El reclamo argentino de que el Reino Unido se siente a negociar la soberanía sobre Malvinas entraña un riesgo: que la política exterior argentina se torne rígida, monotemática y militarista.
Pero eso no está ocurriendo por dos motivos. Uno, que el gobierno argentino está esquivando un tono malvinero elemental que disfrutaría Leopoldo Fortunato Galtieri. Otro, que Sudamérica vive un momento único en el que la diplomacia regional se entrelaza con la política interna de cada país.
El Consejo de Estados de América latina y el Caribe (Celac) y la Unasur hicieron suyo el reclamo argentino de negociar la soberanía sobre las islas. Durante la última reunión del Mercosur en Montevideo la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil decidieron no aceptar que recale en sus puertos ningún barco con una bandera que diga Falklands.
Ese pronunciamiento hubiera sido imposible sin el giro que el presidente uruguayo José “Pepe” Mujica les dio a las relaciones con la Argentina al reemplazar, el 1º de marzo de 2010, al socialista Tabaré Vázquez. Los dos pertenecen, naturalmente, al Frente Amplio, pero al parecer interpretan de manera diferente tanto la historia como el futuro uruguayo.
Además del Frente, en Uruguay hay dos partidos que hasta la asunción de Tabaré como presidente, el 1º de marzo de 2005, hegemonizaron la política durante 187 años, el Colorado y el Blanco. El Colorado está de capa caída. El Blanco, incluso a pesar de la derrota, conserva impulso político.
Un grupo de dirigentes blancos acaba de publicar una “Carta Abierta sobre la Cuestión de las Islas Malvinas y la admisión en puertos uruguayos de buques con su bandera”. En apoyo de la decisión de Mujica, dice textualmente uno de los párrafos principales: “La medida procede plenamente y se justifica en dos órdenes de razones: a) principios de política exterior nacional, que imponen la solidaridad con Argentina en su reclamo de soberanía sobre las islas australes, en consonancia con numerosos pronunciamientos, de los que el país ha participado; b) obligación de respetar el marco jurídico internacional, en cuanto a que son los Estados, bajo su responsabilidad y no los territorios no autónomos los que pueden otorgar banderas a las embarcaciones. De otro modo, se estaría abriendo un cheque en blanco a operaciones de dudosa legalidad”.
El texto está firmado, entre otros, por Beatriz Argimón, Daniel Berger, Sergio Botana (intendente de Cerro Largo), Juan Pedro Cestau, Eber Da Rosa, Ernesto Dhel, Pablo Díaz, Carlos Enciso (intendente de Florida), Juan Raúl Ferreira, Sigfrido Frigerio, Gustavo Gaye, Alem García Sos, Ricardo Gorosito, Gastón Goyret, Fernando González Guyer, Darío Hernández Carro, Luis Alberto Herrera, Pablo Iturralde Viñas, Martín Laventure, Alvaro Lorenzo, Enrique Martínez Larrechea, Daniel Olascoaga, Daniel Peña, Federico Ricagni, Jorge Saravia, Marcelo Saravia, Mercedes Rosende, Luis Vignolo, Alberto Volonté Berro, Jorge Zeballos y Walter Zimmer (intendente de Colonia).
Volonté fue embajador en la Argentina. Juan Raúl Ferreira es el hijo del legendario caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate, “El Güilson” (1919-1988), opositor a la dictadura uruguaya surgida en 1973, sobreviviente de la Triple A y la Operación Cóndor en Buenos Aires y protagonista, en 1984, con apoyo del gobierno argentino de Raúl Alfonsín, de un épico regreso a Montevideo en el viejo Vapor de la Carrera. Sería apresado en Uruguay como una forma de evitar su candidatura.
La “Carta Abierta” tiene un acápite de Ferreira Aldunate: “No hay modo de ser patriota de patria chica, sin ser, por eso mismo y simultáneamente, patriota de la gran patria común latinoamericana”.
El documento de los dirigentes blancos argumenta que “el puerto de Montevideo, pese al apoyo uruguayo a la reivindicación de soberanía argentina, estuvo y está abierto a navíos civiles de cualquier nacionalidad, y también del Reino Unido, no así a sus navíos de guerra en tránsito a las Islas, ni a buques que enarbolen un pabellón irregular”.
El texto refuta a quienes opinan que con las restricciones se violaría la libertad de navegación, “que se intentaría complacer al gobierno argentino sin reciprocidad de su parte, a la vez que se atentaría contra intereses económicos nacionales”.
Opina que el primer argumento es inexacto. “La libertad de navegación no padece ningún tipo de limitación ni la afecta la decisión gubernamental.”
