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Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza.

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26/4/13

CÁRCELES LLENAS DE POBRES







El Gobierno Nacional envió 6 proyectos al Congreso Nacional que pretenden avanzar sobre la necesaria democratización del Poder Judicial, sin dudas, el más conservador de todos los estamentos del Estado. No se analizarán acá cada iniciativa, en Agencia Paco Urondo hay material de sobra al respecto. Sí nos parece más oportuno volver sobre una situación que ocurre hoy y seguirá ocurriendo mañana, después de enterarnos que la República no concluyó ni mucho menos.

Sin muchas vueltas: reflexionar sobre la lógica represiva que caracteriza el accionar de la Justicia en Argentina (y en tantas otras partes del mundo) y que implica el encarcelamiento en condiciones humillantes de miles de pobres. En los penales del país hay 60 mil detenidos. Están hacinados, comen y visten mal, sufren todo tipo de atropellos por parte de un sistema penitenciario sin control civil. La Justicia rara vez hace lugar a los infinitos amparos que procuran alertar sobre este diagnóstico.

De esos 60 mil detenidos, se estima que el 60% no tiene condena. Ese número fue mayor pero se redujo a partir de una reforma procesal que introdujo la figura del “juicio abreviado”. Según Horacio Verbitsky, “no mejora la situación real, pero la ´maquilla´. Es decir, en vez de tantos detenidos sin condena, hay condenados sin juicio”. ¿Qué ocurre en realidad? Muchos presos aceptan la culpabilidad (aunque no fueran responsables del delito) en una negociación perversa con el sistema. En vez de estar cuatro o cinco años detenidos sin condena, asumen “su responsabilidad” y son condenados a… tres años.

Las estadísticas dejan entrever una realidad aún peor: de ese 60% de detenidos sin condena, los informes dan cuenta de un 30% de personas que finalmente serán absueltas. Así las cosas, hoy en el país hay alrededor de 10 mil presos que son inocentes. “Diez mil personas privadas de su libertad por un delito que no han cometido es un factor profundamente disruptivo de la sociedad, del tejido social”, describió Verbitsky en la entrevista antes citada.

Se arriba a estos números espantosos porque el Poder Judicial implementa la prisión preventiva como lógica de disciplinamiento social de los sectores vulnerados. Los pobres tienen que demostrar que no son culpables, y deben hacerlo en prisión. No es casual que está lógica emerja después del desmantelamiento del Estado de Bienestar. El sociólogo francés Loïc Wacquant observó que cuando desaparece el "Estado Providencia" es reemplazado por el "Estado Penitencia".

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que “el ordenamiento jurídico argentino no autoriza, sin debido proceso y condena judicial, a privar a nadie de su libertad por su peligrosidad”. Poco se escucha decir sobre ésto a los notables defensores de la Constitución.

Las frías estadísticas esconden historias de carne y hueso. Por ejemplo, los jóvenes Luz Gómez y Diego Romero que hace más de un año están presos por un delito que no cometieron. Son dos víctimas de una maquinaria judicial profundamente autoritaria y clasista. Fueron encarcelados inmediatamente sin que existiera ningún riesgo contra la investigación. El juez y el fiscal prácticamente no escucharon a los jóvenes (los vieron una sola vez), que también señalan la desidia del abogado propuesto por el propio Estado. Por su parte, sus familiares debieron marchar al Tribunal para que se aceptara la realización de una prueba clave, que finalmente se hizo y favoreció a la pareja. Sin embargo, Luz y Diego siguen con prisión domiciliaria, sin poder trabajar y viviendo gracias a la ayuda de los seres más cercanos. Estas historias deberán ser parte de un próximo debate sobre qué implica, profundamente, democratizar el poder judicial








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13/4/13

JUECES Y FISCALES POR + DEMOCRACIA EN EL PODER JUDICIAL










Los 6 proyectos de ley que reforman el sistema judicial enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo generaron mucha resistencia y rechazo entre algunos de los involucrados que se niegan al cambio.

Sin ir más lejos, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, lanzó un paro de tres días en rechazo al debate. Del otro lado, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, vertió mínimas y tímidas declaraciones aduciendo que en un futuro no muy lejano podría tener que intervenir, como ministro del tribunal, en una decisión sobre la reforma.

Sin embargo, no todos los miembros del Poder Judicial se abroquelaron en rechazo a las iniciativas que plantean la modernización del sistema.



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En ese sentido, el juez del tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Daniel Carral, declaró: "En términos generales, en al menos cuatro de los seis proyectos hay un consenso tanto de los sectores involucrados en la gestión judicial como en la sociedad toda", en referencia a la creación de tres nuevas Cámaras de Casación; la publicidad de los actos judiciales; la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios y el concurso público para ingresar al Poder Judicial.

"Los proyectos que aparecen como más difíciles de consensuar en este momento se relacionan con la reforma del Consejo de la Magistratura y aquello vinculado al nuevo régimen de medidas cautelares. Con respecto a la Magistratura, la verdad es que habrá que ver en la futura discusión del proyecto en las Cámaras si se puede precisar bien cuál es el mejor mecanismo a través del cual los jueces serán electos por el voto popular, de qué manera. Me parece bien que haya una mayor amplitud en la participación de la gente para elegir a quienes van a representar a los jueces", afirmó Carral.

En tanto, puntualizó: "Ahora, si esto significa necesariamente que tengan que ir en una boleta o a través de partidos políticos es algo que quizá tenga que discutirse, o si existen otros mecanismos que se puedan someter a la decisión popular".

Por último, Carral afirmó: "Respecto de las cautelares, me parece que hay muchísimos ejemplos que nos tienen que hacer repensar que el régimen vigente expone a los jueces a una posición de arrogarse también, en definitiva, la suma del poder público. Porque hay ejemplos claros de leyes sancionadas que no pueden entrar en vigencia porque a un juez se le ocurre sacar una cautelar. Y esa cautelar, como toda medida cautelar, es una medida provisoria, revisable, y sin embargo está vigente durante años y no se resuelve la cuestión de fondo".

"Entonces, poner algún límite temporal para que los jueces terminen de resolver la cuestión de fondo cuando media una medida cautelar es algo admirable. En cualquier caso, en aquellos que son noticia todos los días y en algunos otros que no son tan noticia que la gente debiera pensar también, por ejemplo cuando hay una persona que está detenida con prisión preventiva. Los jueces no pueden estar años con una persona bajo prisión preventiva, eso es una medida cautelar también", agregó.

Y subrayó: "Esta regulación, en principio, no me parece mal. Siempre y cuando, y así parece que la ley lo deja establecido, se preserven particulares situaciones para la vida, la libertad, la integridad física e incluso para el medio ambiente".



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Sobre el mismo punto, el exfiscal federal Félix Crous, actual titular de la Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad (Procunar), sostuvo: "La reforma del Consejo incorpora dos elementos fundamentales: la elección popular de los electores de los jueces y los partidos políticos como instancia mediadora, el sinceramiento y la jerarquización de la política de partidos en todos los departamentos del Estado".

Además, manifestó: "Creo que son un conjunto de proyectos muy interesantes en cuanto, no sólo a la transformación que plantean, sino al sistema de organización. Como posición global, a mí me parecen muy importantes. Todos los proyectos son muy interesantes, pero algunos atacan temas más estructurales, dos de ellos sobre todo. El tema de la reforma del Consejo de la Magistratura y, en segundo orden, el sistema de ingreso al Poder Judicial".



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Por su parte, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alejandro Slokar, sostuvo: "En términos generales la reforma es favorable, muy positiva porque tiene la capacidad de alterar el perfil de un poder del Estado que es el Poder Judicial y las relaciones entre ese poder y la sociedad".

"Democratización, transparencia, agilidad son básicas", agregó el magistrado.



En ese sentido, Slokar manifestó que la reforma va en contra de las condiciones actuales: "El desprestigio social que tiene el Poder Judicial es porque se lo observa como un poder demasiado autoritario, con privilegios anti igualitarios y poco abierto a la sociedad. Y una exigencia elemental de la democracia es el deber de rendir cuentas, que además hace a una esencia ética y de responsabilidad".

"En ese orden, el conjunto, el paquete de iniciativas que comprenden la reforma me parecen decididamente loables porque tienden a la reconstrucción de un puente entre el Poder Judicial y la sociedad y de otra parte a la transformación del poder del Estado como un poder más plural, más democrático y, en definitiva, más fuerte", remarcó.

"Que la Corte se ocupe de dictar sentencias y no de administrar el Poder Judicial, porque para administrar el Poder Judicial la Constitución dice que está el Consejo de la Magistratura", concluyó Slokar.



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A su vez, el fiscal general de la Unidad de Coordinación de Causas de Derechos Humanos, Jorge Auat, manifestó: "Estoy absolutamente de acuerdo con todos los proyectos. Además, espero que se siga profundizando esta iniciativa y estos cambios. Desde Justicia Legítima (agrupación de jueces y fiscales que reclaman cambios en el Poder Judicial) compartimos todos los proyectos".

Aunque sostuvo: "Los proyectos no van a agotar la discusión que nosotros iniciamos en la Biblioteca Nacional, son nada más que parte de lo que pensamos que tiene que haber. Lo fundamental es instalar la discusión con carácter permanente. Este es el objetivo de nuestro foro".

"Y queremos que haya nuevos proyectos que inicien el cambio que tanto espera la sociedad. Este es el único poder al que no lo atravesó la democracia en su totalidad. Jueces y funcionarios de la Dictadura pasaron a ser en 24 horas jueces y funcionarios de la democracia y este es un fenómeno que me parece no podemos soslayarlo. Y marcó, de algún modo, un paradigma de funcionamiento del Poder Judicial, del sistema judicial en su totalidad, y creo que es hora de empezar a mirar cuáles son los déficit que tiene, si está a la altura de las expectativas de la gente y ver cómo hacer para que deje de estar de espaldas a la sociedad", agregó Auat.



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Por su parte, el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Rozanski, expresó: "Estoy completamente de acuerdo con los proyectos, por lo menos con los que he leído, todavía no los termine de leer en detalle. Coincido con todos los proyectos y con la idea de cada uno de ellos".

"La parte más importante es la modificación del tema de elección para lo que es el Consejo de la Magistratura. Reemplazar la elección dentro de cada una de las corporaciones por la votación popular me parece que es un avance importante", sostuvo.

Y explicó: "Es un viejo reclamo que el Consejo de la Magistratura pueda realmente tener una amplitud de criterio que le van a dar en este caso, las distintas disciplinas que van a estar representadas por los académicos en lugar de ser pura y exclusivamente los abogados. Y en el caso de los abogados y jueces, o sea los representantes de cada una de esas profesiones, van a estar elegidos por la gente y no por los propios grupos de cada corporación. En el caso de los jueces no llegan a 2 mil electores y van a pasar 15 millones", concluyó.



