FAMATINA

En la tercera semana de un masivo acampe, para evitar el ingreso de una empresa minera, aumenta el rechazo a la actividad extractiva. El gobierno nacional festejó el récord de exploración minera...



Piquete. Corte de camino. Asamblea permanente. Pueblada. Distintas formas de llamar a la decisión del pueblo riojano de Famatina que rechaza la megaminería, industria extractiva que advierten impactará en la forma de vida de la región. Las Asambleas de Famatina y Chilecito mantienen 19 días de masiva movilización a 1800 metros sobre el nivel del mar, con calores extremos y una decisión: “El Famatina no se toca”. Cuenta con el apoyo del Intendente, el párroco local, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC –donde confluyen organizaciones socioambientales de todo el país–), organismos de derechos humanos, el escritor uruguayo Eduardo Galeano y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa). Ya fueron judicializados ocho asambleístas. El gobernador Luis Beder Herrera sigue de vacaciones y ningún funcionario del gobierno nacional se refirió al tema.

El cordón montañoso de Famatina era pretendido en 2007 por la empresa Barrick Gold, líder mundial del sector. Pretendía extraer oro y cobre, pero chocó con las asambleas riojanas, que negaron el paso a la montaña. Barrick abandonó el emprendimiento, pero no fue el único traspié: el gobernador Angel Maza fue destituido, por “mal desempeño de sus funciones”, por la legislatura provincial, donde jugaron un papel fundamental los diputados que respondían al entonces vicegobernador Beder Herrera.

Herrera enarbolaba un discurso antiminería. Aún hoy permanecen en Internet entrevistas donde llama “defender el agua” y rechazar la megaminería por “contaminante”. A poco de asumir, cambió de discurso y derogó la ley que limitaba la actividad extractiva en la provincia. En junio de 2010, integró la comitiva oficial que viajó a Canadá, en el marco de la cumbre del G-20, y se entrevistó con el presidente de Barrick Gold, Peter Munk. La foto de la Agencia de Noticias Télam muestra a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sonriente, de vestido azul, junto a Munk, los gobernadores de La Rioja, San Juan (José Luis Gioja), Salta (Juan Manuel Urtubey), el secretario de Minería (Jorge Mayoral) y el entonces ministro de Economía (Amado Boudou).

Otra foto oficial, también en Canadá, muestra a la Presidenta frente a un micrófono, al lado de Munk, disertando. De fondo, las banderas de Canadá, Argentina y otra de Barrick (blanca, amarilla y letras negras).

El comunicado de las Asambleas Riojanas, fechado el 7 de julio de 2010 remarca: “Instamos a las comunidades riojanas a organizarse para resistir e impedir la enajenación de nuestros bienes comunes en resguardo de los intereses y la soberanía provincial y nacional y de las futuras generaciones”.

A fines de 2011, trascendió en La Rioja un acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa canadiense Osisko Mining Corp para explorar el cerro Famatina. Volvió el estado de movilización. Que tuvo su pico cuando los asambleístas descubrieron una carpeta de la empresa con información de los activistas. Denunciaron “listas negras”, al mejor estilo de la última dictadura militar, en las que se detallaban lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas.

El 2 de enero, comenzó el corte en Alto Carrizal, camino vecinal por donde debiera pasar la empresa para explorar el Famatina. Casi tres semanas de corte, que ya se transformó en un acampe permanente y masivo. El jueves 12 hubo movilización, en respaldo a la lucha riojana, en seis provincias (Mendoza, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Chubut y Buenos Aires). El lunes 16 venció el plazo que, según el convenio, tenía la empresa para ingresar al cerro. El mismo día hubo una masiva movilización desde Alto Carrizal hasta el casco urbano de Famatina. También hubo una concentración en la capital riojana.


Algunas de las voces de tres semanas de movilización:

• ”Es injusto que se tomen acciones de criminalización de la protesta social de los vecinos, quienes han realizado innumerables denuncias y las cuales nunca se han resuelto a su favor (…) El gobierno de la provincia privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo riojano” (Adolfo Pérez Esquivel).

• ”El pueblo de Famatina no quiere la actividad minera como una actividad para nuestra región. La gente apuesta al turismo o a la producción de nueces, duraznos, uvas, peras” (intendente Ismael Bardogaray).

