EL PENSAMIENTO DE SAMIR AMIN

Samir Amin, economista mundialmente conocido, explica la razón de la condición decadente de la economía moderna y da la receta de la salvación del imperialismo global...

SOJA E INUNDACIONES, LA AUSENCIA DEL ESTADO

Nicolás Bertrám es ingeniero e investigador del INTA de Marcos Juárez. Hace una década que viene estudiando el fenómeno de las inundaciones en la zona núcleo, inundaciones que se hacen más regulares y frecuentes, y cada vez más violentas en términos de consecuencias para los habitantes de los pueblos. Rutas cortadas, caminos rurales intransitables y grandes extensiones de campo con agua, muchas veces estancada por meses.

General Villegas en la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo inundación anunciada, donde hay pueblos que tienen agua desde hace un año. Allí la tierra perdió totalmente su capacidad de absorción.

Las lluvias han provocado que Santa Fe y Córdoba tengan buena parte de su territorio bajo agua, tierras que además tiene un denominador común: la soja. Un investigador del INTA hace diez años viene comparando cifras, estadísticas y datos que le mostraron un panorama desolador de cómo la soja ha dañado nuestra tierra: la napa freática en los años 70 estaba a 14 metros de profundidad, hoy hay sectores en donde ha subido a 50 centímetros. El modelo productivo es la principal causa de la casi nula capacidad de absorción que tiene la tierra en este territorio exprimido por la soja.

Días atrás la provincia de Santa Fe debió soportar un fuerte temporal que dejó una gran extensión de tierra bajo agua. Bertram entendie que además de llover más, la tierra también presenta un problema absorción, en su investigación halló ciclos de mucha lluvia y otros de poca, pero en ambos la tierra se comportaba de un modo similar: cada vez le estaba costando más absorber el agua, por lo tanto llegó a la conclusión de que La Niña o El Niño si bien eran causas desencadenantes del problema hídrico había detrás un problema común: el monultivo de la soja.

“Había alguna polémica, hace algunos años atrás, de que estaba lloviendo más. Fuimos a ver si era cierto, si estos excesos hídricos se deben a que está lloviendo más. Nuestros estudios abarcan la zona de Marcos Juárez, sudeste de Córdoba, pero son extrapolables a muchas partes de la región pampeana y extra pampeana también. Vimos que para nuestra zona no está lloviendo más y que el factor que estaba determinando este ascenso de napas, o que tengamos la napas más cerca de la superficie, era que estábamos consumiendo menos agua que en otros momentos de la historia reciente”, analiza Nicolás Bertram.

La naturaleza se comporta de la siguiente manera: cuando llueve las plantas toman ese agua para continuar con su desarrollo, cuando no necesitan más el agua, esta baja para la napa freática y de esta forma la napa sube. Se denomina capacidad buffer a esta regulación natural, que hoy gracias a la soja estaría dañada.

“Es totalmente diferente si vos tenés pasturas, pastizales y montes, a que si en toda esa superficie tenés cultivos agrícolas con napas cerca. El ambiente no tiene capacidad buffer para regularlo. Antes tenías un monte que podía infiltrar, absorber, 300 milímetros por hora. Si se saca el actor principal que puede regular eso, se pierde la capacidad buffer. Al sacar el monte, la soja tiene una infiltración, en el mejor de los casos, de 30 milímetros la hora”, afirma Nicolás Bertram.


El modelo productivo que adoptó la Argentina quiebra la regulación natural, el monocultivo con agrotóxicos le deja lugar a la deforestación y a la ganadería.

En Córdoba en estos días se está debatiendo la Ley de Bosques, la cual el gobierno provincial intentó modificar, y que tenía como propósito promover el desmonte químico para dejar el terreno preparado para la ganadería bovina.

Los estudios de Nicolás Bertram muestran resultados alarmantes y demuestran hasta qué punto la soja ha modificado la estructura de nuestro medio ambiente. En la década del 70, sostiene el investigador, la napa estaba a 14 metros de profundidad, hoy está a medio metro.

“Es un fenómeno que llegó para quedarse, excepto que tomemos otro camino respecto del consumo de agua. Consumir agua es poner pastura, poner dobles cultivos, forestar ambientes con mayor riesgo. Tenemos que poner especies vegetales que consuman por lo menos lo que está lloviendo en el año. Si no consumimos lo que llueve en el año, con una napa que está a 50 centímetros, esto nos va a traer dolores de cabeza todos los años, inclusive los años en que llueve menos de lo normal”

INCENDIOS Y TIBURONES

La noticia excluyente de la semana fue, sin dudas, el horroroso incendio en Barracas, que podría pensarse que fue intencional. Porque no se explica cómo una empresa especializada en protección de documentos no pudo prever ni evitar un fuego gigantesco que produjo pérdidas totales. Además esa empresa, Iron Mountain, tiene antecedentes de otros grandes siniestros en sus depósitos de Ottawa, Londres y Nueva Jersey, y es por demás sugestivo que su presunto dueño sería el poderoso especulador estadounidense Paul Singer, titular del fondo buitre que detuvo casi tres meses a la Fragata Libertad en Ghana, que encabeza el rechazo a toda propuesta de resolución del canje de deuda, y que opera ante la Justicia y el Congreso de los Estados Unidos en contra de los intereses argentinos.

De ahí que, y quizá no casualmente, al día siguiente del incendio algunos senadores republicanos en el Congreso norteamericano fueron también flamígeros respecto de la Argentina, con motivo de la designación del nuevo embajador de la Casa Blanca en Buenos Aires.

Y tampoco dejó de llamar la atención el hecho de que el incendio del pasado miércoles se produjera horas después de que el Banco Central anunciara una investigación por fraude fiscal contra algunas grandes empresas por muchos millones de dólares.

Como sea, en medio del dolor por la tragedia que enlutó al país, fue patético ver al Gobierno de la Ciudad ocupadísimo en justificar las muchas horas que demoró en hacerse presente el jefe de Gobierno, Sr. Macri, quien parece tener el raro talento de estar siempre de vacaciones cuando ocurren las grandes tragedias.

