BIFO: "LA ERA DEL SUFRIMIENTO"

Franco Bifo Berardi combina la docencia como profesor de historia social de los medios de comunicación en la Academia de Bellas Artes de Brera (Milán) con la agitación cultural: creó el fanzine A/Traverso, Radio Alice —la primera emisora pirata de Italia— y la TV Orfeu, cuna de la televisión comunitaria en Italia.

En sus libros indaga cómo las tecnologías digitales están generando una mutación del ser humano y aceleran de forma tan vertiginosa el tiempo que no deja tiempo para la pausa, la escucha o la capacidad crítica ponderada. Cartografía un tejido social en el que, como en las shitstorm [una tormenta de mierda] de las redes sociales, los individuos se mueven por los estímulos de todo tipo que reciben sin tiempo para reflexionar, y donde reina el resentimiento identitario, la desertificación del pensamiento complejo y el autismo coral...

MORIR EN LA MOTO

Cada día, 7 motociclistas mueren en la Argentina por siniestros viales –según las últimas cifras disponibles, las del año pasado–, hasta totalizar 2.555 muertes.

En los últimos seis años, la proporción de motociclistas lesionados en calles y rutas subió desde el 26 hasta el 36 por ciento, por sobre los automovilistas, ciclistas y peatones. Este vertiginoso aumento coincide con el incremento en la cantidad de motos, al ritmo de un 22 por ciento cada año. La Asociación de Neurocirugía manifestó su alarma y advirtió sobre las “severas secuelas” que dejan estas tragedias en los que logran sobrevivir. La mayoría de los afectados son jóvenes de 19 a 26 años. Un factor principalísimo es la falta de uso de casco, que multiplica por ocho el riesgo de lesión y muerte: su utilización no se cumple plenamente en ninguna jurisdicción del país, y desciende por debajo del 30 por ciento en el centro y norte, donde está más extendido el uso de motocicletas y donde mayor es la proporción de siniestros. Otro factor importante es la sobrecarga o exceso de tripulantes en la motocicleta: más de uno, reduce la maniobrabilidad; más de dos, no debería haber nunca. Una entidad dedicada a la seguridad vial también pide “estudiar el aumento de la edad mínima para conducir motocicletas”, que actualmente es de 17 años.

“Los accidentes relacionados con motos son en este momento el problema más grave de la seguridad vial en la Argentina –afirmó Alberto Silveira, titular de la entidad Luchemos por la Vida–. Cada vez crece más la cantidad de muertos en motos: hoy llegan al 34 por ciento del total de víctimas fatales en siniestros viales, que fue de 7.485 personas el año pasado: esto hace unos 2.555 muertos en tragedias con motos: fundamentalmente son jóvenes menores de 25 años, varones, que no usaban casco.”

Silveira subrayó que “el golpe en la cabeza es la causa más común de muerte en estos accidentes, y usando casco el riesgo es 7 veces menor”. La investigación “Uso del casco en la ciudad de Buenos Aires y alrededores”, que Luchemos por la Vida efectuó el año pasado sobre un total de 713 motocicletas y ciclomotores, arrojó, “en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, una utilización de sólo el 38 por ciento”. En la ciudad de Buenos Aires, en cambio, el casco se utilizó en el 82 por ciento de los casos observados, aunque en el seis por ciento se registró “casco inadecuado” (por ejemplo, de albañil) o “mal uso del casco”, por ejemplo, llevarlo desabrochado.

“Lo que hace la diferencia es que se apliquen o no sanciones –advirtió Silveira–. Aun en los países más avanzados en materia de conciencia vial, se estableció que el 65 por ciento de la población sólo modifica conductas de riesgo cuando existe perspectiva cierta de sanción. Si uno habla con los motociclistas, la gran mayoría acuerda en que el casco otorga una protección importante pero, cuando uno les pregunta por qué no lo usan, escucha las respuestas más frívolas, como ‘me gusta sentir el aire en la cara’ o ‘me despeina’ o ‘hace mucho que ando en moto y nunca me pasó nada’. Es lo mismo que pasa con el cinturón de seguridad o el consumo de alcohol.”