• ”La intimidante presencia de fuerzas de seguridad especiales, la amenaza constante sobre la integridad física de los ciudadanos, sumado a las reiteradas vulneraciones de sus derechos básicos como el de manifestarse y expresarse, y la posición del gobierno nacional, son algunas de las preguntas de los pedidos de informes –al Gobierno– (Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, Servicio de Paz y Justicia -Serpaj-, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), Colectivo Voces de Alerta, Colectivo por la Igualdad)

• ”La Constitución Nacional y Provincial prevén mecanismos de participación como la consulta popular, en la que el pueblo se manifiesta sobre situaciones que hacen a su destino social, cultural o económico. Consideramos que estos instrumentos constitucionales respetuosamente aplicados, contribuirán a apreciar realmente la voluntad popular de los departamentos de Chilecito y Famatina y a valorar la palabra empeñada de aquellos que fueron constituidos por el pueblo riojano en rectores de los destinos de la Provincia” (extracto del comunicado del obispo de La Rioja, Roberto Rodríguez).

• ”Apoyamos los reclamos de la población de La Rioja, rechazando el nuevo emprendimiento de la empresa Osisko que el Gobierno impulsa para el Cordón de Famatina, pronunciándonos contra el saqueo y la depredación del valle de Famatina, y haciendo nuestros los reclamos de la población organizada (…) Solicitamos la urgente revisión de la legislación nacional minera derogando las leyes que permiten el saqueo de los recursos naturales, la exención impositiva a este sector y la contaminación de la biosfera” (Resolución del Congreso de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina –Fesprosa–, integrada por 27 mil profesionales de la salud).

• ”Desde lejos, pero desde cerca, envío un abrazo de muchos brazos a los pobladores de Famatina, que no se dejan engañar con esos cuentos de las sanguijuelas modernas, que te venden buena salud mientras te acompañan al cementerio” (Eduardo Galeano).

• ”El Fatamina no se toca” (Asamblea de Famatina y Chilecito).

Ningún funcionario nacional se refirió al tema. Ni siquiera las secretarías de Ambiente, ni Derechos Humanos; las más directamente vinculados a la contaminación y a la criminalización de la protesta. Tampoco el Ministerio de Justicia ni la Jefatura de Gabinete.

El 13 de enero –cuando la movilización riojana llevaba casi dos semanas, ya había ocho activistas imputados y se temía represión en el acampe– una dependencia del gobierno nacional rompió el silencio.

“Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metros perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010, y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos empecimientos productivos”, celebró la Secretaría de Minería de Nación (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria).

El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.

Darío Aranda

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EN OTRO 12 DE OCTUBRE, UN INFORME REVELA COMO EL MODELO AGROPECUARIO SOJERO AVANZA SOBRE LA AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS


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Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja

En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.

La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo.

Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8.000.000 de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de 6 provincias del norte argentino.

El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.

“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.

El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.

A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.

Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.

Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.

El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.

La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).

El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.

Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.

El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.

La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.

Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.

Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.

En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.

Darío Aranda

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La lista de conflictos ambientales

Deforestación, obras de infraestructura y agroquímicos son las principales causas de conflictos ambientales que contabilizó la Redaf en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Salta. Las poblaciones afectadas responsabilizan mayoritariamente al Estado (75 por ciento de los casos), por lo general del ámbito provincial, por las consecuencias de las obras de infraestructura realizadas y “por no hacer cumplir las leyes que regulan el manejo del bosque, la utilización de agrotóxicos y el funcionamiento de las industrias”. De los dieciséis casos procesados, el 75 por ciento se iniciaron a partir de 2000. “Coincidiendo con el impulso de la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, destaca el informe.

Conviven casos donde ya se produjo la deforestación (31 por ciento) con otros donde el desmonte está cerca de producirse. Destacan el caso de Formosa, con la ejecución de la Ley de Ordenamiento Territorial (a instancia de la denominada “Ley de Bosques 26.169”). La Redaf denuncia que el gobierno provincial no tuvo en cuenta la opinión de los pobladores e implicará la eliminación de grandes superficies de bosques que impactará negativamente en campesinos e indígenas.

También en Formosa se denuncia la contaminación de la fábrica de tanino Unitan y fumigaciones con agroquímicos en campos de soja. En Chaco se alerta sobre la situación de vertidos cloacales sobre familias ancestrales organizadas en la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen y fumigaciones en plantaciones de arroz en la localidad de La Leonesa, a 60 kilómetros de Resistencia.

La organización recuerda que, a diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a toda la población. Si bien las denuncias de los afectados recaen sobre el Estado, en el 69 por ciento de los casos los actores contaminantes son empresas agropecuarias, forestales e industriales que “actúan en complicidad con el Estado en la implementación de un modelo de producción que no respeta los derechos de todas las personas, violando normas nacionales e internacionales”.

