LA SEGUNDA RESISTENCIA

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Dado el incalculable daño causado a la República por este gobierno, la verdad es que la respuesta popular ha sido hasta ahora muy prudente. El desastre económico y social (hambre, desempleo, destrucción del sistema productivo y provisional, y de la educación, salud y ciencia) ha alcanzado niveles que jamás nadie imaginó. Pero el presente ominoso que vivimos -siendo doloroso y desalentador- no por eso ha vencido al pueblo argentino ni mucho menos.

Y tampoco lo doblega el circo periodístico, pletórico de fotocopias dudosas y sin pericias caligráficas, que ofrece arrepentimientos insinceros arrancados a fuerza de chantaje judicial. Con lo que las “confesiones” son truchas porque los dizque “arrepentidos” son corruptos perdonados a cambio de acusaciones verbales y sin pruebas, como si el deshonor se lavara con el agua bendita de Comodoro Pro. Y encima no deja de ser llamativo que en la lista de empresarios coimeros que se autoincriminan diariamente ante el sergiomoro argentino sigue sin ser citado el Sr. Franco Macri. Ausencia más que notoria, impresionante. A menos que sea el único hiperempresario que jamás ofreció ni cobró una coima.

Pero sí es verdad que la organización de la oposición se ha demorado, en parte por la velocidad, audacia y heterodoxia con que el oficialismo impone decisiones, a la vez que siembra cizaña y miente con descaro. No obstante lo cual, aunque llevó más tiempo del deseado, la organización popular empieza a ser visible.

Obviamente no es un proceso concluído y su evolución es lenta y probablemente será dolorosa, porque el más grave daño moral infligido a la república por este gobierno es el odio que instalaron, que es un odio de clases, un odio gorila que genera resentimiento en los subsuelos de la Patria y hoy opera con la misma ferocidad que en los bombardeos criminales de otros odiadores, los de junio de 1955, que de hecho son los mismos, reciclados, porque estos son hijos y nietos putativos de aquellos oligarcas, igualmente corruptos y violentos.

Por eso quizás sea pertinente hablar de una Segunda Resistencia. Que, como hace décadas, se está gestando y será una tromba, aunque quizás todavía no se vea clara porque aún es tiempo de apechugar y tomar impulso.

Quizás muchos jóvenes ignoren qué fue la Resistencia Peronista, nombre con el que la Historia Argentina recuerda el enfrentamiento a las dictaduras y gobiernos civiles instalados a partir del golpe de estado que el 16 de septiembre de 1955 derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Hasta el 25 de mayo del 73, cuando una gran victoria electoral llevó a la presidencia a Héctor J. Cámpora, fueron 18 años de lucha contra todos los gobiernos instalados mediante golpes de estado y elecciones con el peronismo proscripto.

Si hace décadas aquella Resistencia -que fue sindical, estudiantil, juvenil, barrial y cultural e incluso religiosa- tenía por objetivo el regreso de Perón al país y la realización de elecciones libres y sin proscripciones, la de hoy puede y debe ser mejor. Porque ya no es sólo peronista, ni kirchnerista solamente, sino que ahora hermana a todo el pensamiento nacional y popular, incluyendo a los muchos radicales que no se doblaron, a los socialistas de buena memoria que honran a Alfredo Palacios, a las organizaciones de la izquierda nacional y a decenas de colectivos que se plantan día a día frente a la canalla neoliberal, reclamando de manera pacífica el fin de este oscuro período de latrocinio y odio.

Es un pueblo el que se está plantando frente a los nuevos dictadores de este tiempo miserable. Es tiempo de optimismo, entonces, si como pensamos la Segunda Resistencia ha comenzado. Fragmentada y pacífica, pero consistente, ya se la ve en las calles, los muros, las fábricas, las plazas, los puentes. En el repudio y la puteada cada vez más sonoros. En los maestros y ahora en los estudiantes, una vez más vanguardia de resistencia. El universo sindical que con excepciones tiene vocación retardataria, se sumará más temprano que tarde. Y todo en paz, esta vez sin más armas que las ideas y principios libertarios, la convicción democrática y el anhelo de justicia, soberanía, trabajo y dignidad. Y con el sentimiento patriótico renovado, para enfrentar al coloniaje.

Esta Segunda Resistencia convoca a militantes de todos los orígenes, hermanados en el repudio a la mafia ejecutivo-judicial y en la comprensión de que el centro y eje de la cuestión pasa por una nueva Constitución Nacional. Lo que es buenísimo, más allá de que algunos lo celebren como si descubrieran el dulce de leche. En esta columna lo afirmamos muchas veces: desde el mismísimo 27 de abril de 1956, cuando por un así llamado “bando revolucionario” los dictadores de entonces anularon la CN más democrática, social e igualitaria de nuestra historia (la de 1949), hubo memoria por lo menos en juristas como Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat, y ahora también en un colectivo de ciudadanos notables, entre ellos Raúl Zaffaroni, Julio Maier, José Massoni y muchos más que trabajamos por una nueva Constitución.

Que es un camino largo pero inexorable, desde ya, porque replantea todo, como señala El Manifiesto Argentino desde 2002: que la salud, la educación y la previsión social son irrenunciables, indelegables e innegociables. Que las políticas sociales son derechos. Que los únicos monopolios deben ser para defender recursos naturales, servicios públicos sociales y desarrollo de áreas estratégicas. Que los recursos naturales en todo nuestro territorio, en superficie y en subsuelo, son también irrenunciables, indelegables e innegociables, y no serán jamás garantía de endeudamientos o negociaciones financieras, y se anulará toda extranjerización. Que la soberanía será de doble carácter Nacional y de Unidad Latinoamericana, y que desde esa concepción la Argentina promoverá la paz con paz y no se integrará a políticas guerreristas internacionales. Que los derechos históricos, geográficos y jurídicos sobre las Islas Malvinas son inclaudicables. Y entre muchas otras disposiciones, que la transparencia de todos los actos públicos y/o de gravitación social será Política de Estado -de una buena vez- y se caracterizará por el control, lucha y castigo de toda forma de corrupción, para lo cual es prioritario -ab initio e in totum- declarar en comisión a todo el Poder Judicial.

Como toda resistencia política, pacífica y patriótica, es difícil pero es posible.. Y sobre todo es urgente y necesaria.

La Segunda Resistencia y la Constitución

Por Mempo Giardinelli

→ ¿Cuál es el Plan, qué Programa levantaremos?

 

☼ El 1º Plan QUINQUENAL y el 2º Plan QUINQUENAL

☼ La CONSTITUCIÓN del 49, que se irá perfeccionando con intervenciones de todo tipo, principalmente las del movimiento obrero, a través del tiempo.

☼ El aporte gigantesco del Movimiento Obrero con el Programa de LA FALDA (agosto 1957)

☼ El Programa de HUERTA GRANDE (junio de 1962)

☼ El Programa de la CGT de los ARGENTINOS (mayo 1968), que en sí, constituye una continuidad de lo enunciado en La Constitución de 1949

Hoy, toda NUESTRA HISTORIA de PLANES, la CONSTITUCION y los PROGRAMAS PERONISTAS, se ACTUALIZAN en 27 PUNTOS del PROGRAMA DE LA CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORES – CGT

Con el pueblo movilizado, para empezar la discusión sobre el plan, con el objetivo a llevar adelante para tener el país que queremos.

NECESITAMOS UN PROGRAMA PERONISTA

DEMOCRACIA O CORPORACIÓN SINDICAL

El Sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, aplica el bloqueo sobre una treintena de supermercados mayoristas de una empresa, en un avance de la protesta para reclamar por el reencuadramiento de trabajadores vinculados a la función logística y distribución, que hoy son afiliados al gremio de Empleados de Comercio. El conflicto planteado por la dirección de Camioneros abarca también un enfrentamiento al Ministerio de Trabajo por defender las normas vigentes. Este conflicto, como otros, es una condensación al que confluyen diversas causas coyunturales y estructurales, que se articulan en este acontecimiento. La historia del sindicalismo contemporáneo es la historia del peronismo: se cruza con el momento fundacional, su apogeo, sus gestas, sus traiciones, sus luchas. El empoderamiento sindical significó uno de los hechos malditos del país dominado por la burguesía , pero también la integración a ese mismo país burgués.