El control del uso del casco es responsabilidad de cada municipio, y hay diferencias notables entre las distintas regiones del país. El trabajo “Variaciones espaciales en el patentamiento y la mortalidad de usuarios de motocicletas por lesiones de tránsito en Argentina”, de Carlos Marcelo Leveau –becario de investigación en el Instituto Nacional de Epidemiología Juan H. Jara–, fue publicado en diciembre pasado en la revista Salud Colectiva, editado por la Universidad de Lanús. La investigación registró “dos conglomerados de alto riesgo de mortalidad en usuarios de motocicletas”. El primero de ellos se localiza “en el centro-norte del país”, desde Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza hacia el Norte. El segundo, “en gran parte de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, mitad Este de Río Negro y el departamento de Confluencia, Neuquén”. En ambos conglomerados se dio “el mayor aumento en las ventas de motos”; sin embargo, donde “la mortalidad de usuarios de motocicletas mostró un aumento significativo” fue en especial “en el centro-norte”; y el trabajo anota que “las provincias de Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Salta y Santiago del Estero, pertenecientes a esta región, tienen la mayor proporción de usuarios que manifestaron nunca haber usado casco”.

Leveau hace también otra observación: “Los usuarios de motocicletas que se incorporaron en los últimos años pertenecen en muchos casos a grupos sociales y a barrios más vulnerables por su nivel socioeconómico. Recientemente, en epidemiología, se empezó a tomar muy en cuenta las características del contexto: dónde sucede el siniestro, en qué barrio vive el accidentado o a qué grupo social pertenece: una persona muere por circunstancias individuales, pero también por las condiciones del área en la que vive”. El artículo de Leveau concluye en “la necesidad de formular políticas de prevención diferenciales para las zonas más afectadas” y pone sobre el tapete otra posible medida de prevención: “La venta obligatoria de motocicletas junto con el casco, como se implementó recientemente en Colombia”.

Ciertamente, el incremento de siniestros con motos corresponde al ascenso en las ventas de estos vehículos. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, “el parque de motos creció 126,68 por ciento entre 2008 y 2013”, período en el cual “la participación de motos en siniestros viales aumentó el 110 por ciento”.

El estudio “Las dos caras de un boom”, realizado por Hernán de Jorge y publicado en la revista Crash Test, del Cesvi (Centro de Educación y Seguridad Vial), tomó “una muestra de 1.500 motocicletas en 5 lugares diferentes: ciudad de Buenos Aires, Pilar, Luján, Open Door y Campana”; en promedio, de los conductores, “el 56 por ciento no usaba casco”. Y “sobre los acompañantes, el dato es aún más desalentador: el 84 por ciento no utilizaba casco”.

La presencia indebida de acompañantes es otro factor de riesgo: “La ley de tránsito nacional establece que los ciclomotores sólo pueden transportar un acompañante o carga de hasta 40 kilogramos”, y las motocicletas “un acompañante o carga de hasta 100 kilos”, ya que “los frenos se ven afectados al exceder la capacidad de carga” y “se compromete la dinámica al doblar o maniobrar”. Sin embargo, por ejemplo, “en Luján, más del 3 por ciento de las motos desplazaban 3 personas y vimos tres motos con 4 personas a bordo: una locura”, advierte el trabajo en Crash Test. Además, en el conjunto de los municipios relevados por el Cesvi, “el 33 por ciento de las motocicletas no llevaban la chapa patente”, lo cual “hace imposible identificarlas cuando realizan una infracción”.

El Cesvi requiere también que “los conductores de ciclomotores tengan carnet de conducir habilitante”. Leonardo Di Pierro, subgerente de seguridad vial del Cesvi, explicó que “actualmente cualquier mayor de 16 años puede conducir ciclomotores pero la velocidad que alcanzan, de hasta 50 kilómetros por hora, es elevada para un vehículo con ruedas tan finitas”. El Cesvi también pide “estudiar el aumento de la edad mínima para conducir motocicletas, que actualmente es de 17 años con autorización de los padres”; “mejorar la visibilidad del vehículo y sus ocupantes mediante bandas y chalecos reflectivos”; y “capacitar a los conductores de autos y colectivos, no sólo por si en algún momento conducen motocicletas, sino para que conozcan la vulnerabilidad de las motocicletas y de sus ocupantes”. El representante del Cesvi señaló que “los conductores de autos deberían estar atentos a que la motocicleta es un actor más del tránsito, que hay que respetar. Y, por su parte, muchos motociclistas hacen maniobras riesgosas como circular en zigzag entre los vehículos”.

