ELISEO VERON, EL AMIGO DE CLARÍN

El reconocido semiólogo argentino Eliseo Verón murió hoy a los 78 años de edad.

En 1961, Verón obtuvo la Licenciatura en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Luego de licenciarse, obtuvo una beca del CONICET para estudiar en Laboratorio de Antropología Social del Collège de France con Claude Lévi-Strauss.

Al regresar a la Argentina, fue profesor del Departamento de Sociología de la UBA y dirigió el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Di Tella (1967-68), profesor de Psicología Social en la Universidad Nacional del Litoral y profesor de Sociología en la Universidad del Salvador.

También fue profesor en las universidades francesas de París, Burdeos, Bayona y en 1985 obtuvo su diploma de Doctor de Estado en la Universidad de París VIII Vincennes-Saint-Denis.

Una de sus últimas apariciones públicas fue cuando participó de una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia cuando se revisó la constitucionalidad de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual.



El semiólogo Eliseo Verón fue el académico "amigo" de Clarín que decepcionó en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en agosto 2013.



Eliseo Verón expuso como amigo del tribunal elegido por el grupo Clarín, brindó un pobre discurso en la audiencia pública, recibió críticas de sus colegas y burlas en las redes sociales. En poco menos de 10 minutos, el sociólogo y antropólogo hizo un repaso de la historia de los medios y la profesión periodística. Comenzó hablando de los inicios de los “newspaper” (periódicos) para bruscamente saltar al nuevo soporte que brinda Internet para la información. Consideró que esta herramienta no constituye un nuevo medio per se. Por el contrario, aclaró que es un nuevo formato que “implica incluso la necesidad de repensar la actividad periodística”.

Verón indicó que la ley "ya era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial" porque no preveía la "revolución" generada por la expansión del uso de Internet.

"No hay ninguna razón de limitar ciertas voces con el pretexto de que vengan otras", aseveró, y agregó: "La situación hoy es mucho más compleja que la situación anterior; multiplicar los obstáculos de las voces existentes me parece totalmente descabellado".

La postura del académico despertó inmediatas críticas de sus colegas y numerosas ironías de usuarios en las redes sociales.

La decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout, comentó en su cuenta de twitter: “Que papelón! Eliseo Verón dice que como todo es muy complejo, es descabellado poner obstáculos a lo que está”.

El editor jefe en Buenos Aires Herald, Sebastián Lacunza, consideró que “Verón falla también en ningunear la ley por obsoleta. Dijo que internet ya cambió todo. Si fuera así, Clarín no se molestaría en defenderse”

La usuaria Lupitα @ninedecember, ironizó: "Después de una eterna exposición de NO hablar de la Ley de Medios, Verón se retira diciendo que es una ley obsoleta..."

CLARÍN ESCUPE SANGRE

Cuatro años debió esperar la sociedad argentina para que el Poder Judicial declarara la plena vigencia de todos y cada uno de los artículos de la ley audiovisual, promulgada en octubre de 2009 con el propósito de asegurar la diversidad y el pluralismo de la comunicación por esos medios y “fortalecer una democracia deliberativa”, sin “voces predominantes” que asordinen a otras. El fallo firmado ayer ratifica que, aunque el gobierno no siempre lo advierta, la Corte Suprema sigue siendo uno de los grandes activos de este período democrático.

Con ser extensa e injustificada, esta dilación es apenas una parte mínima de una deuda mayor. Hoy, 30 de octubre, se cumplen 30 años de las elecciones presidenciales que pusieron fin a la última, cruel y extensa dictadura cívico militar. Ninguno de los gobiernos que se sucedieron durante un cuarto de siglo fue capaz de modificar a favor del interés general el restrictivo decreto firmado en su ocaso por Videla, porque los poderes fácticos condicionaron la institucionalidad republicana con la inmensa capacidad de presionar y corromper que ejercen sin pudor, como si fuera un intocable derecho adquirido.

Contra esto se rebeló sin éxito Alfonsín (sobre la base de un dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia) y simuló hacerlo De la Rúa, con un proyecto de ley que llegó al Congreso y allí quedó para siempre. Sólo Menem consiguió enmendar aquel decreto, porque su proyecto no era la ampliación de derechos colectivos, sino la mayor concentración del poder mediático, que le dio impulso porque lo beneficiaba. La crisis de fin de siglo favoreció que la deliberación democrática ganara espacio sobre los intereses que resistían el cambio. Este itinerario describe bien el de la democracia argentina, que recién entonces pudo plantearse la liberación de los condicionamientos salvajes que la dejaron exánime.

Aquellos proyectos fallidos fueron retomados en la última década por la Coalición para un Radiodifusión Democrática (integrada por tres centenares de organizaciones sociales, sindicales y civiles), que los reformuló en una propuesta de 21 puntos. El gobierno nacional los tomó como insumo para elaborar un anteproyecto que, durante varios meses de 2009, fue discutido en dos docenas de foros que se realizaron en distintos puntos del país. Con los aportes formulados en esos encuentros, el Poder Ejecutivo completó la redacción del proyecto que envió al Congreso. Fue la primera ley anotada artículo por artículo, desde el Código Civil del siglo XIX. Pero mientras aquel código fue obra de un solo hombre, cuyo proyecto se aprobó sin debate, a libro cerrado, la ley audiovisual del siglo XXI fue una creación colectiva. Luego de los foros, cada cámara legislativa escuchó durante semanas a todos los interesados que tenían algo para decir y a raíz de esos planteos introdujo numerosos cambios en el texto que, al cabo de ese intensísimo proceso participativo, fue sancionado con amplias mayorías, imposibles de alcanzar sin el apoyo de distintos partidos políticos.

Si alguna duda quedaba, las audiencias públicas realizadas hace dos meses la disiparon. No sólo los jueces de la Corte Suprema sino toda la sociedad asistieron al contraste entre una visión mercantilista, justificada en una posición liberal conservadora sobre la autonomía de la empresa que no admite límite alguno, y el interés público, que incluye el derecho de todos a expresarse, el de la sociedad a recibir información de fuentes plurales y diversas, y la obligación del Estado de intervenir para asegurarlo. Durante su transcurso, fue evidente que no estaba en riesgo la libertad de expresión sino la rentabilidad del mayor grupo de medios, cosa que el tribunal dijo con todas las letras ayer. Si algún perjuicio surgiera de la aplicación de la ley, los afectados deberían reclamar su indemnización, en un proceso distinto al que concluyó ayer. Sólo el juez Fayt rechazó todo límite a la concentración mediática. Su hermana es la esposa de Claudio Escribano, directivo e ideólogo de La Nación, una empresa asociada al Grupo Clarín en negocios de medios y agropecuarios. Hubiera sido más decoroso que se excusara.

La constitucionalista María Angélica Gelli llegó a decir que sólo una escala económica monumental permitía realizar periodismo de investigación crítico del poder. Este es un concepto insostenible en el país donde un hombre solo realizó las mayores obras del periodismo universal (según la definición de Gabriel García Márquez). Se llamaba Rodolfo J. Walsh. Cuando terminó de investigar Operación Masacre, en 1956, no encontró quién quisiera publicársela, y en 1976 él mismo imprimió y distribuyó su Carta Abierta a la Junta Militar. Tampoco se verifica en el mundo, donde sólo personas o pequeños medios independientes escudriñan allí donde al poder más le molesta.

Esto también se verifica en otros campos. La Corte Suprema fue impiadosa con los abogados mejor pagos del país y destacó en el fallo la deficiente fundamentación de los derechos que defendían. Todo lo contrario sucedió con la austera representación que el Estado llevó a la audiencia, demostración indirecta pero contundente de que no todo se consigue con dinero.

Dos advertencias finales para prevenir excesos de euforia. El Grupo Clarín ya anunció que “respeta las decisiones judiciales” pero que no piensa cumplirlas. En cambio, volverá a judicializar cada intento de llevar la ley a la práctica e incluso recurrirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre la base del voto minoritario del tribunal supremo argentino e ignorando el de la mayoría, como de costumbre. Es difícil que prospere, ya que el SIDH sólo entiende en casos en los que se afecten derechos de las personas, no utilidades de los conglomerados empresarios.

Igual que siempre, espera un cambio político para revertir la decisión, como ya anticipó ayer el abogado Ricardo Gil Lavedra, contradiciendo la posición del partido por el que fue diputado. Por último, cuando la ley audiovisual rija para todos, el Grupo Clarín seguirá siendo hegemónico y mucho más poderoso que todos sus competidores, con diario, agencia, fábrica de papel, canal de aire o sistema de distribución por cable y canal de noticias, con la misma capacidad y libertad de informar, opinar y distorsionar que hoy tiene. Si se atiende a sus propias afirmaciones durante el juicio, la concentración que ha conseguido en sus siete décadas no excede del 40 por ciento del mercado audiovisual. Una ley moderada, modesta, sólo le exige que retroceda al 35 por ciento.