Es imposible pensar en el poder de Moyano hoy, sin recurrir a la historia, una historia que no tiene inocentes. Una historia dura, en la que se forjaron los días que transitamos, una historia pletórica de facticidad, que el peronismo transita como pez en el agua, y también de retórica, muchas veces ingenua respecto de la realpolitik. Los cánones ideológicos se doblegan ante la seducción rentística del poder que el régimen ha puesto a disposición de la dirigencia de los trabajadores.

La coexistencia del sindicalismo en un movimiento nacional siempre está en equilibrio inestable, por la tensión que provoca la prevalencia de uno de los sectores sobre el conjunto. Este conflicto supone la ampliación de cobertura del gremio de Camioneros para incrementar su plantilla y acumular poder de presión. No se trata de ser igual, o solidario, se trata de ser superior: la cultura capitalista ha calado hondo.

Ya no hay proletariado como unidad; se fomenta desde adentro incrementar la brecha social intraclase. La creciente interrelación privada con el sistema de obras sociales es un dato no menor en el cambio de la mentalidad del sindicalismo. Es innegable la participación sindical en la recuperación democrática, como es innegable la complicidad de algunos dirigentes –como otros civiles– con las dictaduras. El Programa de Huerta Grande, CGT de los Argentinos, Combativos y A.T. Vandor respondían a la misma matriz. Este último fue la máxima expresión del dominio sindical contra la política. Moyano tiene sus parecidos.

Hoy, consolidada la democracia, se asiste a la conformación corporativa de la sociedad poliárquica que abarca a los medios, las grandes empresas capitalistas; y los grandes sindicatos. La política profesional ante tanta presión debe luchar para no ser arrastrado por lo sectorial. El uso de una práctica como el bloqueo remarca el carácter extorsivo de la misma, violentando las reglas de la democracia y afectando a terceros que no tienen nada que ver. Esto no se hace para la emancipación de la clase trabajadora, se hace con un objetivo menor: la privatización de los trabajadores.

Ricardo Rouvier

VÍNCULOS: SINDICALISMO Y GOBIERNO

Desde sus inicios, el sindicalismo argentino estuvo marcado por las tensiones entre dirigencias burocratizadas y bases que nunca perdieron del todo su capacidad de desbordarlas. La persistencia de la burocracia habla de las limitaciones del movimiento obrero pero también de la utilidad que representa para el Estado y las patronales.

unque la orientación revolucionaria inicial del movimiento obrero argentino se fue debilitando a lo largo del siglo XX, no se trató de un proceso irreversible: en diversos momentos de la historia los trabajadores animaron luchas de gran radicalidad que consiguieron complicar la continuidad de la acumulación de capital. Para mantenerlas bajo control, desde muy temprano los diferentes grupos gobernantes buscaron una alianza con algún sector de la dirigencia sindical. Así, las características que el sindicalismo argentino tiene en la actualidad son el resultado de una historia forjada no sólo por los obreros, sino también por el Estado y las clases dominantes.

El comienzo

A inicios del siglo XX resultó evidente que la represión no era suficiente para contener la protesta. Por eso, el Estado fue desarrollando instituciones y técnicas propias para evitar que las disputas laborales se radicalizaran. Fueran de la corriente que fuesen, los activistas de base de entonces buscaban aunar en un mismo movimiento las demandas de todos los sectores y vincularlas con un proyecto de cambio radical. El Estado comenzó a responder a este desafío del modo inverso, reconociendo como legítimos algunos de los reclamos, atendiendo los de cada sector por separado y haciendo concesiones que demostraran que podían obtenerse mejoras sin necesidad de una revolución. Allí donde los más radicalizados buscaban construir un movimiento político de alcance general, el Estado debía responder transformando los reclamos en meras demandas sectoriales o corporativas, separadas unas de otras y sin relación con un objetivo político más amplio.

Pero para que esta estrategia funcionara, el Estado tenía que encontrar interlocutores entre los obreros, dirigentes que estuvieran más dispuestos a escuchar propuestas que a llamar a la revolución social. Así, Hipólito Yrigoyen acostumbró entablar diálogos directos con los sectores menos radicalizados y en ocasiones terció a su favor. Durante la década de 1930 se reforzó la función mediadora del Estado, mientras que su acción represiva se volvió más selectiva. Las corrientes anarquistas y comunistas pronto se vieron desplazadas por el crecimiento del sector apolítico o “sindicalista”, que fue habituándose a negociar con el Estado.

Los tiempos de Perón

La alianza con Perón permitió un explosivo crecimiento del movimiento obrero luego de 1945. La tasa de afiliación a los sindicatos aumentó de manera notoria y los mecanismos de negociación con el Estado se institucionalizaron. Pero el crecimiento tuvo también sus costos. Los sindicatos se transformaron en grandes y complejas estructuras que se distanciaron cada vez más de la realidad de los trabajadores comunes. En los inicios del movimiento, a comienzos del siglo XX, las entidades gremiales agrupaban un pequeño número de afiliados; tenían pocos cargos oficiales, que siempre eran ocupados por obreros militantes. Ninguno cobraba por ello un sueldo y habitualmente continuaban con su empleo como modo de ganarse el pan. Órganos pequeños y de alcance local, los sindicatos de entonces permitían que los afiliados pudieran tener una participación directa en las decisiones.

Todo esto cambió en los años cuarenta. Además de sus funciones tradicionales, los sindicatos pasaron a ocuparse de gran variedad de cuestiones relativas al bienestar obrero, como la provisión de alimentos baratos, servicios turísticos y de sanidad, etc. Además, las complejas negociaciones colectivas requirieron un cuerpo de asesores legales y técnicos. El tamaño que adquirieron muchos sindicatos, junto con la creciente complejidad de sus tareas, hizo indispensable la multiplicación de los cargos rentados, muchos no electivos. Los dirigentes –ahora una clase profesional que cumplía funciones de tiempo completo– se distanciaron cada vez más de la vida cotidiana de los trabajadores comunes. La democracia de base se volvió más bien la excepción, y los síntomas del malestar de las bases por esta “burocracia sindical” no tardaron en hacerse presentes.

De la resistencia al regreso de Perón

Tras el derrocamiento de Perón, el movimiento obrero iniciaría un camino de creciente radicalización. En ese contexto, tanto las dictaduras como los débiles gobiernos civiles de ese período necesitaban mantenerse en buenos términos con la burocracia sindical, la única que parecía capaz de aplacar la furia obrera. Arturo Frondizi, por ejemplo, buscó ganarse su apoyo promulgando una Ley de Asociaciones Profesionales, que volvía a poner en pie el modelo de sindicalismo que la Revolución Libertadora había tratado de desmantelar: la normativa reestableció el sindicato único por rama y abolió la representación de las minorías en los cargos sindicales, contribuyendo de ese modo a hacerles la vida más difícil a las listas opositoras que pretendieran disputar la conducción. Pero, más importante aun, estableció que los aportes de los trabajadores para sostener los sindicatos y las obras sociales serían compulsivos y automáticos: los empleadores tendrían la obligación de transferirlos a las entidades gremiales, que de ese modo se aseguraban el manejo de una enorme masa de dinero. La nueva ley aseguraba así a la burocracia sindical una estabilidad y un poder incluso mayor que el que había tenido en tiempos de Perón. Naturalmente, eso reforzó su vocación de mantener buenas relaciones con el gobierno, que por la misma norma se había reservado la atribución de retirar la personería a las entidades que se pasaran de la raya.

La burocracia sindical, sin embargo, no funcionó como un funcionariado al servicio del gobierno de turno. Por el contrario, siempre entendió que sus privilegios se mantendrían en tanto y en cuanto su papel de gerenciadora del conflicto obrero fuera valorado. Era fundamental conservar viva la “amenaza obrera”, pero en un nivel que pudieran mantener bajo control. Se trataba, entonces, de sostener un delicado equilibrio entre la presión y el compromiso, entre el dar rienda suelta a la lucha y volver a ponerla en caja. Y eso requería tanto tener bien aceitados los canales de diálogo con los funcionarios estatales, como impedir que desde las bases surgieran desafíos a la autoridad de los sindicalistas.