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En tanto, la Procuradora General de la Nación y jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, remarcó: "Estamos madurando progresivamente la relevancia que van a tener los proyectos. Tenemos motivos para pensar que esto va a ser diferente".

Gils Carbó destacó además la elección mediante voto popular de integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, al considerar que va a significar una "mayor participación ciudadana y transparencia".










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12/12/12

CASO MARITA VERÓN: CORRUPCIÓN











Escribo esto con profunda bronca a la hora del cierre, quede claro. No quiero dejar pasar la furia que siento y que sé, me consta, veo y palpo que sienten en estas horas de dolor millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional. Para sorpresa y espanto del país entero (el país decente, digo, el que mayoritariamente no es corrupto) todos los acusados por el caso Marita Verón fueron absueltos en Tucumán en esta noche ominosa de la Argentina, en una decisión judicial obviamente sospechable de lisa y llana y flagrante corrupción.

Esta es la justicia (desde ahora la escribo con minúsculas) que tenemos. La que impera mayoritariamente en nuestro país. Unica institución republicana que no fue democratizada en serio desde la recuperación de la Democracia. Y que junto con sus socias, las malditas policías y los malditos servicios penitenciarios provinciales, son las únicas que conservan intactas todas las taras formales y esenciales que les inculcó la dictadura.

Porque la democracia significó profundos cambios institucionales en casi todos los órdenes: militares, educativos, de relaciones exteriores, de economía, de sociedad. Pero lo que no se tocó, ni se toca todavía, es lo que huele a podrido. Y este “fallo” –es un decir perfecto: fallo– está llenando de hedor a la Nación entera.

A sabiendas de que toda generalización es injusta y peligrosa –y en conocimiento de que hoy mismo se conoció el noble pronunciamiento de más de 200 jueces, fiscales y defensores públicos que emitieron un contracomunicado que desdice a ciertas catervas de jueces y camaristas viajeros a Miami por cuenta de empresarios, y a los lobbistas marrulleros del Colegio de la Magistratura y a los de esa de nombre imposible Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial– yo me siento esta noche tentado de homologar esta maldita justicia a las malditas policías.

La que condena nuevamente a Marita Verón y nuevamente procura destruir a Susana Trimarco (pero a la que en realidad e involuntariamente enaltece) es la justicia que hay que cambiar de una vez y yo quiero ver si los opositores tendrán huevos para hacerlo, e incluso si el Gobierno los tendrá, todo sea dicho.

Cambiar de una vez los procedimientos y los plazos; cambiar de una vez el engolamiento y la pretendida santidad de los magistrados; cambiar los tratos y rótulos del siglo XIX para que las Señorías engoladas de hoy que no pagan impuestos empiecen a pagarlos como cualquiera de nosotros, que laburamos y sostenemos este país con esfuerzo y decencia. Y así acabar con mitos como el de la “familia judicial” y el de que los trapos sucios se lavan en casa.

Esa es la justicia que a mí, empleado durante cuatro años en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y joven estudiante de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste –y lo digo por primera vez públicamente–, me llevó a abandonar cuando tenía 21 años la profesión que yo amaba y había elegido a los 16.

Hay que dar los nombres de estas tres “señorías” tucumanas de las que el mismísimo gobierno de José Alperovich sería bueno que dijese su opinión públicamente. Son ellos: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Yo no sé si sus conciencias, si las tienen, los podrán juzgar. Y no me importa. Pero nosotros, la ciudadanía, sí. En democracia y en paz, serena pero definitivamente, tenemos que condenarlos éticamente, a la vez que vincularlos con los mencionados colegios, juntas, consejos, asociaciones y demás grupos corporativos que sólo son puro lobby, para decirlo clarito.

No tienen vergüenza y esta noche en que celebran todos los miles de prostíbulos del país, y todos los proxenetas, y todos los mercaderes de carne humana, y todos los hijos de puta de la trata, y perdóneseme la furia textual, nosotros, los que sí tenemos vergüenza y somos la inmensa mayoría de este país atormentado, por eso puteamos. Por eso LOS puteamos. Con la misma fuerza y convicción con que abrazamos a Susana Trimarco y esperamos un día abrazar a Marita Verón y a todas las Maritas que fueron y seguirán siendo, por desdicha, gracias a estos infames protectores de tratantes de personas.

Malas noches, Argentina.




4/8/11

Disciplinar la Corte Suprema de Justicia






Una suerte de linchamiento mediático, contra Eugenio Raúl Zaffaroni, ha fracasado. El intento de provocar su renuncia, a caballo de una avalancha bostiferante de insinuaciones malévolas, no prosperó. Es un dato políticamente relevante; la eficacia de la prensa comercial amarilla, para esta clase de engendros, todavía puede medirse en el impacto del affaire Schoklender. Del comportamiento de Sergio Schoklender no vacilaron deducir el de Madres de Plaza de Mayo, y por carácter transitivo bastardear el capital moral de los organismos de Derechos Humanos.

Golpear a Zaffaroni, como parte del intento de mellar el prestigio del máximo tribunal de justicia, continúa la misma lógica disciplinante. Tiene que quedar claro: todos somos iguales, esto es, todos somos la misma porquería. Zaffaroni y Madres, la biblia y el calefón.

Si todo alcanza la misma coloratura, las diferencias carecen de sentido, sólo se trata de negocios en conflicto, y las estratagemas para realizarlos forman parte de los usos y costumbres del mundo amoral. Después de todo, el mismo Goldman and Sachs, que prestara dinerillos a Clarín, no vaciló en “dibujar” la situación financiera griega –que bordea el default– como parte de su estrategia de colocación de títulos en el euro mercado. Entonces, una mentirilla por acá, una estafa por allá, y todo sigue… igual que en el mundo globalizado.

Esta lectura facciosa intenta organizar un paradigma comunicacional inspirado en el reality show. En ese furioso intento de volver a separar las palabras de las cosas (que el fin de la impunidad comenzó a restablecer, gobierno K mediante), queda condensada la estrategia de la regresión política: volver al 2001.

Pero los reflejos políticos de parte de la dirigencia restablecieron el principio de realidad. De la oficialista y de la otra. “Nos costó mucho tener una Corte como esta”, sostuvo Ricardo Gil Lavedra, diputado de la UCR, abogado y funcionario judicial de relevancia, poniendo las cosas en su lugar. La legítima lucha que Gil Lavedra libra con el gobierno nacional no justifica cualquier cosa. Tampoco en la oposición todos son iguales. A juicio de Gil Lavedra, Eugenio Zaffaroni “es una persona con una larga trayectoria y es uno de los juristas más grandes de la Argentina”.
Es una verdad dicha con reticencia, pero las condiciones políticas la vuelven particularmente significativa. Hace falta tener cierto valor para desdecir a Elisa Carrió y Eduardo Duhalde, y al jefe de su propio partido. Y sobre todo, para concluir elípticamente que el ataque a Zaffaroni contiene un ataque a la Corte.

Un poco de historia. La prensa comercial nunca fue gran cosa. Basta recordar el tratamiento que la aparición de cualquier movimiento popular (radicalismo, peronismo, u otro) obtuviera en los medios gráficos, para constatarlo. Tanto Yrigoyen como Perón –en su primera campaña electoral– lograron un rechazo casi unánime.

Décadas de omnipotencia sin contrapeso alguno hicieron que el menor deseo del bloque de clases dominantes fuera una orden para el gobierno de turno y los medios. Entre 1975 y 2001, más allá de las formas, el interés del bloque de clases dominantes resultó el único interés legítimo.

El estallido de 2001 no cambió per se el modelo, mostró que el anterior no daba para más. Para sobrevivir, el nuevo gobierno restableció la relación entre los delitos y las penas, puso fin a la impunidad sistémica, permitió que la política no fuera tan sólo el menú de negocios imperante.

Esta elementalísima ecuación terminó siendo una revolución copernicana.

¿Dónde se mide la “revolución”? En la furia. La furia desatada al interior de los poderes constituidos –esos que Carrió denomina graciosamente contrapoderes– alcanzó, durante el enfrentamiento campero, el rango de lo inenarrable.

Ante la batalla electoral de octubre, con resultado cantado y posibilidad de una nueva profundización democrática, los poderes constituidos juegan su única carta: igualar para abajo.
Por eso, la figura de Zaffaroni recobra su tranquila relevancia, ya que nos ayuda a pensar las diferencias. Esto es, impedir que la política vuelva a ser una calesita de funcionarios intercambiables para ejecutar la misma política.



13/4/11

LA AMNISTIA EN URUGUAY





El Senado uruguayo aprobó ayer el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad.

Durante 25 años, esa norma impidió que se persiguiera y se juzgara a los responsables de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura que gobernó al país entre 1973 y 1985. Los opositores Partido Nacional y Partido Colorado votaron en contra de la iniciativa promovida por el gobernante Frente Amplio (FA). Pero también hubo discrepancias dentro de las filas de esa coalición de centroizquierda. El histórico militante tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro se encolumnó por disciplina partidaria a favor del proyecto presentado por el FA, pero anunció que renunciaba a su banca.


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La sesión comenzó cerca de las 10 de la mañana y se extendió hasta bien entrada la noche, cuando el FA hizo valer sus 16 votos frente a los quince de la oposición. Sea cual fuere su color partidario, la mayoría de los senadores tenía algo que decir al respecto de la Ley de Caducidad, que desde 1986 impide que sean juzgados los represores uruguayos. Hace tiempo que la Ley de Caducidad ocupa el centro de la discusión política en la República Oriental. Un debate acalorado que divide a quienes se manifiestan a favor de extirparla del ordenamiento jurídico y entre los que quieren mantenerla, alegando que fue ratificada por la ciudadanía en dos plebiscitos.

Ese clima se respiró en el Senado. Por el oficialismo, le tocó romper el hielo al senador Oscar López Goldaracena, un conocido jurista y activista de derechos humanos. “Esta Cámara tiene la posibilidad de empezar a enmendar el error político de haber dictado una ley que ampara la impunidad de criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya”, comenzó el abogado que representa al Movimiento Independiente por los Derechos Humanos, en el FA. López Goldaracena remarcó que era importante eliminar los efectos de la Ley de Caducidad para evitar que las atrocidades perpetradas por los militares vuelvan a repetirse.

Aunque no todo fue una postura uniforme dentro de la coalición de centroizquierda. Desde que en octubre del año pasado se aprobara en la Cámara de Diputados, el proyecto interpretativo estuvo paralizado en el Senado, donde tres senadores oficialistas se negaban a acompañar la iniciativa de su bloque. En marzo, el FA pudo destrabar la situación y alcanzó los votos necesarios para que el proyecto saliera. Sin embargo, los senadores díscolos siguieron haciendo sentir su rechazo. El ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa salió del recinto e hizo ingresar a su suplente que votó junto al FA. El legislador frenteamplista Jorge Saravia se mantuvo firme en su postura de no apoyar la iniciativa para interpretar la Ley de Caducidad y denunció que se trataba de un “disparate jurídico”.

