traspaso de las acciones. El 15 de septiembre –ocho días después de la muerte de David– la Junta empezó a investigar al grupo. Según declaró el propio Emilio Massera, los dictadores "tomaron conocimiento de los hechos relativos al caso Graiver, girando los antecedentes al Ministerio de Economía para que elabore un informe".

En el ministerio reinaba el ideólogo del despojo: José Alfredo Martínez de Hoz, enfrentado con los Graiver desde antes del golpe. "Papel Prensa debe estar controlada por empresarios argentinos, no judíos", deslizó uno de sus adláteres, Pedro Jorge Martínez Segovia, frente a sus víctimas. Era el lobbista del terror.

Mientras Videla bebía con Herrera de Noble, Lidia Papaleo padecía vejámenes y torturas en manos de Miguel Etchecolatz y Ramón Camps.

Allí, en San Pedro, el genocida brindó con champán con la propietaria del máximo holding periodístico de la Argentina, que desde entonces tejió una fortuna centrada en empresas vinculadas al poder financiero internacional, la banca y la explotación agropecuaria a gran escala. Hoy, ella y sus asociados son parte de las 24 personas jurídicas que hacen la totalidad del trigo en la Argentina.

Nada más, nada menos.

Así se hizo grande y poderoso Clarín: actuando como vocero oficial de la dictadura más sanguinaria de la historia nacional y controlando la producción y venta de papel para diarios junto con Bartolomé Mitre (h) de La Nación y Patricio Peralta Ramos de La Razón.

Esos diarios diseñaron y ejecutaron el relato oficial de los gobernantes de facto. Y sus más altos directivos, entre ellos Héctor Magnetto, lograron construir un poder en las sombras por medio de las prebendas de los aniquiladores.

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LAS CACEROLAS Y LA DERECHA

¿Qué es una derecha imaginaria? En principio, la componen dirigentes de todo tipo. Algunos de derecha o ultraderecha declarados. Pero la derecha imaginaria está conformada esencialmente por personas que no son ni nunca fueron de derecha. Dirigentes de antiguas trayectorias de interés social, incluyendo antiguos luchadores, que sería injusto decirles de derecha, pero no es injusto advertir que son protagonistas de una nueva experiencia de la derecha. Son centroizquierdistas con una aureola imaginaria –que no quiere decir que no sea efectiva– que tiene sobredeterminaciones de derecha. Esto quiere decir una sola cosa. Vivimos en sociedades donde se ha producido una brutal expropiación del lenguaje político. Las izquierdas pueden hacer un papel cuya estructura de efectos sea de derecha. Esta realidad no es posible adjudicársela a nadie en especial. Quizá la doctora Carrió, con su peculiar lenguaje abismal y conspirativo, con sus deidades intrigantes encerradas en sus miradas oblicuas, pudiera ser un verdadero ejemplo de esta política espectacular de las derechas que se saben tales. Carrió perdió votos, pero marcó un modo de la política donde es posible ser de una derecha inasible, espectral, inmune en su práctica semiológica, perdidosa de votos, pero feliz en su capacidad desestabilizadora.

Horacio González, “La multitud volátil”

Lo inverosímil y contradictorio ocurre entre los argentinos que solemos solazarnos en nuestra original peculiaridad: en los corrillos de la vida cotidiana casi nadie ha dejado de fustigar a las instituciones de una república agujereada y desprestigiada desde sus tiempos fundacionales, pero en el preciso instante en el que alguien (en este caso un gobierno democráticamente elegido) decide poner en evidencia lo evidente de esa corrosión, los mismos que dedicaban su tiempo y sus esfuerzos a denunciar el mal funcionamiento de casi todas las instituciones (que por casualidad suele ocurrir cuando se trata de gobiernos de matriz popular y democrática) se convierten, mutatis mutandi, en los más acérrimos defensores de una república elevada a la condición de ejemplaridad virtuosa. En un giro vertiginoso, que no deja de sorprender, los eternos críticos se transforman en los fiscales implacables de aquellos que buscan reformar lo que desde hace mucho tiempo funciona mal en el país.