Y enseguida y a la par –así son de veloces los acontecimientos en este país– buena parte de la ciudadanía empezó a organizarse para dar batalla por el control de precios, mientras un fiscal pedía que el vicepresidente Amado Boudou fuera citado a declarar ante el juez Ariel Lijo por la causa Ciccone.

Esto desató un vendaval periodístico y sobreactuados pedidos de renuncia por parte de desteñidos legisladores expertos en denuncias inútiles. Y aunque muchos consideran hoy que fue un error político la candidatura de Boudou en 2011, por ahora sólo está siendo sacudido por denuncias mediáticas no probadas y en tal sentido hay que ponderar su espontánea presentación del viernes ante el juez.

Otro tema menos resonante, pero de no menor importancia, fue la noticia de que bastante más al Sur, en Santo Domingo, pequeña localidad del centro sojero santafesino, se informó que las muertes por cáncer en su población aumentaron en los últimos veinte años el 300 por ciento. Como ya sucedió antes en San Jorge, Romang y otras localidades, ésa es otra forma de la tragedia argentina: el uso descontrolado de agroquímicos y los vuelos de fumigación rasante sobre ciudades y pueblos, práctica habitual ante el inexplicable silencio de todas las dirigencias políticas, oficialistas y opositoras.

Pero el tema central de los argentinos sigue siendo la devaluación, que no parece del todo detenida. En los tres últimos años, la relación peso-dólar pasó de 4 por 1 en enero de 2011 a 6,50 en enero de 2014, y ahora con el reciente salto a 8 por 1 la pregunta es cuánto tiempo quedará así. Enorme desafío para el Gobierno, sin duda, pero sobre todo preocupación cívica comprensible porque siempre, inexorablemente, la fijación de nuevos tipos de cambio modifica la distribución de la riqueza en perjuicio de las clases populares, que dependen del producto de su trabajo. La devaluación es siempre una degradación instantánea del salario, y así se comprobó en las últimas décadas con el empobrecimiento general de la población. Por eso, el Gobierno se preocupa por fortalecer el consumo y dispone medidas inclusivas, aunque más allá de su buena intención no hay garantías de que se logren los resultados deseados.

Para muchos es por eso preocupante cierto blando accionar del Gobierno frente a la guerra que le declaran a diario los grandes grupos económico–mediáticos y sus servidores políticos, sindicales y sociales. Por eso, ante el temor de que el gobierno nacional esté repitiendo un viejo error, en estos días se recordó y repitió mucho la célebre frase pronunciada en 1987 por Juan Carlos Pugliese, entonces ministro de Economía de Raúl Alfonsín: “Les hablé con el corazón y me contestaron con la billetera”.

Esto significa que los esfuerzos deberían ir más allá de las amenazas retóricas, si de lograr resultados se trata. Porque no se explica cómo van a sacar millones de toneladas de soja de los silos para exportación, sin aplicar a rajacincha la ley de abastecimiento, Nº 20.680. Y tampoco está claro cómo hará el Gobierno para ampliar su base de sustentación con quienes están decididamente enfrentados a los poderes monopólicos concentrados pero no son kirchneristas, aunque apoyan algunas de sus políticas. Ni cuándo se decidirán en la Casa Rosada a convocar a una mesa a los opositores para desbloquearlos, y así acordar posturas mínimas de consenso para enfrentar a los tiburones.

Porque está bien que todo el mundo sabe que a los tiburones no se los domestica. Pero no es con regaños cómo se los mantiene a raya.

Mempo Giardinelli

CONFLICTOS y PODER

Acontecimientos de muy diversa naturaleza y causalidad –desde extorsiones policiales llamativamente generalizadas en una importante cantidad de provincias y saqueos en zonas previamente liberadas por esas policías, hasta cortes prolongados del suministro de energía en grandes ciudades– han contribuido, en su insólita simultaneidad, a configurar un clima político visiblemente enrarecido.

Resulta complejo establecer un cuadro del conjunto de la situación. Sin embargo, sin ese cuadro no hay análisis político. Claro que construirlo no equivale a enlazar arbitrariamente los acontecimientos ni, mucho menos, recurrir a ese remedio mágico contra la complejidad de lo político que son las teorías conspirativas. Estas hipótesis, que siempre presuponen algún actor unitario y omnipotente que mueve los hilos de la conspiración universal, han fabricado poderosos anticuerpos en el mundo intelectual y periodístico; tienen una bien ganada mala fama. Ahora bien, sucede a veces que el rechazo del atajo conspirativo va aparejado con la renuncia a un análisis político de conjunto, a un intento por establecer una trama analítica de los acontecimientos.

Está de moda hoy llamar “relato” a esa trama orgánica en la que se inscriben los hechos particulares y de la cual estos hechos toman su sentido social y político. Cada uno de los actores sociales protagónicos de las situaciones particulares tiene su propio relato. El agente policial puede explicar su apoyo a la “protesta” sobre la base de reivindicaciones insatisfechas por el poder político; los diversos sectores perjudicados por el corte de luz demandan razonablemente que las autoridades involucradas asuman su responsabilidad en la solución del problema y en las compensaciones a los daños sufridos. Así, hay también planes de lucha de sectores sindicales que esgrimen reclamos justos y razonables, como lo son también las quejas de múltiples y heterogéneos conglomerados sociales que consideran que sus demandas no son satisfactoriamente atendidas.

 No se puede, sin embargo, construir una clave interpretativa sobre la base de la simple suma o el amontonamiento de relatos parciales; y no se puede, sencillamente, porque ni la sociedad ni la política pueden reducirse a esa suma de experiencias heterogéneas entre sí.

A ese método se le pierde un eslabón decisivo en la interpretación: las relaciones de poder en el plano nacional y la puja de poder que en esas relaciones se desarrolla. Esas relaciones y esas luchas por el poder pueden estar más o menos presentes en la conciencia de los actores sectoriales, pero en ningún momento dejan de influir en los acontecimientos. Para graficar un poco tanta abstracción: cómo, si no desde la perspectiva del poder, puede explicarse el apoyo de Moyano al Gobierno hace dos años y su actual beligerancia extrema; ¿es la orientación del Gobierno en materia distributiva o la posición de Moyano en la lucha de poder lo que se ha modificado drásticamente?