Pero la novedad del día la trajo el ex tupamaro Fernández Huidobro, que renunció a su banca porque tuvo que obedecer el mandato de votar a favor de la iniciativa. “Se dice con razón, dentro de nuestra fuerza política, que hay que acatar el mandato de la mayoría. Creemos que es así y por eso lo estamos acatando, votaremos por disciplina. Pero el pueblo también fue mayoría dos veces”, disparó, refiriéndose a los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la mayoría de la sociedad se negó a anular la Ley de Caducidad. El presidente José Mujica fue anoche hasta el despacho de Huidobro y le expresó su solidaridad.

Desde el Partido Nacional, el primero en hacer uso de la palabra para protestar contra la iniciativa oficialista fue el senador Francisco Gallinal. “Lejos de ser interpretativa, esta ley es innovativa”, se quejó. “No acompañamos porque hay dos pronunciamientos populares en este sentido. Ese es un argumento formal, que a nuestro juicio es muy importante”, dijo el referente blanco a Página/12. “Entendemos que esta propuesta le genera grandes problemas a la sociedad, ya que significa trasladar toda la cuestión al Poder Judicial”, agregó. Gallinal invocó nuevamente el Pacto del Club Naval de 1984, cuando las principales fuerzas políticas y los militares en el poder negociaron la apertura democrática. “Este proyecto interpretativo rompe el equilibrio que supuso la salida institucional de 1985, donde se aprobaron 2 amnistías: una para los militares y otra para los presos políticos tupamaros”, apuntó el político conservador.

Los organismos de derechos humanos, las organizaciones estudiantiles y de trabajadores hicieron poco caso a los dichos de los partidos tradicionales. Desde las barras del Senado, algunos siguieron de cerca a los senadores. Otros estuvieron afuera escuchando el debate por altavoces. Todos coincidieron en que el de ayer fue un día para celebrar. Pero saben que todavía falta camino para recorrer hasta que el 4 de mayo próximo la Cámara de Diputados ratifique el proyecto aprobado ayer por los senadores.

“Uruguay se va a poner en una buena posición en lo que respecta a la salvaguarda de los derechos humanos frente a la comunidad internacional. Después de casi medio siglo de existencia de esta ley, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman y con esta resolución que hoy tomó el sistema político, nos están dando la razón. Esto también le demuestra al movimiento popular que la perseverancia y la lucha de la sociedad terminan dando resultados”, resaltó Raúl Olivera, de la central obrera PIT CNT.

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) fue más cauto a la hora de las celebraciones. “Nunca nos bajamos del caballo de la nulidad. No lo logramos. Por supuesto que apoyamos y creemos que hay que hacer todo lo necesario para acabar con la impunidad. El Estado no puede seguir sin dar respuestas a lo que dijo la Corte Interamericana, que señaló que la Ley de Caducidad es un obstáculo para la Justicia. Para nosotros, no es la mejor salida pero hay que seguir avanzando en el Nunca Más y para que estas cosas queden saneadas”, afirmó Ana Aguerre.

Desde Crysol, la Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay, definieron la de ayer como una jornada de emociones. “Para nosotros, la anulación de la Ley de Caducidad es una de las razones fundamentales de nuestra lucha. Venimos exigiendo esto para que se investigue qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos y para que se juzgue a los torturadores, y así se abra el camino para conocer la verdad”, concluyó Julio Martínez.




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Por qué queda sin efecto la ley:

El proyecto interpretativo que aprobó ayer el Senado pretende dejar sin efecto la ley 15.848, más conocida como Ley de Caducidad. En concreto, como se trata de una norma interpretativa no anula a la sancionada en 1986, pero hace que algunas partes de ella dejen de estar vigentes. Según el proyecto interpretativo, los artículos de la Ley de Caducidad que violan la Constitución uruguaya son:

  • Artículo 1: Allí se reconocía que prescribió la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales.
  • Artículo 3: En esa parte se establecía que el juez que recibiera una denuncia debía pedir al Poder Ejecutivo que determinara si ese hecho estaba comprendido dentro del artículo 1, es decir si ya había cesado la voluntad estatal de castigar ese crimen.
  • Artículo 4: El juez podía remitir al Poder Ejecutivo las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la ley (diciembre de 1986) para que dispusiera investigaciones.


En el proyecto interpretativo se deja en claro que no puede invocarse la cosa juzgada ni las prescripciones para los secuestros, desapariciones o asesinatos.

También se afirma que todas las causas judiciales que quedaron suspendidas por la vigencia de la Ley de Caducidad serán reiniciadas de oficio. De acuerdo con lo que explicó el senador Oscar López Goldaracena, se le introdujeron algunas modificaciones a la iniciativa que en octubre pasado obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. En los últimos retoques se hizo especial énfasis en la independencia del Poder Judicial. Pero además, se toman en cuenta todas las veces que la Corte Suprema de Justicia uruguaya declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y se generalizan esos efectos. “Las modificaciones que se realizaron no hacen a la esencia del proyecto aprobado en Diputados, pero sí lo mejoran. Los cambios se hicieron obedeciendo a algunos planteos de constitucionalistas.


“Básicamente, se declara incompatible la Ley de Caducidad con respecto a la Constitución y a los tratados internacionales suscriptos por Uruguay para asegurar la total vigencia de los derechos humanos”, explicó el diputado oficialista Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo en el Frente Amplio. Puig confirmó que el 4 de mayo se estará votando el proyecto en la Cámara de Representantes. Se espera que la ratificación de los diputados sea sólo un trámite.





18/4/10

BERGOGLIO Y LA DICTADURA





Recordando con ira

El rol del ahora cardenal Bergoglio en la desaparición de sacerdotes y el apoyo a la represión dictatorial es confirmado por cinco nuevos testimonios. Hablan un sacerdote y un ex sacerdote, una teóloga, un seglar de una fraternidad laica que denunció en el Vaticano lo que ocurría en la Argentina en 1976 y un laico que fue secuestrado junto con dos sacerdotes que no reaparecieron. La iracunda reacción de Bergoglio, quien atribuye al gobierno el escrutinio de sus actos.


5 nuevos testimonios, ofrecidos en forma espontánea a raíz de la nota “Su pasado lo condena”, confirman el rol del ahora cardenal Jorge Bergoglio en la represión del gobierno militar sobre las filas de la Iglesia Católica que hoy preside, incluyendo la desaparición de sacerdotes.

Quienes hablan son una teóloga que durante décadas enseñó catequesis en colegios del obispado de Morón, el ex superior de una Fraternidad sacerdotal que fue diezmada por las desapariciones forzadas, un seglar de la misma Fraternidad que denunció los casos al Vaticano, un sacerdote y un laico que fueron secuestrados y torturados.

Teóloga con minifalda

2 meses después del golpe militar de 1976 el obispo de Morón, Miguel Raspanti, intentó proteger a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics porque temía que fueran secuestrados, pero Bergoglio se opuso. Así lo indica la ex profesora de catequesis en colegios de la diócesis de Morón, Marina Rubino, quien en esa época estudiaba teología en el Colegio Máximo de San Miguel, donde vivía Bergoglio. Por esa circunstancia conocía a ambos. Además había sido alumna de Yorio y Jalics y sabía del riesgo que corrían. Marina decidió dar su testimonio luego de leer la nota sobre el libro de descargo de Bergoglio.

Marina Rubino vive en Morón desde siempre. En el Colegio del Sagrado Corazón de Castelar daba catequesis a los chicos y formaba a los padres, que le parecía lo más importante. “Una vez por mes nos reuníamos con ellos. Era un trabajo hermoso. Esta experiencia duró 15 años”.

También dio cursos de iniciación bíblica “en todos los lugares no turísticos de la Argentina. Teníamos una publicación, con comentarios a los textos de los domingos, queríamos que las comunidades tuvieran elementos para pensar”. Desde que se jubiló da clases de telar, en centros culturales, sociedades de fomento o casas.

No quiso ingresar al seminario de Villa Devoto porque no le interesaba la formación tomista, sino la Biblia. En 1972 comenzó a estudiar Teología en la Universidad del Salvador. La carrera se cursaba en el Colegio Máximo de San Miguel. En primer año tuvo como profesor a Francisco Jalics y en segundo a Orlando Yorio. Mientras estudiaba, coordinaba la catequesis en el colegio Sagrado Corazón de Castelar, donde también estaba la religiosa francesa Léonie Duquet.

“Eran tiempos difíciles. Por hacer en el colegio una opción por los pobres tomándonos en serio el Concilio Vaticano II y la reunión del CELAM en Medellín perdimos la mitad del alumnado. Pero mantuvimos esa opción y seguimos formando personas más abiertas a la realidad y al compromiso con los más necesitados sosteniendo que la fe tiene que fortalecer estas actitudes y no las contrarias.”

El obispo era Miguel Raspanti, quien entonces tenía 68 años y había sido ordenado en 1957, en los últimos años del reinado de Pío XII. Era un hombre bien intencionado que hizo todos los esfuerzos por adaptarse a los cambios del Concilio, en el que participó. Después del cordobazo de 1969, repudió las estructuras injustas del capitalismo e instó al compromiso con “la liberación de nuestros hermanos necesitados”. Pero el problema más grave que pudo identificar en Morón fue el aumento de los impuestos al pequeño comerciante y el propietario de la clase media.

“Muchas veces hubo que discutir y sostener estas opciones en el obispado y monseñor Raspanti solía terminar las entrevistas diciéndonos que si creíamos que había que hacer tal o cual cosa, si estábamos convencidos, él nos apoyaba”, recuerda Marina.

Sus palabras son seguidas con atención por su esposo, Pepe Godino, un ex cura de Santa María, Córdoba, que integró el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

Marina cursaba teología en San Miguel de 8.30 a 12.30. No le habían dado la beca porque era mujer, pero como era la coordinadora de catequesis en un colegio del obispado, Raspanti intercedió y obtuvo que una entidad alemana se hiciera cargo del costo de sus estudios. Tampoco le quisieron dar el título cuando se recibió, en 1977. El director del teologado, José Luis Lazzarini, le dijo que había un problema, que no se habían dado cuenta de que era mujer. Marina partió en busca de quien la había recibido al ingresar, el jesuita Víctor Marangoni:

–Cuando me viste por primera vez, ¿te diste cuenta o no de que era mujer?

–Sí, claro, ¿por qué? –respondió azorado el vicerrector ante esa tromba en minifalda.

–Porque Lazzarini no me quiere dar el título.

Marangoni se encargó de reparar ese absurdo. Marina tiene su título pero nunca se realizó la entrega oficial.

La desprotección

Un mediodía, al salir de sus cursos, “lo encuentro a monseñor Raspanti parado en el hall de entrada, solo. No sé por qué lo tenían allí esperando. Estaba muy silencioso, le pregunté si esperaba a alguien y me dijo que sí, que al padre provincial Bergoglio. Tenía el rostro demudado, pálido, creí que estaba descompuesto. Lo saludé, le pregunté si se sentía bien, y lo invité a pasar a un saloncito de los que había junto al hall”.