En algunos se trata, como siempre, de profundizar su cinismo inveterado, el que los acompaña sin que nada haga mella en ellos; en otros, la mayoría de la clase media acomodada, el “olvido” de sus responsabilidades, la distracción respecto de sus “vicios privados”, los lleva a una extraña y rutilante convicción: ellos son los garantes de la virtud republicana, el freno último ante la avanzada salvaje de los bárbaros que hoy llevan el nombre y el rostro del populismo; aunque también hay un contingente algo más insólito que, diciéndose de izquierda o ofreciéndose como los verdaderos representantes de los intereses populares, confluyen en ese gran mar viscoso de las derechas actuales capaces de tragarse todos los lenguajes con tal de volverlos funcionales a sus intereses. Algo de eso sabe esa retórica progresista que va cambiando de parque temático con tal de asociarse al ruido ensordecedor de las cacerolas clasemedieras. Ayer fue la preocupación por el medioambiente y las políticas extractivas, hoy la corrupción que envilece a una república dañada por el kirchnerismo. Mañana será otra cosa lo suficientemente espectacular como para encontrar en los grandes medios de comunicación su inefable caja reproductora. La derecha, en sus diferentes versiones, hoy habla el lenguaje del stand up lanatista.

Nunca como ahora el poder judicial fue tan virtuoso, nunca como ahora jueces y fiscales, en su inmensa mayoría, se han convertido en los sujetos del verdadero orden republicano. Nada queda de las penurias del ciudadano de a pie ante un sistema judicial burocratizado y absolutamente distante de las injusticias que se cometen contra los débiles de la sociedad; nada de aquella frase que viene de lejos y que insistía con la necesidad “de hacerse amigo del juez” para lograr la impunidad; menos se recuerda la brutal influencia que los poderes económicos ejercieron y siguen ejerciendo sobre nuestros magistrados que, ahora, son elevados a la categoría de la santidad republicana, impolutos e imparciales dispensadores de una justicia alejada de intereses, negocios, venalidades y otras yerbas. La justicia (sus ministros supremos, sus jueces, sus fiscales, sus secretarios, sus escribientes, sus oficiales, sus archivistas y, con ellos, los decanos y los profesores de las facultades de leyes del país) son, qué duda cabe y de acuerdo a las proclamas libertarias de nuestros ruidosos caceroleros imbuidos de un espíritu intachablemente democrático, la garantía de la permanencia del orden republicano, es decir, la garantía de nuestras libertades acosadas por el giro “totalitario” de la demagogia populista que busca con desesperación apoderarse de todas las instituciones.

“¡No pasarán!” claman las heroicas multitudes que se han arrojado a las aguas de la purificación republicana que, como si fueran las aguas del leteo, les permiten olvidar sus inveteradas recaídas golpistas. Sorprendente travestismo de quienes no se indignaron cuando se interrumpió, en otros momentos de nuestra historia, ese mismo orden democrático en nombre de la imperiosa necesidad de proteger a la república de sus saqueadores morales y materiales. Claro, ellos, los neorrepublicanos, son quienes han puesto el pecho para salvarnos de las dictaduras del mismo modo que la mayor parte de los jueces siempre ejercieron la resistencia ante la llegada de los perros de la noche que disolvieron los poderes de la república en nombre de su salvación. Gracias a esos jueces valientes se impidió, entre 1976 y 1983, que se consumara la lógica exterminadora del terrorismo de Estado; ellos pararon los asesinatos, las torturas y las desapariciones haciendo lugar a los miles de habeas corpus presentados por familiares que encontraron en ellos respaldo y comprensión.

La “La multitud volátil” que se expresó el 18 de abril salió a defender a esa justicia que a lo largo del siglo XX se opuso con hidalguía a la sucesión de golpes militares iniciados en el año ’30 en nombre, siempre, de la república y de su salvación de las hordas demagógicas y populistas. Suerte, la nuestra, que tenemos a esa “multitud volátil”, dispuesta para tantas aventuras heroicas, pero que hoy con absoluto desprendimiento se derramó por las calles céntricas para testimoniar su inquebrantable ideal republicano.

