CONFLICTOS y PODER

Acontecimientos de muy diversa naturaleza y causalidad –desde extorsiones policiales llamativamente generalizadas en una importante cantidad de provincias y saqueos en zonas previamente liberadas por esas policías, hasta cortes prolongados del suministro de energía en grandes ciudades– han contribuido, en su insólita simultaneidad, a configurar un clima político visiblemente enrarecido.

Resulta complejo establecer un cuadro del conjunto de la situación. Sin embargo, sin ese cuadro no hay análisis político. Claro que construirlo no equivale a enlazar arbitrariamente los acontecimientos ni, mucho menos, recurrir a ese remedio mágico contra la complejidad de lo político que son las teorías conspirativas. Estas hipótesis, que siempre presuponen algún actor unitario y omnipotente que mueve los hilos de la conspiración universal, han fabricado poderosos anticuerpos en el mundo intelectual y periodístico; tienen una bien ganada mala fama. Ahora bien, sucede a veces que el rechazo del atajo conspirativo va aparejado con la renuncia a un análisis político de conjunto, a un intento por establecer una trama analítica de los acontecimientos.

Está de moda hoy llamar “relato” a esa trama orgánica en la que se inscriben los hechos particulares y de la cual estos hechos toman su sentido social y político. Cada uno de los actores sociales protagónicos de las situaciones particulares tiene su propio relato. El agente policial puede explicar su apoyo a la “protesta” sobre la base de reivindicaciones insatisfechas por el poder político; los diversos sectores perjudicados por el corte de luz demandan razonablemente que las autoridades involucradas asuman su responsabilidad en la solución del problema y en las compensaciones a los daños sufridos. Así, hay también planes de lucha de sectores sindicales que esgrimen reclamos justos y razonables, como lo son también las quejas de múltiples y heterogéneos conglomerados sociales que consideran que sus demandas no son satisfactoriamente atendidas.

 No se puede, sin embargo, construir una clave interpretativa sobre la base de la simple suma o el amontonamiento de relatos parciales; y no se puede, sencillamente, porque ni la sociedad ni la política pueden reducirse a esa suma de experiencias heterogéneas entre sí.

A ese método se le pierde un eslabón decisivo en la interpretación: las relaciones de poder en el plano nacional y la puja de poder que en esas relaciones se desarrolla. Esas relaciones y esas luchas por el poder pueden estar más o menos presentes en la conciencia de los actores sectoriales, pero en ningún momento dejan de influir en los acontecimientos. Para graficar un poco tanta abstracción: cómo, si no desde la perspectiva del poder, puede explicarse el apoyo de Moyano al Gobierno hace dos años y su actual beligerancia extrema; ¿es la orientación del Gobierno en materia distributiva o la posición de Moyano en la lucha de poder lo que se ha modificado drásticamente?

Si la escena política se ha enrarecido no es, entonces, por la mera suma de episodios particulares de innegable impacto social. Lo que le da a la escena el nivel actual de dramatismo es la existencia de un problema principal, el del poder político en el país. Por si hace falta aclararlo más aún: no se habla acá de una intención unánime y deliberadamente desestabilizadora de los protagonistas de cada escena parcial; cada una de ellas tiene razones y tiene causas. De lo que se trata es de la capacidad que tiene la lucha por el poder de capturar las racionalidades particulares y absorberlas en una lógica común, en una lógica, justamente, de poder. Cuando de lo que se trata es de la lucha por el poder, poco importa si en tal o cual conflicto tenemos que situarnos en la defensa de lo que, mirado desde la particularidad, no quisiéramos defender. Miremos si no, a Carlos Pagni en su columna del diario La Nación agitando el abandono por parte del Gobierno de su política de memoria, verdad y justicia, supuestamente consumado con la aprobación parlamentaria del ascenso del general Milani. La preocupación del comentarista no armoniza con su posición durante estos últimos años ni con la insistente e indignada prédica del medio en el que trabaja contra la política del Gobierno en la materia.

La derecha hizo su diagnóstico a la salida de las elecciones legislativas. Dijo que el futuro era, o bien una “transición” ordenada (y obviamente acordada con los poderes fácticos) o el caos. De ahí en más no hace falta teoría conspirativa alguna para explicar las crecientes tensiones políticas: se va a actuar sistemáticamente, más aún de lo que se viene haciendo en los últimos cinco años, para convertir cada conflicto local en una chispa válida para el gran incendio. Claro que cada una de esas chispas –las policías autocontroladas y a la vez desmadradas, la falta de inversión de las empresas concesionarias de los servicios, la subsistencia de fuertes bolsones de pobreza y marginación– son preguntas sobre nuestra situación política y social que no admiten respuestas autocomplacientes. El país está en un punto de su historia que no es el del prólogo al gigantesco derrumbe de fines de 2001 ni es el de la superación plena del orden que produjo aquel colapso y la consolidación definitiva de un rumbo diferente de desarrollo. Más aún: muchas de las políticas concebidas como reparación de los males sociales más agudos y urgentes generaron nuevos problemas y nuevas contradicciones, aunque ese noble origen de los problemas no exima de la obligación de asumirlos y superarlos. Un país que pasó por las circunstancias terribles, y no del todo superadas, de una crisis orgánica que amenazó hasta su viabilidad como comunidad política, no puede no estar atravesado por estos polvorines sociales.