Di Pierro comentó también que “en las motos más baratas, las que más se venden, de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, los frenos suelen no ser de la mejor calidad y la distancia de frenado es mayor que la ofrecida por los frenos de los autos. Además, suele suceder que el usuario le dé a su moto un mantenimiento menos frecuente que el del auto”.

Una investigación del Cesvi estableció que la participación de lesionados en moto, sobre el total de accidentados en siniestros de tránsito, pasó del 26 por ciento en 2006 al 36,2 en 2012; para los acompañantes de moto, subió del 5,6 en 2006 al 9,1 por ciento en 2012. Si se considera sólo a los jóvenes de 17 a 25 años, entre 2006 y 2012 la proporción de heridos en moto, sobre el total de lesionados en siniestros viales, subió del 42,2 por ciento al 52,5 para los conductores, y del 9,7 por ciento al 14,5 para los acompañantes.
Elija a su intendente

“Este año, Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte, lanzará un plan nacional de seguridad vial para motociclistas, que incluirá mayores requisitos para obtener la licencia de conducir –anunció Felipe Rodríguez Laguens, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial–: hay que erradicar el mito de que, por saber andar en bicicleta, uno puede conducir una moto. Se estimulará a los municipios, que otorgan las licencias de conducir, para que utilicen pistas especiales de evaluación, como la que hay por ejemplo en San Juan. Hay que tomar en cuenta que, en los últimos años, la cantidad de motocicletas creció a una tasa de entre el 20 y el 22 por ciento anual, contra un 4,8 por ciento al año para los demás vehículos. Hay patentadas ya 5.500.000 motos en todo el país, especialmente en las provincias de clima cálido; en Santiago del Estero, hay ya más motos que automotores.”

En este marco, “los datos de 2013, todavía provisorios, asignan a los eventos con motos el 32 por ciento de las víctimas fatales en siniestros viales; en 2009, no superaban el 18,5 por ciento”, precisó Rodríguez Laguens.

El funcionario también señaló que “en rutas y autopistas, donde existe control y los conductores lo perciben, el uso de casco llega al 80 por ciento; en cambio, en muchas zonas urbanas, donde no se percibe control, el uso de la protección llega a caer por debajo del 30 por ciento. Este control depende de los municipios. Uno de nuestros recursos es suministrar a las municipalidades cascos, de modo que, cuando detecten a un motociclista que no lo usa, no sólo le labren la infracción, sino que le entreguen uno para que lo use desde ya”.

“Pero –continuó Rodríguez Laguens– muchos intendentes suponen erróneamente que ser estrictos en el control puede llevarlos a perder votos. Estos sucede especialmente en localidades pequeñas, con excepciones destacables como Laprida, en la provincia de Buenos Aires, donde el uso de casco llega al 90 por ciento. Procuramos trabajar estas cuestiones con los intendentes. En realidad, a la hora de votar, los ciudadanos podrían evaluar la gestión de su intendente con una sencilla herramienta: contar cuántos motociclistas usan casco: si son menos de ocho de cada diez, debieran votar a otro, porque ése no se preocupa suficientemente por prevenir víctimas fatales entre su población.”

 Pedro Lipcovich

JÓVENES CHILENOS

“Los jóvenes chilenos no somos hijos de la democracia, sino de la posdictadura”, se presenta Camila Vallejo. La sola mención de su nombre lleva directo a uno de los más importantes movimientos de protesta juvenil –y más allá del límite generacional– que sacudió a Latinoamérica en el último tiempo.

Camila Vallejo ya no es la secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, pero sigue siendo la voz principal de la construcción política y social, colectiva, que se generó a partir del reclamo de los universitarios chilenos por una educación pública y de calidad para todos.



