El carácter de batalla decisiva que todos los involucrados le asignan no estimula el pensamiento crítico sobre cada aspecto de un caso que corta en forma transversal la historia argentina del último medio siglo, tan despoblada de ángeles y vírgenes. Las controversias entre miembros de la familia Graiver son apenas ruido de fondo que distrae del tema central. Por eso conviene ceñirse a lo que cada uno dijo antes de que comenzara esta pelea entre el Grupo Clarín y el gobierno, cuando el apellido Kirchner refería al arte alemán y no a la política argentina.
Todos los actores coinciden en que
la escena política y económica muestra el más alto grado de polarización en décadas. El ex presidente Néstor Kirchner sostuvo en varios discursos de la última semana que se trata de “profundizar el modelo y la distribución del ingreso”, que la presidente CFK enfrenta a las corporaciones mientras la oposición pide instrucciones al Grupo Clarín.
En un documento previo al discurso presidencial, los diarios Clarín y La Nación sostuvieron que “el Gobierno nacional pretende adueñarse de los activos de Papel Prensa” y “someter a los medios de comunicación independientes”, una línea de la que les cuesta retroceder aun después de que fuera desmentida por los hechos.
Sus principales columnistas deploran que se esté apagando la libertad pero celebran que los hombres de negocios rechacen la prepotencia oficial. Algunos políticos se han quedado sin adjetivos: para la diputada
Elisa Carrió ahora “el gobierno cruza el límite entre democracia y autoritarismo”. Pero hace 4 años ya opinaba que “Kirchner es igual a Hitler”. Este lento alejamiento de Hitler de la democracia es un notable aporte aborigen a la ciencia política. Para el precandidato presidencial del peronismo opositor,
Felipe Solá, los empresarios “se pusieron las botas”.
Las principales entidades patronales claman que no existe en el país seguridad jurídica, mientras sus empresas muestran resultados excepcionales, que explican los índices de inflación mejor que la ortodoxia monetarista.
Ricardo Alfonsín dijo que le llamaba la atención que el tema de Papel Prensa no hubiera aparecido antes, lo cual constituye un involuntario reconocimiento de la diferencia entre este gobierno y los anteriores.
Pese a la dificultad de un análisis propio que eluda ese exacerbado antagonismo, es inocultable que los grupos económicos que estuvieron entre los grandes apoyos de Kirchner son hoy los mayores adversarios de CFK. Pero esta constatación desmiente el relato machacado a derecha e izquierda sobre el ex mandatario como única autoridad verdadera. Del mismo modo,
la decisión presidencial de dar intervención al Congreso y a la Justicia colisiona con la fábula del régimen autoritario que concentra poder a expensas de las libertades públicas, repetida sin desmayos desde hace años, pero no alcanza para disiparla: un reacomodamiento mediático de urgencia explica que sólo la firme posición de políticos y hombres de negocios e incluso del gobierno de Estados Unidos habría forzado el retroceso en la decisión de expropiar Papel Prensa.
CFK ha continuado la reconstrucción de la autoridad presidencial y la primacía de la política sobre los poderes fácticos que Kirchner inició en 2003, cuando el descrédito del sistema representativo democrático había llegado a un punto intolerable. Pero además le agregó una dosis de
institucionalidad que faltó cuando sólo había urgencias, algo que tampoco es fácil de apreciar a través del lente manchado con tinta de imprenta que enturbia las percepciones de la opinión pública.
Los accionistas privados de Papel Prensa ya habían presentado una querella contra el secretario de Comercio Mario Guillermo Moreno en la que le atribuyeron usurpar facultades investigativas que sólo competen al ministerio público y a la justicia. El abogado de Moreno, Alejandro Rúa, respondió que si se encontraran hechos delictivos el informe sería “elevado a los organismos competentes” para que la pesquisa continuara en la justicia, “a cargo de órganos que satisfagan exigencias de independencia e imparcialidad, con amplias posibilidades de ejercer el derecho de defensa”, como anunciaba la resolución de marzo de 2010 que inició la investigación. Rúa sostiene que Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto presentaron una “improcedente contraquerella”, buscando pasar de acusados a acusadores en un juzgado diferente al que debe investigar los delitos aberrantes que se habrían cometido entonces.