Así y todo, ni el talento negociador de la burocracia ni las ventajas que le ofrecía el Estado eran siempre efectivos para mantener a las bases bajo control. La presión desde abajo en estos años produjo la aparición de un sindicalismo más cercano a las demandas populares y más democrático. Hacia fines de los años sesenta, la burocracia debió enfrentar desafíos crecientes, que se producían tanto dentro de cada fábrica con la elección de comisiones internas y cuerpos de delegados más radicalizados, como en el más alto nivel de representación: por ejemplo, con la creación de la “CGT de los Argentinos” en 1968. A esto habría que agregar la aparición de algunos nuevos sindicatos “clasistas” y de dinámica asamblearia, como los célebres SITRAM y SITRAC.

El fin de la proscripción del peronismo en 1973 produjo una avalancha de luchas que con frecuencia desbordaban a las dirigencias. Perón, que comprendía desde mucho antes que el poder que ganaban las bases obreras minaba el suyo propio (incluso si los obreros se declaraban peronistas leales), reaccionó ampliando las facultades de la burocracia y ayudándola de varias maneras a retener el control. Promovió así una reforma al Código Penal para incluir como nuevos delitos la ocupación de fábricas o la “incitación a la violencia”. A fines de 1973 también hizo aprobar una modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales que, entre otras cosas, extendía los mandatos de los sindicalistas de dos a cuatro años y les otorgaba poderes ilimitados para anular cualquier medida tomada por las comisiones internas, cuerpos de delegados o regionales. Si lo deseaban podían incluso expulsar a un delegado por “inconducta gremial”. Estas atribuciones fueron utilizadas dura y frecuentemente. Además, durante 1974 las conducciones sindicales fueron acentuando sus prácticas gangsteriles, empleando matones para amedrentar o violentar a trabajadores “díscolos” (incluso en colaboración con los grupos parapoliciales). Así la burocracia, que ya venía desempeñando el papel de contención de la lucha obrera, asumió por momentos un rol directamente represivo.

La era neoliberal

El pacto de convivencia que selló parte de la dirigencia sindical con el Proceso, precisamente en el momento en el que éste ponía en marcha reformas económicas que debilitarían notoriamente al movimiento obrero, era un anuncio de los tiempos venideros. El inicio de las privatizaciones de Carlos Menem estuvo marcado por una intensa resistencia gremial. Pero desde 1991 el gobierno puso en marcha una hábil negociación con la burocracia sindical para desactivarla. La conducción de la CGT y de los principales gremios recibió importantes prebendas y jugosos beneficios personales. Algunos gremialistas se acercaron tanto al mundo de los negocios que se habló de un nuevo “sindicalismo empresarial”.

La resistencia al neoliberalismo debió buscar otros carriles organizativos, generando interesantes realineamientos. Un ala disidente, liderada por Hugo Moyano, creó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), que enfrentó al gobierno pero sin salirse de los marcos de la CGT. Pero la novedad más importante fue la creación en 1992 de una nueva entidad con ambición de agrupar al movimiento trabajador a nivel nacional, por fuera de la CGT y en oposición al Partido Justicialista: la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Se trataba de una organización bastante diferente a la CGT. Para empezar, las autoridades eran elegidas por voto directo de todos los afiliados. Además, se propuso incorporar no sólo a trabajadores, sino también a organizaciones de inquilinos, pequeños propietarios rurales y desempleados. La CTA fue la principal impulsora de varias huelgas generales y otras medidas de importancia de la resistencia al neoliberalismo. En 1994 surgió también la Corriente Clasista y Combativa (CCC), otra nueva entidad que pronto adquiriría gran relevancia en el mismo sentido.

2001 y después

El movimiento obrero tuvo un protagonismo relativamente menor en las luchas que precedieron y sucedieron a la rebelión de 2001. Paralizado por el azote del desempleo, fue eclipsado por la visibilidad que ganaron los piqueteros, las asambleas y la gente autoorganizada en las calles. Las luchas obreras de ese momento fueron defensivas y focalizadas, y con frecuencia se realizaron por fuera de los sindicatos. Las primeras fábricas recuperadas, por caso, surgieron sin ningún apoyo de sus entidades gremiales (como en el caso IMPA) o directamente enfrentándolas (como en Zanón).

Más tarde, con la recuperación económica, reaparecieron las luchas obreras de estilo más tradicional. Pero en ellas se hizo evidente cierto distanciamiento entre las bases y sus cúpulas. Un relevamiento reciente muestra que, desde 2007, alrededor de un 13% de los conflictos que suceden en el sector privado no están enmarcados en ningún sindicato. Por otra parte, entre los que sí lo están, se verifica una tendencia a que sean cada vez más los sindicatos de base y las seccionales (antes que las federaciones o las centrales) los que los motorizan.

En 2007 el 51% de los conflictos en el sector privado fueron promovidos por estas instancias, mientras que el año pasado el porcentaje ascendió a más del 78%. Una cantidad minoritaria pero significativa de todas estas huelgas y reclamos realizados por fuera de las estructuras sindicales o en sus niveles de base fue conducida por agrupaciones antiburocráticas, algunas de ellas de orientación izquierdista (aunque no necesariamente ligadas a partidos) (1).

Este tipo de expresiones es una prueba de la persistencia de uno de los rasgos característicos de la tradición gremial argentina: las tensiones entre dirigencias sindicales burocratizadas y bases obreras que nunca pierden del todo su capacidad de desbordarlas. Tal persistencia no debe causar sorpresa: de todas las elites dirigentes de Argentina, tanto estatales como corporativas, probablemente sea la sindical la que consiguió atravesar las turbulencias de 2001 con menor necesidad de recambio.

El gobierno kirchnerista, que ha dado muestras de vocación renovadora en otros ámbitos, prefirió hasta ahora más bien apoyarse en las viejas estructuras gremiales, antes que en los grupos que intentan renovarlas o en los movimientos sociales. Y nada indica que esta disposición vaya a cambiar en estos días.

Los sindicalistas siguen estando entre los sectores más desprestigiados del país. Algunas de las peores expresiones del “sindicalismo empresarial” de los años 90 siguen a la vista de todos.

Muchos dirigentes prestan sus servicios desmovilizadores cada vez que resulta conveniente, fijando “techos” a las demandas salariales o llamando al orden a sus bases. E incluso las prácticas gangsteriles y represivas siguen siendo moneda corriente, como pudo verse en los tiroteos recientes entre facciones de la UOCRA y en el asesinato de Mariano Ferreyra a manos de un grupo al servicio de la Unión Ferroviaria. Seguramente la persistencia de una burocracia sindical de estas características habla de las limitaciones del propio movimiento obrero. Pero también de la utilidad que encuentran en ella tanto el Estado como las patronales. Por más que cada tanto haya voces mediáticas, empresariales o políticas que cuestionen a los dirigentes vitalicios de tal o cual gremio, hasta ahora no hubo ninguna iniciativa seria para poner coto a las prácticas antidemocráticas por las que se mantienen en el poder.

1. “Conflictividad laboral: informe anual 2011”, Observatorio del Derecho Social (CTA), disponible en:

www.obderechosocial.org.ar/docs/anual_conflictos_2011.pdf

Ezequiel Adamovsky
Historiador.

Su último libro es
Historia de las clases populares en Argentina, desde 1880 hasta 2003,
Buenos Aires, Sudamericana, 2012.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

COMO UN CAMIÓN

Cuando Moyano advirtió al Gobierno que la mayoría de los votos que obtuvo Cristina Kirchner provenían de los trabajadores, en realidad estaba prendiendo una luz de alerta para él mismo. Se llama tiro por la culata o escupir al cielo. Porque la base social del moyanismo en los gremios es cristinista en lo político y si el desafío que propone el jefe de la CGT es contraponer esas dos lealtades estaría llevando esa disputa a un territorio donde en estos momentos el que tiene más que perder es él mismo.

