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Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza.

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Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza.

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19/6/14

BUITRES, LA CULPA ES DE MARTÍNEZ DE HOZ






El juez Thomas Griesa expresó su molestia porque la presidenta argentina calificó de “extorsión” la posición de la Justicia estadounidense a favor de los fondos buitre, durante el encuentro que mantuvo ayer en Nueva York de representantes argentinos y de los fondos litigantes. El magistrado habría señalado que lo manifestado por Cristina Fernández “no da confianza” en que el país vaya a asumir un compromiso de pago y luego cumplirlo. La desagradable circunstancia de quedar expuesto a la opinión descalificadora y a las decisiones de un magistrado funcional a los intereses especulativos más mezquinos del sistema financiero mundial, sólo es posible por la renuncia previa de Argentina a la soberanía legislativa y jurisdiccional sobre los bonos de deuda emitidos por el Estado nacional.

Esta renuncia tiene origen en la llamada “cláusula Martínez de Hoz”, por el nombre del ministro de Economía de la dictadura que, mediante la modificación del Código de Procedimientos Civil y Comercial, posibilitó que todos los contratos de la deuda externa argentina fueran sometidos a la ley y jurisdicción del estado de Nueva York. Esta norma sigue vigente desde entonces, y rige sobre todos los títulos defolteados en 2001. Si no existiera esa cláusula, el interés de los fondos buitre por comprarlos a precio basura se habría reducido al mínimo, quizás a cero.

“Hoy aparece ante nosotros una herencia del neoliberalismo”, había dicho Axel Kicillof el martes al referirse al fallo de la Corte a favor de los fondos buitre. Y, por cierto, la cesión de jurisdicción en favor de los tribunales estadounidenses es no sólo un valioso mal hereditario, sino que constituyó, y constituye, uno de los pilares del modelo neoliberal: es la herramienta para el sometimiento de un país a través de su deuda externa y de las sucesivas renegociaciones de vencimientos, que van moldeando su política económica, atando de pies y manos a sus ejecutores (presidente, ministros y responsables de organismos monetarios y financieros).

El fallo del juez Griesa favoreciendo el reclamo de los fondos buitre fue convalidado por la Corte de Apelaciones de Nueva York, primero, y la Corte Suprema de Estados Unidos, después. Pasada la perplejidad inicial por tamaña muestra de injusticia y aparente sinsentido, vale la pena repasar la lógica del modelo imperante (neoliberal, con predominio del capital financiero) para tratar de entenderlo. Antes que a una reestructuración de deuda exitosa, a lo que esta decisión judicial le apunta es a castigar al pecado original: el default de 2001. Y si éste es seguido de una reestructuración exitosa, peor, mayor razón para condenar al país que haya logrado superar ambas experiencias.

Argentina defendió, con buen criterio, el argumento de que un fallo en su contra perjudicaría al sistema financiero en su conjunto, porque anularía toda posibilidad de reestructuración de deuda futura de un país que cayera en cesación de pagos. Pero la lógica que sigue el fallo de la Justicia norteamericana es muy diferente: lo que se pretende anular es el paso previo, la alternativa del default, la cesación de pagos. El “castigo ejemplar” a Argentina busca demostrar que el camino de defoltear y reestructurar deuda es inútil, intransitable. Un sendero al fracaso.

El mensaje a países como Grecia, Portugal y otros deudores soberanos comprometidos es que el default es el camino al infierno, que el único camino de salida posible, el que se les permitirá, es seguir aplicando las políticas de ajuste impuestas por sus acreedores y los organismos financieros, para obtener las refinanciaciones que les permitirán seguir viviendo, aunque menos dignamente.

Los grupos financieros pretenden preservar la deuda externa de los países como herramienta de control. La Cámara de Apelaciones neoyorquina, al levantar la suspensión sobre la orden de embargos, volvió a cargar el arma con la que le apunta a Argentina, el país que intentó quebrar un pilar fundamental del modelo dominante.