 En este país se desmanteló la industria, se condenó a millones al desempleo y a la marginación, se entregó el patrimonio nacional casi totalmente, se destruyeron los ferrocarriles, se regaló la aerolínea de bandera. Y, ante todo, especialmente a partir de la última dictadura, se debilitaron extraordinariamente la cultura de la ley, el respeto de lo público y la idea de justicia.

El déficit estatal argentino viene de mucho más lejos y no puede explicarse sin referencia a la sistemática usurpación del poder legal por parte de fuerzas armadas comprometidas con las clases dominantes, durante gran parte del siglo pasado. Conocimos el atropello brutal contra todo derecho humano en los tiempos de la última dictadura y la reestructuración neoliberal de nuestra sociedad en los años noventa: Estado terrorista y privatización neoliberal como portadores de la misma sustancia antiestatal y antipolítica.

Alrededor del Estado, de su capacidad para regular al mercado, de su efectivo poder de decisión, de su capacidad para proveer orden en un contexto de respeto por los derechos individuales y sociales y con un sentido de justicia social, gira el conflicto político central en Argentina.

Más que nunca la consolidación del Estado soberano se juega en el terreno del consenso social y la arena de disputa es la cultura política de los argentinos.

Claramente la idea articuladora de los conflictos que sostiene la derecha no es de índole “positiva”, es decir, no es una plataforma política desde la cual se proponga una nueva forma de convivencia social entre los argentinos. Los conflictos se articulan en su “negatividad”; su fuerza, en las versiones más duras y audaces, es la de converger en un dispositivo que pueda generar una situación de absoluta ingobernabilidad. La gobernabilidad es la calle, según lo acaba de precisar cierto economista que trabaja para el establishment de los buitres. La calle es el punto más sensible de éste y de cualquier otro gobierno: ahí es donde se juega la capacidad de ejercer el orden con el mínimo posible de violencia legal. En la calle están los cuerpos y está siempre latente la violencia. Por eso puede hablarse de estos acontecimientos como inscriptos en una estrategia de lucha por el poder. No porque cada hecho lo sea desde la perspectiva de sus actores, sino porque convenientemente amplificados e inscriptos en una descripción de lo que ocurre, los acontecimientos transforman su sentido, dejan de ser lo que son como conflictos particulares para convertirse en escenas de lucha por el poder.  

Los hechos no son los hechos: son la inflación, la inseguridad, la corrupción, la ineficacia gubernamental, todos ellos conceptos que no pueden ser discutidos ni problematizados, son presentados por la maquinaria mediática dominante como un dato del más elemental sentido común. Son el “relato” habilitante de la provocación desestabilizadora.

Los cambios en el gabinete y en algunos formatos institucionales (claramente, el lugar de la Jefatura de Gabinete) son también parte de esta lucha, una adecuación de formas y de tiempos por parte del Gobierno que parte de dos hechos fuertes: el retroceso electoral de octubre y la imposibilidad de la re-reelección de la Presidenta. Se nota un doble esfuerzo: el de mejorar la gestión estatal de las políticas públicas que se impulsan y el de jerarquizar la comunicación y el debate público. La preservación de la figura presidencial frente a ciertas circunstancias conflictivas y el intento de ganar la iniciativa en la construcción de la agenda pública diaria se insinúan como logros de estos cambios. La formulación de la idea de la unidad entre los argentinos que queremos vivir en democracia, hecha por Cristina en su mensaje público del último 10 de diciembre, es una idea fuerza muy importante. Supone distinguir claramente entre quienes quieren ganarle al Gobierno la próxima elección y quienes quieren impedir, por los medios que sean necesarios, que este gobierno llegue a la próxima elección.

Un debate más abierto y más rico puede contribuir a esa diferenciación y hacer más difícil la alianza de hecho entre sectores que defienden (o dicen defender) proyectos de país inconciliables entre sí. Lejos de suponer un debilitamiento, una mayor apertura en la discusión pública es una de las claves para la continuidad de la experiencia política argentina nacida hace diez años.

Edgardo Mocca

EL CONFLICTO

A través de un post breve, conciso y profundo publicado en el blog Artepolítica, Nicolás Tereschuk se interroga sobre el conflicto: cuánto conflicto es necesario, cuál es el límite que separa la conflictividad que hace falta para volcar la balanza de fuerzas a favor de un proceso transformador, de aquella que deja a su promotor en el lugar de una “minoría intensa”, a la que se pueda aislar del grueso de la opinión popular, siempre demandante de una dosis considerable de rutina en los asuntos públicos.

La cuestión admite múltiples perspectivas de abordaje. Tal vez, como casi siempre que se abordan cuestiones centrales de la filosofía política, convenga remitirse a Maquiavelo. Dice el florentino en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio: “Los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma... En toda república hay dos espíritus contrapuestos: el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos”. Notable exaltación del conflicto en la pluma de quien se planteó la unidad estatal italiana como tarea político-intelectual excluyente.