Horacio Verbitsky

CÓMO DAR GOLPES SIN EJÉRCITOS

Los enemigos están entre nosotros, señaló Fidel Castro durante su viaje a Chile en 1971. A unos metros de él lo escuchaba el edecán militar designado a su visita, un tal Augusto Pinochet. El recuerdo es traído al presente por Marcos Roitman Rosenmann en su libro de reciente publicación Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina. Es que esa advertencia no ha perdido actualidad para el doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, quien sin embargo destaca que la metodología empleada para producir quiebres institucionales ha cambiado. Ya no son las fuerzas armadas las protagonistas, sino los organismos internacionales, los bancos o las "troikas", que no necesitan empuñar un arma o disparar un tiro.

"Detrás de la llamada ideología de la globalización, existe otra manera de dar los golpes de Estado. No necesitamos ejércitos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los dictadores fueron eliminados bajo el criterio de nuevas formas de ejercicio del poder político. Estados Unidos necesitó, incluso en Latinoamérica post revolución cubana, la Alianza para el Progreso y construir regímenes formalmente democráticos para enfrentar las reformas agrarias, los cambios políticos nacionales, antioligárquicos, antiimperialistas, socialistas y anticapitalistas", explica el autor chileno cuya biografía está marcada por los regímenes autoritarios.

Roitman Rosenmann nació en Santiago de Chile en 1955. Comenzó a militar a los trece años y seis más tarde, en 1974, voló a Madrid escapándose del pinochetismo y completando el viaje que su padrastro había iniciado un tiempo atrás, cuando aquel republicano español decidió exiliarse en el angosto país sudamericano lejos del alcance del dictador ibérico Francisco Franco. El Generalísimo seguía en el poder cuando él llegó a España con 19 años y algunas materias de la carrera de Ingeniería aprobadas. Ya no volvería a radicarse a su país natal, pero seguiría con atención todo lo sucedido allí en los 17 años de dictadura y en el resto de la región latinoamericana, haciendo de esa historia su objeto de estudio.

–En su libro repasa los golpes de Estado en la región y concluye que marchan juntos con el anticomunismo en la historia. ¿Cómo se evidencia esta característica?

–El anticomunismo está presente en los golpes antes de la Revolución Rusa. Es decir, antes de la constitución de la Unión Soviética. La mayoría de las socialdemocracias europeas tienen en común su flagrante anticomunismo. Pero ese anticomunismo era gelatinoso, difuso. No se concentraba en aspectos esenciales de una ideología consistente, sino que era más bien utilizado de una manera maniquea y arbitraria, pero creo que más bien inconsistente. Era, en cierta medida, una herramienta de trabajo. Se atacaba al partido comunista pero no solo a él, también al movimiento obrero, el sindicalismo clasista. Por eso, en realidad, yo planteo que el ataque está dirigido al socialismo-marxista, que me parece más riguroso que el marxismo-leninismo. A partir de la Segunda Guerra Mundial cambia absolutamente el concepto. Aparece un anticomunismo consistente. Porque aparece reflejado como enemigo interno en la necesidad de la agresión. Ese elemento gelatinoso se vuelve ya antisubversión. Se vuelve guerra contrainsurgente. Leyes de "defensa de la democracia" articuladas con la declaración de ilegalidad del Partido Comunista. Es decir que el anticomunismo aparece expresado de varias maneras y el comunismo aparece como un obstáculo a la construcción de un mundo libre.

–Y a la vez postula que las Fuerzas Armadas no accionan en soledad sino que forman parte de una alianza de clases que llevan adelante los golpes de Estado…

–Un golpe de Estado es una técnica de toma del poder. Es el ejercicio de un sector político que es desbancado y que quiere retomar la dinámica del poder. Suele estar a cargo de las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué institución hegemónica en el siglo veinte con capacidad de lograr obediencia, controlar el territorio y tener las armas puede hacerse como instrumento del golpe de Estado? Las Fuerzas Armadas, que de la misma manera estuvieron vinculadas a partir de la Segunda Guerra Mundial a la construcción ideológica de los EE UU. Porque allí se formaron, de allí recibieron los fondos y la tecnología. Es la famosa Escuela de las Américas. Pero para eso tiene que haber una dinámica, que podríamos llamar la cocina política, donde el poder civil –que incluye a los partidos políticos de la derecha, los terratenientes, los industriales, el capital financiero, las grandes empresas multinacionales de la época– tuviera miedo de aquellas reformas que les quitaban el poder. Por todo esto puede verse que las Fuerzas Armadas no actuaron de la misma manera que los ejércitos en la época oligárquica. Los nuevos golpes militares tenían otra doctrina. El concepto geopolítico del Estado como cuerpo vivo atacado por aquellos elementos que quieren disolver la familia, la identidad nacional, introducir valores exógenos, contrarios a la patria, a la nación. Era un discurso genérico que se articuló justamente al anticomunismo. Ahí apareció la guerra psicológica, económica, política, la informática. Aquellos elementos que fueron construyendo los ejes para que el ejército actuara. Porque el ejército fue preparado para actuar cuando le dieran la orden.

–En los últimos años este planteo ha cobrado más fuerza en las sociedades latinoamericanas que cuestionan, y hasta promueven juicios, contra los "cómplices civiles" de las dictaduras.

–Cómplice no es el que actúa sino el que otorga. Por eso, yo no diría cómplices, sino partícipes de los golpes. Hay una frase de Jorge Rafael Videla, una vez preso, en la que dice que había empresarios que le decían que se había quedado corto con los que había matado… Entonces, esos son los responsables desde el punto de vista ideológico-político, en el ámbito de los partidos, empresarios y clase dominante que articularon, solventaron y armaron el golpe. Ahí no hay complicidad, son socios necesarios.

–En los golpes de Estado que usted releva muestra a Estados Unidos como principal "organizador" de estas intervenciones. En las nuevas modalidades de golpe que usted llama "de guante blanco", ¿cree que mantiene ese rol?

–Simplemente hay que ver cuáles son las agencias de calificación de riesgo: estadounidenses. Lo que cambia es la forma, pero en el fondo EE UU sigue manteniendo la hegemonía. Cambia el mecanismo de ejercicio de esa hegemonía, por eso las Fuerzas Armadas pueden irse a los cuarteles. Porque otros realizan los golpes de Estado. En Chile se intentó un golpe de Estado de guante blanco contra Salvador Allende, juntando los dos tercios del Parlamento para destituirlo. Ese mecanismo tardó más de treinta años en producirse y ocurrió en Honduras en 2009. También con Fernando Lugo en Paraguay, en 2012. Pero ese siempre fue el objetivo, lo que pasa es que hubo un punto de inflexión que fue la Guerra Fría. Cuando acaba, Estados Unidos necesita otra forma de ejercicio de dominación porque el enemigo que los ataca, el comunismo, supuestamente ha sido derrotado. Curiosamente, entonces viene la primera invasión a Irak, en 1990. Y eso significa una concepción de los inicios del unilateralismo en el ámbito de que EE UU va a plantear, desde mi punto de vista, una tercera guerra mundial. Porque las guerras mundiales reconstruyen los órdenes. Tras la Segunda Guerra surgieron las Naciones Unidas, tras la primera guerra de Irak y luego con el atentado a las torres gemelas se produce otro cambio absoluto, que no quiere decir que EE UU haya perdido. Al contrario, EE UU tiene la hegemonía cultural y económica. Porque para el capitalismo no hay crisis. La crisis es para nosotros. Porque nosotros estamos viviendo en condiciones de esclavitud, nuestros jóvenes tienen el 70% de desempleo. Al capitalismo no le preocupa eso. No tiene límites para la explotación salvaje del mundo. Y EE UU opera en esa dinámica.

–Sin embargo, han surgido en América Latina gobiernos que han salido a denunciar el dominio estadounidense y a tratar de marcar límites...

–Por eso los golpes de Estado no han desaparecido. En Venezuela, Ecuador y Bolivia, por ejemplo, ha habido intentonas de golpes de Estado. No hace falta que el ejército actúe de manera irracional. Ahora hay una represión selectiva. No es un tanque en la calle, ni la toma de un palacio o el bombardeo de La Moneda. El capitalismo va por otra dinámica: la lógica de los grandes multinacionales de la soja, el uso del Amazonas, las dinámicas de Pascua Lama con las nuevas materias primas. Todas cosas en las que no les importa nada el poder formal, porque se ha perdido la centralidad de la política. El presidente de un Parlamento no decide nada.

–Entonces, ¿quienes estén en la presidencia de los países no tienen herramientas para contrarrestar estos avances?

–Claro. Tiene que ver con el concepto de hemisferio y de autonomía militar. Las fuerzas armadas perdieron el concepto de autonomía. Hoy no necesitamos estado militar, sino un estado de seguridad establecido en términos de la lucha antiterrorista, del control social, y para eso basta con las videocámaras en los centros comerciales, los subtes, el teatro, el cine, el Facebook, las redes. Evidentemente, es otra manera más perfecta de controlarnos que asustarnos directamente con los militares en las calles.

–¿Y cómo se puede prevenir o cómo se puede formar una respuesta eficaz a estos golpes de guante blanco?