4/3/12

LA POLÍTICA PETROLERA EN SU LABERINTO






Mucho se especuló antes del discurso de Cristina Kirchner del jueves 1° de marzo sobre eventuales anuncios de reestatización o intervención de la empresa YPF. Y mucho se especuló después de ese discurso acerca de por qué no se hicieron esos anuncios. Hay una preocupación real del Gobierno por las restricciones de la oferta energética, altamente dependiente de los recursos hidrocarburíferos, pero hasta ahora la única línea de acción claramente definida desde el oficialismo es la ofensiva de los gobiernos provinciales dueños del subsuelo desde la reforma constitucional de 1994–sobre las productoras petroleras, YPF en particular, para que presenten en forma urgente un plan de inversiones o bien se atengan a una inmediata devolución de las áreas. De nacionalización o intervención de YPF, se habló en cambio más en Madrid o en Wall Street que en los pasillos oficiales. Y no es por casualidad.

El fin del idilio entre el Grupo Eskenazi y el gobierno kirchnerista desató toda una serie de especulaciones y juego de intereses. El grupo elegido para administrar la filial local de la española Repsol, que apareció en el firmamento petrolero como el ejecutor de la política pensada por Néstor Kirchner, terminó defraudando a quienes lo apoyaron, al sumar sus apetencias propias a las ya manifestadas por Repsol desde 1998, cuando se apropió del control de la ex petrolera estatal. Apetencias que, lógicamente, se antepusieron a los intereses de la Nación y del gobierno que los impulsó al podio.

Haciendo un poco de historia: Repsol se adueña de YPF en 1998, como culminación del proceso de desregulación y privatizaciones iniciado por el menemismo a comienzos de esa misma década. El ejecutor de esa política fue José Estensoro hasta su muerte, luego sucedido por Roberto Monti hasta el arribo de Repsol. La apertura de la explotación petrolera al capital privado durante la gestión de Estensoro logró rápidamente alcanzar el autoabastecimiento e, incluso, saldos para exportar hidrocarburos, pero sacándole el último provecho a los yacimientos que ya estaban en producción y sin el mínimo esfuerzo por reemplazar las reservas que se consumían.

Lo que mostraba el gráfico que Cristina exhibió durante su discurso, con una curva de producción que alcanzaba su máximo en 1998, no fue más que el resultado de esa política de liquidación de las reservas que, con el tiempo, se convertiría en el inicio de los dramas actuales. La Presidenta elogió la gestión de Estensoro contrastándola con la posterior de Repsol, aunque, en perspectiva, hoy podría decirse que una posibilitó la otra.

Cuando Repsol se adueñó de YPF, prácticamente no tenía reservas en el resto del mundo, por lo que el aporte que le hizo a los libros de la petrolera española fue sustancial. Más todavía lo fueron sus utilidades, que Repsol reinvirtió en países con áreas de exploración geológicamente más atractivas que el agotado subsuelo argentino. Así, continuó el proceso de desinversión de YPF en exploración, y comenzó paralelamente el de estancamiento y declinación de la producción.

La apertura del capital de la filial YPF a empresas argentinas, ya en tiempos del kirchnerismo, abrió expectativas de una confluencia de los intereses nacionales con los del capital privado local. El Grupo Eskenazi (con origen en la industria alimentaria, pero más recientemente adquirentes de ex bancos públicos provinciales) corporizó esa ilusión. Sin embargo, la particular arquitectura financiera que posibilitó su ingreso a la petrolera también condicionó su estrategia. Compró su participación accionaria con un préstamo de la propia Repsol, el que debía devolver con su parte de las utilidades futuras. No es curioso, entonces, que la acumulación de dividendos y su giro al exterior para cancelar la deuda se convirtiera en la prioridad, antes que la reinversión en yacimientos. De paso, fue la forma en que Repsol continuó asegurándose la succión de las utilidades totales.

Agotada la chance del actual esquema, el Gobierno apura la construcción de otro de reemplazo. Para revertir el déficit de abastecimiento de petróleo, el Gobierno necesita inversiones en las áreas menos explotadas, lo que no se resuelve sólo nacionalizando YPF. Sí, en cambio, revirtiendolas áreas al manejo de las provincias y consiguiendo los capitales, que son elevados y de lenta recuperación, dadas las condiciones geológicas de las reservas. Pero ello dentro del marco de una política energética, que no sólo pasa por definir el destino de YPF. En este último plano, también abundan los intereses que se mueven en la sombra alimentando versiones o provocando fuertes oscilaciones de Bolsa– buscando su lugar en el nuevo escenario.






3/11/11

La SALIDA de las PRIVATIZACIONES





“Aplicar un subsidio es relativamente fácil, pero retirarlo suele resultar infinitamente más complejo.” La frase, repetida en diferentes circunstancias y en versiones de muy distinto signo político, podría sonar a verdad de Perogrullo. Más atractivo es indagar en qué circunstancias se aplican y qué cambios se han producido posteriormente para que los mismos subsidios se retiren. A partir de allí puede surgir un debate válido.

