El municipio de Malvinas Argentinas está a pocos kilómetros de Córdoba capital y es un "barrio dormitorio" de La Docta. Tiene 14 mil habitantes y para los censos del Indec se trata de población "integrante del conglomerado urbano". En enero de este año, a través de la Ordenanza 812, el Concejo Deliberante autorizó a la multinacional Monsanto a construir una planta de clasificación de semillas. El intendente Daniel Arzani (radical) fue uno de los promotores de este proyecto, al igual que el gobernador (peronista ortodoxo) José Manuel de la Sota. Pero sería injusto desconocer que fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien dio también un visto bueno para este emprendimiento. Efectivamente, cuando Cristina fue a Nueva York para exponer sobre la soberanía en Malvinas el pasado 14 de junio ante el Comité de Descolonización, participó de una reunión en el Consejo de las Américas, donde estuvieron Susan Segal –de reciente visita en Buenos Aires– y ejecutivos de varias multinacionales, entre ellas de Monsanto.
Fue en esa oportunidad donde se anunció que en la localidad de Malvinas Argentinas se invertirían importantes cifras (se habló de 2000 millones de pesos) para la construcción de sendos centros de investigación y desarrollo, en Córdoba y Tucumán.
Lo hablado en esa oportunidad no era sólo la planta de semillas de maíz sino el lanzamiento de una semilla de soja más resistente (llamada Intacta RR2 Pro). Poco tiempo después, el ministro de Agricultura Norberto Yauhar fue el encargado de elaborar un nuevo marco para el uso de las semillas que llevará a los productores a pagar regalías. Eso se tradujo en un proyecto de ley que en algún momento será debatido en el Congreso de la Nación.
El ordenamiento legal pretende zanjar un viejo conflicto que Monsanto mantiene en la Argentina desde su instalación, a mediados de los noventa, cuando "por no patentar" la semilla de soja que lanzaba al mercado no pudo cobrar las regalías correspondientes. Juicios y demandas diversas no le dieron resultado a la multinacional que, en septiembre de 2012, logró patentar la RR2 Pro, lo cual le permitirá un rinde mucho mayor, no de las tierras sino de sus inversiones. Hay que reconocer que el complejo sojero no tiene fisuras en este aspecto y los productores firmaron acuerdos voluntarios con Monsanto. No es preciso abundar en que los productores son propietarios, arrendatarios o pooles de soja que constituyen lo más granado de la burguesía agraria ligada al comercio exterior. Son los principales promotores de la devaluación y del retorno al país agroexportador que perduró hasta que en 1946, con la llegada de Juan Perón al gobierno, mantuvieron a la Argentina como una colonia sin estatuto. Los tiempos cambian y el esquema actual es de sujeción directa con los Estados Unidos. No se trata de agitar un antiimperialismo de utilería pero es hora de que el tratamiento de los intereses de las multinacionales no se ampare en las supuestas necesidades del país.
La burguesía sojera prefiere pagar las regalías, porque en el esquema costo beneficio tiene expectativas de mejorar su ganancia. Nadie va a pedirle a esa franja poderosa que se fije en las necesidades del conjunto, para eso están precisamente los resortes del Estado democrático.
Este nuevo esquema, con semillas transgénicas más resistentes, podría permitir la sojización de la Patagonia, que ya perdió la potencia lanera que tuvo en otros tiempos. Y también terminaría de consolidar la sojización del norte argentino, cuyas economías regionales están cada vez más golpeadas y sin amparos de políticas sectoriales que mantengan vigentes y competitivas producciones que no tienen los mismos niveles de rentabilidad que la producción de la soja o el maíz transgénicos.
Volviendo a Malvinas Argentinas, tras los permisos para instalarse, Monsanto se topó con demandas legales. Ante un amparo presentado por diversas entidades, la jueza de primera instancia Claudia Salazar falló a favor de que se iniciaran las obras, pero ante la apelación, el tribunal de alzada, dio lugar al pedido y ordenó, el pasado 22 de febrero, que se suspendieran las obras hasta que se resuelva el amparo. El intendente Arzani dijo que apelaría pero que no era constitucional ese fallo, de modo tal que, como jefe comunal, disponía que Monsanto no paralizara las obras.