Pero la cuestión del conflicto va y viene; está siempre atravesada por las contingencias históricas y concretas de cada comunidad política. Europa, después de la destrucción masiva en dos guerras y de la experiencia de los regímenes criminales del fascismo y el nacional-socialismo, experimentó la fuerte necesidad de paz interior y, en ese contexto, proliferaron las perspectivas consensualistas y la demanda de la atenuación de los conflictos. Gran parte de la ingeniería institucional y de la reflexión filosófico-política estuvieron signadas por esa demanda. Alguna analogía puede trazarse entre esa experiencia y la de las sangrientas dictaduras militares en el Cono Sur en la década del setenta: después de la recuperación democrática, la conflictividad social fue mayoritariamente asociada a la amenaza de la “ingobernabilidad”, término que en su origen nombraba a complejos problemas de legitimación del capitalismo democrático y en el léxico criollo de los ochenta terminó llanamente asociado a los clásicos procesos de quiebra de la democracia.

En nuestros países, es notable cómo uno de los registros sobresalientes de esa apelación a la “responsabilidad” en la contención del conflicto sociopolítico provino de voces que venían de la izquierda, aun de sus versiones más radicalizadas en la década anterior. Coincidieron dramáticamente en los albores de nuestra redemocratización, las huellas profundas de la derrota política de los setenta –la barbarie del terrorismo de Estado incluida– con el visible deterioro de los regímenes del “socialismo real” que acabaría implosionando pocos años después. Era algo así como si al temor a la derrota de las utopías revolucionarias se sumara algo peor: el temor a su éxito, que la historia nos mostraba como el reino más perfecto del autoritarismo burocrático.

Un testimonio altamente calificado de ese proceso de las izquierdas puede encontrarse en el libro Secretos de la Concertación, recientemente publicado por el ex senador chileno Carlos Ominami. Todo el volumen está atravesado por lo que el autor llama la perspectiva del “sobreviviente”, él mismo que en los tiempos del gobierno de la Unidad Popular militaba en la izquierda más radicalizada y crítica de la experiencia del “socialismo en democracia” que encabezó Salvador Allende. Habla de la culpa y los temores de quien logra eludir la amenaza cierta y concreta de la muerte. Dice Ominami: “Reconozcámoslo, el miedo al conflicto restringe de manera severa el espacio de la libertad... ¿Cuántas veces se me enrostró, frente a la defensa de un punto de vista, que por mi intransigencia iba a pasar esto o aquello? ¿Que cómo yo, con mi historia, no me daba cuenta de los riesgos que corría, de los males que podía acarrear? Frente a esas presiones, las convicciones tambalean”.

Claro que, como lo ilustra el propio trabajo de Ominami, los procesos de autorreflexión de las comunidades políticas no son lineales, ni mucho menos neutrales. Los años de la recuperación democrática en el Cono Sur son, al mismo tiempo, el período en el que se concreta la hegemonía mundial del capitalismo financiarizado, que vino a reemplazar al “estado de bienestar” como fórmula de compromiso entre la acumulación del capital y la vigencia de los derechos sociales, con el Estado democrático como garante, por un nuevo paradigma de desarrollo: los mercados “autorregulados”, las fronteras estatales diluidas y los derechos sociales reconvertidos en estrategias individuales de salvación frente al avance incontenible del capital. La difusión generalizada y abrumadora de ese nuevo mundo feliz necesitaba colocar al conflicto –y muy particularmente al conflicto de clase– en el lugar del museo arqueológico, en el sitio simbólico de quienes vivían anclados en el pasado (en el ’45, en el caso de los argentinos).

Los partidos políticos –en el país, la región y el mundo– no pueden explicar su actual pobreza ideológica y la brecha de representatividad que los separa del pueblo por una simple acumulación de errores dirigenciales. Es el vaciamiento de la arena del conflicto lo que los puso en ese lugar. Es la obsesión por el “consenso” deliberadamente reinterpretado como resignación ante el establishment; la falsa idea de que la política es un espacio puramente “deliberativo” en el que está ausente la dimensión del poder. (¡Una política depurada del poder!) La democracia reducida a un sistema de derechos individuales, derechos que flotan en el aire de las buenas conciencias y no en las relaciones de fuerza que los habilitan o los frustran. Una “ética de la responsabilidad” que termina consistiendo redondamente en “no hacer olas” para no convocar a los fantasmas del enfrentamiento.

También nuestra democracia, como la Roma evocada por Maquiavelo, creció en el conflicto. Sus mejores momentos en estas casi tres décadas están asociados a conflictos: desde el juicio a las Juntas hasta el actual proceso de transformaciones signado por la recuperación de autonomía frente a las corporaciones, pasando por la derrota política de los militares insubordinados contra el régimen constitucional. La gran pregunta sobre el conflicto no es la que duda de su carácter políticamente necesario sino, justamente, la que atañe a la capacidad de “cercarlos” democráticamente, de desplegarlos sin que pongan en riesgo la estabilidad democrática. Hemos aprendido que los programas de transformación y los diseños de improbables sociedades futuras no son nada sin el poder que pueda, no hacerlos realidad, lo que es materialmente imposible, sino sostenerlos como banderas y fuentes inspiradoras de un determinado rumbo político.