La profunda y ya prolongada crisis que ha hecho colapsar la economía mundial no sólo vino a poner en evidencia el descalabro generado por el capitalismo en su fase financiero-especulativa, fase que abarcó las últimas décadas del siglo pasado y que condicionó la entrada en el nuevo milenio, sino que también erosionó las diversas formas de representación y de convivencialidad política dinamitando las tramas modernas y democráticas del espacio público. El predominio de una ciudadanía basada en la alquimia de individualismo, consumismo, mercado y privatización de casi todas las esferas de la vida social fue generando las condiciones para una significativa mutación en las prácticas ciudadanas hasta producir modos y formas que desarticularon a aquellas que venían a expresar las experiencias y las tradiciones de una sociedad todavía atravesada por los lenguajes de la política y de las identidades culturales vinculadas a ese universo de representación y de acción. No hay que confundir la “masa abstracta” que se movilizó el 8N y el 18A con una revalorización de la política. En muchos de esos sectores la “salida a las calles” viene a expresar, bajo la forma de la paradoja, un rechazo y un repudio a la política y a los políticos. Por eso los dirigentes de la oposición prefirieron, en noviembre del año pasado, no ir o hacerlo muy disimuladamente, casi clandestinamente o como ladrones de votos ajenos y, recién ahora cuando se enfrentan a un año electoral, decidieron, aunque sin banderas ni movilización partidaria, mezclarse entre sus potenciales votantes pero intuyendo que una espesa atmósfera antipolítica recorre la columna medular de esa “multitud volátil” que se vuelve disponible para distintas aventuras destituyentes. Incluso hubo quien había dicho el 8N que era “mejor no ir para no enturbiar con sus presencias la manifestación de la sociedad civil”. El fantasma del 2001 revoloteó sobre esa multitud. Purificación republicana contra la democracia de los demagogos.

El surgimiento del ciudadano-consumidor, personaje muy de época, autorreferencial, egoísta, moldeado por las gramáticas audiovisuales, las mutaciones comunicacionales e informáticas y los prejuicios multiplicados junto con la fragmentación de la sociedad se convirtió en el garante de la lógica de mercado, en epicentro de una nueva forma de ciudadanía que al expandir las prácticas privatizadoras de la existencia destituyó, por anacrónicas e inservibles, las experiencias políticas entramadas en el espacio público y deudoras de construcciones simbólicas desplegadas en otro tiempo de la historia, allí donde los sujetos, diversos, manifestaban en sus prácticas modos de afirmar sus identidades y sus deseos de igualdad. La idea misma de un colectivo social, de un ágora como eje de la vida en común, cayó en el descrédito y el desuso allí donde lo que se privilegió fue lo privado, lo íntimo, lo encriptado, el espacio diferenciado, socialmente delimitado construido sobre las bases de la desarticulación y la fragmentación propias de un modelo, el neoliberal, que asentó su despliegue y su dominio no sólo en el imperio de la economía y el mercado (su razón última de ser) sino acentuando y radicalizando una revolución cultural que vino a subvertir las herencias igualitaristas de una sociedad que marchó con ritmo frenético hacia su disolución. Los argentinos pudimos atisbar algo de eso en la crisis de finales de 2001.

El ciudadano-consumidor vino a expresar los deseos imaginarios emanados de la mercancía y de su esplendor; sus ilusiones se asociaron con la utopía californiana, con ese giro alocado hacia la consumación más “plena y libre” de la aventura individual soñada como una nueva manera de construirse una vida propia, original, privada, apolítica, enfrascada en sus propios gustos construidos como si fueran la quintaesencia de la autonomía. Lejos de alcanzar la consumación del ideal californiano (cuerpos esbeltos y rubios dorándose al sol, disfrutando una felicidad saludable y ofreciéndose como modelos de una nueva humanidad cool), la mayoría de los seres humanos no excluidos, y en especial en estas geografías sureñas y empobrecidas, se descubrieron expresando deseos hiperindividualistas pero en el interior de una masificación generalizada y de segunda calidad. Masificación de las costumbres, de las ideas, de las prácticas, de las expresiones culturales que acompañó el proceso de globalización del capital, un proceso que no dejó de arrasar aquellas otras formas de sociabilidad propias de una etapa anterior. La extraña paradoja que emana de las últimas irrupciones de esta “multitud volátil” es que se manifiesta no para construir un colectivo socialmente igualitario, preocupado por las injusticias, la pobreza y la concentración de la riqueza, sino que lo hace para poder regresar lo más rápido posible a sus ejercicios de consumo primermundista sin restricciones de ningún tipo.