Si la escena política se ha enrarecido no es, entonces, por la mera suma de episodios particulares de innegable impacto social. Lo que le da a la escena el nivel actual de dramatismo es la existencia de un problema principal, el del poder político en el país. Por si hace falta aclararlo más aún: no se habla acá de una intención unánime y deliberadamente desestabilizadora de los protagonistas de cada escena parcial; cada una de ellas tiene razones y tiene causas. De lo que se trata es de la capacidad que tiene la lucha por el poder de capturar las racionalidades particulares y absorberlas en una lógica común, en una lógica, justamente, de poder. Cuando de lo que se trata es de la lucha por el poder, poco importa si en tal o cual conflicto tenemos que situarnos en la defensa de lo que, mirado desde la particularidad, no quisiéramos defender. Miremos si no, a Carlos Pagni en su columna del diario La Nación agitando el abandono por parte del Gobierno de su política de memoria, verdad y justicia, supuestamente consumado con la aprobación parlamentaria del ascenso del general Milani. La preocupación del comentarista no armoniza con su posición durante estos últimos años ni con la insistente e indignada prédica del medio en el que trabaja contra la política del Gobierno en la materia.

La derecha hizo su diagnóstico a la salida de las elecciones legislativas. Dijo que el futuro era, o bien una “transición” ordenada (y obviamente acordada con los poderes fácticos) o el caos. De ahí en más no hace falta teoría conspirativa alguna para explicar las crecientes tensiones políticas: se va a actuar sistemáticamente, más aún de lo que se viene haciendo en los últimos cinco años, para convertir cada conflicto local en una chispa válida para el gran incendio. Claro que cada una de esas chispas –las policías autocontroladas y a la vez desmadradas, la falta de inversión de las empresas concesionarias de los servicios, la subsistencia de fuertes bolsones de pobreza y marginación– son preguntas sobre nuestra situación política y social que no admiten respuestas autocomplacientes. El país está en un punto de su historia que no es el del prólogo al gigantesco derrumbe de fines de 2001 ni es el de la superación plena del orden que produjo aquel colapso y la consolidación definitiva de un rumbo diferente de desarrollo. Más aún: muchas de las políticas concebidas como reparación de los males sociales más agudos y urgentes generaron nuevos problemas y nuevas contradicciones, aunque ese noble origen de los problemas no exima de la obligación de asumirlos y superarlos. Un país que pasó por las circunstancias terribles, y no del todo superadas, de una crisis orgánica que amenazó hasta su viabilidad como comunidad política, no puede no estar atravesado por estos polvorines sociales.

 En este país se desmanteló la industria, se condenó a millones al desempleo y a la marginación, se entregó el patrimonio nacional casi totalmente, se destruyeron los ferrocarriles, se regaló la aerolínea de bandera. Y, ante todo, especialmente a partir de la última dictadura, se debilitaron extraordinariamente la cultura de la ley, el respeto de lo público y la idea de justicia.

El déficit estatal argentino viene de mucho más lejos y no puede explicarse sin referencia a la sistemática usurpación del poder legal por parte de fuerzas armadas comprometidas con las clases dominantes, durante gran parte del siglo pasado. Conocimos el atropello brutal contra todo derecho humano en los tiempos de la última dictadura y la reestructuración neoliberal de nuestra sociedad en los años noventa: Estado terrorista y privatización neoliberal como portadores de la misma sustancia antiestatal y antipolítica.

Alrededor del Estado, de su capacidad para regular al mercado, de su efectivo poder de decisión, de su capacidad para proveer orden en un contexto de respeto por los derechos individuales y sociales y con un sentido de justicia social, gira el conflicto político central en Argentina.

Más que nunca la consolidación del Estado soberano se juega en el terreno del consenso social y la arena de disputa es la cultura política de los argentinos.

Claramente la idea articuladora de los conflictos que sostiene la derecha no es de índole “positiva”, es decir, no es una plataforma política desde la cual se proponga una nueva forma de convivencia social entre los argentinos. Los conflictos se articulan en su “negatividad”; su fuerza, en las versiones más duras y audaces, es la de converger en un dispositivo que pueda generar una situación de absoluta ingobernabilidad. La gobernabilidad es la calle, según lo acaba de precisar cierto economista que trabaja para el establishment de los buitres. La calle es el punto más sensible de éste y de cualquier otro gobierno: ahí es donde se juega la capacidad de ejercer el orden con el mínimo posible de violencia legal. En la calle están los cuerpos y está siempre latente la violencia. Por eso puede hablarse de estos acontecimientos como inscriptos en una estrategia de lucha por el poder. No porque cada hecho lo sea desde la perspectiva de sus actores, sino porque convenientemente amplificados e inscriptos en una descripción de lo que ocurre, los acontecimientos transforman su sentido, dejan de ser lo que son como conflictos particulares para convertirse en escenas de lucha por el poder.  

Los hechos no son los hechos: son la inflación, la inseguridad, la corrupción, la ineficacia gubernamental, todos ellos conceptos que no pueden ser discutidos ni problematizados, son presentados por la maquinaria mediática dominante como un dato del más elemental sentido común. Son el “relato” habilitante de la provocación desestabilizadora.

Los cambios en el gabinete y en algunos formatos institucionales (claramente, el lugar de la Jefatura de Gabinete) son también parte de esta lucha, una adecuación de formas y de tiempos por parte del Gobierno que parte de dos hechos fuertes: el retroceso electoral de octubre y la imposibilidad de la re-reelección de la Presidenta. Se nota un doble esfuerzo: el de mejorar la gestión estatal de las políticas públicas que se impulsan y el de jerarquizar la comunicación y el debate público. La preservación de la figura presidencial frente a ciertas circunstancias conflictivas y el intento de ganar la iniciativa en la construcción de la agenda pública diaria se insinúan como logros de estos cambios. La formulación de la idea de la unidad entre los argentinos que queremos vivir en democracia, hecha por Cristina en su mensaje público del último 10 de diciembre, es una idea fuerza muy importante. Supone distinguir claramente entre quienes quieren ganarle al Gobierno la próxima elección y quienes quieren impedir, por los medios que sean necesarios, que este gobierno llegue a la próxima elección.