No hay ninguna diferencia entre la relación que mantenía Hugo Moyano con Néstor que la de ahora con Cristina. Allí hay una consideración machista. Desde el principio se trató de la alianza de dos fuerzas afines, pero no idénticas, un contrato de cohabitación sin casamiento a la vista, algo que puede cambiar, pero que por ahora se mantiene en ese nivel con las pujas, los tironeos y hasta las desconfianzas propias de esa situación. El peronismo hace culto de la lealtad, pero al mismo tiempo tiene un latido de desconfianza, porque es un componente inherente al poder, un barrio por el que al peronismo le gusta caminar.

El punto de contraste con respecto a esa primera alianza con Kirchner es que al principio la fuerza del entonces presidente –como en todo lo que hizo en ese primer período– fue la debilidad. Kirchner no tenía base social propia, pero tenía el Gobierno, la lapicera. Moyano tenía una interna muy fuerte en la CGT y necesitaba el respaldo del Gobierno. Entre los dos, además, había coincidencias en lo político y en la época del MTA ya habían transitado con cierta cercanía.

Esa fue la relación con Néstor: afinidad y alianza, pero tironeo permanente con discusiones y codazos. No fue un lecho de rosas.

En cambio ahora el kirchnerismo tiene base social propia y muy amplia. Moyano creció mucho también en estos ocho años. Logró la mayoría de sus reclamos y amplió los espacios del movimiento gremial. Pero en lo político, el dirigente camionero creció a la sombra del kirchnerismo. Lo que en un principio era una base social prestada si se quiere, rápidamente fue apropiada por el kirchnerismo. El acuerdo con tironeos por arriba gestó un matrimonio por abajo, en la base social.

Todos esos cambios reformularon también las relaciones de fuerza. En el discurso de Huracán, lo que hizo Moyano fue expresar su desacuerdo con la distribución de espacios que hizo el kirchnerismo a partir de su lectura de la nueva situación. Moyano juzga que la corriente que representa fue relegada y por lo tanto renunció a sus cargos en el Partido Justicialista. En forma muy indirecta lanzó sus dardos contra La Cámpora que, desde su propia lectura, habría recibido más de lo que le corresponde. Sus alusiones a la falta de “peronismo” en el PJ y a los “chicos bien” apuntaron a la agrupación juvenil que obtuvo los cargos en las listas que no le correspondían a la estructura más orgánica del justicialismo. Sin ser mayoría, ni mucho menos, la agrupación se quedó con algunos de los espacios que podría haber reclamado el gremialismo.

En esa distribución hubo otros sectores del kirchnerismo que podrían reclamar como Moyano. Casi todas esas corrientes participan en el kirchnerismo desde el principio del gobierno de Néstor, pero mantienen cierta autonomía. En cambio, la Presidenta no considera a La Cámpora como una agrupación cercana, sino como fuerza propia y quiso evitar en este período el derrame permanente de legisladores de su bloque por lealtades a otros dirigentes o a gobernadores. En estos ocho años, el Frente para la Victoria ha sido la fuerza que tuvo más deserciones de diputados y senadores. En la mayoría de los casos esas fracturas obedecían a alianzas muy volátiles en la interna del PJ, donde el kirchnerismo era muy débil al principio.

Esta vez, la Presidenta abrió los espacios a cada caudillo territorial, asignó algunos a sus aliados del kirchnerismo, incluyendo al moyanismo y otros movimientos sociales, y ocupó los lugares que quedaban con jóvenes de La Cámpora. Además de Moyano, ese armado hizo ruido en Córdoba y La Pampa, pero finalmente todos aceptaron el nuevo esquema.

Tras la crisis del 2001-2002 el peronismo quedó reducido a una liga de caudillos provinciales con una unión inestable. El kirchnerismo heredó esa situación que le provocó una gran sangría parlamentaria. Si bien la mayoría de los legisladores que se cambiaron de bando provenían del duhaldismo o mantenían lealtades con gobernadores que se relacionan a regañadientes con la Casa Rosada, lo cierto es que también en el seno del kirchnerismo se produjo el éxodo de por lo menos 3 diputados: los dos de Libres del Sur y Miguel Bonasso, que pasaron a votar con la oposición.

Para ser justos, la mayoría de las otras fuerzas que confluyen en el kirchnerismo, incluyendo al moyanismo, mantuvieron su voto con el Gobierno. Sin embargo, la primera secuela del discurso de Moyano esta semana fue la negativa a apoyar con su voto al proyecto de nuevo estatuto del peón rural por parte de los 3 diputados del gremialismo. Se podría pensar que si hubiera habido más diputados de ese sector habrían votado a favor porque estarían conformes. O todo lo contrario: que hubieran sido más los votos en contra.

El problema menor es cuando algún diputado vota en contra de proyectos de su propio bloque. Es algo que sucede normalmente. El problema es cuando un grupo de diputados que llegaron a sus bancas, en este caso con el oficialismo, pasan a votar en contra de todas las propuestas de la fuerza que los llevó a ese lugar.

El otro eje del discurso de Moyano fueron las obras sociales. El jefe de la CGT mencionó una deuda astronómica del Estado por el pago de tratamientos especiales. Dijo que las obras sociales están cerca de la quiebra y advirtió que en ese momento la ruptura será irreversible.

El discurso del kirchnerismo ha sido el de la construcción de un sistema de salud con tres patas: las obras sociales, la salud pública y la salud privada. A diferencia de otras, ésta es un área donde se ha hecho poco desde que Ginés García fue reemplazado primero por Graciela Ocaña y después por Juan Manzur. Sin embargo, las obras sociales no solamente crecieron acompañando la economía, sino que fueron respaldadas por una política muy clara tanto con legislación como con desembolsos periódicos del Ejecutivo.

De todos modos, es cierto que se han espaciado esos aportes para tratamientos especiales porque se convirtieron en el epicentro de las denuncias por corrupción, pero no hubo ninguna definición oficial, ni señales que hagan suponer que serán suspendidos ni que se permitirá la quiebra de ninguna obra social. Los mismos gremios deberían preocuparse por generar mecanismos transparentes para la inversión de estas grandes sumas, y salir de esa manera del centro de sospechas y denuncias.

Se ha destacado siempre la importancia del rol solidario de las obras sociales frente a las prepagas. Y la mayoría de las denuncias contra las obras sociales, amplificadas y repetidas en forma permanente por los grandes medios, ha buscado favorecer el comercio de las prepagas a través del desprestigio de sus competidoras, presentándolas como la caja de los gremios. Las denuncias forman parte de esa estrategia, por eso los gremios deberían diseñar formas de control muy severas para neutralizar los principales argumentos de esas campañas.

Algunos creyeron ver en esta parte del discurso en Huracán la verdadera razón del enojo de Moyano. Pero la única discusión real ni siquiera es si se va a pagar o no una deuda, sino por su cantidad. Mucho menos está en duda la existencia de las obras sociales, cuya importancia es reconocida en todos los discursos oficiales. Lo que está planteando en este punto Moyano es que se acabe la megacausa de los medicamentos truchos y sus secuelas, entre ellas el descongelamiento de esos aportes para prestaciones especiales.

La obra social de los camioneros también está bajo la lupa de la Justicia en causas que investigan los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío, lo que dispara la desconfianza de Moyano para responsabilizar al Gobierno. Pero el Gobierno a su vez ha debido afrontar otras denuncias en su contra, lo que demuestra que no tiene control sobre la Justicia, que ha sido utilizada incluso por la oposición para frenar leyes aprobadas por el Congreso.

Una lectura más o menos razonable de las palabras de Moyano pueden ofrecer estas conclusiones, que se mantendrán de todos modos en el plano de la especulación hasta ver cuáles serán los próximos pasos del gremialista. Por ahora, ha recibido ofertas de alianzas de sectores tan disímiles como el líder de la fracción antikirchnerista de la CTA, Pablo Michelli, y el jefe de la antikirchnerista CGT Azul y Blanco, Luis Barrionuevo.