Darío Aranda

“El glifosato estimula la muerte de las células de embriones humanos”

Gilles-Eric Seralini es especialista en biología molecular, docente de la Universidad de Caen (Francia) y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética (Criigen). Y se ha transformado en un dolor de cabeza para las empresas de agronegocios y los defensores a ultranza de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados –transgénicos–).

En 2005, descubrió que algunas células de la placenta humana son muy sensibles al herbicida Roundup (de la compañía Monsanto), incluso en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. A pesar de su frondoso currículum, fue duramente cuestionado por las empresas del sector, descalificado por los medios de comunicación y acusado de “militante verde”, entendido como fundamentalismo ecológico.

Pero en diciembre pasado, volvió a la carga; la revista científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in Toxicology) publicó su nuevo estudio, en el que constató que el Roundup es letal para las células humanas. Según el trabajo, dosis muy por debajo de las utilizadas en campos de soja provocan la muerte celular en pocas horas.

“Aun en dosis diluidas mil veces, los herbicidas Roundup estimulan la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas hormonales, genitales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres”, afirmó Seralini desde su laboratorio en Francia. Sus investigaciones forman parte de la bibliografía a la que hace referencia el Comité Nacional de Etica en la Ciencia en su recomendación para crear una comisión de expertos que analice los riesgos del uso del glifosato.

El investigador había decidido estudiar los efectos del herbicida sobre la placenta humana después de que un relevamiento epidemiológico de la Universidad de Carleton (Canadá), realizado en la provincia de Ontario, vinculara la exposición al glifosato (ingrediente base del Roundup) con el riesgo de abortos espontáneos y partos prematuros.

Mediante pruebas de laboratorio, en 2005, Seralini confirmó que en dosis muy bajas el Roundup provoca efectos tóxicos en células placentarias humanas y en células de embriones. El estudio, publicado en la revista Environmental Health Perspectives, precisó que el herbicida mata una gran proporción de esas células después de sólo 18 horas de exposición a concentraciones menores que las utilizadas en el uso agrícola.

Señalaba que ese hecho podría explicar los abortos y nacimientos prematuros experimentados por trabajadoras rurales. También resaltaba que en soluciones entre 10 mil y 100 mil veces más diluidas que las del producto comercial ya no mataba las células, pero bloqueaba su producción de hormonas sexuales, lo que podría provocar en fetos dificultades en el desarrollo de huesos y el sistema reproductivo. Alertaba sobre la posibilidad de que el herbicida sea perturbador endocrino y, por sobre todo, instaba a la realización de nuevos estudios. Sólo obtuvo la campaña de desprestigio.

En 2007, difundió nuevos avances: “Hemos trabajado en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de las células en pocas horas”, había declarado Seralini a la agencia de noticias AFP. Resaltaba que: “los riesgos son sobre todo para las mujeres embarazadas, pero no sólo para ellas”.

En diciembre último, la revista norteamericana Investigación Química en Toxicología (de la American Chemical Society –Sociedad Química Americana–) le otorgó a Seralini once páginas para difundir su trabajo, ya finalizado. Focalizó en células humanas de cordón umbilical, embrionarias y de la placenta. La totalidad de las células murieron dentro de las 24 horas de exposición a las variedades de Roundup.

“Se estudió el mecanismo de acción celular frente a cuatro formulaciones diferentes de Roundup (Express, Bioforce o Extra, Gran Travaux y Gran Travaux Plus). Los resultados muestran que los cuatro herbicidas Roundup, y el glifosato puro, causan muerte celular. Confirmado por la morfología de las células después del tratamiento se determina que, incluso a las más bajas concentraciones, causa importante muerte celular”, denuncia en la publicación, que precisa que aun con dosis hasta 10 mil veces inferiores a las usadas en agricultura el Roundup provoca daño en membranas celulares y muerte celular. También confirmó el efecto destructivo del glifosato puro, que en dosis 500 veces menores a las usadas en los campos induce a la muerte celular.
Gilles-Eric Seralini tiene 49 años, nació en Argelia, vive en Caen, investiga la toxicidad de variedades transgénicas y herbicidas, es consultor de la Unión Europea en OGM y es director del Consejo Científico del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética (Criigen).