La década de los 90 le dio su fisonomía decisiva a la revolución neoliberal liquidando, por inactual e inservible, la idea de una ciudadanía integradora y capaz de generar las condiciones para una genuina movilidad social. El menemismo, entre nosotros, deshizo, sin ruborizarse, todo aquello que había construido el primer peronismo, quebrando, esencialmente, la relación entre sociedad y espacio público, al mismo tiempo que iniciaba y concretaba poco después el proceso de desguace del Estado hasta convertirlo en una ruina, todo en función del nuevo discurso privatizador y de la inexorable tendencia mundial a la reformulación de las variables sociales, políticas, económicas y culturales signado todo ello por un grado inimaginable, hasta ese momento, de concentración en cada vez menos manos de la riqueza. Inéditas formas de la desigualdad y de la pobreza se desplegaron en el seno de nuestra sociedad. Al calor de esas decisivas transformaciones regresivas de la vida social se avanzó en el proceso de despolitización que fue acompañado por el despliegue de los tecnócratas y gerentes que terminaron tomando por asalto los restos de un Estado canibalizado en el mismo momento en que fracciones significativas de la clase política eran capturadas por nuevas e inéditas formas de corrupción impulsadas por los sectores hegemónicos del poder corporativo a las que el economista Eduardo Basualdo denominó, de un modo original, el “transformismo argentino”.

En este sentido, todavía estamos pagando el altísimo precio de un modelo neoliberal que modificó profundamente la estructura argentina, que transformó hasta el tuétano usos y costumbres de aquello que definió, durante décadas, las formas de socialización y de autorreferencialidad cultural propias de nuestro país. El menemismo le compró el alma a un amplio sector de argentinos que estuvieron dispuestos a vender el futuro de sus hijos en nombre de la quimera primermundista y de los viajes desenfrenados a los shopping centers de Miami. Nada, o demasiado poco, quedó de aquella otra sociedad articulada desde la lógica de la solidaridad y de la equidad; de aquellas experiencias de ciudadanía que apuntaron a la integración y a la multiplicación de la esfera pública como ámbito de encuentro y de acción transformadora. Junto con la rapiña del Estado, el menemismo devastó el ámbito de lo público y deslegitimó los lenguajes de la política llevándolos exclusivamente a la zona espuria de la corrupción y de las cuestiones judiciales. Lo que se vació de contenido fue precisamente aquello que habilita a la creación de una ciudadanía más democrática y participativa reduciéndola a masa anónima de ciudadanos-consumidores, de votantes culposos que llevaban al cuarto oscuro sus deudas y su terror a salir de la ficción del uno a uno que había logrado no sólo comprar sus conciencias sino destruir la trama productiva del país. La democracia devino una cáscara vacía capturada por los lenguajes empresariales y secundarizada por la palabra sacrosanta del mercado. La novedad de la “masa abstracta” y de la “multitud volátil” del 8N  y del  18A es que regresó sobre el espacio público para defender sus demandas de siempre amplificadas por la herramienta más sutil que ha podido desplegar el poder neoliberal: los medios de comunicación hegemónicos exaltadores, nuevamente, de los “genuinos ciudadanos” que, bajo la forma de la verdadera democracia, manifiestan sus preocupaciones republicanas.

De lo que se trata, ayer como hoy, es, fundamentalmente, de sostener sus privilegios sin darse cuenta, muchos de los que golpean con entusiasmo las cacerolas, que de triunfar las corporaciones, ellos, los virtuosos, sufrirán también, como en los ’90, las consecuencias. A algunos ni siquiera los esperará el taxi para ganarse unos mangos y a sus hijos tampoco el sueño europeo que se ha convertido en una pesadilla para sus propios habitantes. Para aquellos que creyeron, desde un progresismo aggiornado a los nuevos tiempos, que serían la “vanguardia” de la recuperación virtuosa de la república perdida, lo que les espera, si lograsen imponerse los verdaderos articuladores de la agenda destituyente, es, otra vez, la culpa impagable de haberse convertido en la voz legitimadora de la restauración conservadora.