Luis Bruschtein

UN ELEFANTE EN UN BAZAR

Con la gracia de un elefante en un bazar, Hugo Moyano dio su paso de minué y trastrocó el escenario político. Sus bases acaban de votar por Cristina Kirchner, como él mismo lo dijo, y aun así eligió este momento, cuando todavía ese voto está caliente, quizá cuando está más fuerte la Presidenta, para meter presión. Sus bases emitieron ese voto no porque lo ordenara el jefe de la CGT, sino porque la representación política es diferente a la representación gremial. Es decir, sus bases se sienten cristinistas en lo político y moyanistas a nivel gremial. Son dos planos diferentes, la transferencia de esa representación es muy difícil, y la apuesta de contraponer esas dos lealtades puede tener un costo político muy alto para Moyano. Si eso pasa con los moyanistas, ni hablar de lo que piensa esa masa de la población que ha sido cooptada por el lugar común del antisindicalismo.

Puede ser legítimo o no su reclamo por más espacios de poder a nivel de cargos electivos, de gestión y partidarios para el sector gremial. Pero si su mayor argumento es el peronómetro, va por mal camino. “Está vaciado de peronismo”, “le falta peronismo” afirmó con relación al Partido Justicialista e insistió permanentemente en el peronismo de “Perón y de Evita” de alguna manera representado, según él, por su corriente. Resulta por lo menos sorprendente que ese mismo argumento fuera usado por analistas políticos interesados en ampliar la brecha entre Moyano y el Gobierno. Viejos enemigos de Moyano que a partir del discurso de ayer lo empezaron a ver rubio y de ojos azules.

La sociedad ha cambiado mucho, su composición es muy diferente que la de los años ’50, ’60 y ’70, y el mejor ejemplo justamente es que el gremio más importante en aquellos años era la UOM, un gremio de la producción, y ahora es el de los camioneros, que es un gremio de servicios. Moyano es un producto de esos fenómenos porque proviene del gremio de camioneros y tendría que tener más en cuenta esa metamorfosis. Cambió también la forma de articulación entre los distintos sectores y sobre todo se produjo un proceso muy grande de fragmentación en los sectores populares. Si piensa que el peronismo se pudo mantener al margen de esos procesos, como pensaba el ex presidente Eduardo Duhalde, corre el riesgo de seguir el mismo camino. El famoso peronómetro de hace cuarenta años que quiso usar Duhalde en la campaña electoral quedó anacrónico. Más allá de las disquisiciones dogmáticas y las admoniciones de unos pocos viejos dirigentes del menemismo que pasaron a retiro, a efectos de lo concreto, en este momento, para “la gente”, el “pueblo”, la “multitud” o como quieran llamar a la gran mayoría de los peronistas, el peronismo está representado muy fuertemente por Cristina Kirchner.

Cualquier munición en contra de esa percepción tan extendida es mojar la pólvora, desgastar argumentos que quizá en otro momento hubieran hecho más ruido. Sobre todo son argumentos que terminan por vincularlo con Gerónimo Venegas y Luis Barrionuevo, uno requemado por su respaldo a las patronales del campo –sus patronales– en el conflicto por la 125 y el otro incinerado por el menemismo. Moyano, desde que fundó el MTA en los ’90, estaba instalado más en otra tradición del gremialismo peronista como fueron los antiguos combativos, los “de pie”, los duros o “los 25”.

La proyección hacia el futuro del discurso de Moyano es difícil de medir, porque tampoco se ve con claridad cómo serán sus próximos pasos. En este momento la relación con el Gobierno quedó en un punto de poca estabilidad. La inercia de los hechos lo obligará a decidir si vuelve a posiciones de respaldo o se aleja aún más y sobrepasa el punto sin retorno, es decir, se pasa a la oposición. Es un cuadro difícil tanto para el Gobierno como para Moyano.

Luis Bruschtein

HUGO MOYANO Y ANTONIO GRAMSCI

Hace un tiempo bastante breve la palabra hegemonía era casi exclusivamente utilizada entre nosotros con fines descalificadores.

Deliberadamente o no, su uso se remitía al pensador liberal-conservador italiano Giovanni Sartori, quien, en su clasificación de los sistemas de partido, reservaba el concepto “partido hegemónico” a aquellos regímenes políticos en los que una fuerza política tenía garantizado –a través del fraude, la violencia o el control monopólico de los recursos políticos– el ejercicio del gobierno. Podía haber otros partidos, como en el México del PRI o en la Hungría de antes de la caída del Muro, pero se limitaban a formar el decorado que legitimaba a un régimen no pluralista.

Así, el gobierno de Néstor Kirchner fue tachado de “hegemonista” por una variada constelación de políticos de oposición y comentaristas también de oposición. Nadie llegó tan lejos en esa ruta como la diputada Carrió, que llegó a asimilarlo al régimen del rumano Ceaucescu y al nacionalsocialismo hitleriano, pero no fueron pocos los que estrujaron el concepto sartoriano hasta el límite de considerar “hegemónico” a un partido que suele perder elecciones.

En el último período, el que va del conflicto agrario hasta nuestros días, reapareció otra acepción de la hegemonía: la que está asociada al nombre de Antonio Gramsci y la concibe como dirección político-cultural de una sociedad por parte de un sector de la misma –la clase obrera, en el pensamiento del célebre político y filósofo italiano–.

Fue la presidenta Cristina Kirchner la que reintrodujo la cuestión, cuando sostuvo, en el crítico otoño de 2009, que lo que estábamos viviendo era una “batalla cultural”. En esa batalla, los sectores privilegiados utilizaban toda su influencia para desprestigiar y desautorizar un rumbo signado por la idea central de la redistribución de la riqueza en el país.

Curiosamente, en medio de esa batalla cultural más de uno de los “combatientes” que apoyaban al Gobierno desarrollaron un discurso que bien podría caracterizarse de “pregramsciano”, en el sentido de pensar la lucha política como una expresión de fuerzas cuya posición ya estaba predeterminada por sus intereses sectoriales. Así, la “clase media” fue colocada en el lugar de un sector social fatalmente condenado a despreciar a las fuerzas populares y a enfrentarlas. Muchos de los errores que llevaron a la derrota del proyecto oficial, primero en la sociedad y después en el Congreso, fueron tributarios de ese enfoque.

Gramsci concibió a la hegemonía como la capacidad de alcanzar y sostener la unidad de un bloque social. Y esa capacidad no gira en torno del puro dominio, del ejercicio real o potencial de la violencia sino de una fuerza de orden cultural y moral, una “fe” decía el pensador sardo. No es muy forzada la conexión entre esa formulación y la insistencia de la Presidenta en la existencia de una lucha entre “relatos” opuestos en la realidad argentina. El discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso es una muestra elocuente de esa estrategia: los datos y cifras que allí expuso no tenían la cadencia de un “balance de gestión”; se presentaban como la ilustración de los resultados de un proyecto político. Toda una reactualización de la vigencia de los programas políticos partidarios a los que apresuradamente se les extendió carta de defunción desde la perspectiva de la “pospolítica”, que sitúa al gobierno en el lugar de la administración de lo dado, sin capacidad creadora alguna.

¿No es también la apelación de la Presidenta a no permitir la desunión de las fuerzas favorables al rumbo político actual un gesto “hegemónico” en el sentido gramsciano?

La unidad, dice y repite Cristina Kirchner, no es un objetivo en sí mismo; es una premisa de supervivencia y profundización del proyecto en curso.

Parafraseando en términos de Gramsci, es la “unidad del bloque social” lo que está en juego. Y la idea de bloque social se diferencia del planteo economicista de la “clase” en que no está unido por supuestos “intereses objetivos” que preexisten a la práctica política, sino que es esta misma práctica la que los construye y los explicita. Siempre en el vocabulario gramsciano, este bloque social tiene en su interior intereses “corporativamente” contradictorios. Es decir que si se miraran exclusivamente los intereses del sector social particular, la unidad del bloque social no sería un objetivo deseable.