Ese es el quantum del conflicto necesario. Y no es descifrable por ninguna prescripción con pretensiones científicas. Para volver a Maquiavelo, no es la virtud del político la que está en juego sino la virtù. Es decir, no se trata de la buena educación, los buenos modales y la simpatía. Se trata de esa aptitud intransferible para captar la naturaleza de la situación y actuar sobre ella: una aptitud que deviene virtuosa cuando la acción que en ella se inspira contribuye al fortalecimiento del espacio político como ámbito de libertad. Esa virtù es tan incompatible con la adaptación temerosa al statu quo como, trayendo una vez más a Tereschuk, con la escandalización artificial del sentido común de las clases medias. La conflictividad no es un juego de chicos; tiene sentido si sirve a una estrategia transformadora. Y tal estrategia necesita actuar sistemáticamente sobre las correlaciones de fuerza, ganar amigos, neutralizar adversarios, aislar enemigos.

Lo más interesante del actual proceso político –y puede pensarse que no es una exclusividad suya– es que con los avances los conflictos no se detienen ni se simplifican; por el contrario, se hacen más tensos y más complejos. No es tan extraño como parece: para darle legitimidad a políticas de reparación, redistribución y cambios estructurales hay que enarbolar una promesa, un “relato”. Y ese relato es la clave tanto de la transformación como de sus problemas. Porque a cada paso, la coherencia del relato se hace más compleja: por qué recuperar YPF pero no gravar la renta financiera, por qué aplicar retenciones a las exportaciones agrarias y no hacer una profunda reforma impositiva de carácter progresivo, por qué recuperar el Banco Central para el estado democrático y no avanzar en la plena reestructuración de la actividad de las entidades financieras.

Son porqués de la política y no de las almas bellas que observan. Y como son de la política se subordinan a la pregunta sobre el cómo: cómo hacer para mantener y reproducir el poder político que fue necesario para llegar hasta acá y será más necesario todavía para responder a esos porqués y a otros que, con todo derecho, puedan formularse.

Edgardo Mocca

POLITICA CHICA, POLITICA GRANDE

No hay, desde la perspectiva de este comentario, una separación binaria entre la “política grande”, la de los rumbos estratégicos del Estado, los valores y las convicciones ideológicas, y la “política chica”, la de las maniobras, los arreglos, las disputas por los cargos, con todas las maldades que las rodean. Quien pretenda actuar en política o quien simplemente pretenda interpretarla, tiene que saber que no es el reino de las almas bellas ni el territorio ideal en el que todas las buenas causas confluyen y todos los valores se armonizan. Tampoco el pensamiento cínico con patente de realismo es una buena guía. A poco andar, se encuentra con pasiones, obsesiones, miedos, amores y odios que poco tienen que ver con la imagen de un conjunto de átomos humanos, sistemáticos maximizadores de beneficios y reductores de costos que del mundo de la actividad política ha construido cierta sociología funcional a los cánones del neoliberalismo. Se ha dicho con razón que el cínico no es otra cosa que un idealista ingenuo después del desengaño.

Si esto es así no debería asombrarnos que unos meses antes de una elección presidencial –no de cualquiera sino de una a la que casi todos asignan importancia histórica– estemos asistiendo simultáneamente a una intensa dramatización de lo que está en juego y a una dura pelea por cargos y posiciones en el interior de todas las tribus que entran en la disputa. La “política grande” –se funde a sí misma en la defensa de un proyecto nacional-popular o en la recuperación de la república perdida– necesita de la “política chica”: no puede prescindir de los operadores, de las complejas ingenierías que organizan las boletas electorales, de los intercambios de intereses personales y de grupo. Tampoco la política chica puede prescindir de la política grande; las más habilidosas maniobras de comité o de unidad básica pueden hacer sapo si pierden de vista el sentido en el que soplan los grandes vientos políticos.

La consolidación del proceso de recuperación de la popularidad de la Presidenta y su gobierno es el hecho político más significativo de estos últimos seis meses. Si no se reconoce esto, el análisis se reduce al amontonamiento de sucesos aparentemente aislados, sea la pírrica victoria de Das Neves en Chubut, el abandono de Cobos después de la caída en flecha de su popularidad, la renuncia de Sanz tras un fugaz intento de confrontar con el supuesto exceso de moderación de Ricardo Alfonsín o la vidriera irrespetuosa del cambalache de la interna peronista “disidente”. Cada una de estas vicisitudes está atravesada por diversos tipos de jugarretas y picardías, pero su sentido general es indiscutible: la actual relación de fuerzas preelectoral pesa en elecciones provinciales, gravita en el ánimo de los comités y deja las cosas del pasado en su lugar, en el pasado.