–Esa es la pregunta del millón. No creo que se pueda prever. Nadie previó tampoco el triunfo de la Revolución Cubana más allá de la contingencia, tampoco el golpe del 11 de septiembre del '73, ni el del '76 o el '66 en Argentina. Lo que hay que hacer es estar preparado y alerta en la construcción de una sociedad civil y democrática. Una sociedad que construye democracia, participación, ciudadanía, que expresa mecanismos de control institucional a través del hecho republicano no va a estar sometida a golpes de Estado desde esa tensión. Es más, si está sometida los va a poder revertir. Como pasó en Venezuela en 2002. Si la sociedad venezolana no hubiese sido democrática, ese golpe hubiese triunfado. Porque la gente salió a la calle a defender su gobierno, los elementos democráticos. Y eso generó miedo en quienes secuestraron a Chávez. Si Argentina tiene una organización institucional democrática en el ámbito del diálogo y las organizaciones populares, las posibilidades de un golpe de Estado son mínimas.

–¿Y cuáles son los indicios de que se está en el mal camino?

–Cuando se subvierte el orden ciudadano democrático, como pasó en Chile en el '73, las posibilidades de éxito del golpe son muchas. Ahí está la lógica de la trama civil. Lo que pasó en Chile fue que se deslegitimó el orden político para justificar la acción de las Fuerzas Armadas. Se generó un Estado negro, la desestabilización, los atentados terroristas, se actuó contra el comandante del Ejército Carlos Prats para que renunciara. Porque en las Fuerzas Armadas hubo mayor tortura y represión en términos cualitativos después del 11 de septiembre. Son las cosas que no se saben. Tenientes, coroneles, capitanes, que se opusieron al golpe. Pinochet tuvo que cambiar las ordenanzas militares, si no el golpe no se producía. Hoy los militares se pueden ir a los cuarteles porque el orden no depende de ellos. Su papel es otro. El control territorial, la lucha contra el narcotráfico, etc. Porque quienes defienden la lógica de funcionamiento de los Estados hoy son las trasnacionales. «



"Chile vende una imagen"


La salida del libro de Marcos RoitmanRosenmann coincidió con el aniversario por los 40 años del golpe en Chile. La fecha redonda, como suele suceder en todos los países, puso al aniversario en la cima de la agenda política y motivó tanto nuevos actos de homenaje a las víctimas como declaraciones de las actuales figuras políticas. Sin embargo, la situación no despertó mucha expectativa en el sociólogo chileno.

“El problema es que es un lavado de cara del estilo de lo que aquí se conoce como la teoría de los dos demonios. Porque plantean que los asesinados por la dictadura también querían matar. Entonces hay un reconocimiento espurio y bastardo, porque no se termina reconociendo realmente el asesinato, muerte y tortura y el haber sido copartícipe de la ruptura del orden constitucional. Se dice sólo que se cometieron excesos y el lenguaje es muy importante en esto”, señala. “Yo creo que no hay realmente una voluntad política de hacer justicia y reparación. Sino un intento de cerrar páginas. Si bien el pecado original fue la sangre, de alguna manera esto se ha redimido con el éxito económico. Entonces para que abrir una herida cuando todos estamos de acuerdo que gracias a la dictadura Chile está en el primer mundo”.

–Usted ha planteado que eso forma parte de un mito que ha sido muy dañino para Chile.

–Claro, si Chile es el segundo o tercer país en desigualdad de América Latina. Se habla del cobre chileno cuando más de la mitad de las nuevas minas están en manos de trasnacionales. Chile vende una imagen, la marca Chile que consiste en decir que tiene más de 70 tratados de libre comercio, que está en la OCDE y por tanto es un país desarrollado, que hizo una transición modélica, que salió adelante. La gente ha comprado eso.

–Por eso plantea que los objetivos del golpe en Chile se cumplieron.

––Claro, porque ellos refundaron el orden y construyeron un nuevo tipo de chileno. Hicieron el paso del ciudadano al consumidor. Eso significa el abandono de la democracia política en función de lo que es la economía de mercado. Eso implica un proceso que Pinochet llamó: “Yo no tengo plazos, tengo metas”. Los que se opusieron al proyecto en principio luego lo asumieron como programa propio, como pasó con la Concertación. Es lo que le permitióa la dictadura consolidar el proyecto político. Por eso hay continuidad.

MARCOS ROITMAN ROSENMANN

CLARÍN: JUECES Y DEMOCRACIA

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Con inclusión de cuotas de pantalla, fomento de contenidos locales y producción independiente, la LSCA se perfila como un progreso concreto hacia un inclusivo ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, ideas, opiniones y manifestaciones artísticas.

Las zancadillas judiciales y el chantaje cautelar deterioran su calidad y plena vigencia, al tiempo que perjudican a la sociedad en su conjunto. Con efectivas argucias quienes no quieren ceder privilegios lograron frenar aspectos centrales de esta norma. En nombre de la libertad de expresión pretenden consolidad su posición comercial dominante.

Claro que la puja distributiva no es sólo económica, sino también informativa, comunicacional. Ambas contiendas van de la mano, el poder mediático y el poder económico se amalgaman y funden en un supra poder que enfrenta y procura imponer condiciones a los propios estados soberanos.

Desde su promulgación, el 10 de octubre de 2009, se aprecia gradualmente la puesta en marcha de la LSCA. Aunque los cuatro años de trabas, frenos, tackles a los artículos que limitan la concentración de licencias ponen en riesgo sus principios básicos. Pluralidad de voces, diversidad cultural, nuevas narrativas aparecen obturadas por un variopinto abanico de tretas y artificios usados por el multimedios para gambetear la ley.

Llegados a esta instancia –una más– dentro de la apelmazada urdimbre judicial, nos permitimos la imprudencia de ser optimistas. Nosotros público, nosotros lectores, nosotros oyentes, nosotros todos aguardamos expectantes en Plaza Lavalle. Sabemos que dentro de ese imponente, ecléctico palacio de solemne severidad, siete ciudadanos tienen una oportunidad histórica. Con su resolución pueden destrabar la aplicación de la LSCA y, tal como lo expresa el artículo 45, "garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local".

Sebastián Castelli

El arte de la gambeta y el chantaje cautelar

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La impronta neoliberal que constituye el espinazo de aquel fallo fue utilizada para defender los intereses inmediatos del "Gran diario argentino" en el día de su cumpleaños número sesenta y ocho. Ataron la viabilidad de un grupo de medios de comunicación a su economía de escala, verbigracia concentración de la propiedad y posición dominante. Según esta línea de pensamiento que retoma el liberalismo decimonónico, el Estado es la mayor –única– amenaza contra la libertad de expresión, entonces si los medios son poderosos pueden resistir de mejor manera los eventuales embates censores de la política.

Esa línea argumental arroja algunas consecuencias. Primero, la paradoja de que, para que un gobierno electo por la voluntad popular no restrinja la libertad de expresión, es mejor que haya un monopolio privado que por su propia posición dominante impida que los ciudadanos puedan ejercer su derecho humano a la comunicación.

Segunda consecuencia: si para ejercer la libertad de expresión hace falta la talla descomunal del Grupo Clarín, entonces qué les queda a los pequeños medios o a los ciudadanos de a pie.

Por último, se alertó sobre los perjuicios para el acceso a Internet que traerían los límites que la ley le impone a la concentración de la TV por cable. Curiosa pirueta argumental por la cual Internet que es publicitada como la panacea de la democracia comunicacional, ahora dicen que para convertirse en un servicio universal es necesario que sea a través de un monopolio privado.

La Corte Suprema tiene en sus manos la inmensa posibilidad de hacer justicia. Esperemos que no se las lave como Poncio Pilatos.

Gustavo Bulla
Los amigos neoliberales del Grupo Clarín

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LA INTERVENCIÓN DE LOS JUECES Y SUS CAUTELARES...

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inaplicables varios artículos del paquete de medidas denominado "Reforma Judicial", una de las últimas grandes batallas de la Casa Rosada.

Las leyes fueron aprobadas por el Congreso en el marco de la llamada "democratización de la Justicia". Mediante tres acordadas, y por unanimidad de los 7 jueces, el máximo tribunal impugnó las leyes sobre la declaración jurada de bienes de los jueces, el ingreso al Poder Judicial y la publicación de sentencias de los tribunales.

En la misma secuencia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dictó una medida cautelar que suspendió de manera provisional la aplicación de un artículo de la ley de Mercado de Capitales que prevé la intervención de la Comisión Nacional de Valores en una empresa si se considera que pudo haber "vulneración" a los intereses de accionistas minoritarios. La sala A del Tribunal de Apelaciones, falló en base a un planteo de Clarín, pero la medida queda vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo acerca de la validez de esa norma.

La Cámara ordenó la suspensión de la aplicación del inciso A, segunda parte, en los apartados I y II del artículo 20 de la Ley 26.831.

La tercera en la misma semana llegó, otra vez, con la Corte Suprema, al confirmarse la ratificación de la medida cautelar de la Cámara Civil y Comercial que había frenado la expropiación del predio ferial de Palermo, adquirido por la Sociedad Rural en 1991. Con un fallo mayoritario, de cinco votos contra dos, los ministros consideraron que el recurso presentado por el Estado nacional estuvo fuera de los términos procesales establecidos por la ley.