La política de subsidios del kirchnerismo a distintos rubros energéticos (consumos eléctricos y de gas, uso de gasoil en el agro o el transporte, importación de combustibles diversos, etc.) fue una de las puertas de salida que se le encontró a la deficiente administración de esas prestaciones en manos privadas. Hubo mucho debate entonces, político e ideológico, acerca de si no se les estaba haciendo un favor a los cuestionados adjudicatarios de las privatizaciones, en vez de reestatizar las prestaciones. Entre otros cuestionamientos, se les imputaba haber abandonado las inversiones en infraestructura, factor al que se responsabilizaba de las recurrentes fallas en el suministro. Los apagones y cortes de gas eran moneda corriente en aquellos años.

Pero el kirchnerismo dejó de lado aquellos debates y optó por una solución práctica: privilegió garantizar el suministro y mantener el congelamiento de tarifas. Administró el recurso, buscó los mecanismos para incrementar la oferta, al compás de un acelerado crecimiento de la demanda, y bancó con fondos públicos inversiones y diferenciales de tarifas. Con subsidios, obviamente.

En los años siguientes se le agregó como problema el rubro combustibles. Sin inversiones en refinería, la oferta local empezó a resultar escasa frente a un parque automotor creciendo en forma exponencial. Se subsidió la importación de combustibles, y frente a la presión del agro y el transporte se subsidió el gasoil para estos sectores.

La cuenta se fue incrementando, y a medida que aumentaba la demanda interna también lo hacían los precios internacionales de los combustibles. Ya para 2010, el rubro energético representó más de la mitad de los subsidios totales de la administración nacional (26.000 de los 48 mil millones de pesos totales) y aumentaba anualmente más que el conjunto (63 por ciento contra 46).

Subsidiar el consumo eléctrico en casinos, bingos e hipódromos no es una actitud plausible, pero tampoco el objetivo de la política tarifaria en todos estos años. Discriminar entre quienes deben merecer el subsidio y quienes deben ser excluidos es un criterio de estricta justicia social para algunos y una actitud arbitraria para otros. Durante los ‘90, la discriminación tarifaria o “subsidio cruzado” fue rebajada a la categoría de las más aberrantes políticas de Estado por los referentes del neoliberalismo, por los más notables y los más simples repetidores de consignas. Pocos cuestionaban públicamente entonces esta verdad absoluta del pensamiento único.

Empezar a recortar los subsidios es una medida audaz, por más que se la critique en forma retrospectiva “por no haberlo hecho antes”. Audaz, porque se trata de señalar a los sectores que serán excluidos del beneficio. Juegos de azar, empresas financieras, mineras, aeropuertos, prestadoras de telefonía móvil no tendrán más subsidio en sus consumos eléctricos. Podrán mencionarse decenas de servicios más sobre los cuales plantearse “y por qué ellos sí”. Ya les llegará el recorte. Lo interesante es que la consolidación del modelo energético mixto del kirchnerismo hoy deja espacio para una aplicación más discrecional del subsidio, un aspecto que a muchos les molestará pero, por el día de ayer, prefirieron no detenerse en este cuestionamiento.




12/2/11

FORMADORES DE PRECIOS E INFLACIÓN




Durante años, la oposición ha convertido a la inflación en una muletilla para atacar la política económica del Gobierno. Se insistió en denunciar las falencias y la manipulación de las estadísticas del Indec, la “negación” del fenómeno del alza de precios por parte de las autoridades nacionales, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones por un aumento de precios que se suponía inmensamente superior a las variaciones de dichos valores, y además se formularon los pronósticos más sombríos respecto de los efectos explosivos que tendría “la falta de control” de la disparada de los precios.

Esta semana la Presidenta habló. Y dio definiciones duras respecto de la formación de precios y los responsables de los aumentos. La reacción opositora, lejos de recoger el guante y abrir la discusión, optó por la salida más simplista: insistir en que el Gobierno sigue “negando la inflación”.