Ricardo Forster

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CÁRCELES LLENAS DE POBRES

El Gobierno Nacional envió 6 proyectos al Congreso Nacional que pretenden avanzar sobre la necesaria democratización del Poder Judicial, sin dudas, el más conservador de todos los estamentos del Estado. No se analizarán acá cada iniciativa, en Agencia Paco Urondo hay material de sobra al respecto. Sí nos parece más oportuno volver sobre una situación que ocurre hoy y seguirá ocurriendo mañana, después de enterarnos que la República no concluyó ni mucho menos.

Sin muchas vueltas: reflexionar sobre la lógica represiva que caracteriza el accionar de la Justicia en Argentina (y en tantas otras partes del mundo) y que implica el encarcelamiento en condiciones humillantes de miles de pobres. En los penales del país hay 60 mil detenidos. Están hacinados, comen y visten mal, sufren todo tipo de atropellos por parte de un sistema penitenciario sin control civil. La Justicia rara vez hace lugar a los infinitos amparos que procuran alertar sobre este diagnóstico.

De esos 60 mil detenidos, se estima que el 60% no tiene condena. Ese número fue mayor pero se redujo a partir de una reforma procesal que introdujo la figura del “juicio abreviado”. Según Horacio Verbitsky, “no mejora la situación real, pero la ´maquilla´. Es decir, en vez de tantos detenidos sin condena, hay condenados sin juicio”. ¿Qué ocurre en realidad? Muchos presos aceptan la culpabilidad (aunque no fueran responsables del delito) en una negociación perversa con el sistema. En vez de estar cuatro o cinco años detenidos sin condena, asumen “su responsabilidad” y son condenados a… tres años.

Las estadísticas dejan entrever una realidad aún peor: de ese 60% de detenidos sin condena, los informes dan cuenta de un 30% de personas que finalmente serán absueltas. Así las cosas, hoy en el país hay alrededor de 10 mil presos que son inocentes. “Diez mil personas privadas de su libertad por un delito que no han cometido es un factor profundamente disruptivo de la sociedad, del tejido social”, describió Verbitsky en la entrevista antes citada.

Se arriba a estos números espantosos porque el Poder Judicial implementa la prisión preventiva como lógica de disciplinamiento social de los sectores vulnerados. Los pobres tienen que demostrar que no son culpables, y deben hacerlo en prisión. No es casual que está lógica emerja después del desmantelamiento del Estado de Bienestar. El sociólogo francés Loïc Wacquant observó que cuando desaparece el "Estado Providencia" es reemplazado por el "Estado Penitencia".

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que “el ordenamiento jurídico argentino no autoriza, sin debido proceso y condena judicial, a privar a nadie de su libertad por su peligrosidad”. Poco se escucha decir sobre ésto a los notables defensores de la Constitución.

Las frías estadísticas esconden historias de carne y hueso. Por ejemplo, los jóvenes Luz Gómez y Diego Romero que hace más de un año están presos por un delito que no cometieron. Son dos víctimas de una maquinaria judicial profundamente autoritaria y clasista. Fueron encarcelados inmediatamente sin que existiera ningún riesgo contra la investigación. El juez y el fiscal prácticamente no escucharon a los jóvenes (los vieron una sola vez), que también señalan la desidia del abogado propuesto por el propio Estado. Por su parte, sus familiares debieron marchar al Tribunal para que se aceptara la realización de una prueba clave, que finalmente se hizo y favoreció a la pareja. Sin embargo, Luz y Diego siguen con prisión domiciliaria, sin poder trabajar y viviendo gracias a la ayuda de los seres más cercanos. Estas historias deberán ser parte de un próximo debate sobre qué implica, profundamente, democratizar el poder judicial