Una primera lectura del material recolectado permite arriesgar que son contundentes las pruebas acerca de la connivencia con el Estado terrorista de los diarios que compraron las acciones de los Graiver en 1976, con los vendedores en un estado de extrema vulnerabilidad.
Esto es explícito en la cobertura periodística de aquellos años e incluso en los comunicados que los diarios emitieron entonces para explicar que su ingreso en la fábrica había sido “previa consulta y conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe”. Tampoco es dudoso el uso que hicieron de Papel Prensa para consolidar una posición dominante en un mercado informativo de creciente concentración y con generosos subsidios estatales, desde los aportes de capital con diferimientos impositivos hasta las tarifas de la energía y los diferenciales de tasas de interés entre el crédito estatal y su colocación ilegal en bancos privados. Con la misma lógica con que confesaron aquel vínculo con la dictadura, esos accionistas admiten ahora que
“controlar el papel es controlar la información”.
Asegurar que nadie lo controle en el futuro es la responsabilidad que la presidente delegó en el Congreso, donde su partido está en minoría, para que declare de interés público la producción, distribución y comercialización de pasta celulosa y de papel de diario y regule sus condiciones, supervisada por una comisión bicameral y con participación de todos los diarios en un consejo asesor. La oposición debe elegir entre representar el interés público, acompañando la iniciativa del Poder Ejecutivo al que aspira a suceder, o afirmarse en su intransigencia pero asociada a los intereses particulares más poderosos. No es una disyuntiva fácil.
Menos claro es que pueda demostrarse la participación de alguno de aquellos accionistas en crímenes de lesa humanidad, los únicos que impedirían la prescripción. El testimonio del ex empresario y timador
José Pirillo es tan verosímil como la solicitada de
Isidoro Graiver.
Pirillo pretende que hace un cuarto de siglo, cuando la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble no formaba parte de la agenda pública, Magnetto le dijo que se los había conseguido Videla. Los mejores datos para argumentar la complicidad con un delito de lesa humanidad no están en el informe que los reformadores del INDEC tipearon con los guantes de box puestos, sino en la investigación realizada, entre 1984 y 1988, por el ex fiscal nacional de investigaciones administrativas
Ricardo Molinas.
Ese trabajo incluye declaraciones del ex dictador Emilio Massera y del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que datan el comienzo de las investigaciones sobre la relación entre los Graiver y Montoneros, antes de la transferencia de acciones a los tres diarios, y de Lidia Papaleo e Isidoro Graiver sobre las presiones para vender a los actuales accionistas.
- Massera declaró que: “el 15 de setiembre de 1976, la Junta Militar había tomado conocimiento de los hechos relacionados al caso Graiver, girando los antecedentes al ministerio de Economía para su informe”.
- Martínez de Hoz confirmó que al morir David Graiver en agosto de 1976 “se había dispuesto la investigación de todo lo relativo al denominado caso Graiver”.
- Lidia Papaleo le contó al fiscal Molinas que el ex ministro Francisco Manrique, amigo de su esposo, le hizo saber que el gobierno quería que el Grupo Graiver desapareciera y que “el comprador indicado” para sus acciones en Papel Prensa eran los tres diarios.
El primo de Martínez de Hoz,
Pedro Jorge Martínez Segovia, a quien Graiver había colocado como presidente figurón de Papel Prensa, llevó a la flamante viuda a caminar por la Plaza San Martín, pero no para consolarla: allí le dijo que no podía vender el paquete accionario de la papelera a “personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero”. Martínez Segovia admitió el diálogo pero pretendió que sólo había sido “un consejo, atento a las circunstancias del momento” (sic).