–No, no me siento mal, pero estoy muy preocupado –le respondió Raspanti.

Marina dice que tiene una memoria fotográfica de aquel día. Habla con voz calma pero se advierte el apasionamiento en sus ojos grandes y expresivos. Pepe la mira con ternura.

“Me impresionó verlo solo a Raspanti, que siempre iba con su secretario”, dice. Marina sabía que sus profesores Jalics y Yorio y un tercer jesuita que trabajaba con ella en el colegio de Castelar, Luis Dourron, habían pedido pasar a la diócesis de Morón. Yorio, Jalics, Dourron y Enrique Rastellini, que también era jesuita, vivían en comunidad desde 1970, primero en Ituzaingó y luego en el Barrio Rivadavia, junto a la Gran Villa del Bajo Flores, con conocimiento y aprobación de los sucesivos provinciales de la Compañía de Jesús, Ricardo Dick O’Farrell y Bergoglio. “Le dije que Orlando y Francisco habían sido profesores míos y que Luis trabajaba con nosotros en la diócesis, que eran intachables, que no dudara en recibirlos. Todos estábamos pendientes de que pudieran venir a Morón. Ninguno de los que conocíamos la situación nos oponíamos. Raspanti me dijo que de eso venía a hablar con Bergoglio. A Luis ya lo había recibido, pero necesitaba una carta en la que Bergoglio autorizara el pase de Yorio y Jalics.”

Marina entendió que era una simple formalidad, pero Raspanti le aclaró que la situación era más complicada. “Con las malas referencias que Bergoglio le había mandado él no podía recibirlos en la diócesis. Estaba muy angustiado porque en ese momento Orlando y Francisco no dependían de ninguna autoridad eclesiástica y, me dijo:

–No puedo dejar a dos sacerdotes en esa situación ni puedo recibirlos con el informe que me mandó. Vengo a pedirle que simplemente los autorice y que retire ese informe que decía cosas muy graves.

Cualquiera que ayudara a pensar era guerrillero, comenta Marina. Acompañó a su obispo hasta que Bergoglio lo recibió y luego se fue. Al salir vio que tampoco estaba en el estacionamiento el auto de Raspanti. “Debe haber venido en colectivo, para que nadie lo siguiera. Quería que la cosa quedara entre ellos dos. Estaba haciendo lo imposible por darles resguardo.”

La teóloga agrega que le impresionó la angustia de Raspanti, “que si bien no podía ser calificado de obispo progresista, siempre nos defendió, defendió a los curas cuestionados de la diócesis, se llevaba a dormir a la casa episcopal a los que corrían más riesgo y nunca nos prohibió hacer o decir algo que consideráramos fruto de nuestro compromiso cristiano. Como buen salesiano se portaba como una gallina clueca con sus curas y sus laicos, cobijaba, cuidaba aunque no estuviera de acuerdo. Eran puntos de vista distintos, pero él sabía escuchar y aceptaba muchas cosas”. Uno de esos curas es Luis Piguillem, quien había sido amenazado. Regresaba en bicicleta cuando se topó con un cordón policial que impedía el paso. Insistió en que quería pasar, porque su casa estaba en el barrio y un policía le dijo:

–Vas a tener que esperar porque estamos haciendo un operativo en la casa del cura.

Piguillem dio vuelta con su bicicleta y se alejó sin mirar hacia atrás. De allí fue al obispado de Morón, donde Raspanti le dio refugio. Los militares dijeron que se había escondido bajo las polleras del obispo. Pero no se atrevieron a buscarlo allí.

–¿Raspanti era consciente del riesgo que corrían Yorio y Jalics?

–Sí. Dijo que tenía miedo de que desaparecieran. No pueden quedar dos sacerdotes en el aire, sin un responsable jerárquico. Pocos días después supimos que se los habían llevado.
De Córdoba a Cleveland

Otro testimonio recogido a raíz de la publicación del domingo es el del sacerdote Alejandro Dausa, quien el martes 3 de agosto de 1976, fue secuestrado en Córdoba, cuando era seminarista de la Orden de los Misioneros de Nuestra Señora de La Salette. Luego de 6 meses en los que fue torturado por la policía cordobesa en el Departamento de Inteligencia D2 pudo viajar a Estados Unidos, adonde ya había llegado el responsable del seminario, el sacerdote estadounidense James Weeks, por quien se interesó el gobierno de su país. Este año se realizará en Córdoba el juicio por aquel episodio, cuyo principal responsable es el general Luciano Menéndez. Ahora Dausa vive en Bolivia y cuenta que tanto Yorio como Jalics le dijeron que Bergoglio los había entregado.

Al llegar a Estados Unidos supo por organismos de derechos humanos que Jalics se encontraba en Cleveland, en casa de una hermana. Dausa y los otros seminaristas, que estaban iniciando el noviciado, lo invitaron a dirigir dos retiros espirituales. Ambos se realizaron en 1977, uno en Altamont (estado de Nueva York) y otro en Ipswich (Massachusetts). Recuerda Dausa: “Como es natural, conversamos sobre los secuestros respectivos, detalles, características, antecedentes, señales previas, personas involucradas, etc. En esas conversaciones nos indicó que los había entregado o denunciado Bergoglio”.

En la década siguiente, Dausa trabajaba como cura en Bolivia y participaba de los retiros anuales de La Salette en Argentina. En uno de ellos los organizadores invitaron a Orlando Yorio, que para esa época trabajaba en Quilmes. “El retiro fue en Carlos Paz, Córdoba, y también en ese caso conversamos sobre la experiencia del secuestro. Orlando indicó lo mismo que Jalics sobre la responsabilidad de Bergoglio.”

Los asuncionistas

Yorio y Jalics fueron secuestrados el 23 de mayo de 1976 y conducidos a la ESMA, donde los interrogó un especialista en asuntos eclesiásticos que conocía la obra teológica de Yorio. En uno de los interrogatorios le preguntó por los seminaristas asuncionistas Carlos Antonio Di Pietro y Raúl Eduardo Rodríguez. Ambos eran compañeros de Marina Rubino en el Teologado de San Miguel y desarrollaban trabajo social en el barrio popular La Manuelita, de San Miguel, donde vivían y atendían la capilla Jesús Obrero. De allí fueron secuestrados 10 días después que los dos jesuitas, el 4 de junio de 1976, y llevados a la misma casa operativa que Yorio y Jalics. A media mañana Di Pietro llamó por teléfono al superior asuncionista Roberto Favre y le preguntó por el sacerdote Jorge Adur, que vivía con ellos en La Manuelita.

–Recibimos un telegrama para él y se lo tenemos que entregar –dijo.

De ese modo, consiguió que la Orden se pusiera en movimiento. El superior Roberto Favre presentó un recurso de hábeas corpus, que no obtuvo respuesta. Adur logró salir del país, con ayuda del nuncio Pio Laghi, y se exilió en Francia. Volvió en forma clandestina en 1980, convertido en capellán del autodenominado “Ejército Montonero” y fue detenido-desaparecido en el trayecto a Brasil, donde procuraba entrevistarse con el papa Juan Pablo II.

El mismo camino del exilio siguió uno de los detenidos en la razzia del barrio La Manuelita, el entonces estudiante de medicina y hoy médico Lorenzo Riquelme. Cuando recuperó su libertad la Fraternidad de los Hermanitos del Evangelio le dio hospitalidad en su casa porteña de la calle Malabia. En comunicaciones desde Francia con quien era entonces el superior de los Hermanitos del Evangelio, Patrick Rice, Riquelme dijo que quien lo denunció fue un jesuita del Colegio de San Miguel, quien era a la vez capellán del Ejército. Está convencido de que ese sacerdote presenció las torturas que le aplicaron, cree que en Campo de Mayo.

El ablande

También como consecuencia de la nota del domingo aceptó narrar su conocimiento del caso un fundador de la Fraternidad seglar de los Hermanitos del Evangelio Charles de Foucauld, Roberto Scordato.

Entre fines de octubre y principios de noviembre de 1976, Scordato se reunió en Roma con el cardenal Eduardo Pironio, quien era prefecto de la Congregación vaticana para los religiosos, y le comunicó el nombre y apellido de un sacerdote de la comunidad jesuita de San Miguel que participaba en las sesiones de tortura en Campo de Mayo con el rol de “ablandar espiritualmente” a los detenidos. Scordato le pidió que lo transmitiera al superior general Pedro Arrupe pero ignora el resultado de su gestión, si tuvo alguno. Consultado para esta nota Rice, quien también fue secuestrado y torturado ese año, dijo que eso no hubiera sido posible sin la aprobación del padre provincial. Rice y Scordato creen que ese jesuita se apellidaba González pero a 34 años de distancia no lo recuerdan con certeza.

Iracundia

Como cada vez que su pasado lo alcanza, Bergoglio atribuye la divulgación de sus actos al gobierno nacional.

Esta semana reaccionó con furia, durante la homilía que pronunció en una misa para estudiantes. En lo que su vocero describió como “un mensaje al poder político”, dijo que “no tenemos derecho a cambiarle la identidad y la orientación a la Patria”, sino “proyectarla hacia el futuro en una utopía que sea continuidad con lo que nos fue dado”, que los chicos no tienen otro horizonte que comprar un papelito de merca en la esquina de la escuela y que los dirigentes procuran trepar, abultar la caja y promover a los amigos. Con este ánimo iracundo inaugurará mañana en San Miguel la primera asamblea plenaria del Episcopado de 2010.












MALA  MEMORIA

Abuelas de Plaza de Mayo hace pública la declaración del Papa electo Jorge Bergoglio, en el juicio por Plan Sistemático de Apropiación de Menores. Allí se lo citó para declarar acerca del caso de la detenida desaparecida embarazada Elena de la Cuadra, cuya familia acudió a él, en vano, en busca de ayuda. En ese entonces Bergoglio recibió al padre de Elena en dos oportunidades, derivándolo al Arzobispo de La Plata, Mario Picchi. Èste le confirmó que Elena había dado a luz a una niña a la que llamó Ana Libertad y que estaba en manos de una familia: "A la nena la cría una familia bien, lo de Elena es irreversible", le explicó. Ana libertad continúa desaparecida...



Declaración Bergoglio











21/3/10

HOY TENEMOS JUECES DE LA DICTADURA




En un fallo insólito, la Cámara de Casación Penal suspendió el viernes la realización de las pruebas de ADN a Felipe y Marcela Noble Herrera.

La Sala II, presidida por Raúl Madueño y con la anuencia de Luis García y Guillermo Yacobucci, dio pie a un pedido de los abogados de Clarín quienes presentaron un recurso de queja para apelar a la Corte Suprema.

La “queja” se debe a que el lunes, la Cámara Federal de San Martín ordenó al juez Conrado Bergesio no dilatar más el envío al Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN obtenidas en dos procedimientos periciales los días 29 y 30 de diciembre del año pasado.