Un debate más abierto y más rico puede contribuir a esa diferenciación y hacer más difícil la alianza de hecho entre sectores que defienden (o dicen defender) proyectos de país inconciliables entre sí. Lejos de suponer un debilitamiento, una mayor apertura en la discusión pública es una de las claves para la continuidad de la experiencia política argentina nacida hace diez años.

Edgardo Mocca

LA REPARACIÓN

El Congreso aprobó con llamativa unanimidad una ley que permite renunciar al aparataje médico ante enfermedades incurables y otra que autoriza a decidir la propia identidad de género sin intromisión médica o judicial. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo designó una comisión con mayoría opositora para proponer un proyecto de reforma integral del Código Penal y la justicia citó a indagatoria al principal accionista del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, imputado por la colaboración patronal con la desaparición de personas en la infame Noche del Apagón de julio de 1976.

También comenzó en Chubut el juicio a los responsables por la ejecución de 19 presos en la base aeronaval de Trelew ocurrida hace cuarenta años. La semana anterior fue la expropiación del paquete mayoritario de YPF y hace un mes la nueva Carta Orgánica del Banco Central.

Sólo con un gran esfuerzo de la voluntad es posible negar el carácter reparador de la gestión iniciada en 2003 y la permanente expansión de derechos para distintos sectores de la sociedad que ha propiciado o favorecido. También es insostenible la afirmación de que la insistencia en las causas por violaciones a los derechos humanos del pasado impida ocuparse de los problemas del presente. Al contrario, permite hacerlo con mayor solidez y fundamento.


Cambios culturales

La denominada ley de la muerte digna interesa al conjunto de la población, la de identidad de género a un porcentaje menor. Pero en ambos casos se evidencia la misma concepción de derechos, que también inspiró las de migraciones, salud mental y medios de comunicación audiovisual. El desafío pendiente es vencer la inercia burocrática que tiende a perpetuar los usos y costumbres tradicionales, con indiferencia por los nuevos marcos normativos. Todos podemos sufrir una enfermedad ante la cual la medicina sólo ofrezca paliativos. A menudo esto implica un encarnizamiento que sólo extiende la angustia para el enfermo y para sus familiares.

Como recuerda el gran médico argentino Alberto Agrest en su libro póstumo, En busca de la sensatez en medicina, no se salvan vidas, sólo se posterga la muerte, y en cada caso hay que decidir el sentido ético de la intervención terapéutica. Agrest señala el conflicto de intereses entre la medicina, cuyo interés es la salud, y su comercio, que sólo se interesa por la renta, y se pregunta por la utilidad o futilidad de “internar a un paciente de 90 años en una unidad de cuidados intensivos cuando hace un infarto de miocardio” o de las “quimioterapias en pacientes con neoplasias terminales”. También diferencia entre “la eutanasia como muerte asistida, la supresión de asistencia fútil y la medicina paliativa que conduce a la muerte”, cuyos límites son imprecisos y deben discutirse en cada caso con el paciente y/o sus familiares. La prolongación de un sufrimiento sin esperanzas tiene también un alto costo social, ya que una porción excesiva de la inversión en salud se dedica a estas intervenciones dispendiosas.

Con las palabras de Agrest: “¿Cómo justificar los gastos en recursos técnicos de alta complejidad cuando no se utilizan recursos enormemente menores para erradicar el cólera o la desnutrición infantil? ¿Cómo justificar que el PAMI gaste el 90 por ciento de sus recursos económicos en los últimos diez días de vida de los ancianos?”.

Ambas leyes, como la de matrimonio del año pasado, expresan transformaciones culturales profundas. Los respectivos proyectos surgieron de coaliciones ad hoc en las que estuvieron representados los principales bloques, pero es ostensible que no se habría alcanzado la unanimidad en varios casos y ni siquiera hubiera sido posible su tratamiento, en otros, sin la participación de la fuerza mayoritaria. Se confirma, por la contraria, con la dificultad que el desinterés de CFK opone a la legalización del aborto, pese al impulso de medio centenar de legisladores de todos los partidos.

Cuando Néstor Kirchner apoyó la universalización del matrimonio, hubo quienes lo acusaron de oportunista, lo cual implica dos errores en uno. No se advierte qué habría para cuestionar si hubiera tomado en cuenta los estados de ánimo y la escala de valores que percibió en la sociedad para decidir en qué momento impulsar la sanción de la ley. Pero, además, Kirchner ya se había declarado a favor de la aptitud matrimonial igualitaria en una entrevista filmada antes de llegar a la presidencia. Por lo general quienes sostienen esas críticas, a derecha y a izquierda, con faldas o bigotes, son autorreferenciales y carecen de la receptividad a los sentimientos colectivos propia del oficio político.


Cuestión de códigos

Es natural que el proceso institucional más innovador ocurrido en medio siglo en la Argentina encare también la reforma de los vetustos códigos de fondo, el Civil y el Penal, sancionados hace catorce y nueve décadas. Los sucesivos parches aplicados desde 1921 borraron del Código Penal cualquier racionalidad sistemática. El proyecto de unificación del Código Civil con el Comercial fue realizado por Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, presidente y vice de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por la ex jueza suprema mendocina Aída Kemelmajer, quienes procuraron asegurar la libertad y la igualdad en las relaciones civiles y comerciales. Otro ministro de la misma Corte, Raúl Zaffaroni, presidirá la comisión encargada de proponer la reforma integral del Código Penal. Sus demás integrantes serán miembros de las principales fuerzas políticas, con mayoría de la oposición: Carlos Arslanian, del Frente para la Victoria, Ricardo Gil Lavedra, de la UCR, María Elena Barbagelata, del FAP, y Federico Pinedo, del PRO. Todos ellos consideran imprescindible restituir al Código Penal la proporcionalidad y el carácter de cuerpo orgánico defensor de una jerarquía de valores, que fue perdiendo en sucesivas emergencias impulsadas por el populismo punitivo, respuesta ilusoria ante delitos horripilantes, como las leyes que el ex ingeniero Blumberg arrancó al Congreso en 2004. Las crìticas de la Iglesia Católica pusieron en el centro de la atención sobre las reformas propuestas al matrimonio y la convivencia, la adopción, las técnicas de fertilización asistida, la gestación en vientres sustitutos, la igualdad de género, el divorcio por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja. Estos notables avances en el sendero de la libertad y de la autonomía de la persona chocan con la rigidez conceptual de una institución misógina, conducida por ancianos célibes, convencidos de que existe un orden natural, jerárquico e inmutable, de cuya perpetuación se sienten custodios, contra cualquier innovación producida por la sociedad humana. Esto ha soslayado otras propuestas de la comisión que merecerán un debate a fondo cuando se trate en el Congreso, coherentes con el perfil de la Corte Suprema, que no ha avanzado sobre los poderes económicos con la misma decisión que puso en la defensa de los derechos humanos fundamentales, sociales, laborales, de los consumidores, de género, comunitarios y ambientales. El proyecto contradice en su articulado muchos de sus propios fundamentos. Por ejemplo,