Isidoro Graiver confirmó que
Manrique le había transmitido al abogado de su cuñada, Miguel Anchorena, que “sería necesario” ceder el control accionario de Papel Prensa a los tres diarios, que eran “los compradores lógicos”. Pocos días después recibió la visita de Guillermo Gainza Paz, quien en representación de los diarios propició una reunión con sus directivos, que se realizó en la sede de Clarín. Pero las tratativas no prosperaron porque la oferta que les hicieron era “totalmente inadecuada”. Por Manrique supieron que el Estado no autorizaría que las acciones que David Graiver había comprado a través de testaferros cuando su protector José Gelbard era ministro de Economía, se inscribieran como propiedad del grupo familiar, con lo cual perderían todo. (Gelbard era otro de los que acosaban a la viuda. Su abogado, Gustavo Caraballo, le exigía el pago de una deuda por seis millones de dólares).
En ese momento los diarios propusieron una nueva reunión, que se realizó en la sede de La Nación. Allí se firmó la venta.
Isidoro Graiver dijo que “no tuvieron otra oferta mejor que la aceptada, dado lo exiguo del tiempo”. Ese precio fue tan bajo que el representante del ministerio público que defendía los intereses de la hija menor de David Graiver y Lidia Papaleo lo objetó en el juicio sucesorio, de modo que la transacción nunca se cerró, hasta que el presidente Raúl Alfonsín accedió a indemnizar a la niña. Desde entonces, María Sol no tiene ningún reclamo pendiente.
Los mismos personajes aparecen, pero con sutiles variantes, en la biografía autorizada de Magnetto, “El hombre de Clarín”: habría sido el abogado de Graiver quien tomó contacto con Gainza Paz y a través suyo hizo el ofrecimiento de venta a los diarios. Cuando se reunieron en Clarín habría sido Anchorena quien formuló un pedido de 10 millones de dólares, que los diarios no aceptaron. Según el libro, Manrique le recomendó a Papaleo que vendiera, dadas “las nuevas circunstancias políticas”, en las que “con la complicidad de algunos funcionarios” se estaba tramando “una maniobra de desapoderamiento” de los Graiver. “Ante el riesgo de perderlo todo”, fue Anchorena el que apuró a los diarios, que entonces decidieron blanquear las negociaciones con la Junta Militar, cuyos miembros “no manifestaron objeciones”. El autor del libro de Magnetto es José Ignacio López, desde esta semana vocero del diario La Nación.
En las conclusiones de su dictamen, Molinas dio por probado que la Junta Militar conocía la relación de Graiver con Montoneros pero en vez de impedir la venta a los tres diarios la autorizó. En consecuencia, denunció a los miembros de la Junta por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes como funcionarios. No hizo lo mismo con los accionistas privados porque sus atribuciones como fiscal se ceñían a investigar a los funcionarios y porque el interventor designado por Videla en la papelera se manejó en forma clandestina, de modo que consignó anomalías e irregularidades en la transferencia y la operatoria posterior pero sin escuchar a los accionistas, lo que “resulta inconcebible en un estado de derecho” pero era habitual en 1977.
Debido a esa ilegalidad no es posible formularles “un cargo concreto, apareciendo –prima facie– como terceros de buena fe y consolidados luego de muchos años al frente de la empresa”. La operación había sido denunciada a la Junta Militar por el Banco de Intercambio Regional (de José Rafael Trozzo). Esto refleja las pugnas internas en la Junta Militar. El interventor era el capitán de navío en actividad Alberto D’Agostino, cuya designación fue impulsada por Massera, quien así intentaba voltear la transferencia apadrinada por Videla. Pese a la contundencia de su informe final, Videla lo archivó sin seguir sus recomendaciones.
Fernando Molinas, hijo y secretario del ex fiscal, sostiene que su padre pidió a Alfonsín la nulidad de la venta a los diarios. Es posible que haya sido un reclamo verbal, pero no figura en el dictamen firmado el 29 de febrero de 1988.