Junto a quien la secundó en el cargo militante, Karol Cariola, marchará hasta la Plaza de Mayo hoy, a 36 años de que un grupo de militares tomaran el gobierno argentino por la fuerza y asesinaran a toda una generación en su nombre.






Para Camila Vallejo, la principal diferencia entre su país y la vecina Argentina es que en Chile “no existe la democracia plena”.

–¿Por qué?

–Los jóvenes de Chile somos hijos de un modelo que se nos dejó sin consultarnos, que tendió a la profundización de la desigualdad y la transformación de la sociedad en un mercado de intereses privados que mide todo en función de la rentabilidad. Ese mercado nunca nos tuvo en cuenta; ese mercado no ha garantizado ni garantiza la democracia plena, la recuperación de los espacios públicos perdidos con (el dictador Augusto) Pinochet ni la construcción de ciudadanía. Eso pusimos sobre la mesa con la lucha por una educación y de calidad para todos en Chile. Salimos a la calle en 2011, pero no de manera espontánea, sino luego de años de organización, de análisis y de trabajo de reflexión en conjunto y de elaboración de propuestas para exigir el derecho a una educación que sea entendida como herramienta fundamental para que la sociedad pueda transformarse a sí misma y avanzar hacia una democracia plena.

–¿Qué se necesita para eso?

–Es preciso que la juventud avance hacia un camino de transformaciones estructurales: cambios en el sistema político, en el económico y de modelo de desarrollo que tenemos actualmente. Una de las principales trabas es nuestra institucionalidad política. Nuestra actual Constitución política fue hecha y aprobada en dictadura. No se puede entender que lo que viva Chile hoy sea considerado una democracia, entonces. Falta que se distribuya equitativamente el poder político, el económico, el cultural e intelectual, reservado hoy en día en los grandes medios de comunicación hegemónicos y en los intereses económicos.

–En Argentina la lucha por los derechos humanos es una de las banderas de la juventud que regresó, en esta última década, a la participación política. ¿Qué pasa en Chile?

–A pesar del mecanismo de dominación y control de conciencias que se impuso desde el sistema educativo y los medios de comunicación, que siempre apuntaron a que los jóvenes no piensen y sólo se diviertan, la juventud ha logrado un buen nivel de conciencia respecto de nuestra historia, respecto de lo que pasó en Chile en épocas de Pinochet y lo entiende no como algo que quedó en el pasado, sino que se vivencia a diario. Tenemos la herencia, la consecuencia de lo que pasó a flor de piel. Que hoy estemos acá lo demuestra. También hacemos nuestra la lucha por la búsqueda de justicia y condena de los crímenes de lesa humanidad perpetrados entonces y hoy. Porque nuestro país está constantemente siendo violentado. Trabajadores, pobladores, estudiantes están siendo violentados en sus derechos. No se nos permite libertad de manifestación en los espacios públicos; se nos allana permanentemente, se nos reprime y tortura. En nuestro país, el Estado todavía lleva a cabo mecanismos propios de una dictadura militar.

–¿Considera que en Chile podrían enjuiciarse y condenarse a los genocidas?

–Hay muchos atrasos en el país; uno tiene que ver con los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Pero, ¿y los que ocurren hoy? Hace poco menos de un año, un carabinero asesinó a un niño, Manuel Gutiérrez, un delito que está juzgando la Justicia militar. Eso no puede ser, ahí tiene que intervenir la Justicia civil. Muchas cosas no han avanzado. Mucha gente que está en el poder hoy es responsable de lo que sucedió en la dictadura. (El presidente chileno, Sebastián) Piñera fue el empresario que más se enriqueció durante la dictadura. Los dos medios de comunicación más poderosos son golpistas. Son responsables, avalaron y son cómplices de torturas y asesinatos de la dictadura y apuntan a dejar atrás la historia, dejarla en el pasado, pensar en el futuro.



–Cada 24 de marzo confluyen en Argentina militantes bajo banderas de espacios políticos y autoconvocados. ¿Qué sucede con el repudio de la sociedad chilena y el reclamo de justicia?