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tampoco tuvo suerte. A principios de mes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo del Gobierno para que la Corte Suprema de Justicia intervenga en una de las causas que se iniciaron por las multas que la Secretaría de Comercio Interior les aplicó a consultoras privadas por difundir índices erraneos de precios. La Sala II de la Cámara no hizo lugar al recurso extraordinario que presentó Comercio Interior para llegar al máximo tribunal y ahora el Estado tiene la posibilidad de recurrir directamente ante la Corte a través de un recurso de queja.

A comienzos de esta semana hubo otro fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó un recurso extraordinario por el cual el Estado nacional pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia para que ésta resolviera su pedido de ser parte querellante en la investigación por la tragedia ferroviaria de Once. Al Estado, a través del Ministerio de Transporte de la Nación, sólo le queda la alternativa de recurrir en queja, cuyo recurso no tiene efectos suspensivos y cuenta con menos chances que con el recurso extraordinario que ya fue rechazado.

En julio pasado, la Corte Suprema firmó una resolución intimando a la provincia de Formosa y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a reformular el cronograma de actividades para la realización del censo que permita interceder en el conflicto entre el Estado y la comunidad Qom La Primavera.

Esta semana, la Justicia Federal primero suspendió el desalojo de hangares en el aeroparque Jorge Newbery de las empresas de taxis aéreos: Mac Air y Tango. Esas medidas cautelares funcionaron como antecedente para que LAN siga el mismo camino. El juez federal en lo Civil y Comercial N 11, Carlos Héctor Álvarez, dictó las medidas cautelares en una decisión que "deja sin efecto el desalojo del hangar y todas las consecuencias".

Después de eso, la jueza Claudia Rodríguez Vidal frenó el desalojo de LAN del hangar de Aeroparque hasta que se defina la legalidad de la decisión tomada por el Gobierno a través del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), a horas de cumplirse el plazo máximo de 10 días.

IMAGEN Y RAZÓN

«Mientras el hombre esté afectado por la imagen de una cosa, considerará esa cosa como presente, aunque no exista...» ☼


Después del fin del mundo maya, los internautas distraídos pueden haber tropezado con otros anuncios amenazantes. Tal vez con el aviso destellante y omnipresente que anuncia “El fin de la Argentina”.

El pronóstico, periódicamente actualizado desde 2011, es acompañado con ofertas financieras, amenazas de crisis griegas, consejos para la desobediencia fiscal y advertencias acerca de los resultados que acarrean los subsidios al transporte.

Ya no llama la atención que la construcción argumental de su discurso utilice consignas sin fundamento y fuentes de información poco relevantes.

Tampoco que se limite a ofrecer el refugio de productos financieros sin una sola propuesta productiva. Ni siquiera sorprende que el alegato insista en pronósticos apocalípticos, con un refrito iconográfico de casi todos los mensajes históricos emitidos por las corporaciones, para garantizarse la continuidad del actual diseño del mundo global.

Importa, en cambio, que sobre algunos sectores de la ciudadanía cumplan con el objetivo subterráneo del verdadero negocio: provocar miedo.

“Tanto más frecuentemente se impone una imagen a nuestra consideración, cuanto mayor es el número de imágenes a las que está unida”. ☼ 

Las factorías de mensajes publicitarios, con o sin Barba, son entrenadas acerca de predisposiciones, permeabilidad y hábitos culturales de vastas audiencias, y siguen operando sobre hábitos de interpretación y reflejos condicionados.

Si bien la reiteración de mandatos para la manipulación de subjetividades (“Tengo miedo”, “Hay miedo”, “Metió miedo”) es idónea para instalar imágenes mentales e incrementar la intolerancia a la incertidumbre, también exhibe las sugestivas semejanzas de estilo, vocabulario y estructura narrativa, que acaban por revelar su común usina ideológica.

Así, el diligente emprendedor de referencia carece de propuestas políticas, pero plantea medidas semejantes a las que, en Europa, al decir de Habermas, “debilitan la capacidad económica e incrementan el desempleo”, y su discurso, inmune a obvias contradicciones, es sumamente sensible al ritmo y a la repercusión visual y emocional de cada palabra.

El formato combina la retórica individualista con el abandono ciudadano de responsabilidades y la tácita delegación del Estado en manos de las corporaciones.

Apenas una sugerencia más clara le permitiría la construcción de un horizonte electoral, sobre la base de públicos permeables al marketing social. Incluso hasta el timbre y la cadencia de su voz evocan otros aspirantes a gerentes de la Nación que pedalean por análogas bicisendas.

La estrategia más eficaz para neutralizarlos continúa siendo la sanción social.

Por supuesto, “... si todos los hombres pudiesen fácilmente ser conducidos por medio de la razón y conocer la suma utilidad y necesidad del Estado, no habría nadie que no detestase los engaños sino que todos, con gran deseo de llegar a este fin, a saber, la conservación de la República, estarían sujetos a los pactos en todo y guardarían sobre todas las cosas la fe, superior cimiento de las repúblicas”. ☼

Hasta que alcancemos esa naturaleza de la razón, de la que todos los humanos y no sólo los argentinos carecemos, es preciso proseguir aprendiendo unos de otros y ayudándonos a reflexionar mutuamente.

Cabe destacar que las intrigas de quienes deshonran la comunicación pública, no sólo pretenden provocar desconfianza en el futuro democrático sobre sus audiencias habituales.

Ante la notable ausencia de candidatos propios, gestionan la profundización de las diferencias, los distanciamientos potenciales y el desconcierto de los indecisos.

Asimismo intentan generar divisiones en las filas progresistas para que, aun cuando sus operaciones de terrorismo mediático sean neutralizadas, se confunda a víctimas con victimarios.

El ejemplo paradigmático es la insistencia mediática en adjudicar la representación global de la “clase media” a la oposición, negando la filiación declarada por las mayorías que adhieren al Gobierno, implantando enfrentamientos y apostando a que los propios sectores progresistas cedan porciones de su electorado.

Nunca existió tanta conciencia popular acerca de la influencia de los medios masivos de comunicación.

La educación y la experiencia en desarticular engaños abren la posibilidad de diseñar una contraofensiva comunicacional que impida las falsas polarizaciones e incluya a nuevos participantes en el debate político.

Tenemos los contenidos, los frutos y las obras.

Trabajemos sobre las formas.


☼ las citas pertenecen al Tratado teológico político de Baruch Spinoza (1632-1677).

Marta Riskin

Antropóloga. Universidad Nacional de Rosario.

AVANCES y DUDAS más allá del 7D

La implementación de la ley de medios, más allá del caso Clarín, implica menor concentración y, a la vez, genera preguntas sobre qué nuevos actores emergerán y sobre la construcción del “tercer sector”.



Aún si hubiera habido 7/D en los términos previos a la última extensión de la cautelar planteada por el Grupo Clarín podría haberse hablado de 7/D con el vaso medio lleno o de 7/D con el vaso medio vacío. Mucho antes de que la ley de servicios audiovisuales entrara al Congreso para su debate y sanción, desde este espacio se dijo que la pura letra fría de la ley, por mejor redactada que estuviera, no iba a ser suficiente herramienta para afrontar la construcción de una comunicación auténticamente democrática, con fuerte participación de actores que no fueran ni privados ni estatales. Esa comunicación iba a depender –y depende– de mucha voluntad de las distintas autoridades gubernamentales, de su capacidad de gestión, de mucha generosidad política y participación, de la vitalidad de la propia sociedad y de los respaldos que la sociedad recibiera en términos de estímulo, financiación y viabilidad de proyectos, profesionalización, generación de redes federales de producción y contenidos. La ley necesita tiempo y sociedad.

A 3 años de la sanción de la norma, el objetivo de construir el tercer sector ha sido cumplido sólo parcialmente y a partir no tanto de la tarea de la Afsca como de experiencias tan valiosas e innovadoras como las que se generan, por ejemplo, desde el Instituto de Cine, el Bacua (Banco Universal de Contenidos Universales Argentino), la Televisión Digital Abierta, la TDT, o la señal Encuentro.

La derecha aún recuerda con deleite morboso aquel llamado a licitación hecho por la Afsca de cara a la conformación del tercer sector que terminó mal. No queda claro qué pasó en ese caso, si se trató de una deficiencia en la gestión del organismo, que tampoco termina de afinar datos sobre el mapa comunicacional argentino o sobre la cantidad de empresas que maneja el Grupo Clarín. Como sea, la construcción del tercer sector avanzó con trabas y dificultades. Habría que añadir que esas dificultades en parte son entendibles y estaban previstas: lo que se está haciendo en Argentina en materia de políticas de comunicación y cultura, incluyendo la ley de medios, es una suerte de gigantesco experimento social, una exploración y construcción de nuevos paradigmas (que además no vienen con un librito o teoría cerrada), algo que apenas tiene antecedentes mundiales.