Los camaristas de Casación se prestaron a un juego perverso: las muestras de sangre y los objetos íntimos de Felipe y Marcela contienen un material genético cuya duración, para que no se deteriore, es de 60 días. Esa fecha de vencimiento, apenas pasada, hacía peligrar la validez del material.

Sin embargo, los abogados de abuelas de Plaza de Mayo habían prestado conformidad para que resultaran válidas. Los genetistas del Banco de Datos estaban por comenzar su trabajo pero, de modo increíble, la familia judicial cerró una vez más las puertas al tratamiento de esta historia que no tiene antecedentes en la democracia argentina.

La impunidad que ha logrado el mayor multimedia argentino para mantener en la clandestinidad la identidad de los hijos adoptados por la directora y principal accionista de Clarín coincide con una fecha trágica para los argentinos.

El miércoles 24 de marzo, muchos recordarán la complicidad que tuvo ese diario con la dictadura sangrienta que tituló “Nuevo Gobierno” el arribo de la dictadura genocida. Cuesta entender que esa empresa periodística no haya tenido fisuras en estos años y sus periodistas, accionistas y directivos no hayan abierto canales para que se sepan los motivos de haber sido el principal soporte mediático de los genocidas Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.

Nadie salió a romper la omertà existente. Ellos deberían ser los primeros interesados en que se sepa la verdad. Nadie quisiera ser tratado en un quirófano donde las condiciones de asepsia sean malas. Nadie quisiera saber que los medios que consume están intoxicados de violación grave a los derechos humanos. Y, según consta en el expediente, hay muchos motivos para sospechar que Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos.

”Una niña abandonada”

Ernestina Herrera de Noble se presentó el 13 de mayo de 1976 ante el Juzgado de Menores N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Ofelia Hejt (hoy fallecida) y declaró que once días antes había encontrado una niña abandonada en la puerta de su casa, dentro de una caja de cartón
.

Dijo que cuidó de ella desde entonces y pidió la guarda provisoria y posterior adopción. La señora ofreció dos testigos a favor de su historia, una vecina, Yolanda Echagüe de Aragón, y Roberto García, cuidador de una vivienda lindera. La jueza le otorgó de inmediato la guarda provisional de la niña, a la que llamó Marcela.

Dos meses más tarde, el 7 de julio, ante el mismo juzgado, se presentó una mujer que dijo llamarse Carmen Luisa Delta y ser madre soltera del bebé que llevaba en brazos y que, según ella declaró, había nacido tres meses antes, el 17 de abril. Declaró que no podía mantenerlo y, en consecuencia, le dejaba el niño a la jueza. En el juzgado quedaron consignados un número de documento de identidad y un domicilio. La señora de Noble se presentó ese mismo día, 7 de julio, y pidió la guarda del niño. La jueza se la dio en el momento. Unos días después quedó inscrito como Felipe.

La dirección y el DNI de la supuesta madre de Felipe resultaron falsos. A esa historia se agrega otra, revelada por el periodista y abogado Pablo Llonto en el libro La Noble Ernestina.

Roberto García fue “inducido y obligado a firmar un texto preparado por los abogados para ser presentado en un juzgado civil relatando un hecho falso”. Pero García no sólo mintió sino que era uno de los choferes del diario Clarín.

Lucha interna en la Justicia. Pasaron 34 años de aquellos acontecimientos. Y ocho en los cuales, las Abuelas de Plaza de Mayo no pudieron avanzar en la causa judicial.

Raúl Madueño sucedió al frente de la Cámara de Casación Penal a Raúl Bisordi, quien en los días previos del aniversario del golpe, en 2007, disparó:

“(Néstor) Kirchner es el enemigo número uno mío”. Con una horrorosa construcción sintáctica, dejó salir todo su autoritarismo y su complicidad con los crímenes de la dictadura. Madueño sucedió a Bisordi y no tiene el mismo estilo gritón y desafiante. Sin embargo, tienen el mismo grupo de pertenencia.

Madueño es uno de los fogoneros de los ataques del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, que actúa esponsoreado por el grupo Clarín cada vez que sale a atacar al gobierno.

Los conocedores de tribunales dicen que Madueño tiene, pese a todo, antecedentes más aceptables como jurista que Yacobucci y García, ambos subrogantes en el tribunal. Estos dos jueces dictaron un fallo temerario que, basados en el tiempo pasado sin dictarse condena en primera instancia, decidieron la libertad de buena parte de los genocidas de la ESMA, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Acosta.

Guillermo Yacobucci es un nazi confeso: escribía en la revista Cabildo en 1977, junto a connotados criminales como Ramón Camps o Acdel Vilas. Su vinculación con el Opus Dei es también pública.

El abogado de Clarín que actúa como lobbista ante los magistrados es Jorge Anzorreguy, hermano del ex jefe de los espías Hugo Anzorreguy. Ambos tuvieron un rol destacado en la recomposición de la familia judicial en los años 90.

El nombre de Conrado Bergesio al frente del juzgado que atesora la causa de los hijos adoptivos de Noble fue una sugerencia de los abogados de Clarín cuando a fines de 2003 lograron que Roberto Marquevich, que estaba al frente del tribunal, fuera eyectado fuera del Poder Judicial.

Acosado por sus pares después de haber encarcelado a la viuda de Clarín por falsear la identidad de Felipe y Marcela, se retiró a cuarteles de invierno cuando un jury de enjuiciamiento estaba por terminar con su carrera judicial.

Desde entonces, Bergesio hizo los deberes para pasar a la historia como el juez que hizo todo lo posible para que dos familias de desaparecidos –que no se sabe cuáles son– tengan la posibilidad cierta de recuperar a sus nietos.

La frustración. El miércoles los abogados de abuelas se mostraban esperanzado en que se comenzara con el estudio de las muestras genéticas y que en 45 días se dilucidara esta historia tan demorada. Sin embargo, el viernes sintieron toda la impotencia ante la resolución de Casación: “Reclamamos que se rechace el recurso de forma inmediata, dado que las apelaciones presentadas no llevaban la firma de Marcela y Felipe (Noble Herrera) sino de terceros que se presentaron por ellos”.

Además, se refirieron a la impunidad con la que se maneja la defensa de Noble: “El agravante es que uno de los abogados, Jorge Anzorreguy, aparte de presentarse como asistente en esta causa, es abogado defensor de Ernestina Herrera de Noble. Es decir, representa a la imputada y, al mismo tiempo, defiende intereses objetivos distintos. Eso es un delito”.

Los letrados de Abuelas esperan que la Cámara de San Martín desoiga la absurda orden de Casación. De ese modo, el Banco de Datos comenzaría con el análisis de las muestras en un escenario complejo, ya que éstas fueron obtenidas de una manera bastante irregular y el estudio comenzaría después de los 60 días sugeridos como válidos para su conservación intacta.

Si Casación diera marcha atrás o la Cámara de San Martín confirma su decisión, a mediados de mayo, antes de que la Patria celebre sus 200 años, estaría dilucidado un tema que, todavía, tiene a la mayoría de los medios en vilo, pero del cual se cuidan de informar. Los medios de comunicación son depositarios de altísimo grado de credibilidad por parte de la sociedad. Por carácter transitivo, los receptores “les creen” a los periodistas y a los empresarios de esos medios. En cualquier manual de estilo –incluido el de Clarín se establece que la información publicada debe ser verdadera.

Pasados 34 años
del golpe de Estado, los lobbistas de Clarín siguen convencidos de que la impunidad puede permanecer intacta con esta historia fraudulenta de la identidad de Felipe y Marcela. Ellos ya son grandes, es una pena que no decidan romper el cerco ideológico que los rodea y sigan aceptando ser meros “objetos” de los abogados de la empresa que preside su –autodenominada madre
.




28/2/09

La violencia de todos los días




Disertación del
Dr. Elías Neuman,

Criminólogo y docente de postgrado de la Facultad de Derecho/UBA,
en el marco del ciclo de cine y seminario online
“Imagen y Justicia”





Para entrar al tema de las cárceles, verdadero laberinto del infierno, me es preciso reflexionar sobre un hecho del que somos testigos, testigos sociales, y que a veces no llegamos a advertir. A quien interese la temática social en cualquiera de sus aristas, para investigar, por curiosidad, para estudiarla en cualquiera aspectos, tiene obligatoriamente que advertir que los tiempos han cambiado y que, entre otras cosas, hemos pasado de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero y de servicios. Cualquiera sea la idea que tengamos con respecto al capitalismo en sí, cabe preguntarnos si en tiempos del neoliberalismo se mantiene el mismo sentido ético de la vida humana.

Y es entonces, cuando nos ponemos a ver qué es lo que pasa con determinadas personas que
han resultado excluidas socialmente y que parecen destinadas al desván de los despojos, sin
chance… comencemos por no confundir con los marginados sociales pues el marginado tenía
cierta movilidad social; el excluido no tiene salida, es un inválido social sin movilidad alguna.

Debe advertirse que el excluido social está comparativamente por debajo del esclavo en la historia de la humanidad. Desde la polis griega, todos los sistemas sociopolíticos conocidos (digo “políticos” por comodidad de lenguaje) ha habido esclavos. Pero, en todos ellos, el esclavo tenía trabajo, un dueño o un empleador que se ocupaba de él porque, obviamente, era un eslabón de la cadena productiva. El excluido social no tiene nada de eso. No tiene trabajo.

Vive con su autoestima destruida. Ni hablar de la estima familiar y social. Ha perdido su identidad y es el desaparecido en la democracia. Y, por añadidura, a nadie interesa. Como no interesa a los medios y a las clases medias y altas (hablo en sentido económico) se produce la mayor violencia que existe en la Argentina y en otros países de la región, el hambre.

Hace poco leí que la Argentina podría dar de comer –bien explotada – a 570 millones de personas. Y pensé “caray, somos un país demasiado rico para ser pobre”, y también pensé “un país terriblemente injusto”. Y, por cierto, cuando digo “la violencia más extrema”, tengo que señalarlo una vez más es casi un imperativo categórico que me he planteado para referirlo en todas mis conferencias para que se escuche bien: la violencia más extrema en la Argentina es la del hambre. De la que nadie prefiere hablar y el hambre es siempre hambre y no otra cosa.

Duele, se instala como una droga feroz en el cuerpo, mata. Hay 55 personas que diariamente muere por hambre en nuestro país.

Son personas que mueren asesinadas pues quien muere de hambre muere asesinado y habrá
que pensar si no se trata de asesinatos deliberados.

Los políticos, epígonos del neoliberalismo, nada dicen o dicen mucho, según se vea. Mientras jamás propongan programas serios para el pleno empleo, sin embargo, lo están diciendo todo… Ya nadie siquiera pronuncia las palabras justicia social y distribución de la riqueza.

Y en las cárceles, y ahora comisarías, al menos en la Provincia de Buenos Aires, son alojados en detención preventiva y sanción privativa de la libertad, millares de personas de abajo.