Los episodios de estos últimos días materializan dramáticamente estas abstracciones. Hugo Moyano ha producido un espectacular gesto de poder; enfrentó a la sociedad con el fantasma de un día caótico, sin camiones, colectivos, subterráneos, trenes ni barcos. El argumento propiciatorio fue el de defender al movimiento obrero de las agresiones políticas y periodísticas que recibe a diario. Como suele decirse en el ajedrez, “la amenaza es más fuerte que la ejecución”. El anuncio le permitió al líder cegetista situarse en el centro de la escena, obligar al Gobierno a dialogar y bajar los decibeles alrededor de un exhorto de la Justicia suiza que no pasará a la historia por la precisión de sus fundamentos y mucho menos por su calidad de redacción. Como frutilla del postre y para que no queden dudas de la naturaleza de la operación, Moyano dijo que los trabajadores no quieren ser limitados por reivindicaciones sectoriales: quieren el poder.

No está de más insistir en que el deterioro de la imagen del sindicalismo y la extraña credibilidad de cualquier acusación política o ética que los involucre no tiene nada de natural ni de inocente. La historia del movimiento obrero en su etapa peronista ha tenido glorias y miserias. Pasó por la resistencia contra la falsa democracia de las proscripciones y la lucha contra las dictaduras. Y también por el oprobio de la complicidad de algunos con el terrorismo de Estado y la participación en las ganancias del remate de los bienes públicos ejecutado por el menemismo. Da la impresión, sin embargo, que no son las claudicaciones sindicales el objeto del escarnio multimediático. De otra manera no se explicaría la “prudencia” con la que se trató la detención del Momo Venegas y la furia calificativa que, por ejemplo, la editorial de La Nación de ayer, sábado, dedica a la figura del líder camionero.

No parece, entonces, que el tema sea ético, sino que es esencialmente político. Y es político porque apunta a un componente clave de la coalición que conduce la Argentina desde 2003: la alianza entre el Gobierno y el movimiento obrero.

Quienes ponen el grito en el cielo por el supuesto carácter no republicano de esa alianza, no se escandalizaron de igual modo cuando, con Menem y con De la Rúa, los interlocutores principales del Estado eran los grandes grupos del poder económico concentrado.

La alianza entre Estado y CGT no es una simple estrategia electoral. Por el contrario está cimentada en un proceso de cambios en el mundo del trabajo como no se registraba en el país desde hace muchas décadas. Es la alianza que permitió reincorporar al empleo a cinco millones de personas, recuperar las convenciones colectivas de trabajo y el salario mínimo vital y móvil, instaurar la paritaria docente, aumentar sensiblemente sueldos y jubilaciones y crear la asignación universal a la niñez, entre muchas otras novedades de época.

Todo eso en un tiempo en el que muchos consideraban que habían desaparecido los actores sociales y la política era una cuestión de individuos aislados sólo unificados en la condición de audiencia de los medios de comunicación.



El hecho es que en estas horas hemos vivido la amenaza más significativa a la unidad de la coalición que hoy gobierna el país. Y que el episodio toca el nervio más crítico para la posibilidad de continuidad de su proyecto político, el de sus propias contradicciones internas. Si alguien en el Gobierno cree que se puede gobernar en la dirección asumida sin el acompañamiento de una porción considerable del movimiento sindical, terminará contribuyendo a la derrota. Y si algún líder sindical cree que los trabajadores van a llegar al poder sobre la base de la fractura de la actual coalición político-social de gobierno, va a convertirse en la clave del éxito de las operaciones mediático-políticas que dice combatir. De eso trata la hegemonía, de contener en unidad la diversidad y hasta la contradicción.

Edgardo Mocca

Democracia política y sindicatos

Que José Pedraza, secretario general de los ferroviarios, esté preso, y que Gerónimo Venegas, secretario general de los peones de campo, no lo esté, plantea una pregunta: ¿por que Pedraza sí, y Venegas no?

La primera respuesta puede ser simple: Venegas no sólo dirige el UATRE, además es el secretario general de las 62 Organizaciones, y Pedraza disfruta de las prebendas del desguace ferroviario, un negoción que no otorga singular poder político. Con un añadido, en las esposas puestas por orden judicial en las manos de Venegas, los demás dirigentes sindicales vieron las de cada uno; en las de Pedraza, un hecho de sangre –la muerte de un joven militante del Partido Obrero– construye la divisoria de aguas. Venegas les resulta discursivamente defendible, Pedraza ya no.

Pero un asunto más importante debiera quitarle el sueño a la dirección política del peronismo: ese orden sindical resulta compatible con este orden político. El tema remite a prejuicios históricos consolidados. Dos bloques, de distinto peso específico, quedan materializados. Para uno, los sindicalistas peronistas son la encarnación corrupta de una aspiración demagógica: vivir bien trabajando muy poco. Para el otro, la mera crítica a esa dirección supone un ataque al movimiento obrero organizado. ¿Los argumentos? Para el primer bloque, el peronismo supuso la ruptura de la disciplina laboral, la patronal perdió el control sobre el proceso productivo y se trataba de restablecerlo. Para el otro, las virtudes del sindicalismo quedan patentizadas por la naturaleza de sus enemigos.

Entre estas dos simplificaciones navega el movimiento real, que a lo largo de cuatro décadas cambió de opinión sobre el valor de los sindicatos. Antes de 1975, su prestigio era inequívoco. A comienzos de los ’70, el surgimiento de una nueva profesión, las modelos publicitarias, supuso la construcción de otro sindicato: la Asociación de Modelos Argentinas; y un cambio no pequeño: las docentes que habían rechazado su condición de trabajadoras aceptaron finalmente ingresar a la CGT. No era poco.

El derrumbe del prestigio de la militancia a manos de la dictadura burguesa terrorista, acompañado por el comportamiento cómplice de parte significativa de la dirigencia sindical, alimentó otro viraje. Al odio gorila tradicional, anterior al ’76, se sumó el rechazo contestatario.

El ’76 supuso una derrota histórica para los trabajadores; derrota que pagó con miles de militantes muertos y un giro copernicano: del plan económico de Pinedo, y sus variantes, al de José Alfredo Martínez de Hoz, y las suyas. Una sistemática regresión impulsada por el bloque de clases dominantes.

La democracia parlamentaria, con Raúl Alfonsín, impulsó los sueldos un 35%. A partir de 1984 comenzaron a reducirse inflacionariamente, y 13 paros generales no evitaron su derrumbe histórico. Del ’83 al ’89, la participación asalariada se mantuvo en el peor escenario posible: reducción del salario, acompañada de la caída de la productividad del trabajo. En 1989, el salario real representaba apenas el 62% del de 1970, o sea la mitad del cobrado en 1974.

Juan M. Graña y Damián Kennedy, investigadores del CONICET, sostienen que la “estabilización nominal lograda por la Convertibilidad produce una leve recuperación del poder adquisitivo del salario, revertida por el crecimiento de la desocupación, la precarización laboral y el estancamiento económico”.

El movimiento obrero organizado se fragmentó, incapaz de resistir la avalancha neoconservadora del menemismo que había apoyado a lo Pedraza y resistido a lo Moyano. Había lugar, en consecuencia, para recortar el poder adquisitivo, y con la explosión de la convertibilidad la devaluación devoró “las remuneraciones reales más de un 30%, entre 2001 y 2003, marcando un nuevo mínimo histórico”, sostienen Graña y Kennedy. Así, en 2003, el salario real superaba apenas la mitad del de 1970, y equivalía al 40% del de 1974. Todo el proceso de crecimiento actual –25%, como promedio estadístico, para esta investigación– apenas llegó en 2006 (último dato confiable para esa investigación) a retrotraer la caída de diciembre de 2001.

Mirando el proceso de punta a punta (1970 – 2006) surge que detrás del deterioro de la participación asalariada, se encuentra el esperable incremento de productividad no transferido a salario, pero también la reducción lisa y llana del costo laboral: la productividad creció 17%, el costo laboral cayó un 10%.