Al mismo tiempo, los procesos de adecuación, más allá de las guerrillas judiciales y administrativas que seguirán dilatándose en el caso de Clarín u otros actores posibles, parecen encaminarse más a un reparto de poder entre actores empresarios, a veces al interior de los grupos, que a una construcción social nueva y potente. Aún así, y dado que la adecuación implicará desconcentración (de nuevo: más allá de lo que suceda con el caso Clarín), hay un avance importante que seguirá necesitando nuevos ajustes, más transformaciones y, sobre todo, mucho tiempo, porque el cambio al que se apuesta es cultural, social, y no exclusivamente relacionado a un problema de titularidades de licencias.

Avances, dudas. Hay, entre sectores que apoyaron y apoyan la ley de medios, una sensación ambigua respecto de los resultados de su implementación. Parte de lo mejor es el alto nivel de legitimación de la norma. El dato puede verificarse en el hecho de que incluso la mayoría de los sectores opositores dejaron de impugnarla a los gritos. Lo que en todo caso cuestionan es cómo se está aplicando. Las dos críticas más fuertes tienen que ver con la no creación del tercer sector y con el hecho de que la ley no se haya aplicado en tres años a grupos que no fueran Clarín, amparado en la cautelar. La respuesta a la que apeló el Gobierno respecto de la segunda crítica es que aplicar la ley a otros grupos hubiera significado fortalecer el poder del holding más poderoso, contrariando el espíritu de la norma.

En cuanto a las sensaciones ambiguas, algunas tienen que ver con las reingenierías a las que parecen apostar grupos como Vila-Manzano o el del santiagueño Néstor Ick, que según describió Martín Sabbatella se adecuarían repartiendo licencias “en familia”. Sabbatella incluso sugirió que los accionistas del Grupo Clarín tendrían derecho a hacer algo parecido, hipótesis que alguna vez se manejó desde estas páginas. Esa salida no está en absoluto reñida con la letra de la ley, no es ilegal, sin embargo, parece disonante respecto del espíritu de la misma.

El caso Telefé. Cuando promediaba el debate sobre la ley de medios, diputados opositores de centroizquierda –bien dispuestos a apoyar la norma– alertaron sobre el rol que pudieran tener las telefónicas en el negocio de la comunicación. La respuesta del kirchnerismo fue rápida e inteligente. La Presidenta misma anunció que quedarían afuera. Hoy, la situación parece distinta: el oficialismo relativiza la relación entre Telefé y Telefónica. Los argumentos sobre el origen de los capitales de Telefónica española y sobre la relación entre ésta, Telefónica de Argentina, Telefé y la prestación de servicios tienen una parte cierta pero son “endebles”, según dijo el respetado especialista Martín Becerra, apelando a un calificativo prudente. Una hipótesis posible sobre el modo en que se aplicaría la ley en ese caso pasa por la idea de la negociación: una suerte de tolerancia hacia la situación aparentemente irregular de Telefé y a cambio el compromiso de esa empresa de desprenderse de su exceso de licencias.

De nuevo, en este caso la mitad del vaso lleno corresponde a uno de los objetivos cruciales de la ley: desconcentrar primero, para luego diversificar las voces. Lo que no está claro es hasta dónde el perfil de los eventuales compradores de licencias cedidas por los grupos se corresponderá con la idea de una comunicación distinta o más diversa. Aquí entran a tallar otras complejidades.

La primera tiene que ver con los plazos de las transferencias. Entre la presentación de los planes de adecuación o la actuación de oficio de la Afsca, las tasaciones, el llamado a concurso, el éxito o no de ese llamado a concurso, se suman tiempos quizá más largos de los informados por Sabbatella.

La segunda complejidad, que ya se planteó en estas páginas, es qué empresarios o nuevos actores comunicacionales tendrán espaldas financieras para hacerse cargo de las licencias y sostenerlas en el tiempo.

La tercera es “qué comunicación” saldrá en cada caso. Si es por un tipo de comunicación popular (expresión que se enuncia fácil pero dice poco), no parece que el “tercer sector” pueda ser comprador de empresas. Un ideal posible pero difícil de concretar sería que emergentes de ese tercer sector pudieran acceder al menos a pequeñas o medianas empresas mediante ingenierías y sinergias en las que confluyan –como sucede en algunas de las experiencias mencionadas más arriba– patas federales, universitarias, cooperativas, de organizaciones sociales.

Éste es otro modo de decir que lo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual necesita para dar lo mejor de sí es un escenario político-cultural como el actual, con un Estado (nacional, provincial, municipal) presente a la hora de seguir estimulando su potencial. Pero además se requiere de tiempo, mucho tiempo, y mucha creatividad. Uno de los argumentos más necios que usaron quienes se opusieron a la ley fue el de decir “la ley me gusta, pero no con este Gobierno”. La ley trasciende al gobierno que la sancionó y si es buena queda para ser implementada. Si algún opositor quiere mejorar su implementación puede hacer fuerza desde su lugar de representación en la Afsca, desde el Congreso, desde los medios o en un próximo gobierno, y si la ley no previó alguna cosa puede modificarse.

Tiempo es lo que se necesita, dedicación, generosidad, creatividad, capacidad de gestión y de innovación. A la ley hay que imaginarla y proyectarla trascendiendo lo que fue cierto imaginario mágico del 7/D, entre otras cosas porque la inmensa y complejísima ecuación de la comunicación y la cultura no se resuelve exclusivamente con la fórmula “Grupo Clarín adecuado”. Si es por las reingenierías internas que vayan a practicarse al interior de cada grupo, acaso dentro de veinte años nadie se acordará de quiénes eran socios, amigos o familiares; menos aún en un negocio donde las lógicas financieras cambian los escenarios a un ritmo vertiginoso, en general perverso. Las grandes transformaciones culturales hay que medirlas en tiempos largos. Apurarse hoy en hacer el balance de lo que está sucediendo puede ser un ejercicio equivocado y eso incluye esta propia nota.

Eduardo Blaustein

LOS DUEÑOS DE LOS GRANDES MEDIOS

La discusión sobre quiénes están detrás de las corporaciones mediáticas es global. La lógica financiera impacta de lleno en la propiedad y el discurso de los medios...

Tal fue en estos años el avance del poderío de los grandes medios que algunos afirman que constituyen el segundo poder y no el cuarto como tradicionalmente se lo llamaba. Eso sí, los que sostienen esa mirada, como Ignacio Ramonet, afirman que el primer poder es el financiero. El jueves pasado, en plena tarea al frente de la redacción del periódico parisino Le Monde, se descompuso su director, Erik Izraelewicz, quien al rato murió en una clínica. La lamentable muerte del periodista de 58 años tuvo una despedida que, al menos, resulta curiosa. Fue Louis Dreyfus, el presidente del directorio, quien firmó el comunicado de condolencias publicado de inmediato en el portal virtual del diario y no la asamblea de periodistas. ¿Por qué esta observación ingrata en medio de una muerte? Por varios motivos en los que vale la pena reparar en un momento en el cual se debate con agitación sobre un artículo de la ley de medios y se corre el riesgo de quedar sesgados ante un tema demasiado complejo. Le Monde mantuvo hasta hace unos años una serie de normas que realmente servía para marcar a fuego la diferencia entre la redacción periodística y el manejo económico financiero de la empresa.

En primer lugar, porque el colectivo de periodistas contaba con la mayoría de las acciones, con la particularidad de que, por estatuto, esa participación les permitía oponerse y bloquear medidas empresarias si resultaba, a criterio de ese colectivo, contrarias a la autonomía editorial del diario.

En un diario surgido al calor de la liberación de París del invasor nazi en 1944, esto constituía una marca de orgullo. Le Monde era fundado por seguidores de Charles De Gaulle, católicos y laicos, y se constituía en un punto de referencia para el pensamiento de centro-izquierda y socialista. En 1951, por una diferencia con el director, Hubert Beuve-Méry, dos periodistas que integraban el Consejo de Redacción impulsaron la creación de la Sociedad de Redactores de Le Monde. Ese colectivo fue un ejemplo seguido por muchos otros medios franceses, incluso de orientación conservadora como Le Figaro. Si hubo una figura destacada en estos cambios fue Jean Schwoebel, quien luego fue presidente de la Federación Francesa de Periodistas y publicó, en el mítico 1968, La prensa, el poder y el dinero, un libro imprescindible para el debate de la libertad de información.

Los problemas financieros de Le Monde (a partir de 2008) llegaron mucho después de que el gobierno de François Mitterrand privatizara muchas empresas, entre ellas TF1 –la cadena televisiva más vista de Francia– que quedó en manos del poderoso grupo Bouygues, que además de ser proveedores del Estado en obras viales y civiles pasó a telefonía y a medios de comunicación. Le Monde incorporó capital privado hacia principios de 2011 y eso significó que el nuevo director –el recientemente fallecido Izraelewicz– fuera elegido por su trayectoria en el periodismo financiero, y que el nuevo CEO y presidente del directorio fuera Dreyfus, un hombre que había hecho carrera en el mundo de los negocios editoriales y tenga, además, lazos de sangre con el poderoso grupo Louis Dreyfus, comercializador de granos con sede en Holanda y negocios en todo el mundo, entre ellos la Argentina.