Constituyen más del 90 % y también los delitos son siempre los mismos. Pertenecen a
lo que se denomina delincuencia callejera y urbana.

Quiero advertir desde ya (porque alguna vez me tocó hablar con algún periodista avieso que me quiso hacer decir otra cosa): yo no estoy diciendo que el excluido o el pobre, sin voz y sin chance, tienen destino de cárcel, en todo caso su cárcel sin haber cometido delito alguno, está en la misma libertad… No confundo pobreza con delincuencia y estoy muy lejos de criminalizar, de ese modo, a la pobreza pero, si digo, que hay personas sumamente desesperadas, sin chance, repito, que pueden tomar por el atajo de las adicciones o del delito.

Para sintetizarlo mejor voy a acudir a los poetas, que siempre adjetivan la síntesis del sentimiento y del pensamiento. He leído en las prisiones de México, donde hago habitualmente docencia, y voy con mis alumnos… lo que ya es una suerte de cantilena… se dice que la escribió un viejo preso, y está generalmente pintada en las paredes o bien enmarcada en latón, con esa artesanía de colores estupendos que tienen los mexicanos. Dice:

“en este lugar maldito donde reina la tristeza no se condena el delito, se condena la pobreza”.

Y voy a acudir a algo bien argentino. Abro entonces una página del Martín Fierro donde el Viejo Vizcacha asegura: “La ley es tela de araña/ en mi ignorancia lo explico / no la tema el hombre rico/ nunca la tema el que mande / pues la rompe el bicho grande/ y solo enreda a los chicos”.

Debo reconocer que los abogados somos frondosos, hablamos demasiado y observen ustedes la síntesis que elaboró José Hernández en la que ha logrado sintetizar todo lo que he intentado decir hasta ahora… Invito entonces a volver a la poesía.

Resulta entonces que cuando se escucha en nuestro país hablar de violencia. O se lee sobre ella en periódicos y revistas. O surgen reportajes, de la violencia que se habla, también es la de abajo, está abajo. Esa violencia urbana y callejera es, sin duda dramática, victima y victimario se ven, hablan, gritan, luchan, matan, mueren.

Nadie puede tener una actitud filocriminalista con ella. Nadie puede simpatizar pero si decir que no es la única violencia delictiva y que hay otra superior, muy superior aunque más compleja.

De modo que estamos acostumbrados, cuando se habla de violencia, a mirar hacia abajo porque allí están los delitos de la gente de abajo. Si alzáramos la cabeza y mirásemos hacia arriba deberíamos preguntarnos ¿qué ocurre con los delitos que se pergeñan entre las alfombras rojas de ministerios, empresas transnacionales oligopólicas, en los bancos, en las financieras...?” millonarios, en dólares capaces de hambrear regiones del país. Y allí están en enorme variedad fraudes administrativos y con moneda producto de la corrupción y el soborno en un país como el nuestro en que hubo un legislador trucho y se cobraban sobresueldos por parte de ministros y secretarios, también en dólares. Y allí están los grandes tráficos de nuestra época – comenzando con el de drogas que obviamente vende seres humanos a la droga, y no al revés, el tráfico de mujeres, de sangre, de órganos humanos, de armas de guerra…

Nuestro país ya ha debutado en todos ellos (parece que exitosamente porque no ha habido condenas ni nada por ese asunto). ¿Y la polución de la atmósfera, la tierra y las aguas? ¿E incitar al odio racial, religioso, político y de género mediante los medios de comunicación? ¿Y los delitos
tecnotrónicos?

Lo único que les puedo decir es que los autores de esos hechos no están en la cárcel. Que la
justicia, cuando actúa, cajonea las causas que se prescriben por el transcurso del tiempo. Y ahora cabe preguntar ¿todos estos delitos no son violentos? ¿no generan violencia?. Un solo delito cometido desde detrás de un escritorio por un grupo de inteligencia tiene más coste social y económico que todos aquellos cometidos por delincuentes contra la propiedad que se encuentran presos en todas las cárceles del país y sus alrrededores. ¡Un solo delito! Pero en las cárceles están siempre los mismos siempre, los delincuentes fracasados…

Frente a estas conocidas circunstancias, casi todos los catedráticos de derecho penal y en general de las disciplinas penales, señalan, con razón que “el derecho penal en su ejecución resulta “selectivo””. En realidad cabría hablar con todas las palabras del diccionario de nuestra rica lengua y decir, más concretamente, que esa selectividad se llama discriminación. Y decir, el derecho penal en su ejecución es discriminatorio. La realidad concreta lo confirma año tras año, día tras día, mucho más en tiempos del neoliberalismo.

Ello no es patrimonio de los países periféricos del capital mundial. En algunos países centrales se verifica lo mismo. En los EE.UU. el 50 % de los encarcelados es de raza negra, el 25 los llamados hispano parlantes y el otro 25% se compone de personas provenientes de países de Asia y anglos. Los negros suelen decir: “tenemos más gente de nuestra raza en las cárceles que en las Facultades” Y, es así, si se advierte que los negros constituyen el 7 % de la población del País del Norte y, reitero, pueblan el 50 % de las cárceles...

Otro hecho de aparente difícil recepción es el de tratar de entender cómo se receptó, ya institucionalizado el país en 1983 y así hasta hoy, a la policía tal cual había sido durante la dictadura militar. Me refiero a la policía, por ejemplo, de la Provincia de Buenos Aires, la policía de Camps. Es que por entonces, ¿no se sabía que para crear la democracia requeríamos de instituciones democráticas?, y además de demócratas… Ningún beneficio de inventario, se la recibió tal cual venía como si haber sido el brazo ejecutivo de la dictadura fuese su aval… Y así hasta hoy. Sin ningún programa para hacer un cambio de estructura o ideológico, para que
pueda entender algo sobre la doctrina de los Derechos Humanos, que es la doctrina de la democracia.

La receptamos tal cual. Y uno puede decir caray, que distracción… o acaso que incuria, que ignorancia, que error garrafal. No, no, no. No es tan así. No es tan así. Cuando se recepta una policía de esa manera, tenemos que reflexionar en términos criminológicos, que había un motivo. Y el motivo es una suerte de pacto. No escrito, silencioso, consabido. “Señores de la policía nosotros necesitamos –dicen los políticos en funciones gubernamentales– una policía de control social inmediato, una policía que tome las riendas, que no vacile en desarrollar su mano dura frente a los insumisos, los que protestan, los que manifiestan…y nosotros cerramos los ojos y sellamos los labios frente a los negocios que ustedes realizan”. Son mutuos avales siniestros y silenciosos.

Y entonces se fue acrecentando en 1984, 1985, 1986 lo que se llama pena de muerte extrajudicial.

Alfonsín había derogado la ley de pena de muerte de la dictadura pero la policía
comienza a aplicar, como nunca antes, la pena de muerte extrajudicial conocida como “gatillo fácil”. Y digo pena de muerte extrajudicial porque la lleva a cabo la policía que es un órgano esencial del poder punitivo del Estado.

La prisión es por esencia una forma de control social institucional. Vivimos en una época de control social. En que el control social es importantísimo para los políticos de la llamada de la democracia formal que alberga a un 90 por ciento (tal vez en las provincias argentinas tendremos que elevar esa suma) de gente de abajo. Y en los reformatorios (aunque se denominen “hogares”) será muy dfícil avizorar a un chico rubio. Son todos morochitos, provienen de hogares disociados o eyectores, parecen clonadas sus caras y sus historias.

Y cuando se leen las llamadas historias criminológicas de los que van presos siempre en ellas aparecen esos reformatorios por los que pasaron alguna vez. ¿Quién fracaso, el adolescente o el reformatorio? Es que el rigorismo de esos reformatorios ligados al hacinamiento y al hecho de que se trata de jóvenes sin mayor educación ni valores, hace que esos chicos se resientean aún más o, en otras palabras, ayudan a profundizar su resentimientos familiares y sociales, Alguna vez yo escribí que si la delincuencia fuese una industria de la que viven perdón, de la que vivimos muchas personas, aún luchando contra ella, pues esos chicos serían la materia prima.

Hoy tenemos que ver a la cárcel como un elemento de control social absoluto. Y la violencia existente hoy en las cárceles –sobre todo en Latinoamérica, en general y en la Argentina en particular- nos encontramos con que lo que hoy se padece es superlativamente mayor que hace 40 o cincuenta años. Y vale la pena repetirlo: la cárcel aloja a muchas personas que el mismo sistema engendró.

¿Qué hacer? En la Argentina la opción de hecho es la mano dura y cero tolerancia que se traduce como penas más largas, no excarcelabilidad en la mayoría de los delitos, proyectos de esturar la edad de la imputabilidad hacia abajo, es decir, la política Blumberg que tan notable recepción social y política obtuvo.

La prevención no existe, sólo la represión, cortar el dolor de cabeza decapitando… Adelanto que mi criterio es precisamente la prevención y, entre los datos que agregaría aparentemente extra criminológicos, está, vuelvo a repetirlo, el pleno empleo. Es que al no existir pleno empleo tenemos frente a nosotros una suerte de germen delictivo que no se considera generalmente por el común de la gente. Mucho menos por aquellos que creen todavía –en las teorías de Lombroso y sus seguidores– y encuentran la causa de la delincuencia en focetas occipitales, en delincuentes perversos, en locos morales, en rostros desorbitados e inarmónicos y, además en
genes igualmente perversos que habrá que investigar…

Quiero ahora proporcionar un ejemplo que pueda subrayar lo que dije al principio de esta conversación. Para ello tendríamos que hablar de la llamada readaptación social del delincuente. La tan cacareada readaptación social del delincuente. De la que se habla sin saber uno a qué se refiere, porque nunca ha sido definida ni siquiera descriptivamente.

¿Qué es la readaptación social del delincuente? Readaptar quiere decir, concretamente, que alguna vez estuvieron adaptados. Y nos preguntamos ¿adaptados a qué…?. ¿A hogares eyectores, a situaciones terribles, desde la infancia? ¿al barrio, la villa miseria o el asentamiento en que vivían? “Social”, readaptación “social” Pero si es que esas personas, cuando salen en libertad definitiva o condicional van a dar a su grupo de pertenencia. ¿O a dónde van a ir a dar?, al medio y a las circunstancias que lo lanzaron al delito ”Del delincuente”. Readaptación social “del delincuente”. ¿De qué delincuente? Del preso, porque de estos que hablé anteriormente que nunca llegan al ámbito de la justicia y la cárcel, es decir, siguen en libertad… ¿cómo se los readapta?

En ese orden de ideas, deberíamos plantearnos con honestidad un hecho concreto: ¿cómo
podríamos hacer para readaptar socialmente a un delincuente económico?, si, por razones de arcana índole, llega a ser condenado y preso ¿Cómo se readapta? ¿Alguien lo sabe? ¿Puede aportar ideas…? ¿Cómo hacer para readaptar socialmente a alguien que está más, yo diría, socializado que cualquiera de nosotros?, que ha viajado muchísimo más, que viste de una manera que ni los jueces ni los fiscales ni los defensores vestimos?