–Se trata de un proceso. La discusión en torno de lo que pasó en la dictadura existe. Pero debemos madurar aún. Nunca se trabajó desde el Estado en el fortalecimiento de los 11 de septiembre (ese día, en 1973, fue derrocado el gobierno socialista de Salvador Allende) como momentos de memoria. Las organizaciones defensoras de derechos humanos son muchas y recién ahora están empezando a trabajar en red. Por otro lado, mucha gente añora la dictadura. Existen sectores, aunque no son mayoritarios, muy de derecha, muy reaccionarios, y que recuerdan eso como los buenos momentos de nuestro país.

Ailín Bullentini

COMPUTADORAS PARA LOS PIBES

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Las empresas que ganan con las laptop educativas

El plan para distribuir tres millones de netbooks en los próximos años a todos los estudiantes de las escuelas secundarias, con un costo de 750 millones de dólares, encierra un debate que gira alrededor de los modelos educativos y las elecciones tecnológicas. Si bien el programa anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá una licitación internacional, Argentina ya adoptó un modelo de inserción de computadoras basados en los equipos Classmate, una iniciativa promovida en el mundo por Intel y Microsoft, en detrimento de otras opciones. La más conocida es el proyecto de Nicholas Negroponte, One Laptop Per Child, que por ser un equipo creado de cero, todavía posee características inferiores a las tecnologías comerciales. Sin embargo, lo ambicioso de este proyecto, que ya fue adoptado por Uruguay en su Plan Ceibal, Perú y Colombia, es su modelo educativo que apunta a romper la clásica relación tutor-alumno. Detrás de cada elección tecnológica hay una decisión política. La historia que va desde los primeros intentos de lanzar en el país la notebook de Negroponte hasta el actual modelo de Classmate está marcado por el fuerte lobby local e internacional de las dos empresas más emblemáticas del mundo tecnológico –Intel y Microsoft–, que por su accionar conjunto a lo largo del tiempo quedaron identificadas en los libros de historia como la asociación Wintel.

La idea de llevar a los chicos computadoras portátiles no es nueva. Durante 2005, bajo la gestión de Daniel Filmus en el Ministerio de Educación, comenzaron los primeros contactos con Nicholas Negroponte, uno de los fundadores del laboratorio de medios del Ma-ssachusetts Institute of Technology y padre de la iniciativa One Laptop Per Child (OLPC). Este reconocido académico había llamado la atención de los gobiernos con una idea innovadora, pero difícil de concretar: llevar notebooks a las escuelas por 100 dólares, con un modelo educativo centrado totalmente en el alumno. El precio sugerido sólo podía alcanzarse a partir de la fabricación masiva de los equipos y con la utilización de cierta tecnología que permitiera abaratar los costos, como por ejemplo el uso de software libre o una pantalla líquida pequeña. Pero lo más innovador era el proyecto educativo de fondo.

Argentina se perfilaba para ser uno de los primeros países de habla hispana en la adquisición de estos equipos. Negroponte visitó el país varias veces para reunirse con Néstor Kirchner cuando éste era presidente. Luego de uno de esos primeros encuentros, el académico norteamericano y Filmus mencionaron por primera vez de la posibilidad de comprar un millón de máquinas.

La Argentina y el Ministerio de Educación tienen diseñados varios proyectos educativos junto con las empresas Microsoft e Intel. Este dato nunca estuvo ausente en las discusiones por el proyecto OLPC, cuyos componentes rivalizaban con las dos empresas mencionadas (software libre por un lado y el principal competidor de Intel, AMD, empresa que luego desistió de participar en la iniciativa). “Nuestro objetivo es ciento por ciento linux”, había afirmado Filmus en 2005. El proyecto de Negroponte se perfilaba titánico y de un gran alcance. Ese mismo año se hablaba de posibles compras por parte de China, Tailandia, Brasil y la India.

Microsoft e Intel no querían quedarse fuera de ese proyecto (y gran negocio). Ambas empresas –que desde el desarrollo de la computación personal en la década de 1980 siempre actuaron en tándem– no perdieron tiempo y elaboraron una estrategia de inserción dentro del proyecto OLPC.