Para curiosidades de mutación, el caso del diario Liberation de París es no menos impactante. Fue fundado por Jean Paul Sartre en el crítico año 1973, retomando el nombre de un periódico clandestino de los tiempos de los maquis, con una mirada editorial a la izquierda de Le Monde. En 2006, por los problemas financieros, la inyección de capital llegó de la mano de Edouard de Rothschild, de la poderosa familia cuyos orígenes se remontan a 1760, cuando Mayer Amschel Rothschild abrió una tienda de monedas en el gueto judío de Frankfurt, Alemania. Tras colocar a sus cinco hijos varones al frente de casas bancarias en las principales ciudades financieras de Europa, los Rothschild salieron de Waterloo más victoriosos que el propio duque de Wellington, quien derrotó en ese campo de batalla cercano a Bruselas al mismísimo Napoleón Bonaparte. Los agentes de la Bolsa de Valores de Londres esperaban tener primicias del resultado de las armas para poder especular con los títulos y acciones bursátiles. Nathan Rothschild había tenido la precaución de enviar veloces jinetes con poderosos catalejos que seguían de cerca las columnas militares y pudieron certificar el éxito de prusianos e ingleses. Con ese dato fresco, Rothschild vendió títulos ingleses por debajo del valor, y sus competidores descontaron que el poderoso banquero tenía la primicia del éxito francés. Una vez que los otros agentes bursátiles lo imitaron, mandó a sus empleados, cual carga de caballería, a comprar todo a precio vil. Dicen que, en aquellos días posteriores al 15 de junio de 1815, la sede londinense de la banca Rothschild multiplicó por 20 sus ganancias.

Si, en vez de buscar apellidos ilustres de grupos transnacionales del comercio o las finanzas, se busca por el lado de los fondos especulativos, basta con cruzar los Pirineos y llegar hasta Madrid para verificar que El País, el emblemático diario que se repartió gratis en las febriles jornadas del Tejerazo (intento de golpe de Estado de febrero de 1981), de orientación socialista, ya tiene una fuerte injerencia de capitales especulativos. En efecto, el grupo editorial Prisa, fundado por Jesús de Polanco, siempre se había mantenido como un conglomerado de medios y publicación de libros, pero sin mezclarse con otras actividades. Era una manera de mostrar cierta distancia de otra clase de negocios. Sin embargo, a principios de 2010, tres años después de la muerte de Polanco, Prisa se asoció con Liberty Acquisition Holding Corporation, un fondo de inversión que salió a la Bolsa de Nueva York en 2007 y maneja los llamados hedge funds, que algunos llaman fondos buitres. La inyección de dinero de Liberty en Prisa fue de la friolera de 861 millones de dólares. Basta ver las más que tibias posiciones editoriales de El País sobre el ajuste del gobierno de Mariano Rajoy para confirmar que la vieja orientación socialista no es ni siquiera cosmética en la actualidad.

Las malas noticias sobre los dueños de los medios podrían llevar páginas y páginas. Pero para alinear con las fechas mencionadas más arriba, basta ver que la emblemática compañía Dow & Jones, que tiene a su cargo nada menos que el índice de las acciones de la Bolsa de Nueva York (entre otros miles de índices) fue comprada por News Corporation, la empresa de medios del magnate Rupert Murdoch. Y que el multimillonario Michael Bloomberg, dueño de la agencia de noticias financieras, es alcalde de Nueva York desde hace una década. Es decir, la ironía de Ignacio Ramonet sobre primero y segundo poder tiene indicios suficientes de poner a prueba cualquier teoría política sobre el poder político elaborada en el siglo XX.

Argentina, tú también. Los 90 permitieron experiencias de laboratorio para los grandes medios en Argentina. Clarín perdió parte del tren cuando Carlos Menem le fue cerrando el camino a la telefonía, que era el camino ansiado por el grupo.

En 1995, a los 60 años de la salida del primer ejemplar del diario fundado por Roberto Noble, su viuda, en la fiesta empresaria, daba por iniciadas las operaciones contra el riojano, que tan bien se había portado en 1989, cuando le daba por pocos pesos nada menos que Canal 13 y hacía que el Congreso modificara un inciso de un artículo del decreto ley de la dictadura (la Ley de Radiodifusión 22.285/80) que impedía a los dueños de medios gráficos ser titulares de licencias de medios audiovisuales. Clarín, con el fútbol como atractivo, fue regando de canales de cable todo el país, comprando pymes del sector o quitándoles suscriptores a los que no querían vender. El fútbol era la clave: los cables que no estaban alineados con el grupo no conseguían las transmisiones debido al negocio de exclusividad cerrado por Torneos y Competencias con la Asociación del Fútbol Argentino.

El cableado para televisión era la base para saltar a la telefonía. Pero Ernestina Herrera de Noble se quedó con las ganas. Menem alentó sí a los grupos empresariales más nobles (a él). Así, entraron en escena una serie de jugadores que nada tenía que ver con la historia de la televisión. Por ejemplo, en 1998, aparecieron una serie de texanos con sombreros texanos y un dinero inmenso de origen imposible de rastrear. Hicks, Muse, Tate & Furst se presentaba como “un fondo de inversión” norteamericano interesado, quién sabe por qué, en las pantallas de los argentinos. De la noche a la mañana, invirtieron 700 millones de dólares en comprar el 30% del CEI, un conglomerado donde convivían Telefónica, el Citibank y Raúl Moneta. Es decir, un fondo financiero para sumarse a un grupo que tenía una mesa de tres patas, dos de las cuales eran de las finanzas. El Citi, más que conocido, y Moneta, un escribano emprendedor que había empezado con una mesa de dinero en la época de Martínez de Hoz. A tal punto crecía el CEI en la cantidad de medios que tenía –o en la plata que necesitaba justificar– que en 1999 aparecía, en el ranking de empresas, con una facturación por encima nada menos que de Techint y muy cerca de YPF.

Hicks, Muse, Tate & Furst siguió metiendo plata y se asoció con otro “fondo de inversión” llamado Liberty Media. A veces, vale la pena desempolvar documentos públicos de ese entonces. Con fecha 10 de abril de 2001 y con la firma del entonces secretario de Finanzas Daniel Marx (el mismo que deplora la política de desendeudamiento argentino), les otorgaba la titularidad de Cablevisión –por partes iguales– a Hicks y a otro grupo que figuraba como adquirente de las acciones de Liberty Media. El grupo en cuestión, Unitedglobalcom, tenía como uno de sus socios –y cara visible– a Torneos y Competencias.
Con los años, Cablevisión entró en la órbita del Grupo Clarín. Entre las tantas cosas extrañas, aparece un socio mexicano, llamado David Martínez y que preside otro “fondo de inversión” (Fintech Advisory) con nada menos que el 40% de las acciones de Cablevisión. Martínez tuvo cierta prensa estos días por su disposición a adecuarse a las inversiones tal como lo requiere la ley de medios. “La ley es la ley” es la frase que salió publicada en los medios. Fintech tiene oficinas en Londres y Nueva York. El diario (de Rupert Murdoch) The New York Post se ocupó de informar que Martínez compró una casa en Nueva York que le costó 42,5 millones de dólares y que le agregó otros 13 millones para remodelarla.

Quien escribe estas líneas publicó, hace 10 años, Grandes hermanos, un libro que contaba las costillas de los dueños de la información en esa Argentina intoxicada del poder financiero y de destrucción de la industria y de los valores populares en la cultura nacional. No cambiaron tanto los empresarios que están involucrados en los medios de comunicación como negocio. Siguen presentes empresarios surgidos del mundo financiero o del mundo de la política que por arte de magia llegaron al mundo de las finanzas y los medios. Y no sólo en el Grupo Clarín. Y no sólo entre los que están “pasados de licencias”. Ejercer el periodismo no es un acto de valentía cuando hay condiciones para poder hacer valer la multiplicidad de intereses que juegan en una sociedad. Sería fácil resolver esta historia de la concentración de poder con el imprescindible paso de desmontar las licencias excedidas por Clarín y otros grupos empresariales.

Al hablar de “otras voces”, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, hace ya ocho años, no hablaba de cómo quitarle a Héctor Magnetto para darles a otros grupos empresariales, sino en crear las normas necesarias para mejorar la calidad de la comunicación popular. Esa es, si cabe la expresión, la famosa batalla de la comunicación. La otra es una pelea entre grupos empresariales. Interesante para diseccionar intereses pero poco estimulante para cambiar las cosas y redistribuir la riqueza y la palabra.

Eduardo Anguita

CÓMO SERÁ EL 7D

El clima en la conferencia de prensa en la que el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, explicó cómo será el proceso de adecuación de los medios audiovisuales después del 7 de diciembre, fue tranquilo y cordial. Pero se vio apenas interrumpido por dos preguntas de enviados del Grupo Clarín, que hicieron una curiosa interpretación tanto de la ley como de los dichos del funcionario.


AFSCA – Estado de situación de los grupos de medios


Alejandro Alfie, periodista del diario Clarín, sostuvo que el 7 de diciembre no vence ningún plazo legal para desinvertir en los medios que exceden lo permitido por la ley y que lo dicho por Sabbatella “era mentira”. Ante eso, el funcionario le contestó que eso era lo planteado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que no estaba faltando a la verdad.