- divide entre personas jurídicas públicas y privadas y el respectivo derecho aplicable e ignora las múltiples sociedades mixtas legisladas en el siglo XX y sobre todo en la última década. De este modo despoja al Estado empresario de sus prerrogativas públicas cuando participa en personas jurídicas privadas;

- suprime el deber que ahora tienen los jueces de declarar la nulidad absoluta de los actos que violen leyes de orden público que protegen el interés nacional y a los sectores más débiles;

- pone en manos de los grandes estudios que trabajan para los poderes económicos la regulación del arbitraje, en una verdadera privatización de la Justicia, sin publicidad, control ni sanciones;

- torna obligatorio ese arbitraje en casos de valuación de acciones en una sociedad, enmienda muy adecuada para las pretensiones de los socios privados en Papel Prensa, y obliga a los jueces a ejecutar las medidas cautelares dispuestas por esos árbitros;

- elimina la noción de “control de hecho” de una sociedad, como es también el caso de La Nación y Clarín en Papel Prensa, por su pacto de sindicación de acciones y los vínculos especiales en su carácter de consumidor de la mayor parte del producto;

- reduce a la insignificancia el concepto de consumidor;

- establece un inconstitucional requisito de solvencia económica de las asociaciones defensoras del consumidor, lo cual obstaculizará la promoción de acciones colectivas;

- prohíbe que los jueces declaren abusiva una cláusula contractual sobre el precio de bienes o servicios;

- reconoce plena eficacia a los contradocumentos y a la denominada simulación lícita, instrumentos usuales de quienes defraudan al fisco, a los trabajadores y a la familia;

- simplifica el ocultamiento del patrimonio al suprimir la necesidad de un socio minoritario por el 5 por ciento, como exige la Inspección General de Justicia.

Este Código se acomoda a la matriz liberal de la Constitución del siglo XIX, ratificada por las reformas dictatoriales de 1957 y 1972, y la bipartidaria de 1994. Por eso, algunas reformas emprendidas por los gobiernos de la última década se han hecho a contramano de los principios expresados en el texto supremo y más en línea con el constitucionalismo social que inspiró el de 1949, derogado por la fuerza en 1955. De este modo, la propuesta reforma de los Códigos de fondo, con las salvedades que se enumeraron, y la no anunciada pero imprescindible del Código Procesal Penal podrían constituir un precedente para encarar también la enmienda constitucional, que termine con el divorcio entre la letra escrita y la práctica social. La UCR y el FAP, que acompañaron la recuperación de la empresa petrolera fiscal, deberían coincidir también con esta posibilidad de adecuar la norma a la realidad. Si, en cambio, privilegiaran su oposición a cualquier impulso originado en el gobierno, quedará por ver si las elecciones del año próximo, en las que el FpV renueva su magra cosecha de 2009, le permitirán avanzar en esta dirección.

Horacio Verbitsky

EMPRESAS DEL ESTADO

Los casos de estatización de empresas de servicios públicos manejadas por corporaciones privadas o de intervención estatal en algunas de esas firmas realizadas durante el kirchnerismo tuvieron motivos diferentes, pero en su mayoría fueron por incumplimientos de los operadores privados.

- El grupo Macri fue desplazado de Correo Argentino, entre otras razones, porque la firma no cumplió con el pago del canon que había prometido e incluso contabilizó como inversión el despido de 3 mil trabajadores.

- Los franceses de Suez fueron retirados del manejo del servicio de agua potable y cloacas del área metropolitana en marzo de 2006 por el “peligro potencial” a la sociedad al distribuir aguas contaminadas en el sudoeste del conurbano, último eslabón de una decisión manifiesta de no invertir en Aguas Argentinas.

- Los españoles de Marsans, que están siendo juzgados en su país por insolvencia, tuvieron que abandonar Aerolíneas Argentinas luego de años de vaciamiento de la línea de bandera.

- El manejo del espectro radioeléctrico por los franceses de Thales Spectrum pasó a manos del Estado en enero de 2004, por el incumplimiento de inversiones comprometidas por 300 millones de dólares.

- La administración de los recursos previsionales por bancos y compañías de seguros con AFJP fue suprimida, pasando el Estado a reparar un sistema jubilatorio de reparto solidario intergeneracional.

- La recuperación de los fondos previsionales de los trabajadores implicó además la administración de paquetes accionarios de 41 empresas, con porcentajes variados, que deriva en que 28 de esas firmas haya directores estatales.

- Se estatizó la ex fábrica militar de aviones de Córdoba, que estaba concesionada a la estadounidense Lockeed Martin, como también Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

- El gobierno rescindió la concesión del ferrocarril San Martín en junio de 2004, e hizo lo propio con las líneas Roca y Belgrano Sur en mayo de 2007, del Grupo Taselli, en ambos casos por reiterados incumplimientos en la oferta del servicio.

- También nombró un interventor, que aún se mantiene, en Metrogas (Repsol–British Gas), Autopista del Sol (española Alberti y Sideco-Macri) y Transportadora de Gas del Norte (Techint). Esta semana se sumó TBA (grupo Cirigliano).