Durante una conferencia de prensa realizada por Negroponte y Filmus, el 5 de diciembre de 2005, participaron como oyentes varios representantes de Microsoft e Intel, quienes incluso tuvieron la posibilidad de formularle preguntas a Negroponte. Los directivos no desaprovecharon esa oportunidad para hacer hincapié en que OLPC fracasaría por ser “tecnológicamente inadecuada”, incluso por su modelo educativo.

Un año después, en noviembre de 2006, Negroponte volvió a la Argentina, mantuvo otro encuentro con Kirchner, tras el cual se anunció la conformación de una comisión de especialistas, presidida por Adrián Paenza. Dos semanas después de ese encuentro, Intel volvió a la carga y tuvo una audiencia con funcionarios locales para presentar su propio modelo de laptop educativa, junto a Microsoft: la Classmate (compañera de clase).

Pero la jugada más fuerte de la multinacional de los microprocesadores fue ingresar en el directorio de OLPC. Y con Intel, también ingresó Microsoft, aunque no de manera formal. Este cambio de rumbo en el proyecto original de Negroponte provocó el alejamiento de Paenza. “Sigo pensando que es una iniciativa maravillosa, que ha sido torpedeada por los grandes conglomerados que se habían o se han quedado afuera”, manifestó Paenza (Clarín, 6 de enero de 2008). Mientras Intel formaba parte del directorio de OLPC, seguía comercializando sus Classmate al público masivo, a 500 dólares cada máquina. Pocos meses después de su ingreso en el directorio, simplemente se alejó.

Qué tecnología para qué modelo educativo

El proyecto de Negroponte tenía por objetivo superar la discusión tecnológica e intentaba centrar el debate en un modelo educativo propio del siglo XXI. “Cada tecnología tiene ventajas y desventajas. OLPC es una promesa increíble, porque tiene una forma de trabajo centrada en el alumno, en ideas constructivistas, y todo está pensado desde cero. Es la primera de la nueva generación. El dispositivo de la empresa israelí ITP-C es muy bueno para ciencias y matemáticas, orientada a chicos más grandes, de sexto grado. Por su parte, Intel es una empresa sólida, y su laptop ya está instalada”, había afirmado Laura Serra, gerente de TICs del portal Educ.ar (Canal AR, 7 de agosto de 2007).

Por su parte, el ex titular del portal educativo del Estado Alejandro Piscitelli, docente de la UBA, escribió varias veces en su blog (www.filosofitis.com.ar) las diferencias educativas entre el modelo propuesto por la OLPC (centrado en los alumnos) y la Classmate (centrada en los docentes). “Lo que está en juego aquí es una cuestión relativa a la consideración de los chicos como una clase social, es decir poder determinar hasta qué punto los chicos son agentes en sí mismos, más allá de las motivaciones, manipulaciones o socializaciones impuestas por los adultos.” El proyecto OLPC proponía (aún lo hace en el caso de Uruguay, Perú, Colombia) un pasaje del tutor al estudiante, “algo que va en contra del paradigma tradicional de enseñanza”, como indicó Piscitelli. Toda elección tecnológica trae aparejada una decisión política e ideológica de fondo.

“Las pruebas que hicimos de las OLPC no fueron buenas. La interfase creada para que interactúen los chicos con las máquinas sólo servían para el aula y no para la vida real. Los primeros prototipos eran lentos. Las Classmate son más coherentes con el mundo real”, afirmó a Página/12 Hugo Scolnik, director del Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas.

Intel y Microsoft fueron más rápido en la carrera comercial de sus equipos y lograron imponerse en varios países. Incluso Venezuela adoptó el modelo Classmate, aunque sólo con el sistema operativo basado en software libre. “Así y todo, cualquier plan tecnológico tiene que pensar primero en el modelo educativo que en la tecnología. Si bien Uruguay adoptó el modelo de Negroponte –el cual creo que es inconsistente desde lo tecnológico– tiene bien claro el tema educativo”, agregó Scolnik.