Este es el balance numérico que integra el pasivo sindical. En estas condiciones, los viejos sobrevivientes de las 62 Organizaciones –núcleo histórico del peronismo posterior al ’55– llegaron a un punto sin retorno. Cuando se produce el conflicto con la Mesa de Enlace –con motivo de las retenciones móviles impulsadas por la resolución 125– Venegas, secretario general del UATRE –gremio que nuclea a los trabajadores rurales– no sólo no se pronunció en defensa de los intereses de los trabajadores, sino que se plegó a las posturas de la Sociedad Rural. Con un añadido: Venegas es, además, secretario general de las 62 Organizaciones.

De modo que, ante el primer conflicto de envergadura entre el gobierno K y los dueños de la tierra, el referente político de los trabajadores peronistas saltó el cerco. Una mirada atenta a los nombres de los 30 dirigentes que integran la directiva de las 62 permite extraer 7 altamente significativos: Juan José Zanola (preso), Jorge Viviani, Luis Barrionuevo, Armando Cavalieri, Hugo Moyano, José Rodríguez y Amadeo Genta. A nadie se le escapa que en el único lugar donde estos dirigentes pueden estar juntos es donde no hay que decidir nada, o en un geriátrico, ya que se trata de hombres que técnicamente debieran estar jubilados y no encabezando sindicatos.

Eso no es todo. Barrionuevo milita con los enemigos del gobierno, Moyano es el principal respaldo sindical de Cristina Fernández. Algo queda claro: las 62 Organizaciones dejaron de ser un instrumento político, sin que otro lo haya remplazado. Los trabajadores no hacen política, sino como ciudadanos, en el cuarto oscuro. Y ese es el punto: la dirección sindical apalanca políticamente sus negocios particulares, y como los trabajadores no hacen política, sus “dirigentes” tienen absoluta libertad de maniobra. No son los empleados de Comercio los que deciden la alineación política de su sindicato, es Cavalieri según su leal saber y entender, esto es, sus propias conveniencias disfrazadas de política.

En esas condiciones, las luchas reivindicativas buscan y encuentran distintos cauces de expresión. Cauces que no necesariamente remiten a la “ideología” de sus dirigentes, sino a su aptitud para defender intereses circunscriptos. El peronismo perdió el monopolio del movimiento obrero, los trabajadores, cuando eligen dirigentes, esperan resultados, y si responsabilizan a los dirigentes por no obtenerlos, no tienen más remedio que volver a elegir.


Dicho al galope. Este orden sindical hace ruido en un orden político que exige conducciones crecientemente democráticas. Y en ese punto, conviene no equivocarse: los militantes de base del movimiento obrero, más allá de su adscripción ideológica personal, cuando enfrentan camarillas enquistadas de gerontes sindicales, son objetivamente aliados de la renovación política.

Alejandro Horowicz

ELECCIONES EN LA CTA

Una elección decisiva se avecina en la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA, en la cual por primera vez competirán dos listas fuertes sostenidas por sus sindicatos más numerosos, los docentes, con 320.000 afiliados, y los estatales, con 220.000.

Los respectivos candidatos son los líderes de SUTEBA y actual titular de la Central, Hugo Yasky, por la lista 10, y su secretario adjunto y titular de ATE, Pablo Micheli, por la lista 1.

El 30 de julio, al ser proclamado, Micheli lanzó la candidatura presidencial para 2011 del ex secretario general, Víctor De Gennaro. Mientras los docentes están unidos detrás de Yasky, los estatales se fragmentaron entre las dos listas. Si Micheli no resultara electo, el año próximo debería defender también su asiento en ATE, que renueva su conducción.

En cambio CTERA acaba de reelegir por el 76 por ciento de los sufragios a Stella Maldonado, de la lista de Yasky. El resultado de esta elección por voto directo, puede tener tanta incidencia en la política nacional como lo que ocurra en la CGT, donde el liderazgo de Hugo Moyano está consolidado. Igual que De Gennaro, también Moyano analiza posibles candidaturas, aunque la experiencia histórica indica que ningún sindicalista tuvo éxito en la política electoral, por lo que es probable que ninguno de ellos lo intente.


Instrumentos

Desde mediados de la década pasada, la CTA postuló la creación de un Movimiento Político y Social, con potencialidad electoral, al estilo del PT brasileño. Ese proyecto, encomendado a De Gennaro, se concretó en dos instancias: la Constituyente Social, que ha realizado encuentros nacionales en Jujuy y en Neuquén, y el Instrumento Electoral para la Unidad Popular (IEUP). Mientras De Gennaro construye el IEUP, Yasky integra la mesa directiva del Encuentro por la Democracia y la Equidad, que preside el ex intendente de Morón, Martín Sabbatella. En los comicios de 2009 se llegó a un acuerdo, por el que la sindicalista estatal Graciela Iturraspe acompañó en la fórmula a Sabbatella. Pero Iturraspe vota junto con Proyecto Sur, y en consecuencia con el Grupo Ahhh..., en la extraña confluencia de Pino y Pinedo, mientras Sabbatella postula defender el alto piso de las conquistas logradas a partir de 2003 pero subir su bajo techo.


Paradojas

La elección de la central creada en 1992 como alternativa a la CGT, abunda en paradojas. Yasky es el oficialismo pero De Gennaro tiene mayoría en la mesa nacional, en el Congreso y en la Junta Electoral. La Lista 1 sostiene que Yasky plantea el abandono del modelo alternativo y el regreso a la CGT. Pero apoyan a Micheli el MST y el PCR y su Corriente Clasista Combativa, que en aquel momento denunciaron la creación de la CTA como una ruptura de la unidad de la CGT. La Lista 1 expresa al extraño frente que hace dos años apoyó a la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias y De Gennaro impulsa la candidatura a la gobernación de Santa Fe de uno de los miembros de esa Mesa, Eduardo Buzzi. Aquel conflicto fue la divisoria de aguas dentro de la CTA.

De Gennaro propuso invitar a Buzzi a exponer sus razones en la CTA y Yasky se opuso, por lo que el encuentro con el colaborador de la Sociedad Rural se realizó en el auditorio de ATE. En vísperas de la votación en el Senado, Yasky acompañó a Sabbatella en la movilización al Congreso convocada para apoyar la resolución 125. El economista Claudio Lozano, de estrecha relación con De Gennaro, fue uno de quienes argumentaron en contra de esa propuesta oficial y la CCC y el MST hicieron flamear sus banderas rojas en Palermo durante el acto de la Sociedad Rural.

Con argumentos maximalistas pero en apoyo concreto a la postura más conservadora, Lozano dijo que debía regularse el comercio exterior de oleaginosas pero que la regulación propuesta por el gobierno no era suficiente, que las retenciones eran necesarias pero que la política agropecuaria no podía limitarse a ellas. Lozano fue intermediario entre el gobierno y Buzzi, en procura de modificaciones en el proyecto oficial que aislaran a la derecha pura y dura. Como lo mejor es enemigo de lo bueno, una vez que el gobierno accedió, su interlocutor decidió votar de todos modos en contra, para no “quedar pegado al gobierno”.

No le molestó, en cambio, quedar pegado a la Sociedad Rural, lo cual repite en un contexto distinto los alineamientos de 1930, 1945/46, 1955, 1966 y 1976, donde no sólo la derecha enfrentó a los defectuosos movimientos populares y nacionales. Pocos recuerdan hoy que la plataforma de la Unión Democrática en 1946 era más progresista que la del conglomerado peronista.

Aunque la CTA participó del Frente Nacional contra la Pobreza, Frenapo, que impulsó políticas sociales precursoras de la Asignación Universal por Hijo, y Lozano propuso en 2008 una cuota de 135 pesos mensuales que debía financiarse derivando reservas al pago de compromisos externos, estuvo en contra cuando CFK la instituyó por decreto, en 180 pesos, y también cuando creó el Fondo del Bicentenario. Su cuestionamiento fue que la AUH llegara “sólo a un 25 por ciento de los chicos” y que no se hiciera con nuevos gravámenes sobre los más ricos. Ese tipo de razonamiento permitió que hace pocos días el Grupo Ahhh... votara un incremento de las jubilaciones mínimas al 82 por ciento, sin contemplar el financiamiento necesario.