Enrique de la Calle

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TOMOGRAFÍA del 18A

La tercera marcha opositora que se llevó a cabo el jueves compartió características con las dos anteriores, tales como la masividad, la atomización política, la difusa convocatoria por las redes sociales y la marketinera denominación de la movilización con la fecha y la inicial del mes atrás (18 A). Sin embargo, esta vez, las figuras políticas de la oposición salieron, sin sus estructuras orgánicas detrás, a mezclarse entre los manifestantes. El año electoral parece haberlos animado a la calle. Sin embargo, analistas consultados por Tiempo Argentino señalan la dificultosa tarea de capitalizar estas formas de expresión política que tienen por delante los referentes de la oposición.

Pablo López Fiorito, sociólogo, director ejecutivo de Ibarómetro y docente de la UBA, opina que "independientemente de la participación de los sectores de la oposición en la marcha, la mayoría de los convocados no se siente representados por ninguno de los referentes de la oposición en particular". "Muchos de los carteles y las expresiones de los participantes marcan una desconfianza contra el gobierno en general, pero contra los políticos en particular. ¿Puede la oposición transformar el descontento con la política, en fuerza política que los posicione frente a las futuras elecciones?".

Hugo Haime, también sociólogo y especialista en investigación de opinión pública, sostiene que "la oposición fue arrastrada por el llamado de la gente". "Es un error interpretar que la marcha fue llamada por la oposición, es al revés, fue convocada por las redes sociales en enero y febrero, y los partidos políticos no estaban convocando en ese momento. Lo que estamos viendo en todas las marchas es un sector importante de la ciudadanía carente de representación política que les reclama al gobierno y a la oposición: al gobierno le critica cosas que no le gustan y a la oposición le pide unidad para generar una alternativa, y a su vez, los opositores no pueden explicar por qué no se unen".

Sin embargo, Juan Manuel Aurelio, analista de la consultora Aresco, sostiene que "la palabra unidad está lejos de ser una posibilidad". "Esta marcha es de contenido opositor al gobierno, con todas las variantes, participan muy diversos sectores políticos, con diversos niveles de reclamo. Hay posiciones ideológicas y políticas muy distintas y encontradas. Es una oposición que aparece muy fragmentada electoralmente. Ninguno de los políticos dentro de ese espacio puede decir que tiene un núcleo de apoyo relevante".

Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, sostiene que "la falta de liderazgo no es el problema del 18 A, sino la clave de su éxito". Y subraya: "Que la movilización no tenga dueño aparente, es lo que permite su convocatoria. La mayoría de las fuerzas opositoras convocaron dos días antes contra la reforma judicial en Tribunales y no reunieron ni un millar de personas."

Artemio López, de la Consultora Equis, también señala la novedad de la aparición de figuras opositoras en la última movilización. "Hubo en esta marcha una precipitación de dirigentes opositores para apropiarse de la marcha". "La propia gente, entre las cosas que reclama es efectivamente que exista otra oposición para hacer más eficaz su disputa con el Gobierno Nacional, con lo cual la presencia de opositores era un contrasentido en la marcha".

Si bien los analistas destacan la heterogenidad de los reclamos, todos coinciden en que son los sectores medios urbanos los que protagonizan estas movilizaciones. Para Aurelio "los reclamos pertenecen a algunos segmentos de la ciudadanía, y tienen epicentros en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y en Córdoba, lugares del país dónde históricamente este gobierno tuvo performances electorales por debajo del promedio o directamente perdió elecciones".

Fraga coincide al señalar que "las protestas convocadas desde las redes sociales que culminaron con la del 13 S, han canalizado la protesta de la clase media urbana". Asimismo, todos coinciden en señalar la dificultad de la oposición en capitalizar estas expresiones políticas.

Mientras que Aurelio opina que "son fenómenos de diversidad política que no se sabe cómo se va a plasmar en términos electorales" y que "por ahora es visto como multitud atomizada o fragmentada y habrá que ver de qué forma se reúne o no a la hora de expresar un frente político"; López Fiorito se pregunta si es posible "generar una fuerza que sume las pequeñas expresiones políticas de cada uno de los sectores". "¿Es posible tamaña ingeniería, sin que del intento salga una Frankenstein?