El bombardeo de opiniones en el mismo sentido, aunque provenientes de frentes disímiles, no puede haber sorprendido a las autoridades. Cuando a principios de 2010 ya era evidente que la política económica oficial había logrado sortear los riesgos del impacto de la crisis financiera internacional, y antes de lo previsto Argentina recuperaba un sendero de rápido crecimiento, Néstor Kirchner se empeñaba en reiterarle a su tropa lo que preveía iba a ser el escenario de los siguientes dos años, en el camino a las elecciones presidenciales de fines de 2011: “El debate va a ser económico, lo político pasará por las opiniones que se tomen en las cuestiones económicas”, repetía varias veces por día en aquel verano, que sería el último de su vida. Su obsesión era, ya entonces, ajustar el mensaje desde el Gobierno y las filas oficialistas, para que se comprendiera qué es lo que está en discusión, cuáles son los modelos que confrontan, qué intereses se alinean detrás de uno u otro. Y trataba de transmitir a todos los que lo rodeaban lo que para él era una íntima convicción: no habrá otra batalla política en lo inmediato que no sea la que pasa por las cuestiones económicas.

En esa línea táctica, el discurso de Cristina Kirchner tras el anuncio de los acuerdos para el desarrollo de mercados concentradores regionales ocupa un lugar trascendente. Pocas veces antes –si es que alguna vez antes– un jefe de gobierno en la Argentina precisó con tal rigor una mirada sobre la formación de precios, las limitaciones de una estructura económica altamente concentrada y el uso de los instrumentos del Estado para, parcialmente, contrarrestar las distorsiones en la distribución del ingreso que ciertas conductas empresarias provocan. Además de señalar a quienes motorizan el clima inflacionario.

“Los que más agitan expectativas inflacionarias son los formadores de precios en la República Argentina”, señaló la Presidenta de la Nación en el mediodía de este miércoles, señalándolos de ser quienes utilizan a su favor “un nivel de consumo como nunca se vio en la Argentina”, para aplicar “una costumbre consuetudinaria de querer mantener o apropiarse de rentabilidad vía precios, y no vía aumento de la oferta, vía aumento de la inversión”.

Luego explicó el porqué de esta actitud en otras épocas, en otros tiempos. “Como no teníamos políticas que sostuvieran la demanda agregada, sólo políticas volátiles, había cierto retraimiento a tener un ritmo sostenido de inversión y ampliación de la oferta para mantener o aumentar la rentabilidad”, describió. “Pero lo cierto es que (ahora) venimos de una política continua creciente, desde el año 2003 a la fecha, de un Estado que sostiene y aumenta la demanda permanentemente. Entonces, es necesario que quienes tienen el capital y quienes tienen la oferta aumenten la inversión”.

En esta Argentina con alta concentración en insumos básicos de la industria, desde el acero a los envases de cartón o de plástico; con alta concentración en la producción de bienes de consumo masivo, desde los alimentos enlatados a la leche en sachet; sumado a una alta concentración en la comercialización, con grandes cadenas de hipermercados en los centros más poblados, capaces de comprar la producción total de algún producto para fijar después las condiciones –momento y precio– en las cuales van a salir al mercado; en esta Argentina, no se puede hablar de inflación sin mencionar a todos o alguno de estos factores formadores de precios.

El desafío de Cristina llamando a debatir sobre estos temas (“hay que discutir en serio, con los números en la mano”, mencionó por lo menos cuatro veces en su alocución) no fue tomado por la oposición ni por empresarios. Por el contrario, desde ámbitos profesionales (ropaje que encubre a los habituales guionistas del discurso económico de derecha) volvieron a escucharse los mismos argumentos, los mismos diagnósticos, surgidos de las teorías que se ensayaron durante los ’80 y los ’90 con los resultados trágicos conocidos. Como el tema está lejos de haberse agotado, conviene repasar al menos algunos de estos argumentos para mostrar, a la vez, “su parte no contada”:

  • Argumento 1: “El Gobierno culpa a los empresarios, pero es el excesivo gasto público y la emisión descontrolada lo que convalida la inflación”.

Sería sencillo refutar la imputación al gasto público recordando los años de superávit fiscal, incluso financiero (es decir después de pagar los intereses de la deuda), que lleva computados el Gobierno entre 2003 y la fecha. Pero hay un aspecto más trascendente, e intencionalmente ocultado, en los propósitos de quienes formulan la propuesta. Es el de anular, por vía de limitar el gasto público, la aplicación de políticas distributivas a través de los recursos del Estado. En cuanto a la culpa imputada a la emisión monetaria, persigue un objetivo similar, con remembranzas del paso de Redrado y de Prat Gay por el puesto que ahora ocupa Mercedes Marcó del Pont. Que el Estado tenga una política monetaria neutra, que no promueva el crédito ni la expansión económica. Proponen que el dinero circulante sea un dique y no un facilitador del crecimiento. Tanto la baja del gasto público como la no emisión de dinero llevarían irremediablamente a una recesión.