En cuanto a la relación con la Argentina, sostiene que “el segundo argumento, no parece corresponderse con un contexto de bienvenido restablecimiento de las buenas relaciones de vecindad en el Plata, como el actual, relaciones de vecindad que constituyen históricamente un interés nacional prioritario y constante, no sólo en términos de soberanía nacional y de política exterior independiente, sino también, sin duda, de legítimos intereses económicos y comerciales de la República”. Y agrega: “Cualquier planteamiento que debamos realizar a la República Argentina cuenta con los canales necesarios para ello. Pero los aspectos bilaterales constituyen otro capítulo y no es ni intelectual ni políticamente válido confundirlos en este caso. Parece además sorprendente que para algunos actores políticos resulte un atentado a la soberanía la eventual receptividad a los planteos de un vecino, como Argentina (respecto de las Malvinas), pero no sería atentado a la soberanía ceder ante las pretensiones administrativas de los colonos respecto de los pesqueros”.
En cuanto al supuesto perjuicio económico para Uruguay, que consistiría en el lucro cesante de los operadores portuarios, “cabe señalar que no todos los pesqueros del Atlántico Sur navegan bajo el irregular pabellón de conveniencia otorgado por los colonos. Es seguro que éste sea un porcentaje muy menor del total y que el lucro cesante sea en consecuencia, de existir, marginal. Por otra parte, la reciente declaración del Mercosur en la Cumbre de Montevideo, asegura que todos los países de la región actuarán según este mismo criterio”.
Añade el documento: “Pero lo cierto es que el argumento, más que económico, posee implicaciones de naturaleza política e implica cohonestar el expediente de la administración colonial dependiente del Reino Unido, que extiende permisos de uso de una bandera de conveniencia, que no se corresponde a ningún Estado soberano –ni siquiera autónomo o estatal–, desde que las Islas integran el listado de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. Se trata pues de una medida adoptada en el marco del diferendo con Argentina. Dichas embarcaciones podrían navegar bajo cualquier otro pabellón, accediendo así a los puertos nacionales”.
Para reforzar la argumentación, el documento de los dirigentes blancos recuerda que “las Islas Malvinas constituyen parte integral e indivisible del territorio argentino. Fueron ocupadas en 1833 por Gran Bretaña, que ejerce desde entonces una posesión de facto. Dicha ocupación fue siempre contestada y ningún derecho puede derivarse de la mera prórroga material de esa acción ilegítima, así como de supuestos actos de imperio dictados por los ocupantes”.
También rescata la resolución 2065 de las Naciones Unidas, dictada el 16 de diciembre de 1965, que “invitó a los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones, lo que ha sido objeto de incumplimiento contumaz por parte de la potencia ocupante”.
En uno de sus párrafos más contundentes afirma: “El puerto de Montevideo no puede ser un garito colonialista, expresó una vez Wilson Ferreira Aldunate, honrado por la Universidad Nacional de Lanús con el premio Malvinas Argentinas. Y Alberto Methol Ferré alertaba sobre el que se nos convierta en un Hong Kong rioplatense, plaza fuerte de custodia y emplazamiento neocolonial. Por no mencionar a Artigas, en su apelación constante a los Americanos del Sur y al mismo fundador del Partido Nacional Manuel Oribe, víctima de bloqueos de potencias extranjeras por su defensa de la soberanía americana. Estas y otras voces relevantes de nuestra historia en diversos partidos políticos y corrientes históricas e intelectuales nos llaman hoy la atención sobre los riesgos y distorsiones propios de una lectura parroquial y aldeana de la realidad internacional”.
Los dirigentes blancos llaman a que sea “objeto de concertación” lo que definen como “política platense”.
Mujica no lo diría de otra manera. Con orígenes en las raíces blancas del interior uruguayo, el cofundador del movimiento tupamaro y ex dirigente de los cañeros de Bella Unión como Raúl Sendic, el líder tupamaro histórico, el actual presidente suele hacer suya la visión de la historia que critica las fricciones del siglo XIX entre Montevideo y Buenos Aires.
Más allá de la historiografía, la novedad principal es que Mujica eligió mantener una relación privilegiada con la Argentina como condición nacional uruguaya. En 2010 no sólo levantó la bolilla negra que impedía la designación de Néstor Kirchner como secretario ejecutivo de la Unasur, bolilla negra esgrimida por Tabaré, sino que junto con el canciller Luis Almagro tuvo la paciencia de esperar que la Argentina resolviera por sí misma el conflicto generado con Uruguay por la desproporción de un pequeño grupo de habitantes de Gualeguaychú. Del lado argentino, Cristina Fernández de Kirchner, el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el canciller Héctor Timerman dieron por cerrado el conflicto político de los puentes y entendieron que el litigio no podía hipotecar las relaciones con Uruguay.Un buen ejemplo de política platense.