Unos minutos más tarde, el cronista de Todo Noticias (TN), lanzó: “¿Por qué usted cree que ir a la justicia no encuadra dentro del sistema democrático?”. Cuando se le preguntó por qué afirmó eso, el enviado de Clarín reconoció que no estaba dicho con esas palabras en el spot por la ley de medios.

“En ningún momento dije que ir a la justicia no encuadra con el sistema democrático", arrancó Sabbatella. Y continuó: “No lo dije con esas palabras. Sabemos, y es una obviedad, que cualquier ciudadano puede ir a la justicia cuando considera que hay una situación que lo afecta. El estado argentino y el Afsca han sido respetuosos de todos los fallos judiciales y lo seguirá siendo. Una resolución de la Corte dice que el 7D es la fecha limite y dice que como no hay riesgo para la libertad de expresión en el cumplimiento de la ley, se pone una fecha limite a la cautelar porque si no lo tiene funciona resolviendo la cuestión de fondo de quien presento la cautelar”.

“Se construye un relato porque no se quiere decir la verdad, que es: se quiere defender la posición dominante que existe. Se busca un relato para buscar una causa noble. Hay un solo grupo (Clarín) que dice ´No vamos a presentar nada ni antes del 7d. Por lo cual no están cumpliendo, no estamos inventándolo”, concluyó Sabbatella.




EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA...

Ley de Medios 161 Corte Suprema




LA CONFERENCIA DE PRENSA DE SABBATELLA...

El CONTROL de lo que VEMOS, OÍMOS y LEEMOS

En los últimos años se ha producido en Estados Unidos un avance espectacular en la monopolización de los medios. Se puede tomar como punto de partida de este proceso la Ley de Telecomunicaciones (“Telecommunications Act”) de 1996. Esta ley levantó las restricciones que existían sobre la propiedad de estaciones de radio. Con anterioridad a esa fecha, una compañía sólo podía ser propietaria de dos emisoras de radio AM y dos FM dentro del mismo mercado y no más de 40 a escala nacional. Con el cese de esta limitación se desató una ola de consolidaciones.

En los seis años que siguieron a la promulgación de la ley, “Clear Chanel Communications”, por ejemplo, obtuvo el control de 1,225 estaciones de radio en 300 ciudades. Actualmente su propiedad o control se ha extendido a más de 6,600 estaciones, más de la mitad de las que existen en Estados Unidos, incluyendo una red nacional (“Premiere Radio Networks”) que produce, distribuye o representa unos 90 programas, sirve a cerca de 5,800 emisoras y tiene alrededor de 213 millones de oyentes semanales. Incluye también “Fox News Radio”, “Fox Sport Radio” y “Australian Radio Network”, entre otras. Sus ingresos en 2011 alcanzaron la cifra de 6.2 billones (miles de millones) de dólares.

Eliminadas las restricciones para la consolidación vertical, sólo faltaba suprimir las limitaciones que existían a la consolidación horizontal establecidas por la regla de la FCC (“Federal Communications Commission”) de 1975 (“cross ownership rule”) que prohibía al que poseía un periódico la posesión de una estación de radio (o de televisión) y viceversa en el mismo mercado. El objetivo de la regla era impedir que una sola entidad se convirtiese en voz demasiado poderosa dentro de una comunidad. En 2003 la FCC flexibilizó estas restricciones, pero el Tercer Circuito de Apelaciones bloqueó la aplicación de los cambios. En marzo de 2010 la Corte levantó el bloqueo y quedó abierto el camino a la consolidación horizontal.

Los medios de prensa escrita, radiales o televisivos, siguen las agendas que imponen los dueños. Cuando éstos se cuentan por miles, prevalece la diversidad de información y opinión dentro de los límites que permite el “establishment”. Pero cuando la consolidación se produce en gran escala, como sucede actualmente, la agenda que domina es la de unos pocos y poderosos propietarios, y la ideología que adelantan los medios es, por supuesto, la más reaccionaria y ultraderechista. Hoy tenemos más canales de televisión que nunca antes, pero una cantidad sustancial de ellos se dedica al fundamentalismo religioso, a las ventas por televisión, al más frívolo entretenimiento, o a la pornografía. En el resto, la calidad ha descendido a su peor nivel, lo que, unido al exceso de comerciales, alcanza límites embrutecedores.

Todo esto es extremadamente peligroso en una sociedad que apenas lee ya y que ha perdido la capacidad para discernir entre hechos y opiniones, porque se ha acostumbrado a la selección o presentación de los hechos en conformidad con criterios preestablecidos. Los hechos se ignoran o se deforman para validar opiniones.

La desregulación abrió a la competencia desleal todos los mercados de telecomunicación, incluyendo los de cable o satelital, y la Internet. 5 conglomerados mediáticos controlan el 90 % de todo lo que leemos, oímos y vemos. Qué de extraño tiene que decenas de millones de norteamericanos aprueben la guerra preventiva, los asesinatos selectivos de presuntos enemigos de Estados Unidos, la tortura de prisioneros, las violaciones de fronteras con drones, o los crímenes llamados daños colaterales. O que ignoren completamente los sufrimientos de la población de Cuba a causa de un bloqueo criminal de medio siglo, o las injustas y crueles sentencias dictadas contra 5 patriotas cubanos.

La consolidación produce medios que no están dirigidos a toda la comunidad. Los anunciantes proporcionan ¾ de los ingresos, y a ellos solamente les interesa el sector de la población con capacidad para adquirir sus productos o sus servicios. Típicamente, la población de menores ingresos no es de su interés. La consolidación convierte a los ciudadanos norteamericanos en simples consumidores y espectadores.

Actualmente, el libre mercado es el criterio con el cual se analizan los medios, es decir, la operación eficiente y la máxima ganancia constituyen los objetivos principales o únicos, sin tener en cuenta el importante papel que deben desempeñar los medios en la sociedad y en la vida pública. Los medios consolidados son generalmente grandes y complejas instituciones sociales, culturales y políticas, no sólo económicas, que ejercen una profunda y negativa influencia en la sociedad. Si permitimos que controlen lo que vemos, oímos y leemos, controlarán también lo que pensamos.

Salvador Capote

8 de DICIEMBRE

Todas las miradas están puestas en el 8 de diciembre. La pregunta que sobrevuela es si se podrá aplicar finalmente la ley de medios en su integralidad, pero hay que ir paso a paso.

En primer lugar, recordar que la democracia argentina tardó 26 años en cambiar el decreto-ley de la dictadura. Todos sabemos por qué, aunque algunos miren para otro lado. La democracia fue débil frente a la presión de los grupos mediáticos que en los ’80 querían una ley que permitiera la conformación de los multimedios y el proyecto del ’87 lo prohibía. Luego, durante los ’90 no fue necesaria para los grupos una nueva ley, ya que con los D.N.U. alcanzaba para ir conformando un mapa de medios concentrado, de acuerdo con las necesidades de la globalización y sus beneficiarios locales.

Hay que recordar que las empresas info-comunicacionales jugaron un papel central en la reproducción del discurso globalizador y del nuevo capitalismo financiero. El investigador Denis De Moraes señala que, más allá de influir en la conformación del imaginario social, los medios monopólicos realizan un doble papel estratégico de reproducción ampliada del capital.

David Rothkopf, ex colaborador de Bill Clinton y hoy presidente de una consultora de negocios globales, afirma que, para los Estados Unidos, “el objetivo central de una política externa en la era de la información debe ser ganar la batalla de los flujos de información mundial, de la misma forma en que Gran Bretaña reinaba antiguamente sobre los mares”.

El economista egipcio Smir Amin observa que las asimetrías entre los centros hegemónicos, de los cuales las megaempresas son exponentes, y las periferias, se constituyen a partir de cinco monopolios que benefician a los centros de poder y alrededor de los cuales se articulan la eficacia de sus acciones: 1) los monopolios en el ámbito de la tecnología; 2) los monopolios en el control de flujos financieros de envergadura mundial; 3) los monopolios en el acceso a los recursos naturales del planeta; 4) los monopolios de la palabra y de la opinión en los medios; 5) los monopolios en la esfera de los armamentos de destrucción masiva.

Es decir, que cuando el gobierno argentino encaró el cambio de la ley de medios se estaba metiendo con uno de los resortes centrales por los cuales pasa la construcción del poder, aquí y en cualquier parte del mundo; y lo hacía para democratizarlo.

En los Cuadernos de la cárcel Gramsci encuadra a la prensa como la parte más dinámica de la superestructura ideológica, caracterizada por él como la “organización material volcada a mantener, defender y desarrollar el frente teórico-ideológico”, es decir, un sostén ideológico del bloque hegemónico.

Cuando Antonio Gramsci hablaba de hegemonía, presuponía la conquista del consenso y del liderazgo cultural y político ideológico por una clase o bloque de clases que se impone sobre las otras, y es allí donde los medios masivos juegan un papel fundamental en la reproducción de un discurso.