- Además de estatizaciones e intervenciones, mantuvo conflictos con los italianos de Telecom y los estadounidenses AES de Edelap, comprometiéndose a inversiones los primeros y vendiendo a un empresario local los segundos.

- Esto último formó parte de la voluntad kirchnerista de alentar la transferencia accionaria de operadores multinacionales a grupos locales, como Edenor (grupo Mindlin) e YPF (Eskenazi).

- Además creó la empresa estatal de petróleo Enarsa, AR-SAT (administra los recursos satelitales argentinos) y la fallida aérea Lafsa.

- Todavía falta concretar la rescisión del contrato del concesionario Belgrano Cargas SA (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Roggio, Emapa y Camioneros) y el traspaso de la gestión a las dos nuevas sociedades del Estado: la administradora de infraestructura (ADIF) y la operadora SOF.

- El único intento de estatización de una empresa privada del sector productivo fue el de la papelera Massuh, para preservar 600 puestos de trabajo y luego que la planta permaneciera parada durante cuatro meses, iniciativa que fracasó.

Este necesario repaso describe la flexible y variada estrategia del ciclo kirchnerista en la sostenida intervención estatal en privatizadas, que promete otros capítulos debido a los límites que se manifiestan en áreas con modelos mixtos híbridos (regulación de tarifas, subsidios e inversión estatal con operadores privados), como el energético o el de transporte. Ese esquema emergió de la crisis y se fue extendiendo hasta que en determinados casos tuvo un corte abrupto, y en otros continuó acumulando tensiones que, como hoy se observan, terminan estallando.

Esa vía de acción se revela insuficiente en la actualidad por la propia dinámica que exige una política de desarrollo, y con la particularidad de actores económicos locales acostumbrados a la fuga de capitales más que a emprender inversiones, en una lógica financiera más que productiva. Esto plantea el lugar que ocupan y pasarán a ejercer las empresas del Estado en la economía y los fondos públicos necesarios para, en algunos casos, recuperar y ampliar servicios públicos esenciales para la población.

En el reciente documento Empresas del Estado. Errores del pasado. Soluciones a futuro, publicado por el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, los investigadores Santiago Re Crespo, Alfredo Schclarek Curutchet y Lucas Ariel Torres señalan la importancia de las empresas estatales por su capacidad de coordinar el comportamiento de varios actores privados y públicos. Explican que “existen actividades económicas que por sus características tecnológicas requieren de la inversión simultánea de varios agentes, para que las mismas sean rentables individualmente. Además hay proyectos de inversión individuales que terminan beneficiando a una gran cantidad de empresas. En este caso, el Estado puede tomar un papel protagónico al coordinar expectativas y comportamientos a través del involucramiento activo de las empresas del Estado y de esta manera facilitar a los agentes privados realizar las inversiones necesarias”. Apuntan, además, que existen algunos bienes y servicios que por su naturaleza tienen una utilidad social, pero no generan ningún tipo de incentivo económico para que el sector privado los provea, tornándose necesaria, entonces, la participación del Estado.

El pensamiento conservador sostiene que las empresas estatales son ineficientes, deficitarias y poco competitivas, proponiendo entonces la privatización. De hecho, la reforma de los ’90 fue justificada con esos argumentos, y hoy las críticas para erosionar la intervención del sector público son las mismas. Sin embargo, muchos países tienen empresas estatales como una herramienta fundamental en sus estrategias de desarrollo. Esos investigadores definen que el accionar de esas compañías resultó fundamental para afianzar la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Fueron actores destacados en la creación de tecnología y conocimiento nacional aplicado, y han tenido un papel primordial en la producción de bienes de capital e intermedios, propiciando la creación de valor y riquezas de forma complementaria y subsidiaria al sector privado.

Aportando elementos para el actual debate en el área energética, afirman que las empresas públicas existen por varias razones y, en algunos casos, no resulta conveniente que sean sustituidas por firmas privadas. En primer lugar, las privadas, por lo general, prefieren no invertir en planes a largo plazo, necesarios para el desarrollo productivo. “En nuestro país podemos comprobarlo con la falta de energía eléctrica, gas, nafta y gasoil. Recursos estratégicos que hoy escasean por falta de inversión en estos sectores”, indican. Este argumento se complementa con que las multinacionales definen sus programas de inversión, no sólo teniendo en cuenta su situación particular en un país sino como parte de su plan estratégico global. Para concluir que “esto significa que no siempre las necesidades de inversión de un país se alinean con los planes globales de las empresas multinacionales. Un ejemplo de esto es el reciente comportamiento de Repsol YPF”.

Alfredo Zaiat

INTERÉS PÚBLICO

Una tragedia terrible como la de la Estación Once, igual que la de Cromañón en su momento, generaliza una situación de desasosiego en la sociedad. Es la impotencia de una pregunta sin respuesta, de historia trunca o de casa vacía. Son situaciones excepcionales en las que un sector vasto de la sociedad, no toda, está profundamente sensibilizado, dolido, más allá de lo que suelen generar las noticias que se leen, se escuchan o se ven todos los días en la televisión. Es una carga que se transmite apenas se toca el tema y que hace que cada quien lo viva en algún lugar como algo personal, con una cercanía casi íntima ante la constancia de la ferocidad de la muerte.

Otras comunidades no reaccionan así. En algunas metrópolis las reacciones comunitarias pueden ser más superficiales y efímeras y algunos sectores ni siquiera se percatan de que haya sucedido algo. Una sociedad que puede reaccionar con la sensibilidad que se expresa en Argentina tiene un plus de ciudadanía en su entretejido social. Hubo situaciones donde no fue así, como durante la represión en la dictadura o con los ex combatientes de Malvinas tras la derrota. Situaciones que quedaron pendientes con un baldón de culpa que sólo pudo borrarse años más tarde. Quizás esas dos situaciones, ominosas, maduraron estas cicatrices solidarias, esta sensibilidad abierta ante otras tragedias colectivas.

Podrá decirse al mismo tiempo que el dolor, la impotencia y la rabia requieren los tiempos del duelo y que no son los mejores consejeros para salir a buscar culpables. Pero nadie puede manejar esos tiempos. Lo único que se puede hacer es tratar de que no se nuble la razón y no dejarse usar.