Se trata de ese señor que va a los programas de televisión, que sus empresas patrocinan, a protestar por el robo de pasacasetes y pide, poco menos, que pena de muerte para sus autores. A cárcel van a dar personas que van a ser socialmente olvidadas, van a dejar de ser seres humanos para convertirse en categorías legales. Y eso de readaptar, yo les puedo asegurar a ustedes que jamás, en más de treinta y cinco, casi cuarenta años que estoy en estas cosas, he visto que se readapte alguien salvo que tenga una familia muy fuerte y bien conformada. Y que esa familia lo vuelva a acoger. Pero en general, aquello que decía la gran penitenciarista española, Concepción Arenal, a principios de siglo, “de la cárcel los buenos salen malos, y los malos un poco peor” tiene total vigencia.

Ustedes han oído hablar de escuela del delito… Si, si, pues les ratifico que la cárcel tiene mucho de eso. Pero también hay un juego macabro y muy especial que se produce de varias maneras, para que el individuo pierda identidad, que es la estructura de un ser humano. En esos días calcados, llenos de coloquios lastimeros y de violencia, casi siempre de hacinamiento, promiscuidad y de escabrosos reacondicionamientos sexuales, de ley del más fuerte, de negocios hasta el infinito… el recluso debe prestar absoluto acatamiento, volver a la infancia. El afán restringido de obrar queda en cero. Es simplemente uno más al tiempo del recuento. La pérdida de identidad lo cosifica y la sumisión, debe aprenderlo, debe sumirlo en la total aceptación. Es que la sumisión hace más sencillo el control. Ello ocurre también con personas en libertad y con países centrales y periféricos.

La prisión como pena está en la ley y la prescriben los jueces como detención preventiva con el sospechable procesado o bien como pena privativa de la libertad. En todos los casos se trata de la libertad locomotiva o deambulatoria. Pero, el recluso, en especial el ingresado por primera vez, advierte que lo que va perdiendo, al márgen de su libertad, es lo que para muchos constituye el principal derecho humano: la dignidad. Esto no estaba en la ley.

La dignidad humana, tan difícil también de definir, que decidió a Malraux hacerlo por lo que constituye su contrario y habló de “no humillación”. A la pérdida de la dignidad se agrega la de la patria potestad, también la del derecho humano a trabajar. Ninguna ley va a decir “se le condena a la privación de la libertad y además al ocio forzado”. Ninguna ley va a decir que “se
condena a la ineducación”, a la falta de atención médica y dentaria (¿y el derecho a la salud…?

Y así podría seguir enumerando. Sólo diré que el Estado, se ocupa de apoderarse de la libertad del individuo, se apropia de su entera vida y de su muerte.

Morir en prisión es algo que tampoco está en la ley. Hablé recién de la pena de muerte extrajudicial por parte de la policía en los llamados enfrentamientos con delincuentes en las calles (enfrentamientos que suelen ser “ratoneras”). También es pena de muerte, por acción u omisión (caso de enfermedades) la que ocurre en las cárceles.

Oscar Wilde decía, en la Balada a la cárcel de Reading, “nadie lloró sobre la tumba del delincuente muerto”. Lo que yo diría parafraseandolo, es que no interesa el delincuente vivo. La muerte policial o carcelaria obedecen a una forma de violencia racionalizada que se ha dado en denominar “operación limpieza”. Se conoce en toda Latinoamérica, en países como Brasil, México, el nuestro por supuesto, Venezuela, Colombia… Pues, salvo Uruguay, que es una ínsula en ese aspecto, todos tienen Operación Limpieza, con órdenes que viene de arriba y que después se hace tan común que la policía las efectúa por sí y ante sí.

Hay personas que mueren en prisión por enfermedades absolutamente curables, como la
tuberculosis. Pero no hay medios, no hay medicamentos, seguimiento de la enfermedad,
médicos. Y, entonces, esta enfermedad, que es infecciosa, se contagia. Qué decir de otras enfermedades también curables como la cirrosis hepática, la hepatitis, que tomadas en cierto punto se puede luchar, y con éxito. Incluso enfermedades de tipo psíquico. Por ejemplo, depresiones endógenas, o neurosis depresivas reactivas. El individuo sufre, sobre todo ocurre con presos que ya tienen antecedentes depresivos, pero sobre todo con aquellos de origen rural, acostumbrados a los anchos márgenes del cielo y de la tierra, que se ven ahí, como sepultados.

Y entonces estos individuos comienzan con una depresión, una melancolía absoluta que el tiempo y la falta de tratamiento, transforman en un catatonismo que los hace deambular por el pabellón, pidiendo algo para matarse a sus compañeros. Y todo el mundo sabe que se va a matar. Lo saben los compañeros sobre todos los que tienen más experiencia carcelaria , los guardacárceles, que son los presos del otro lado, los presos del preso. Algún día terminará siendo “corbatero”. Corbatero porque se suicidaban utilizando corbatas. Ahora se ahorcan con cualquier cosa pero se les sigue llamando “corbateros”.

También en la cárcel hay suicidios que no son tales. Han sido disfrazados por el personal u otros reclusos. Las prisiones receptan dos grupos que se viven con desconfianza y zozobra pues son enemigos declarados. Viven largas horas separados por las rejas. Se trata de los reclusos y sus custodios, los guardia cárceles. Pertenecen a la misma extracción social. Habitan, muchas veces, en el mismo barrio, en la misma villa, el mismo asentamiento. Sus hijos se conocen, van a la escuela juntos.

Pero la tradición que emana de un código de honor prisional los pone en enemigos potenciales, que se viven con tremenda desconfianza. La desconfianza de la revuelta, al motín. Curiosa circunstancia: El Estado utiliza seres de la misma extracción para la represión penal y el control Pero, en los últimos cinco lustros se suscitan ciertos “negocios” que rompen esas trabas y aquietan los rencores.

Es que en la cárcel todo, absolutamente todo, se negocia. Se negocian actividades sexuales, lésbicas en las de mujeres, homosexuales o pederásticas en las de hombres, también heterosexuales, prostitución… se negocia el traspaso a otra cárcel, a otro pabellón, un certificado de buena conducta para el momento de las libertades condicionales o los permisos de salida… y, por supuesto, alimentos y, fundamentalmente, drogas.

Y cuando digo drogas no digo simplemente las sintéticas. Hoy podemos hablar de inyectomía lo que implica jeringas, agujas y, en especial, la droga en sí. Siempre se dirá en caso que se descubran , en una requisa por ejemplo, que las introdujeron esposas, madres, hijas, convivientes, amantes, novias. Y por eso esas requisas tremendas que se les hace, de tipo ginecológico. De este escabroso asunto ha escrito mucho y bien, Eva Giberti, que tuvo a su hijo preso en tiempos de la dictadura, y que fue objeto de esas requisas, que ella estudió y estudió psicológicamente a las requisantes que las efectúan. Pero aún continúa este tipo de requisas en cárceles como la de Olmos y Villa Devoto.

Volvamos a la muerte en la cárcel. Hablaba de enfermedades, y es imprescindible decirles a ustedes que la mayor parte de muertes por enfermedad se registran por sida. No se puede establecer porcentajes de quiénes se contagiaron en ella y quiénes la traían al tiempo de ingresar en el penal. El resultado es el mismo, muerte. En tiempos en que el sida no mata pues es posible, mediante antiretrovirales, cronificar la temible enfermedad. Los presos sin cuidados, medicamentos apropiados, tratamiento, seguimiento de la enfermedad y comida calórica imprescindible, van desarrollando los diversos estadios y, tal cual ocurría en 1980 cuando no había medicamentos, sobreviene de modo inalterable, la muerte. La vulnerabilidad resulta aún más explícita en la medida en que las cárceles están fuera de las grandes ciudades. Las posibilidades de tratamiento se hacen más escasas.

En general, nadie muere de sida, nadie que tenga la medicación necesaria, y el seguimiento hematológico pero también clínico. Las cárceles registran solo muerte, a secas. En ciertas ocasiones cuando el recluso, víctima del sistema penal, se encuentra en estado Terminal, hay jueces que deciden favorablemente su traslado con sus familiares o a un hospital, en la ciudad de Buenos Aires, el Muñiz. Proveen favorablemente una excarcelación extraordinaria para ayudarle a bien morir. Y a bien vivir, ¿cuándo?

En nuestro país mueren de sida los pobres y mucho más si están presos porque las formas de contagio son mayores. Ya señalé la inyectomía de drogas. La aguja que circula de vena en vena sin asepsia alguna es la forma más rápida de contagio. Y en la prisión hay códigos de hermandad, de una solidaridad macabra, que hace que nadie se niegue a correr el riesgo de inyectar la misma aguja. Negarse sería como un acto de deslealtad o de cobardía.

Después están los cortes que se infringen los presos con elementos pinzocortantes y cuchillos caseros denominados “suncho”. Es muy común que dos amigos que se van a pelear por razones del momento decidan cortarse. Uno le ofrezca un suncho al otro para que se corte y el otro ya cortado se lo devuelve para que proceda del mismo modo. Ellos dirán luego que, de esa manera, se alivian y la amistad regresa de inmediato.

Se afeitan con los máquinas y se tatúan sin la mayor higiene, también con los mismos
elementos. Y después está la problemática sexual. Homo y heterosexual. La ley faculta a la esposa, la conviviente, la amiga, la amante e ingresan subrepticiamente prostitutas y así como no se ejerce control con los presos tampoco hay monitoreo para ellas. De modo que queda abierta la posibilidad del contagio. La enfermedad cunde. Hay quien habla de que el 35 por ciento de los presos padece sida.

No puedo hablar de estadísticas fehacientes. Pero cualquier médico de las cárceles da fe de que la exposición y el contagio cunde. Insisto, no hay para el preso cóctel de drogas ni siquiera una droga aplicada sistemáticamente. De modo que, si ligamos a todo esto la promiscuidad, el hacinamiento, tenemos que pensar que todas estas cosas pasan a ser comunes.

Los grandes negocios que ocurren en la cárcel también llevan a muertes violentas. El caso de las drogas ilícitas proporciona un ejemplo que se sucede en muchas cárceles del país y el extranjero. Los presos venden a otros, claro que la droga entra por medio de funcionarios, guardia cárceles, existe toda una red… La familia del preso es la que paga. Él le miente a su mujer, a su madre generalmente diciéndole que en el pabellón hay alguien que lo quiere matar, que se trata de un adicto loco al que tiene que mantener pagándole la droga. Frente a esa circunstancia la familia trae el dinero a la cárcel y en cada visita se lo entrega. Resulta muy común, pero muy común, que un día los familiares no puede traer más dinero. El preso se desespera ¿Qué hará cuando lo ataque el síndrome de abstinencia o carencia de la droga?