Podría inferirse de este cuadro que en el territorio kirchnerista todo debería navegar por aguas tranquilas. Es indudablemente cierto que los ánimos de la tropa que cree en la inminencia de la victoria son mejores que los de quienes reciben señales agoreras. Por eso, por ejemplo, el justicialismo santafesino hace sus internas en unidad después de la resonante deserción de Reutemann a encabezar las hoy dispersas patrullas del Peronismo Federal. Por eso el kirchnerismo porteño resuelve sus disputas en una interna sin precedentes en las que los candidatos no pelean el voto militante sino los números de las encuestas como factor de persuasión de la Presidenta, que es quien finalmente decidirá. Por eso buena parte de los caudillos provinciales que tenían preparado desembarcar de la nave kirchnerista han resuelto seguir formando parte de la tripulación.

Sin embargo, la política chica nunca se somete a la política grande, por lo menos sin ofrecer toda la resistencia posible. En este caso, además, está en disputa la posición en que quedarán las fuerzas –heterogéneas, diversas y, en casos, contradictorias– que componen el dispositivo oficial. Es una disposición de fuerzas de gran importancia porque construirá el mapa de un nuevo gobierno de Cristina en el caso de un triunfo electoral. Ese mapa regiría en el arranque de un tramo político que desemboca en la disputa de la sucesión de una presidencia que no podrá aspirar a su reelección. Y, como siempre, las luchas posicionales tienen que alimentarse de argumentos y dotarse de sentido para fundar sus pretensiones.

Hugo Moyano es quien más claramente expresa esta batalla posicional. Con mucha inteligencia combina la sistemática manifestación de apoyo a la conducción de Cristina con la reivindicación del lugar estratégico del movimiento obrero organizado. “Los trabajadores no queremos quedarnos en la cuestión de los salarios y las condiciones de trabajo, queremos el poder”, ha dicho con su habitual contundencia. La frase tiene la astucia de enlazar la virtualidad de una alianza estratégica constitutiva del peronismo –la del Estado con el movimiento sindical– con el postulado de un “gobierno de los trabajadores” que difícilmente pueda ser concebido en términos de cierto clasismo, ajeno a la tradición peronista y poco viable en estos días, y que más bien debe ser leído en clave de declaración de fuerza corporativa. Moyano no hace sino mostrar sus cartas, legítimas y poderosas, en el juego de poder interno del peronismo.

De modo menos claro y definido, otros actores enuncian las razones de su pretensión hegemónica. Entre todas ellas parecen ocupar un espacio las que discurren sobre la “naturaleza política” del kirchnerismo. Acaso porque de la “naturaleza” se desprenda la “herencia”. La discusión alienta las ortodoxias y las declaraciones de pureza; como la de quienes toman la palabra para defender la condición peronista del kirchnerismo como un escudo contra pretensiones supuesta o realmente ajenas a la tradición del movimiento creado por Perón. Desde la perspectiva de estos sectores, existe la intención de un sujeto perverso llamado “progresismo” de establecerse como continuidad del proceso abierto en 2003, por fuera y en contra del peronismo. No es, claro está, una discusión académica: mira permanentemente de reojo la marcha de la interna en la ciudad de Buenos Aires y la suerte de la lista de adhesión de Sabbatella en la provincia de Buenos Aires. Los defensores de la “pureza peronista” invocan en su auxilio los recuerdos de la experiencia del progresismo de los años noventa y, sobre todo, su desembocadura en la gestación de la Alianza y el ominoso final de la experiencia, simbolizado en el fugitivo helicóptero de De la Rúa. Como en todo relato, hay un recorte nada inocente del pasado; en este caso es el ocultamiento del entusiasmo con el que la maquinaria justicialista sostuvo el proceso de reestructuración neoliberal del país conducido por el nada “progresista” Carlos Menem. El neosectarismo pejotista favorece una realimentación de la desconfianza histórica que por el peronismo profesan sectores ubicados a la izquierda del tablero político.

Este tipo de discusiones trae al centro de la discusión la cuestión de la hegemonía, no en la interpretación liberal que la contrapone a la alternancia en el gobierno, sino en la acepción gramsciano-populista. Es decir la hegemonía como capacidad de dirección de un bloque social, que no se sostiene en la pura coerción sino centralmente sobre la base de una fuerza de orden cultural y moral.

• El bloque político-social kirchnerista es heterogéneo; sus componentes sostienen intereses que, desde el punto de vista corporativo, pueden interpretarse como contradictorios. Solamente puede mantenerlo unido una fuerza político-moral, una “fe” como decía Gramsci. Esa fuerza no podrá –y no debería intentar– acallar las voces disonantes, silenciar los choques internos. Todo lo que puede hacer es absorber la pluralidad de intereses corporativos, sectoriales o de “política chica” en un ethos político que los contenga y, fundamentalmente, les asegure que es en el propio territorio común donde esos intereses pueden ser satisfechos.

Nadie puede negar al peronismo como referencia político-cultural principal de este proceso político. Pero ésta es una verdad importante y a la vez parcial.

• El kirchnerismo es una fuerza política con pretensiones hegemónicas en una época concreta de la historia argentina. La época que insinúa cerrar definitivamente el capítulo abierto por la dictadura militar y consumar el proceso de democratización iniciado en 1983. Es también la fuerza política de la época posterior al fracaso del neoliberalismo, a la crisis y a la amenaza de disolución de nuestra comunidad política.