RÍO CUARTO. A la par que se empantanaba en el conflicto en Malvinas Argentinas, la empresa avanzó en el proyecto de estación experimental de Río Cuarto. Un departamento ubicado en el corazón de la Pampa Húmeda, que tiene a la ciudad homónima ubicada como la segunda más poblada de la provincia. La Universidad de Río Cuarto tiene mucho prestigio precisamente en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, dada la inserción laboral y productiva, tanto de sus egresados como de sus departamentos de investigación. En la última sesión de 2012 del Consejo Superior de esa universidad hubo un pronunciamiento expreso en contra de la instalación de la empresa en esa ciudad.
Ayer, lunes 9, el Rectorado emitió un comunicado de prensa que muestra el nivel de tensión entre Monsanto y la universidad. Un nivel de tensión que es demostrativo de la resistencia existente a los intereses de las grandes empresas multinacionales, no sólo respecto del cuidado del medio ambiente sino también por la necesidad de poner en debate qué se entiende por derechos soberanos y proyecto nacional.
La polémica se desató porque el pasado domingo 8, el diario Puntal de Río Cuarto publicó declaraciones de Francisco Do Pico, del área de Asuntos Corporativos de Monsanto, quien lamentaba la actitud de las autoridades de la universidad porque "no los atendían". Según el diario, Do Pico dijo que sí pudieron reunirse "con algunos profesores, porque de hecho, hace muchos años que venimos trabajando con grupos de investigación de la universidad, como también lo hace el INTA".
El comunicado dice: "Este Rectorado desconoce quiénes son los profesionales que el señor Do Pico dice que trabajan con Monsanto, sí es importante mencionar que el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto decidió revisar los convenios vigentes que vinculan esta Universidad Nacional con empresas multinacionales del agronegocio monopólico e instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNRC que analice los procedimientos conducentes a su rescisión".
A continuación, advierte que "las universidades públicas tienen el ineludible deber de comprometerse con políticas ambientales sustentadas en el concepto de justicia ambiental, entendiendo a esta última como la superación de los mecanismos por los cuales las sociedades desiguales, desde el punto de vista económico y social, concentran los recursos ambientales bajo el poder de los grandes intereses económicos y destinan la mayor carga de los daños ambientales del desarrollo a las poblaciones de baja renta, a los grupos raciales discriminados, a los pueblos étnicos tradicionales, a los barrios obreros, a las poblaciones marginales y vulnerables". Se trata de toda una definición que, no sólo se opone de modo frontal a los intereses de Monsanto, sino que pone de relieve una visión académica y política de suma utilidad para las autoridades políticas, tanto provinciales como nacionales.
El comunicado cita una bibliografía que por motivos de extensión no será detallada en este artículo pero que es indicativa de la existencia de profesionales e investigadores capaces de fundamentar y poner en debate el avance del modelo sojero, tanto en Argentina como en otros países, especialmente Brasil y Paraguay. "El modelo de agronegocio basado en la producción comercial de semillas transgénicas, agrotóxicos y fertilizantes industriales, se ha impuesto de manera excluyente en la región como modo de producción agrícola, con un avance tan sostenido que pone en peligro de desaparición los métodos orgánicos naturales, tradicionales y originarios, con implicancias ambientales y sociales de consecuencias a futuro imprevisibles", agrega el comunicado.
Así como la Ley de Medios fue pedagógica para entender los privilegios que obtiene un grupo con posiciones dominantes o monopólicas, el modelo sojero también se merece un debate amplio y valiente al respecto. El comunicado del Rectorado hace una mención al respecto: "Además, la lógica de acumulación de riquezas de este sistema deriva en el crecimiento de grupos económicos de presión política que alteran la esencia igualitaria de la democracia, e incluso la ponen en peligro".
Para finalizar, las autoridades de esa universidad resolvieron: "Expresar la voluntad política de la UNRC de orientar la educación superior, la investigación y la extensión universitaria en el sentido de las prácticas socio-ambientales sustentables, la defensa de la biodiversidad, la agricultura en función de la Soberanía Alimentaria, la generación de trabajo, la distribución de la riqueza, los modelos agroecológicos de producción de alimentos, la salvaguarda de la salud de la población y la protección del ambiente de los efectos de la contaminación y revisar los convenios vigentes que vinculan esta Universidad Nacional con empresas multinacionales del agronegocio monopólico e instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos que analice los procedimientos conducentes a su rescisión.