Pocos minutos después de la tragedia se produjeron situaciones patéticas en la estación y sus alrededores, desde abogados que rondaban la zona como cuervos para tratar de conseguir clientes entre las víctimas, hasta un grupo que empezó a agredir a los periodistas y los policías porque como el servicio de trenes estaba suspendido por el accidente, ellos no podían regresar a sus casas. Los cuervos de saco y corbata y los violentos se mezclaban con cientos de víctimas todavía aturdidas apoyadas en las paredes, con las miradas perdidas, recostadas en los escalones o deambulando. Los cuervos y los violentos expresan otra forma de sentir la desgracia colectiva. No les importa nada, solamente lo que los afecta a ellos, o simplemente tratan de sacar provecho.

Es una sociedad puesta en una situación de tensión extrema por una tragedia de la que la mayoría se entera por los medios de comunicación. Son situaciones donde los medios pesan más, donde la televisión tiene más rating y los diarios venden más ejemplares. Son momentos en que el público, conmocionado, se entrega al comunicador, lo busca, quiere escuchar las palabras que él mismo diría para que se multipliquen y sentir que de esa manera alivia su impotencia. Estos momentos, donde los medios conjugan todas las miradas y los corazones, son quizás cuando su importancia se hace tan visible ante la sociedad.

Uno se pregunta cómo se ven los medios en ese tumulto que va desde la tristeza o la indignación solidaria hasta el interés mezquino del cuervo que busca clientes en medio de la tragedia y que solamente tiene como objetivo el dinero que pueda sacar. La tentación por equipararlos con los cuervos es grande, pero sería también injusto. Porque la realidad es que se mezclan muchas cosas. Y en una cobertura hay de todo. Desde las buenas intenciones, hasta los intereses económicos y las simpatías políticas. Lo importante es saber que en esa mezcla están esos intereses que sobrevuelan las imágenes del horror y los comentarios.

Los mismos intereses que tenían antes de los hechos se vuelcan en la crónica de los hechos. La tragedia no suspende nada y menos los intereses afectados. Por el contrario, en esas situaciones son cuando más pueden aprovechar la situación privilegiada que les otorga la sociedad para forzar el límite de la información y llevarla a donde les interesa. No hace falta investigación ni peritaje porque el culpable siempre será el mismo ya sea si hay sequía, terremoto o choque de trenes. No hay novedad en esa noticia de los grandes medios.

En ese clima de emociones destempladas y de intereses creados, el gobierno nacional debe tomar decisiones. Aunque en situaciones particulares se dice que siempre es razonable dejar pasar el tiempo del duelo, lo real es que los tiempos políticos son diferentes. Más allá de los clamores, algunos bienintencionados y otros no tanto, el Gobierno necesita encontrar el hilo de la madeja y empezar a destejer. Es un marco difícil por el clima, por el protagonismo de los grandes medios que son sus enemigos declarados y por las presiones políticas. Pero también es difícil porque la problemática de los ferrocarriles siempre fue compleja.

Cada opción, desde la menos activa que es dejar las cosas como están, plantea situaciones problemáticas. En ese caso, los problemas son la lluvia de subsidios que pese a su volumen no se traducen en el mejoramiento del servicio; el alto nivel de accidentes que están teniendo los ferrocarriles, pero en especial, el ex Sarmiento, y la escasa inversión empresaria. Dejar todo como hasta ahora es eso: mantener todos los problemas hasta la próxima protesta de los usuarios o hasta el próximo accidente fatal.

Anular la concesión por incumplimiento requiere encontrar otro concesionario o desarrollar un plan de ferrocarriles públicos que implicaría también grandes inversiones que difícilmente se podrían hacer, por lo menos en un año en el que se puede sentir el coletazo de la crisis europea. Sin embargo es una opción que necesita mucha planificación pero que no se puede descartar.

Este es un camino que se tiene que decidir más allá del accidente. Pero hay decisiones que sí están determinadas por la tragedia. El Gobierno se incorporó a la causa como parte de la querella para “defender el interés público” como es su función, lo que levantó las protestas airadas de los abogados de accidentes porque de esa manera tienen un bolsillo menos de donde sacar plata. Pero también hubo quienes desde la política afirmaron que el Estado no puede ser parte de las víctimas porque es “socio” de la empresa “victimaria”.

Es una forma interesada de forzar el rol del Estado de “concesionario” a “socio” de la actividad. De todos modos, el Estado puso condiciones de política y de calidad con respecto a la concesión. Si la investigación confirma que esas condiciones no fueron cumplidas, habría una responsabilidad ineludible no solamente de la empresa, sino también de los organismos de control que debían garantizar que se cumplieran esas condiciones.

No se trata de buscar chivos expiatorios ni venganzas o linchamientos ni oportunismos políticos. Seguramente habrá delimitación de responsabilidades que se desprendan de la investigación. A partir de ese punto solamente quedará tomar las medidas correspondientes ante la sociedad y ante la justicia. Pero todas estas definiciones tienen que empezar a tomar cuerpo, tanto las que plantean una estrategia a largo plazo en materia de transporte público como las que están condicionadas por el accidente fatal de Once. Y en ese punto ya no importan las campañas interesadas u oportunistas a las que finalmente les interesan tanto las víctimas como a los cuervos de los accidentes. El foco tiene que estar puesto en el interés público.

Luis Bruschtein

La SALIDA de las PRIVATIZACIONES

“Aplicar un subsidio es relativamente fácil, pero retirarlo suele resultar infinitamente más complejo.” La frase, repetida en diferentes circunstancias y en versiones de muy distinto signo político, podría sonar a verdad de Perogrullo. Más atractivo es indagar en qué circunstancias se aplican y qué cambios se han producido posteriormente para que los mismos subsidios se retiren. A partir de allí puede surgir un debate válido.