Por eso no es exclusivamente una continuación del peronismo, aunque lo sea por la historia y la inspiración de sus actores principales. Por eso no es cualquier peronismo, sino el que hizo investigar los crímenes de la dictadura, democratizó los medios, universalizó las asignaciones por hijo e impulsó la igualdad en el matrimonio, además de elevar los salarios y las jubilaciones, activar las convenciones colectivas y reinstaurar el salario mínimo, vital y móvil en la mejor tradición peronista.


La única herencia posible del kirchnerismo será la que sea capaz de contener y profundizar esos contenidos, eludiendo la simplificación sectaria, autocomplaciente y estancada en el pasado, a la vez que la pretensión –tan habitual en las izquierdas– de comenzar todo desde un punto cero.

Edgardo Mocca

HUGO MOYANO Y ANTONIO GRAMSCI

Hace un tiempo bastante breve la palabra hegemonía era casi exclusivamente utilizada entre nosotros con fines descalificadores.

Deliberadamente o no, su uso se remitía al pensador liberal-conservador italiano Giovanni Sartori, quien, en su clasificación de los sistemas de partido, reservaba el concepto “partido hegemónico” a aquellos regímenes políticos en los que una fuerza política tenía garantizado –a través del fraude, la violencia o el control monopólico de los recursos políticos– el ejercicio del gobierno. Podía haber otros partidos, como en el México del PRI o en la Hungría de antes de la caída del Muro, pero se limitaban a formar el decorado que legitimaba a un régimen no pluralista.

Así, el gobierno de Néstor Kirchner fue tachado de “hegemonista” por una variada constelación de políticos de oposición y comentaristas también de oposición. Nadie llegó tan lejos en esa ruta como la diputada Carrió, que llegó a asimilarlo al régimen del rumano Ceaucescu y al nacionalsocialismo hitleriano, pero no fueron pocos los que estrujaron el concepto sartoriano hasta el límite de considerar “hegemónico” a un partido que suele perder elecciones.

En el último período, el que va del conflicto agrario hasta nuestros días, reapareció otra acepción de la hegemonía: la que está asociada al nombre de Antonio Gramsci y la concibe como dirección político-cultural de una sociedad por parte de un sector de la misma –la clase obrera, en el pensamiento del célebre político y filósofo italiano–.

Fue la presidenta Cristina Kirchner la que reintrodujo la cuestión, cuando sostuvo, en el crítico otoño de 2009, que lo que estábamos viviendo era una “batalla cultural”. En esa batalla, los sectores privilegiados utilizaban toda su influencia para desprestigiar y desautorizar un rumbo signado por la idea central de la redistribución de la riqueza en el país.

Curiosamente, en medio de esa batalla cultural más de uno de los “combatientes” que apoyaban al Gobierno desarrollaron un discurso que bien podría caracterizarse de “pregramsciano”, en el sentido de pensar la lucha política como una expresión de fuerzas cuya posición ya estaba predeterminada por sus intereses sectoriales. Así, la “clase media” fue colocada en el lugar de un sector social fatalmente condenado a despreciar a las fuerzas populares y a enfrentarlas. Muchos de los errores que llevaron a la derrota del proyecto oficial, primero en la sociedad y después en el Congreso, fueron tributarios de ese enfoque.

Gramsci concibió a la hegemonía como la capacidad de alcanzar y sostener la unidad de un bloque social. Y esa capacidad no gira en torno del puro dominio, del ejercicio real o potencial de la violencia sino de una fuerza de orden cultural y moral, una “fe” decía el pensador sardo. No es muy forzada la conexión entre esa formulación y la insistencia de la Presidenta en la existencia de una lucha entre “relatos” opuestos en la realidad argentina. El discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso es una muestra elocuente de esa estrategia: los datos y cifras que allí expuso no tenían la cadencia de un “balance de gestión”; se presentaban como la ilustración de los resultados de un proyecto político. Toda una reactualización de la vigencia de los programas políticos partidarios a los que apresuradamente se les extendió carta de defunción desde la perspectiva de la “pospolítica”, que sitúa al gobierno en el lugar de la administración de lo dado, sin capacidad creadora alguna.

¿No es también la apelación de la Presidenta a no permitir la desunión de las fuerzas favorables al rumbo político actual un gesto “hegemónico” en el sentido gramsciano?

La unidad, dice y repite Cristina Kirchner, no es un objetivo en sí mismo; es una premisa de supervivencia y profundización del proyecto en curso.

Parafraseando en términos de Gramsci, es la “unidad del bloque social” lo que está en juego. Y la idea de bloque social se diferencia del planteo economicista de la “clase” en que no está unido por supuestos “intereses objetivos” que preexisten a la práctica política, sino que es esta misma práctica la que los construye y los explicita. Siempre en el vocabulario gramsciano, este bloque social tiene en su interior intereses “corporativamente” contradictorios. Es decir que si se miraran exclusivamente los intereses del sector social particular, la unidad del bloque social no sería un objetivo deseable.