Más allá de cualquier debate sobre qué tipo de tecnología utilizar, es relevante que este tipo de políticas sociales o educativas –más o menos universales– se pongan sobre la mesa. Las casi tres millones de netbooks que se licitarán –sobre el modelo Classmate– tienen implícito el desafío de incorporarse dentro de una política educativa del siglo XXI.

Sebastián Premici

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El costo de negociar con Microsoft

Según el Ministerio de Educación, las netbooks estilo Classmate tienen un costo de 243,6 dólares, mientras que las computadoras portátiles que se distribuyen en Uruguay por el Plan Ceibal cuestan 205 dólares. La diferencia la hace en principio el sistema operativo de Microsoft. Fuentes del sector indicaron a Página/12 que en casos de ventas masivas las licencias de Windows tienen un costo de 40 dólares por máquina. Es verdad que las máquinas que pretende distribuir el Gobierno tienen una mayor capacidad de almacenamiento, mejor rendimiento de la batería, y aguantan los golpes de los alumnos, en comparación con las del plan Ceibal. Pero su principal diferencia reside en que usa el sistema operativo Windows, el cual ya penetró culturalmente en la sociedad.

“El mundo funciona con Windows, el mundo normal no funciona con Linux. Por eso las Classmate tienen ventaja en este punto”, aseveró a Página/12 Pablo Suaya, director de la empresa fabricante de computadoras Banghó. El directivo aclaró que las Classmate son un modelo de netbook impulsadas por Intel pero que pueden ser fabricadas por distintas marcas. En esto también hay un tema de penetración cultural.

Las netbooks que distribuirá el Estado se basan en el modelo de Classmate aunque se aclara que pueden contener tanto un sistema operativo Windows como Linux. “Si no hay mucha diferencia de plata entre ambas opciones, me parece lo más neutral que tenga incluido los dos sistemas operativos. Si Linux es tan bueno como creo, la máquina debería funcionar mejor. Al final de cuentas, terminará siendo una publicidad gratuita para el software libre”, afirmó a Página/12 Ricardo Beltrán, investigador de la UBA.


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“Un Estado no puede quedar sujeto a una empresa”

Richard Stallman es uno de los referentes del movimiento de software libre. La semana pasada estuvo en la Argentina para participar de un debate en la Cámara de Diputados sobre un proyecto de Eduardo Macaluse (SI) para impulsar el software libre en la administración pública. En una entrevista con Página/12, Stallman habló del plan de netbooks anunciado por el Gobierno: “Ningún programa educativo debería estar monopolizado por el software de una empresa privada”, afirmó el programador estadounidense.

–¿Cómo deberían ser las computadoras educativas?

–Ante todo, la educación tiene una función social. Eso es lo que debería transmitir cualquier programa educativo basado en las nuevas tecnologías. Si un Estado permite la inclusión y la penetración de software privativo –como el caso de Microsoft y su sistema operativo Windows– está entregando el futuro de la educación a los planteos ideológicos de una empresa privada. El software libre aboga para que cada usuario pueda ser partícipe central en su desarrollo tecnológico.

–El proyecto OLPC tenía esta concepción. ¿Por qué no pudo profundizarse?

–Todo empezó a cambiar cuando la iniciativa de Negroponte comenzó a ser permeable a los argumentos de Microsoft (e Intel). Tengo entendido que el proyecto que se anunció en este país incluiría tanto Windows como software libre. Esto supondría cierta idea de neutralidad tecnológica, que desde un punto de vista estrictamente técnico es algo positivo. Sin embargo no lo es desde un punto de vista ético. Es una posición ética rechazar el uso de software privativo para la educación.

–¿Qué ocurre en otros países de la región, tanto en sus programas educativos como en la inserción de software libre en la administración pública?

–El Plan Ceibal de Uruguay está basado en software libre, pero ahora hay un distrito que está realizando una prueba piloto con Windows. En relación con las distintas dependencias del Estado, existe la intención de migrar a software libre, tal cual está impulsando Brasil. En Ecuador todas las agencias públicas están migrando a software libre y si algún sector del Gobierno quiere usar Windows, tiene que pedir un permiso con carácter de excepcionalidad. Un Estado no puede quedar sujeto a las disposiciones que una empresa privada fija para interactuar con la tecnología.