Hay por lo menos dos problemas con ese pedido. Uno es que este año las elecciones son legislativas y necesitan contener la mayor dispersión de miradas. Dos, que esa unidad tendría un carácter negativo, solo horadar al gobierno, pero ninguna coincidencia política.

¿Podemos imaginarnos al empresario Francisco de Narváez, con el sindicalista Víctor De Gennaro? ¿O al socialista Hermes Binner, con el referente del PRO Mauricio Macri? ¿No son similares a los argumentos que construyeron la Alianza?"

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JUECES Y FISCALES POR + DEMOCRACIA EN EL PODER JUDICIAL

Los 6 proyectos de ley que reforman el sistema judicial enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo generaron mucha resistencia y rechazo entre algunos de los involucrados que se niegan al cambio.

Sin ir más lejos, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, lanzó un paro de tres días en rechazo al debate. Del otro lado, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, vertió mínimas y tímidas declaraciones aduciendo que en un futuro no muy lejano podría tener que intervenir, como ministro del tribunal, en una decisión sobre la reforma.

Sin embargo, no todos los miembros del Poder Judicial se abroquelaron en rechazo a las iniciativas que plantean la modernización del sistema.



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En ese sentido, el juez del tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Daniel Carral, declaró: "En términos generales, en al menos cuatro de los seis proyectos hay un consenso tanto de los sectores involucrados en la gestión judicial como en la sociedad toda", en referencia a la creación de tres nuevas Cámaras de Casación; la publicidad de los actos judiciales; la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios y el concurso público para ingresar al Poder Judicial.

"Los proyectos que aparecen como más difíciles de consensuar en este momento se relacionan con la reforma del Consejo de la Magistratura y aquello vinculado al nuevo régimen de medidas cautelares. Con respecto a la Magistratura, la verdad es que habrá que ver en la futura discusión del proyecto en las Cámaras si se puede precisar bien cuál es el mejor mecanismo a través del cual los jueces serán electos por el voto popular, de qué manera. Me parece bien que haya una mayor amplitud en la participación de la gente para elegir a quienes van a representar a los jueces", afirmó Carral.

En tanto, puntualizó: "Ahora, si esto significa necesariamente que tengan que ir en una boleta o a través de partidos políticos es algo que quizá tenga que discutirse, o si existen otros mecanismos que se puedan someter a la decisión popular".

Por último, Carral afirmó: "Respecto de las cautelares, me parece que hay muchísimos ejemplos que nos tienen que hacer repensar que el régimen vigente expone a los jueces a una posición de arrogarse también, en definitiva, la suma del poder público. Porque hay ejemplos claros de leyes sancionadas que no pueden entrar en vigencia porque a un juez se le ocurre sacar una cautelar. Y esa cautelar, como toda medida cautelar, es una medida provisoria, revisable, y sin embargo está vigente durante años y no se resuelve la cuestión de fondo".

"Entonces, poner algún límite temporal para que los jueces terminen de resolver la cuestión de fondo cuando media una medida cautelar es algo admirable. En cualquier caso, en aquellos que son noticia todos los días y en algunos otros que no son tan noticia que la gente debiera pensar también, por ejemplo cuando hay una persona que está detenida con prisión preventiva. Los jueces no pueden estar años con una persona bajo prisión preventiva, eso es una medida cautelar también", agregó.

Y subrayó: "Esta regulación, en principio, no me parece mal. Siempre y cuando, y así parece que la ley lo deja establecido, se preserven particulares situaciones para la vida, la libertad, la integridad física e incluso para el medio ambiente".



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Sobre el mismo punto, el exfiscal federal Félix Crous, actual titular de la Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad (Procunar), sostuvo: "La reforma del Consejo incorpora dos elementos fundamentales: la elección popular de los electores de los jueces y los partidos políticos como instancia mediadora, el sinceramiento y la jerarquización de la política de partidos en todos los departamentos del Estado".