  • Argumento 2: “La escalada inflacionaria tiene origen en los aumentos salariales que promueve el Gobierno para favorecer a los gremios amigos”.

No es muy arduo demostrar que en gran parte de las actividades, pero mucho más en los sectores concentrados, que son los reales formadores de precios, la incidencia de la mano de obra en el costo total es mínima e incluso va en descenso. Bajo esa excusa, al arrancar las paritarias de cada año la clase empresaria plantea aumento salarial cero en nombre de la estabilidad de precios.

  • Argumento 3: “El intervencionismo estatal y las distintas trabas que aplica el Gobierno desalientan la inversión y, ante la suba de la demanda, se provoca inflación por escasez”.

Una falacia más a favor de la desaparición del Estado y a favor de la dictadura económica de los poderosos.

Como ya se planteó, el desafío a debatir sobre precios e ingresos no prendió. Hubo, sí, señales de que algunos actores importantes del universo empresario, ubicados en la esfera del sector dominante, seguirán transitando por los carriles habituales. Por ejemplo, ejercer el lobby o la presión corporativa antes que propiciar o aceptar el debate. Es lo que quedó reflejado en las “internas abiertas” de la UIA, así llamadas no porque vaya a haber elecciones internas abiertas, sino porque las peleas internas fueron puestas a la vista de todos.

La disputa, en definitiva, al interior del llamado sector Industriales primero, y la que involucró al renunciante Héctor Méndez después, reveló que lo que está en discusión es el modo de intervención de la central fabril en la lucha política que tendrá lugar en el correr de este año. La alternancia en la conducción de la UIA indicaba que un hombre del sector Industriales debía ocuparla, y entre ellos José Ignacio de Mendiguren era visto como “número puesto”. “El Vasco” es visto como una persona de buen diálogo con todos los gobiernos, y a alguien proveniente del sector de la indumentaria, que supo sentir todo el rigor de la apertura económica de los ’80 y los ’90, no le resulta muy difícil entenderse con el gobierno actual, que hizo de la defensa de la producción industrial para el mercado interno una bandera.

Pero esta postura abierta al diálogo del Vasco no es del agrado de otros sectores de la propia UIA, incluso encuadrados en el ala Industriales, como es el caso de Techint. Dicen preferir “una figura fuerte, de peso propio, que imponga respeto al gobierno”. No hay que pensar mucho para adivinar que están postulando a un representante de los grupos más concentrados. Adrián Kaufmann, de Arcor, surgió como el nuevo candidato. Cuando esta alternativa parecía perder posibilidades ciertas de concretarse, apareció la renuncia de Méndez, como una simbólica quema de las naves antes de la toma por asalto de los adversarios. En este mundo económico de falacias, Méndez renunció confesándose cansado de que los trapos sucios se ventilaran en público en vez de tratarse puertas adentro, cuando fue su propia renuncia lo que más en público puso el asunto.

La discusión en la UIA es clara. Hay quienes no quieren una conducción dialoguista y, mucho menos, que acompañe. Quieren ir de frente y demostrar que a ellos –Arcor, Techint, las automotrices– no les agrada el modelo aunque se beneficien, porque piensan que volviendo a un modelo sin Estado se garantizarían un futuro mejor. Las industrias regionales y las livianas que viven del mercado interno saben que ese camino que señalan sus colegas los condena al ostracismo que ya vivieron en las décadas pasadas. El debate, en definitiva, es el modelo, y si se lo acompaña aunque discutiendo o se lo combate.

No hay discusión simple con quienes sólo buscan confrontar y sumar fuerzas políticas para derrotar al modelo.



Pero no toda la casta empresaria es igual. Por eso el debate al interior de la Mesa de Enlace. Por eso la crisis en la UIA. Por eso los cuestionamientos de la cúpula empresaria se parecen, cada vez más, a planteos de una oposición política dura. No parecen dirigentes opositores: son la nueva oposición. Al modelo económico en ejecución, que será el eje de todo debate político hasta las elecciones, y quizá más.