El es adicto y en su desesperación pide que le fíen siquiera por una vez. Pero, ¿cómo le van a fiar? Si le fían, pues, deterioran el negocio. Vendrán otros a pedir lo mismo, ¿y entonces? Entonces, la sentencia es muerte.

Se ve obligado, según el lenguaje de Olmos y de Villa Devoto, a “pedir reja”, es decir un traslado inmediato a un pabellón o algún recinto para “refugiados”. Sabe que si los otros lo encuentran ha de morir por haber roto cierto código. O por no haber pagado.

Lo mismo ocurre en múltiples negocios que quedan impagos. O sea, que se conoce otra causal de muerte, debida, si se quiere a tanta política de mercado en las cárceles.

Finalmente otra forma violentísima de muerte se verifica en las revueltas y motines. No puedo hacer un cálculo de qué posibilidades mayores tienen las personas que van presas de morir, con respecto a aquellas que estamos en libertad. Pero la posibilidad es mucho mayor. Y a todo esto, se me ocurre preguntar volviendo a las finalidades de la pena de prisión ¿cómo podríamos readaptar socialmente a un seropositivo? ¿O, incluso, a alguien que padece VIH? ¿Eso es lo que quiere la ley?

Quiero decir que esto que ustedes están escuchando, lo digo como antiguo docente de la
Facultad de Derecho, y eventualmente también de la de Psicología, no es lenguaje que se
dispensa habitualmente en esos centros de estudio porque no hay investigación de campo, no
hay observación participante. Nosotros creamos, seguramente porque el sistema lo exige,
tecnócratas legales con circunspectas anteojeras. No personas capaces de advertir qué es lo
que pasa con las leyes en su aplicación.

Todos sabemos que aquello que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional en su parte final, “las cárceles serán sanas y limpias”. no se cumple.

Las cárceles son pocilgas infectas, lugares infrazoológicos donde se albergan por el Estado una cantidad de individuos que, en realidad, no importan.

Para terminar les voy a contar una anécdota, que es la que me fue llevando a mi a toda una teoría acerca de la existencia de un estado penal, o autoritario, dentro de las democracias formales, para ejercer el control social sobre una ingente cantidad de personas.

Creo que la política neoliberal efectúa ese control, como señale antes, sobre posibles insumisos y rebeldes. Gente de abajo a partir de los excluidos sociales, los reformatorios de menores, en las cárceles, y en múltiples otras facetas que denigran la dignidad humana, por eso referí algo sobre la acción policial y la realidad carcelaria.

Quiero dejarles un ejemplo que fue, para mi, en el año 96 del pasado siglo, de una importancia extrema. Me hizo reflexionar muchas cosas y ahondar investigaciones: estaba estudiando la temática de sida en prisión, que dio lugar después a mi libro Sida en prisión: un genocidio actual. y, como buena parte de mi vida docente la realizo en México, donde tengo muy buenos amigos, alguien me habló de un secretario de estado, léase ministro, del Distrito Federal mexicano. Me señaló que era un eminente Hematólogo y que debía conocer sobradamente la temática del sida. Logré una entrevista a la que fui acompañado por un amigo común. Me senté frente a este hombre y le dije “doctor, quiero que me diga en pocos trazos, cuál es la política de México en materia de sida” y él, rápidamente, cual un resorte, me dijo: “pues no tenemos política”. Quedé estupefacto y atiné a preguntar: “¿en ningún sitio?“ “En ningún sitio, contestó. En las treinta y dos entidades federativas no tenemos política”. “Bueno, le dije entonces, creo que mi segunda pregunta va a ser sobreabundante: ¿cuál es la política con respecto al sida en las cárceles”. Volvió a sonreír y me dijo: “no, no tenemos política”. Iba a decirle que no tomaría más de su tiempo, levantarme e irme, pero le expresé: “¿y por qué no tienen política?”. Entonces me dijo entusiasmado:¡ ¡“esa es la pregunta, la pregunta importante”! Y repuso: ¡”No tenemos política porque esa es nuestra política.”!

E, inmediatamente, me explicó: “como yo sabía que usted vendría por aquí, le tengo este libro. Siéntese mientras yo sigo conversando con nuestro amigo, y mírelo. Y no se proponga hurtármelo”. El libro era del Banco Mundial, una especie de vademecum muy prolijamente editado, en inglés y castellano, que digamos, en un primer gran capítulo traía toda la historia del sida.

Todo, en detalle. Desde el año 79 hasta el 96, pues era una edición reciente. Allí estaba todo, hasta el padecimiento de Rock Hudson incluido.

Un segundo trataba de los descubrimientos realizados para el combate del sida hasta ese momento por los laboratorios. Y entonces hablaba de antiretrovirales, y en todos los casos ponía el laboratorio que lo descubrió y el precio del producto. En todos los casos, el precio del producto. Y existían combinaciones, leí: “en el tercer período o estadío de la seropositividad es necesario…” y ahí señalaba la cantidad de antiretrovirales, y en todo caso el precio de ése cóctel. De drogas. Y luego, obviamente, las formas de monitorear, y los precios. La posibilidad de que haya enfermedades llamadas invitadas que trae el sida, el caso del cáncer, también cómo se puede combatir, en qué período puede llegar… y el precio del producto. El tratamiento médico, y el precio del producto. El seguimiento de la enfermedad, la internación, la alimentación siempre con los precios.

En un tercer gran capítulo, se señalaba, concretamente, que si en un país con tales índices demográfico existe tal cantidad de seropositivos constatados según listas, entonces si se puede solicitar el subsidio del Banco Mundial.

Esta constatación, me permite contestar la pregunta que hice al principio de esta charla, cuando hablé del sentido ético de la vida humana. Nosotros, muchos de nosotros que luchamos por mantener ese sentido ético, que nos lo da la doctrina social y política que emana de los derechos humanos, tenemos que advertir que hubo un momento en que ese sentido ético se había expandido con un estado que se decía benefactor. Hoy, el ejemplo que acabo de mencionar, nos ubica en la realidad del sentido de esa vida humana y su sentido valor: se ha transformado en un problema de costo, riesgo, y beneficios. Muchas gracias.


PREGUNTA: mi nombre es Gerardo E…, estuve preso preventivamente 400 días en el penal de Villa Urquiza de Tucumán… por la petite histoire, como dicen los franceses, me tuvo preso un juez que hoy tuvo que presentarse en el Consejo de la Magistratura por un prevaricato de 10 millones de dólares. Yo estuve preso por tenencia simple de drogas, después me excarceló… Y después de esos cuatrocientos días en el penal de Villa Urquiza, donde pasa todo lo que usted dice, sobre todo en las cárceles provinciales, donde los presos son excluidos no solo de la riqueza, sino excluidos del amor, de la educación, de la belleza… Mi pregunta es: nunca supe nada de derecho, pero alguna vez pasé por la vidriera de una librería y veo un libro suyo que habla de prisiones abiertas, o algo así. Digamos… en el marco de este mundo donde quizás uno se avergüenza de ser ser humano (yo, después de esos 400 días me da vergüenza decir que pertenezco a esta especie a la que pertenezco). ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo para que cambie la situación del sistema carcelario en Argentina?

Yo creo que ocurre en la Argentina algo muy singular. Habemos una cantidad de criminólogos o victimólogos, como es mi caso … Zaffaroni… tantos otros… que ven claramente la obsolescencia de la prisión. Advierten que la prisión es antinatural, que es un tormento prohibido por la Constitución Nacional, también en el artículo 18. Y entonces hablamos de medidas alternativas y sustitutivas de la prisión tradicional. No es necesario, tampoco, liquidarla de un plumazo. Pero si que haya otras cosas, o sea: que el juez no envíe al mismo depósito a todas las personas, que el juez no juzgue expedientes, sino seres humanos. Seres humanos que tarde o temprano tienen que volver a la sociedad de la manera más benéfica para si mismos, para sus familias y para la propia sociedad. Hablamos de nuevos tipos de penalidad, por ejemplo, la realización de trabajos en obras y servicios públicos, sistemas de weekend y hasta de la mediación penal e, incluso la prisión abierta, como usted mencionó. Prisión abierta de tipo agrícola pecuaria para gente de origen rural, perfectamente seleccionada… Hablar de este tema daría lugar a uno o dos conferencias más. Pero, en gruesos trazos, de lo que se trata es de que el juez pueda personalizar la pena. Hacer lo que se llama, técnicamente, individualización judicial de la pena. Y vuelvo a insistir, juzgando seres humanos.

Pero los jueces suelen juzgar expedientes. No tienen a la mano una ficha seria de quién se trata, un estudio biológico, psíquico y social de esa persona y tampoco en el juicio oral se advierten esas cosas. Es lo que se recoge de haber formado tecnócratas legales. ¿Por qué tecnócratas legales? Porque lo que estudian es dogmática legal. Y si es alemana, mejor. Resulta que los alemanes, Exner, por ejemplo cambian constantemente girando sus ojos a la realidad y nosotros a la doctrina alemana… ¿Cómo es posible que aparezca un señor Blumberg y cientos de miles de personas firmen algo que implica leyes de mucho mayor dureza… Hay personas, incluso jueces, que creen que el dolor de cabeza se corta decapitando. Habría que explicarles que en el país desde hace años existe la pena de muerte. Que la policía mata en los llamados enfrentamientos en la calle la policía mata a muchísimos personas sospechados de delitos… que en las cárceles muere muchísima gente…

Entonces, cuando eso ocurre, cuando la policía hace gatillo fácil, tenemos que preguntarnos: ¿logran disuadir? ¿Disuaden al delincuente? Cuidado, se trata de la pena máxima al instante, sin acusación ni defensa. Solo muerte, a secas. Pero el delincuente no se intimida ni disuade. Ellos lo dicen, en su lenguaje y lo he recogido en un trabajo que hice con colaboradores en varias cárceles, “antes, si perdíamos en un trabajo que estábamos haciendo, nos encanutaban. Ahora, la policía sale de fierros... Y nosotros también”. ¿Qué quiere decir? Que el delincuente no se arredra. Y nosotros seguimos pensando que sí.

Penas más duras. Y viene un señor, al que recibe el presidente de la República dos o tres veces, porque, claro, este señor (Blumberg) ha reunido 120 mil personas en la plaza, y es un factor político importante. Y se hacen las leyes según él lo señaló. Debemos estar muy enfermos como sociedad si después de una dictadura inescrupulosa y represora como la que tuvimos seguimos pidiendo represión y más represión aunque se trate de delincuentes.

Hay gente del extranjero con la que yo he estado en múltiples congresos, y me preguntan asombrados ¿ustedes todavía quieren más violencia? Y… ¿quién quiere esa violencia?”. Pues, la clase media”. Es que la clase media suele tener una mirada de ciertas cosas, una mirada…que sólo llega a sus ombligos…



elias neuman
16 de mayo de 2006