Además, manifestó: "Creo que son un conjunto de proyectos muy interesantes en cuanto, no sólo a la transformación que plantean, sino al sistema de organización. Como posición global, a mí me parecen muy importantes. Todos los proyectos son muy interesantes, pero algunos atacan temas más estructurales, dos de ellos sobre todo. El tema de la reforma del Consejo de la Magistratura y, en segundo orden, el sistema de ingreso al Poder Judicial".



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Por su parte, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alejandro Slokar, sostuvo: "En términos generales la reforma es favorable, muy positiva porque tiene la capacidad de alterar el perfil de un poder del Estado que es el Poder Judicial y las relaciones entre ese poder y la sociedad".

"Democratización, transparencia, agilidad son básicas", agregó el magistrado.



En ese sentido, Slokar manifestó que la reforma va en contra de las condiciones actuales: "El desprestigio social que tiene el Poder Judicial es porque se lo observa como un poder demasiado autoritario, con privilegios anti igualitarios y poco abierto a la sociedad. Y una exigencia elemental de la democracia es el deber de rendir cuentas, que además hace a una esencia ética y de responsabilidad".

"En ese orden, el conjunto, el paquete de iniciativas que comprenden la reforma me parecen decididamente loables porque tienden a la reconstrucción de un puente entre el Poder Judicial y la sociedad y de otra parte a la transformación del poder del Estado como un poder más plural, más democrático y, en definitiva, más fuerte", remarcó.

"Que la Corte se ocupe de dictar sentencias y no de administrar el Poder Judicial, porque para administrar el Poder Judicial la Constitución dice que está el Consejo de la Magistratura", concluyó Slokar.



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A su vez, el fiscal general de la Unidad de Coordinación de Causas de Derechos Humanos, Jorge Auat, manifestó: "Estoy absolutamente de acuerdo con todos los proyectos. Además, espero que se siga profundizando esta iniciativa y estos cambios. Desde Justicia Legítima (agrupación de jueces y fiscales que reclaman cambios en el Poder Judicial) compartimos todos los proyectos".

Aunque sostuvo: "Los proyectos no van a agotar la discusión que nosotros iniciamos en la Biblioteca Nacional, son nada más que parte de lo que pensamos que tiene que haber. Lo fundamental es instalar la discusión con carácter permanente. Este es el objetivo de nuestro foro".

"Y queremos que haya nuevos proyectos que inicien el cambio que tanto espera la sociedad. Este es el único poder al que no lo atravesó la democracia en su totalidad. Jueces y funcionarios de la Dictadura pasaron a ser en 24 horas jueces y funcionarios de la democracia y este es un fenómeno que me parece no podemos soslayarlo. Y marcó, de algún modo, un paradigma de funcionamiento del Poder Judicial, del sistema judicial en su totalidad, y creo que es hora de empezar a mirar cuáles son los déficit que tiene, si está a la altura de las expectativas de la gente y ver cómo hacer para que deje de estar de espaldas a la sociedad", agregó Auat.



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Por su parte, el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Rozanski, expresó: "Estoy completamente de acuerdo con los proyectos, por lo menos con los que he leído, todavía no los termine de leer en detalle. Coincido con todos los proyectos y con la idea de cada uno de ellos".

"La parte más importante es la modificación del tema de elección para lo que es el Consejo de la Magistratura. Reemplazar la elección dentro de cada una de las corporaciones por la votación popular me parece que es un avance importante", sostuvo.

Y explicó: "Es un viejo reclamo que el Consejo de la Magistratura pueda realmente tener una amplitud de criterio que le van a dar en este caso, las distintas disciplinas que van a estar representadas por los académicos en lugar de ser pura y exclusivamente los abogados. Y en el caso de los abogados y jueces, o sea los representantes de cada una de esas profesiones, van a estar elegidos por la gente y no por los propios grupos de cada corporación. En el caso de los jueces no llegan a 2 mil electores y van a pasar 15 millones", concluyó.



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En tanto, la Procuradora General de la Nación y jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, remarcó: "Estamos madurando progresivamente la relevancia que van a tener los proyectos. Tenemos motivos para pensar que esto va a ser diferente".

Gils Carbó destacó además la elección mediante voto popular de integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, al considerar que va a significar una "mayor participación ciudadana y transparencia".

Santiago Eguía

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