Proyecto Sur presentó un proyecto alternativo de Lozano, que contemplaba reimplantar las contribuciones patronales, pero luego dio quórum para que el Grupo Ahhh... impusiera su dictamen. Varios diputados de Proyecto Sur (no por casualidad aquellos electos en las boletas del kirchnerismo que defeccionaron ante las duras confrontaciones de este periodo, como Miguel Bonasso, Cecilia Merchán y Victoria Donda) además de dar quórum terminaron por apoyar el dictamen del Grupo Ahhh... y lo mismo hicieron los socialistas y el bloque de Margarita Stolbizer, del Acuerdo Cívico y Social.

En mayo, mientras Yasky y Milagro Sala despedían en Jujuy una de las columnas de la Marcha de los Pueblos Originarios, Stolbizer participaba de un acto en Mar del Plata con De Gennaro a quien presentaba como “la pata sindical de nuestro proyecto”, al mismo tiempo que el senador radical Ernesto Sanz decía que el dinero de la AUH “se va por la canaleta de la droga y del juego”. Mientras los carteles y folletos de la Lista 1 se centran en consignas que tal vez tengan algún sentido interno (“Vamos por + CTA”), los de la Lista 10 enumeran algunas medidas de los últimos años, como la AUH, la recuperación del sistema previsional y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dice que se consiguieron mediante la unidad y la lucha popular e insta a seguir organizándose para mejorar la distribución del ingreso.


Candidatos

De Gennaro intentó que el candidato de su lista fuera el dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático, Pedro Wasiejko, quien es uno de los actuales adjuntos. Pero este dirigente de uno de los pocos gremios industriales de peso que forman parte de la CTA decidió volver a postularse junto con Yasky. El otro candidato a secretario general adjunto es Marcelo Frondizi, El Nono, de ATE, lo cual muestra la fractura del frente estatal. También forman parte o apoyan a la Lista 10 otros dirigentes históricos de ATE, como Jorge Hoffman, secretario general de los estatales de Santa Fe; el delegado regional de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, Fabián Moncho Alessandrini; el secretario general de ATE en Entre Ríos, Miguel Angel Pelandino, el adjunto en Río Negro y el actual vocal Carlos Girotti (integrante de Carta Abierta). El correntino Juan González, a quien De Gennaro desplazó en 2003 de la secretaría general de ATE nacional porque no era demasiado adverso al nuevo gobierno nacional no se pronunció en forma explícita por Yasky, pero tampoco lo hizo por Micheli, lo cual ya constituye una definición. Otro tanto ocurre en Mar del Plata con Daniel Barragán, secretario adjunto de ATE en la provincia de Buenos Aires. Micheli organizó un acto en Quilmes para presentar a los docentes que lo apoyaban. Pero sólo pudo sacarse una foto con el secretario general bonaerense de ATE, Hugo Godoy: las únicas seccionales docentes que apoyan a Micheli son aquellas que controla la histórica oposición del PCR a la conducción nacional (Lista Lila) como el caso de Quilmes, cuya secretaria general es la esposa de Darío Perillo, candidato de Micheli a la secretaría de organización. Los adjuntos de Micheli son el electricista marplatense José Rigane y el visitador médico Ricardo Peidró.


La Túpac Amaru

La organización barrial autogestionaria Túpac Amaru, que encabeza Milagro Sala, es otra de las claves para la elección. Ambas listas hicieron los mayores esfuerzos para atraerla de su lado. Es el movimiento social más numeroso y mejor organizado del país y Sala es Secretaria de Acción Social de la CTA. Sala publicó una carta en la que solicitó a todos un esfuerzo para recomponer la lista unitaria que condujo a la CTA desde los tiempos de Germán Abdala, cuya herencia espiritual también está en disputa. Abdala compartió con De Gennaro la conducción de ATE y la fundación de la CTA, pero se enemistó con Lozano cuando el economista propició la fractura de la agrupación porteña MRP, durante el primer viaje de Abdala a Estados Unidos para un tratamiento médico. De Gennaro, Abdala y el municipal jujeño Nando Acosta fueron los mentores de Milagro Sala antes de la creación de la Túpac Amaru. Pero sus opiniones políticas están más próximas a las de Yasky. De hecho, la Túpac también participó en aquella marcha sobre el Congreso y Sala tiene una relación mucho más próxima que la de Yasky con el gobierno nacional.

Para sortear la dicotomía entre sus afectos y sus opciones políticas, Sala delegó en cada provincia la decisión de qué lista apoyar. Esto no significa abstención, ya que María Ester Mamani, de la Túpac de La Quiaca, que fue la amauta de la marcha de mayo, es candidata de la Lista 10 a la Secretaría de Pueblos Originarios. La Túpac se pronunció por la lista de Yasky en diez provincias, entre ellas las de mayor significación numérica, se declaró prescindente en cinco y sólo dio su apoyo a Micheli en Córdoba, donde sólo tiene 500 afiliados. Dirigentes de la Túpac integran la Lista 10 en los principales distritos: en la Ciudad Autónoma, en Mendoza y en Chaco son tupaqueros los candidatos a la secretaría general adjunta (Manuel Alzina, Nélida Rojas y Totino Bermúdez). En la provincia de Buenos Aires, el candidato a secretario de organización de la Lista 10 es el tupaquero Juan Vila y la Túpac también forma parte de esa lista en los nueve distritos bonaerenses en los que tiene desarrollo. Luis Castañeira es candidato en Santa Fe. En Jujuy, hay una lista única provincial y libertad de acción para la elección nacional, si bien Clarín dijo que Milagro Sala había visitado el diario para comunicar su apoyo a Micheli. No hay otra fuente de esa información.


Los judiciales y el subte

Otro gremio que votará dividido es el de los judiciales. Su secretario general bonaerense, Víctor Mendibil, permaneció junto a Micheli, pero no integra la Lista 1. De 21 seccionales, trece se pronunciaron por la lista de Yasky y el adjunto de Mendibil, Daniel Pérez Guillén es candidato al mismo cargo en la CTA bonaerense, en la Lista 10. “Estamos en un proceso de lucha de todos los trabajadores, de la Argentina y de Latinoamérica, que el pueblo no se quiere perder” declaró. Los judiciales también apoyan a Yasky en Córdoba, Río Negro, Neuquén y Misiones. Los distritos con mayor peso numérico son la provincia de Buenos Aires (460.000 afiliados), la Ciudad Autónoma (115.000) y Santa Fe (90.000).

En la Ciudad Autónoma, la Lista 1 lleva como candidato a la secretaría general a Carlos Hurton, dirigente del Movimiento Territorial de Liberación a quien se conoce como Carlos Chile, quien participó en las luchas por la vivienda. El postulado por la Lista 10 es Beto Pianelli, el dirigente de los trabajadores del subte que rompió con la UTA cegetista. Esta candidatura refuta una de las principales acusaciones que desde el campo de De Gennaro se lanzan sobre Yasky, de colusión con la CGT. Pianelli explicitó con claridad el rechazo que en sectores de la CTA provoca la Constituyente Social, a la que calificó como un partido político que no puede contener la heterogeneidad de la clase trabajadora. Por otro lado, los acuerdos entre el Hugo Blanco y el Hugo Negro se han limitado a las acciones conjuntas en caso de despidos o represión contra los trabajadores. Se iniciaron en abril de 2007, con el repudio conjunto de ambas centrales al asesinato del maestro neuquino Carlos Fuentealba y tuvieron manifestaciones más recientes en abril de este año, en Rosario y Córdoba, cuando ambos acompañaron movilizaciones en apoyo de 26 trabajadores despedidos en las radios de Francisco De Narváez, José Luis Manzano y Daniel Vila y de 18 trabajadores imputados por participar en las protestas de 2008 contra la ley de Emergencia Previsional cordobesa que recortó jubilaciones al estilo de la Alianza.

En un acto reciente, Micheli dijo que la CTA “no se rinde, arrodilla ni entrega ante nadie” y que “no vamos a chuparle las medias a ningún gobierno”. Yasky le respondió que “nosotros queremos pelear con Biolcati y no con Moyano y no nos arrodillamos ante Bergoglio. Autonomía no es neutralidad”.

Horacio Verbitsky