En nuestro país tenemos como ejemplo lo sucedido en la década de los 90, que fue el resultado de una política definida en la década anterior. Desde los programas de televisión se le hablaba a “Doña Rosa”, el mito que se creó del argentino medio, a quien se le decía que para agrandar la Nación en realidad había que achicar el Estado, privatizar los ferrocarriles, lo mismo con los teléfonos, es decir, desprenderse de todas aquellas cosas que eran inútiles.

Entonces, íbamos a vivir mucho mejor. En consecuencia, se logró un consenso hegemónico donde el interés económico y político de una minoría se impuso por consenso al interés concreto de la mayoría. De hecho, las “Doñas Rosas” votaron ese esquema, aunque luego les congelaron la jubilación, sus hijos se quedaron sin trabajo y sus nietos fueron completamente excluidos del sistema productivo, social, económico y cultural de la Argentina de esos años.

La globalización fue planteada tanto en Argentina como en el mundo como un proceso normal producto de las nuevas tecnologías. Lo cierto es que, en verdad, este fenómeno aparentemente natural era, desde los planos político y cultural, una profunda reorganización del poder económico y del poder político a escala mundial.

Finalizada la década del 90 y pasada la crisis 2001/2003, los grandes medios dejaron de ser voceros de corporaciones para convertirse en parte de ellas. A modo de ejemplo podemos decir que las cuatro mayores empresas de medios y entretenimiento de América latina (Globo de Brasil, Televisa de México, Cisneros de Venezuela; Clarín de Argentina) retienen el 60 por ciento de la rentabilidad total de los mercados y de las audiencias (Becerra y Mastrini, 2009).

Por ese motivo, la aplicación total de la nueva ley de medios requiere de un proceso y del entendimiento de toda la sociedad de que se trata de un tema central de la democracia.

La autoridad federal en la materia (Afsca), que es un órgano del Estado y no del gobierno, ya que la ley establece la participación de las minorías parlamentarias y de la sociedad civil en su directorio, ha dictado la resolución 901/02 por la que actuará de oficio en la determinación de la adecuación a la ley (cumplimiento del art 161).

Al 8 de diciembre, como señaló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, todos los grupos deberán ajustarse a derecho. ¿Por qué? Porque la ley, basada en el Pacto de San José de Costa Rica, consagra a la comunicación como un derecho humano básico y reimplantó cláusulas antimonopólicas para que se cumpla efectivamente ese derecho.

Así, seguramente y por lo que la experiencia indica, el grupo de Radio 10 deberá adecuar sus radios que le sobran; el ex grupo Cie-Rock & Pop deberá hacer lo mismo tanto en AM como en FM; Vila y Manzano deberán adecuar sus cables con los canales de aire, Telefónica deberá desprenderse de algunos canales para llegar al 35 por ciento del total de la audiencia potencial y siempre que el organismo considere que por la reforma de 2005 puede tener canales a su nombre, y Clarín, en cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, también deberá achicar su participación en el cable hasta el 35 por ciento del total de abonados, deberá decidir si se queda con canales de aire o cable en la misma localidad y, finalmente, ordenará la grilla como los jueces se lo indican.

Como se ve, la tarea es ardua pero vale la pena porque se trata de democratizar la palabra. De generar tantos puntos de vista como sea posible, para que el oyente y televidente se conviertan en ciudadanos.

Estamos hablando de democracia y de la forma en que nuestra sociedad la encara, con monopolios o sin ellos. En definitiva quien gobierna, el pueblo a través de sus representantes, o las corporaciones. Seguramente será un 8 de diciembre muy especial.

Gustavo López
Subsecretario general de la Presidencia

MEDIOS Y DIVERSIDAD

En una nota reciente (¿Quién va a escuchar la radio de los wichís?, Página/12, 18 de enero), Pascual Calicchio responde acertadamente a las preguntas desafortunadas de Jorge Lanata sobre la importancia de “las radios de los wichís”.

Desmerecer la importancia de la pluralidad de voces es ignorar necesidades básicas de la democracia. La democracia supone una pluralidad de oportunidades de expresión particularmente para aquellos que rara vez son escuchados en los medios o cuyas vidas son filtradas por los requerimientos del rating o la razón política. El mercado no garantiza que todos los ciudadanos estén en condiciones similares de expresar sus ideas y demandas, por la simple razón de que no todos los públicos son igualmente atractivos para la publicidad y el rédito comercial.

Que una expresión comunicacional tenga limitada audiencia o escaso éxito publicitario no implica que no sea necesaria o valiosa. De hecho, las democracias, algunas más que otras, diseñan políticas precisamente para apuntalar la presencia de opiniones que son importantes porque contribuyen a la pluralidad de la esfera mediática. Este es el principio de la radiodifusión pública, no persigue el éxito comercial masivo, sino que se piensa como una contribución democrática para nivelar las desigualdades del mercado, activar la libertad de expresión, y dar oportunidades a voces que carecen de respaldo comercial.

Sin embargo, hay dos cuestiones fundamentales que deben ser discutidas, especialmente en el contexto de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Un tema es que el otorgamiento de un tercio de las licencias a actores sociales no resuelve el delicado problema del financiamiento de los medios. La propiedad y el financiamiento son cuestiones diferentes, pero están íntimamente vinculadas. Alguien siempre paga por el funcionamiento de los medios, directa o indirectamente. La palabra no es gratis.

Y quien paga tiene expectativas. Un medio público puede ser financiado con recursos privados como suele ocurrir en América latina, donde es habitual que la publicidad comercial permee las pantallas de la mal llamada “televisión pública”. Asimismo, una radio de “razón social” puede ser financiada por dineros públicos o privados, como sucede en varios países de la región donde los poderes de turno son los mecenas de emisoras “comunitarias” que encauzan voces locales mientras que no critiquen a quien las financia.

En estos casos se desvirtúa el propósito tanto de los medios públicos como de las licencias otorgadas a organizaciones sociales, sindicales, religiosas y otras.

Tanto el Gobierno como el mercado son los grandes financiadores de los medios.

Por eso, no sería sorprendente que los medios que supuestamente apuntan a diversificar la escena mediática, recurran a las tradicionales fuentes de financiamiento. De ser así, serían canales para intereses particulares atrincherados en el Estado o el mercado aunque estén bajo “nuevo” dueño. El nuevo jefe sería el mismo viejo jefe. Se perpetuarían viejos problemas de limitado pluralismo y se perdería una oportunidad única de confrontar un problema medular de la democracia: la construcción de un sistema mixto de información y comunicación que refleje la heterogeneidad de la sociedad argentina.

La diversificación de propiedad no garantiza que efectivamente se logre el pluralismo si no se atiende el problema del financiamiento.

Otro desafío es el problema de la comunicación como espacio para el debate entre posiciones diferentes. La comunicación no es solamente el derecho a la expresión, sino también la oportunidad de intercambio de ideas diferentes. La democratización de las licencias ofrece una alternativa para apoyar voces diferentes en la vasta ecología mediática, pero este no el único desafío de la democracia comunicativa.

Uno de los desafíos centrales es quién escucha y con quién se habla. El encuentro de perspectivas diferentes es un rasgo central de las democracias contemporáneas. La maduración de Internet muestra este desafío. La “red de redes” alivia, pero no resuelve, el problema de acceso en tanto se disminuye la brecha digital. No es exagerado decir que cualquier forma de expresión que haya existido tiene cabida en el vasto mundo caótico de Internet. Cada vez más, sin embargo, debido al poder de buscadores como Google y hábitos de uso, Internet funciona como un conjunto infinito de cámaras de eco que, como el espejo, rebotan opiniones autorreferentes. Las mayorías están conformes con exponerse a ideas que se ajustan a sus visiones existentes, preferencias y prejuicios. Las islas informacionales no ofrecen oportunidades para conocer lo que desconoce.

¿Por qué es esto preocupante? La democracia requiere espacios comunes para ciudadanías cada vez más diversas y divididas. Es preciso que los medios ayuden a la ciudadanía a enfrentarse con la diferencia, característica central de las sociedades contemporáneas. De lo contrario, se corre el riesgo de que hablemos entre nosotros sin tener oportunidades o incentivos de conocer otras historias, y que la comunicación refleje la agudización de minisociedades relativamente cerradas, desinteresadas en saber qué pasa más allá de sus fronteras.

Se requieren nuevas ideas para enfrentar estos nuevos problemas de la democracia. No se puede pensar un panorama mediático complejo, desagregado en múltiples plataformas individualizadas, solamente en términos de las limitaciones de los viejos medios. Si la libertad de expresión fue el gran desafío comunicacional de la revolución democrática moderna, cuestión que está lejos de ser resuelta, la comunicación en la diferencia emerge como problema fundamental.

Ninguno de los dos desafíos mencionados tiene soluciones fáciles. No hay receta para garantizar que el financiamiento de medios “sociales” efectivamente fortalezca el pluralismo o que existan espacios de comunicación entre ideas y mundos diferentes. Son temas inéditos en una escena mediática atravesada por cambios acelerados. Sería lamentable que el potencial de las innovaciones legales y tecnológicas sea fagocitado por viejas dinámicas que priorizan intereses particulares sobre el interés público.

Silvio Waisbord
Argentino
Profesor
Escuela de Medios, George Washington University,
Washington.