“He publicado 3 artículos en revistas científicas norteamericanas de ámbito internacional, junto con investigadores que hacían su doctorado en mi laboratorio, sobre la toxicidad de los herbicidas de la familia del Roundup sobre células humanas de embriones, así como de placenta, y sobre células frescas de cordones umbilicales, las cuales llevaron a los mismos resultados, aunque fueran diluidas hasta cien mil veces. Confirmamos que los herbicidas Roundup estimulan el suicidio de las células humanas. Me especializo en los efectos de los OGM y sabemos que el cáncer, las enfermedades hormonales, nerviosas y reproductivas tienen relación con los agentes químicos de los OGM. Además, estos herbicidas perturban la producción de hormonas sexuales, por lo cual son perturbadores endocrinos”, afirma Seralini.

“El glifosato es menos tóxico para las ratas que la sal de mesa ingerida en gran cantidad”, señalaba hace una década la publicidad de Monsanto, citada en la extensa investigación periodística El Mundo según Monsanto, de Marie-Monique Robin. En el capítulo cuatro, llamado “Una vasta operación de intoxicación”, Seralini es contundente: “El Roundup es un asesino de embriones”. Hecho confirmado con la finalización de sus ensayos, en diciembre de 2008.

La contundencia y difusión del trabajo provocaron que la compañía de agrotóxicos más poderosa del mundo rompiera su silencio –a pesar de que su política empresarial es no responder estudios o artículos que no le sean favorables–. Mediante un comunicado, y ante la agencia de noticias AFP, Monsanto Francia volvió a deslegitimar al científico:

“Los trabajos efectuados regularmente por Seralini sobre Roundup constituyen un desvío sistemático del uso normal del producto con el fin de denigrarlo, a pesar de que se ha demostrado su seguridad sanitaria desde hace 35 años en el mundo.”

La antigüedad del producto en el mercado es el mismo argumento utilizado en la Argentina por los defensores del modelo de agronegocios. Las organizaciones ambientalistas remarcan que esa defensa tiene su propio callejón sin salida. El PCB (químico usado en transformadores eléctricos y producido, entre otros, por Monsanto) también se utilizó durante décadas. Recibió cientos de denuncias y se lo vinculó con cuadros médicos graves, pero las empresas continuaban defendiendo su uso basado en la antigüedad del producto. Hasta que la presión social obligó a los Estados a realizar estudios y, con los resultados obtenidos, se prohibió su uso. “Con el glifosato pasará lo mismo”, retrucan las organizaciones.

–Luego de una investigación en la Argentina del doctor Andrés Carrasco, en la que confirmó el efecto devastador en embriones anfibios, las empresas del sector reaccionaron con intimidaciones, amenazas y presiones. ¿Le suena familiar?

–Sí, y mucho. Con mis investigaciones las empresas también reaccionaron muy mal. En lugar de criticar a los investigadores, una gran empresa responsable que no tiene ninguna capacitación en toxicología tendría que ponerse en duda e investigar. En diciembre de 2008, cuando se publicó nuestro último artículo, el Departamento de Comunicación de Monsanto dijo que estábamos desviando el herbicida de su función, ya que no fue hecho para actuar sobre células humanas. Este argumento es estúpido, no merece otro calificativo. Es muy sorprendente que una multinacional tan importante admitiera, con ese argumento, que no conduce ensayos de su herbicida con dosis bajas sobre células humanas antes de ponerlo en el mercado. Se debiera prohibir el producto nada más que por ese reconocimiento corporativo.

–¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación en sus descubrimientos?

–Diarios y televisiones han hablado de nuestros estudios, dan cuenta de que el mundo está deteriorándose a causa de estos contaminantes y que muchas enfermedades desencadenadas por productos químicos ya se ven también en los animales y reducen dramáticamente la biodiversidad. Pero también hay que tener presente que el lobby de las empresas es muy fuerte, hacen llegar a los medios de comunicación informaciones contradictorias que finalmente desinforman a la opinión pública e influyen en gobiernos.
En 1974, Monsanto había sido autorizada a comercializar el herbicida Roundup, “que pasaría a convertirse en el herbicida más vendido del mundo”, se ufana la publicidad de la empresa.