Los episodios de estos últimos días materializan dramáticamente estas abstracciones. Hugo Moyano ha producido un espectacular gesto de poder; enfrentó a la sociedad con el fantasma de un día caótico, sin camiones, colectivos, subterráneos, trenes ni barcos. El argumento propiciatorio fue el de defender al movimiento obrero de las agresiones políticas y periodísticas que recibe a diario. Como suele decirse en el ajedrez, “la amenaza es más fuerte que la ejecución”. El anuncio le permitió al líder cegetista situarse en el centro de la escena, obligar al Gobierno a dialogar y bajar los decibeles alrededor de un exhorto de la Justicia suiza que no pasará a la historia por la precisión de sus fundamentos y mucho menos por su calidad de redacción. Como frutilla del postre y para que no queden dudas de la naturaleza de la operación, Moyano dijo que los trabajadores no quieren ser limitados por reivindicaciones sectoriales: quieren el poder.

No está de más insistir en que el deterioro de la imagen del sindicalismo y la extraña credibilidad de cualquier acusación política o ética que los involucre no tiene nada de natural ni de inocente. La historia del movimiento obrero en su etapa peronista ha tenido glorias y miserias. Pasó por la resistencia contra la falsa democracia de las proscripciones y la lucha contra las dictaduras. Y también por el oprobio de la complicidad de algunos con el terrorismo de Estado y la participación en las ganancias del remate de los bienes públicos ejecutado por el menemismo. Da la impresión, sin embargo, que no son las claudicaciones sindicales el objeto del escarnio multimediático. De otra manera no se explicaría la “prudencia” con la que se trató la detención del Momo Venegas y la furia calificativa que, por ejemplo, la editorial de La Nación de ayer, sábado, dedica a la figura del líder camionero.

No parece, entonces, que el tema sea ético, sino que es esencialmente político. Y es político porque apunta a un componente clave de la coalición que conduce la Argentina desde 2003: la alianza entre el Gobierno y el movimiento obrero.

Quienes ponen el grito en el cielo por el supuesto carácter no republicano de esa alianza, no se escandalizaron de igual modo cuando, con Menem y con De la Rúa, los interlocutores principales del Estado eran los grandes grupos del poder económico concentrado.

La alianza entre Estado y CGT no es una simple estrategia electoral. Por el contrario está cimentada en un proceso de cambios en el mundo del trabajo como no se registraba en el país desde hace muchas décadas. Es la alianza que permitió reincorporar al empleo a cinco millones de personas, recuperar las convenciones colectivas de trabajo y el salario mínimo vital y móvil, instaurar la paritaria docente, aumentar sensiblemente sueldos y jubilaciones y crear la asignación universal a la niñez, entre muchas otras novedades de época.

Todo eso en un tiempo en el que muchos consideraban que habían desaparecido los actores sociales y la política era una cuestión de individuos aislados sólo unificados en la condición de audiencia de los medios de comunicación.



El hecho es que en estas horas hemos vivido la amenaza más significativa a la unidad de la coalición que hoy gobierna el país. Y que el episodio toca el nervio más crítico para la posibilidad de continuidad de su proyecto político, el de sus propias contradicciones internas. Si alguien en el Gobierno cree que se puede gobernar en la dirección asumida sin el acompañamiento de una porción considerable del movimiento sindical, terminará contribuyendo a la derrota. Y si algún líder sindical cree que los trabajadores van a llegar al poder sobre la base de la fractura de la actual coalición político-social de gobierno, va a convertirse en la clave del éxito de las operaciones mediático-políticas que dice combatir. De eso trata la hegemonía, de contener en unidad la diversidad y hasta la contradicción.

Edgardo Mocca

¿Qué discute la POLÍTICA argentina?

Gran parte de la puja política en la Argentina de estos días está atravesada por la discusión sobre las relaciones entre el Estado y el mercado o, desde otra perspectiva, entre los derechos sociales y la propiedad privada.

Es un tema clásico de la teoría política, particularmente desde la revolución industrial hasta aquí. Si algo puede decirse a modo de esquemático balance de esta histórica discusión es que las soluciones simples y extremas han fracasado: ni el estatismo autoritario y burocrático ni la utopía tecnocrática del neoliberalismo han podido resolver la cuestión. Al contrario de la prédica del fin de la historia, en cualquiera de sus versiones, cada situación histórica pone esta relación bajo una nueva perspectiva.

¿Desde qué perspectiva afrontamos el debate en la Argentina? Nadie puede negar la influencia central de la catástrofe socioeconómica e institucional de fines de 2001 en la forma que adquiere la controversia. Para algunos, la crisis fue una crisis de mala administración, de déficit de aptitud técnica para manejar los tiempos de la salida de la convertibilidad. En la misma clave pero con otro fraseo, se dice también que el gasto público incontrolado provocó la crisis fiscal y que con gobiernos más austeros y menos corruptos hubiera podido evitarse. Lo que envuelve esta manera de mirar las cosas es su común denominador antipolítico y tecnocrático, la creencia de que la política no es racionalización de conflictos de intereses sino pura gestión. La verdad es que no le ha ido bien en estos tiempos a esta interpretación: el derrumbe argentino no fue el último, y desde 2008, asistimos a un tramo particularmente inestable y crítico de la economía mundial, con epicentro en Estados Unidos y con episodios turbulentos en varios países de la Unión Europea, hasta ayer presentados como ejemplo exitoso de la globalización hegemonizada por el capital financiero.