En 1981, la compañía se estableció como líder en investigación biotecnología, pero recién en 1995 fue aprobada una decena de sus productos modificados genéticamente, entre ellos la “Soja RR (Roundup Ready)”, resistente al glifosato. Monsanto promocionaba el Roundup como “un herbicida seguro y de uso general en cualquier lugar, desde céspedes y huertos hasta grandes bosques de coníferas”. También sostenía que el herbicida era biodegradable. Pero en enero de 2007 fue condenada por el tribunal francés de Lyon a pagar multas por el delito de “publicidad engañosa”. Los estudios de Seralini fueron utilizados como prueba, junto a otras investigaciones. La Justicia de Francia hizo eje en la falsa propiedad biodegradable del agrotóxico y hasta dio un paso más: afirmó que el Roundup “puede permanecer de forma duradera en el suelo e incluso extenderse a las aguas subterráneas”.

Frente a la campaña de desprestigio, Seralini recibió el apoyo de la Procuración General de Nueva York (que había ganado otro juicio contra Monsanto, también por publicidad engañosa). La revista científica Environmental Health Perspectives publicó un editorial para destacar sus descubrimientos y la revista Chemical Research in Toxicology propuso publicar el esquema completo del modo de acción toxicológico. “Monsanto siempre entregó estudios ridículos sobre el glifosato solo, mientras el Roundup es una mezcla mucho más tóxica que el glifosato solo. El mundo científico lo sabe, pero muchos prefieren no ver o atacar los descubrimientos. Sin embargo, la empresa sostenía que era inocuo. Hemos confirmado que los residuos de Roundup representan los principales contaminantes de las aguas de los ríos o de superficie. Por otro lado, recibimos apoyo de parte de investigadores que encontraron efectos similares, explicando así abortos naturales y desastres en las faunas autóctonas”, explica Seralini.

Con un mercado concentrado y una facturación sideral, la industria transgénica es denunciada por su poder de incidencia con quienes deben controlarla. Hasta la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos (el ámbito de control competente) es acusada de haber cedido a sus presiones. En agosto de 2006, líderes sindicales de la EPA acusaron a las autoridades del organismo de ceder ante la presión política y permitir el uso de químicos perjudiciales. “Se corren graves riesgos en fetos, embarazadas, niños y ancianos”, denunciaban. La EPA había omitido estudios científicos que contradecían los patrocinados por la industria de los pesticidas. “La dirección de la EPA prioriza la industria de la agricultura y los pesticidas antes que nuestra responsabilidad para proteger la salud de nuestros ciudadanos”, finalizaba el comunicado.

Seralini remarca el poder económico de las agroquímicas y recuerda que las ocho mayores compañías farmacéuticas son las ocho mayores compañías de pesticidas y de OGM, entre las que Monsanto tiene un papel protagónico. Por eso reclama la realización urgente de test sobre animales de laboratorio durante dos años, como –según explica– sucede con los medicamentos en Europa. “Hay un ingrediente político y económico en el tema, claramente, donde las compañías están detrás”, denuncia. Se reconoce un obsesivo del trabajo, advierte que desde hace una década analiza a diario todos los informes europeos y estadounidenses de controles sanitarios de OGM. Y no duda: “Los únicos que hacen test son las propias compañías, porque son ensayos carísimos. Las empresas y los gobiernos no dejan ver esos trabajos. Esos estudios debieran ser realizados por universidades públicas y debieran ser públicos”.

“Llevo 25 años trabajando sobre las perturbaciones de los genes, de las células y de los animales provocadas por medicamentos y contaminantes. Advertimos el peligro existente y proponemos estudios públicos. Pero en lugar de profundizar estudios y reconocernos como científicos nos quieren restar importancia académica llamándonos ‘militante ambientalista’. Tenemos claro que el ataque proviene de empresas que, si se hacen los estudios, deberán retirar sus productos del mercado”, denuncia Seralini, que en la actualidad advierte sobre el efecto sanitario no ya de los agrotóxicos, sino de los alimentos transgénicos y sus derivados. Recuerda que con el maíz transgénico (también tratado con Roundup) se alimentan los animales que luego come la población (pollos, vacas, conejos y cerdos) y explica que todos los productos que contienen azúcar de maíz (salsas, caramelos, chocolates y gaseosas, entre otros) deben ser objeto de urgentes estudios.

“Llevamos años trabajando sobre la toxicidad de los principales contaminantes. Hemos confirmado que el Roundup es también el principal contaminante de los OGM alimentarios, como la soja o el maíz transgénico, lo que puede conllevar a un problema de intoxicación de los alimentos a largo plazo.” La afirmación de Seralini va en sintonía con las denuncias de centenares de organizaciones sociales, urbanas y rurales, y movimientos internacionales como la Vía Campesina (colectivo internacional de campesinos, indígenas, sin tierra y trabajadores agrícolas), que exigen alimentos sanos.

Darío Aranda