El debate teórico-político sobre la crisis está mostrando cada vez más sus raíces en el agotamiento de un modelo de desarrollo centrado en la especulación financiera, crecientemente desvinculada de la producción y ajena a todo patrón distributivo medianamente viable.

Cada vez está más claro que nuestra crisis fue un jalón del proceso crítico del capitalismo globalizado. Que no fue un desperfecto técnico ni una tormenta pasajera. En estos tiempos, no es fácil, como era en la década del 90, presentar como novedosa panacea el retiro del Estado, la plena libertad de los mercados y sostener que la pérdida masiva de empleos y la precarización del trabajo son pasajes dolorosos pero necesarios hacia el mundo feliz del neoliberalismo.

La derecha, que de ella estamos hablando, se empeña en desplazar los términos de la discusión. No hay –dice– derechas e izquierdas. Hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Gobiernos corruptos y gobiernos virtuosos. Buena y mala administración.

Sin embargo, se puede, sin mucho esfuerzo, apreciar que las cuestiones del Estado y el mercado, de la propiedad y sus límites están implícitas en cada una de las batallas políticas centrales del último período. Cuando se trata la ley de pasaje de los fondos jubilatorios al Estado, escondidos detrás de la gritería sobre la “caja” y el “saqueo”, no era difícil encontrar los mismos argumentos que acompañaron el programa de los años 90. Con la misma argumentación acerca del supuesto uso oscuro que haría el Gobierno de esos fondos, se hubiera podido sostener la negación al pago de impuestos, lo que de hecho sugirió el notable escritor Marcos Aguinis. De hecho, de la dificultad para defender a las fraudulentas AFJP se llegó al intento de movilizar a sus empleados en defensa de la fuente de trabajo. Biolcati lo diría sin eufemismos en uno de los encuentros anuales de la Sociedad Rural: el Estado es un depredador insaciable. Lo dijo con elogiable sinceridad, no se escudó en ningún gobierno circunstancial, dijo “el Estado”.

En el debate de las retenciones móviles en el Senado de la Nación ya había habido varios precedentes de este tipo de argumentos. Allí se sostuvo que había que liberar el “campo” de las retenciones para que creciera exponencialmente la “torta” de la riqueza nacional. Después habría llegado el momento del reparto entre quienes no se hubieran llenado los bolsillos de plata y siguieran siendo pobres. Con la discusión de la ley de medios, el debate alcanzó mayor sofisticación. La cuestión de los límites a la apropiación monopólica de los medios fue prolijamente desplazada por la de la libertad de prensa. Se utilizó a la audiencia de rehén en la puja, sobre la base de sembrar el miedo a la desaparición de determinados programas o canales. No es una casualidad que esta ley –aprobada pero sistemáticamente estorbada en su aplicación por jueces solícitos a los intereses de las grandes empresas del sector– provoque las tensiones que provoca.

La regulación de los medios es un punto de cruce entre la esfera del mercado y la del uso de la palabra, ambas vitales para la democracia. El monopolio de la palabra no es solamente una situación inicua en términos económicos, es además una amenaza para la vigencia de la democracia, cualquiera de cuyas definiciones, hasta las más liberales, sitúa en un primer plano la pluralidad de la información.

Algunos entusiastas de la etimología recusan el uso de la palabra monopolio porque, sostienen, monopolio significa uno solo. Entonces, para que haya monopolio no debe haber ningún otro proveedor de la mercancía en cuestión. Con esa definición no habría monopolios en el mundo, ni se justificarían las leyes antitrust que rigen en muchos países. La etimología, decía Borges, sirve para saber lo que las palabras ya no significan.

Y así como para algunos la ley de medios nos acerca a la situación de Venezuela, el proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias empresariales nos convertiría en cofrades del régimen cubano. ¿Hace falta decir que esta fraseología no solamente es de derecha sino que lo es de una variante que huele a naftalina?

¿A ninguno de los analistas del establishment mediático se le ha ocurrido preguntarle al señor empresario Méndez, que repite impertérrito ese sonsonete, si piensa que el artículo 14 bis de la Constitución es comunista y totalitario?

Sería largo repasar todo el temario del debate. Incluiría la discusión sobre el estatus del Banco Central y la pretensión de su autonomía respecto de las autoridades ejecutivas del Estado, las denuncias sobre la trama civil empresarial que sostuvo a la dictadura y muchos otros frentes conflictivos de estos años. Lo que aquí se pretende es sugerir una mirada cuidadosa de lo que se está discutiendo y definiendo en estos días en nuestro país. Porque quien logre instalar hegemónicamente su interpretación sobre la naturaleza del debate tendrá prácticamente asegurado un duradero triunfo.

Hemos terminado catastróficamente y salido penosamente de un largo ciclo de fundamentalismo neoliberal. Estamos ante la opción entre sostener esa salida, revisarla y mejorarla en todos sus aspectos o entrar en un nuevo ciclo de derecha presentado con un nuevo decorado discursivo.

Edgardo Mocca