La política de subsidios del kirchnerismo a distintos rubros energéticos (consumos eléctricos y de gas, uso de gasoil en el agro o el transporte, importación de combustibles diversos, etc.) fue una de las puertas de salida que se le encontró a la deficiente administración de esas prestaciones en manos privadas. Hubo mucho debate entonces, político e ideológico, acerca de si no se les estaba haciendo un favor a los cuestionados adjudicatarios de las privatizaciones, en vez de reestatizar las prestaciones. Entre otros cuestionamientos, se les imputaba haber abandonado las inversiones en infraestructura, factor al que se responsabilizaba de las recurrentes fallas en el suministro. Los apagones y cortes de gas eran moneda corriente en aquellos años.

Pero el kirchnerismo dejó de lado aquellos debates y optó por una solución práctica: privilegió garantizar el suministro y mantener el congelamiento de tarifas. Administró el recurso, buscó los mecanismos para incrementar la oferta, al compás de un acelerado crecimiento de la demanda, y bancó con fondos públicos inversiones y diferenciales de tarifas. Con subsidios, obviamente.

En los años siguientes se le agregó como problema el rubro combustibles. Sin inversiones en refinería, la oferta local empezó a resultar escasa frente a un parque automotor creciendo en forma exponencial. Se subsidió la importación de combustibles, y frente a la presión del agro y el transporte se subsidió el gasoil para estos sectores.

La cuenta se fue incrementando, y a medida que aumentaba la demanda interna también lo hacían los precios internacionales de los combustibles. Ya para 2010, el rubro energético representó más de la mitad de los subsidios totales de la administración nacional (26.000 de los 48 mil millones de pesos totales) y aumentaba anualmente más que el conjunto (63 por ciento contra 46).

Subsidiar el consumo eléctrico en casinos, bingos e hipódromos no es una actitud plausible, pero tampoco el objetivo de la política tarifaria en todos estos años. Discriminar entre quienes deben merecer el subsidio y quienes deben ser excluidos es un criterio de estricta justicia social para algunos y una actitud arbitraria para otros. Durante los ‘90, la discriminación tarifaria o “subsidio cruzado” fue rebajada a la categoría de las más aberrantes políticas de Estado por los referentes del neoliberalismo, por los más notables y los más simples repetidores de consignas. Pocos cuestionaban públicamente entonces esta verdad absoluta del pensamiento único.

Empezar a recortar los subsidios es una medida audaz, por más que se la critique en forma retrospectiva “por no haberlo hecho antes”. Audaz, porque se trata de señalar a los sectores que serán excluidos del beneficio. Juegos de azar, empresas financieras, mineras, aeropuertos, prestadoras de telefonía móvil no tendrán más subsidio en sus consumos eléctricos. Podrán mencionarse decenas de servicios más sobre los cuales plantearse “y por qué ellos sí”. Ya les llegará el recorte. Lo interesante es que la consolidación del modelo energético mixto del kirchnerismo hoy deja espacio para una aplicación más discrecional del subsidio, un aspecto que a muchos les molestará pero, por el día de ayer, prefirieron no detenerse en este cuestionamiento.

Raúl Dellatorre

¿Qué discute la POLÍTICA argentina?

Gran parte de la puja política en la Argentina de estos días está atravesada por la discusión sobre las relaciones entre el Estado y el mercado o, desde otra perspectiva, entre los derechos sociales y la propiedad privada.

Es un tema clásico de la teoría política, particularmente desde la revolución industrial hasta aquí. Si algo puede decirse a modo de esquemático balance de esta histórica discusión es que las soluciones simples y extremas han fracasado: ni el estatismo autoritario y burocrático ni la utopía tecnocrática del neoliberalismo han podido resolver la cuestión. Al contrario de la prédica del fin de la historia, en cualquiera de sus versiones, cada situación histórica pone esta relación bajo una nueva perspectiva.

¿Desde qué perspectiva afrontamos el debate en la Argentina? Nadie puede negar la influencia central de la catástrofe socioeconómica e institucional de fines de 2001 en la forma que adquiere la controversia. Para algunos, la crisis fue una crisis de mala administración, de déficit de aptitud técnica para manejar los tiempos de la salida de la convertibilidad. En la misma clave pero con otro fraseo, se dice también que el gasto público incontrolado provocó la crisis fiscal y que con gobiernos más austeros y menos corruptos hubiera podido evitarse. Lo que envuelve esta manera de mirar las cosas es su común denominador antipolítico y tecnocrático, la creencia de que la política no es racionalización de conflictos de intereses sino pura gestión. La verdad es que no le ha ido bien en estos tiempos a esta interpretación: el derrumbe argentino no fue el último, y desde 2008, asistimos a un tramo particularmente inestable y crítico de la economía mundial, con epicentro en Estados Unidos y con episodios turbulentos en varios países de la Unión Europea, hasta ayer presentados como ejemplo exitoso de la globalización hegemonizada por el capital financiero.

El debate teórico-político sobre la crisis está mostrando cada vez más sus raíces en el agotamiento de un modelo de desarrollo centrado en la especulación financiera, crecientemente desvinculada de la producción y ajena a todo patrón distributivo medianamente viable.

Cada vez está más claro que nuestra crisis fue un jalón del proceso crítico del capitalismo globalizado. Que no fue un desperfecto técnico ni una tormenta pasajera. En estos tiempos, no es fácil, como era en la década del 90, presentar como novedosa panacea el retiro del Estado, la plena libertad de los mercados y sostener que la pérdida masiva de empleos y la precarización del trabajo son pasajes dolorosos pero necesarios hacia el mundo feliz del neoliberalismo.

La derecha, que de ella estamos hablando, se empeña en desplazar los términos de la discusión. No hay –dice– derechas e izquierdas. Hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Gobiernos corruptos y gobiernos virtuosos. Buena y mala administración.

Sin embargo, se puede, sin mucho esfuerzo, apreciar que las cuestiones del Estado y el mercado, de la propiedad y sus límites están implícitas en cada una de las batallas políticas centrales del último período. Cuando se trata la ley de pasaje de los fondos jubilatorios al Estado, escondidos detrás de la gritería sobre la “caja” y el “saqueo”, no era difícil encontrar los mismos argumentos que acompañaron el programa de los años 90. Con la misma argumentación acerca del supuesto uso oscuro que haría el Gobierno de esos fondos, se hubiera podido sostener la negación al pago de impuestos, lo que de hecho sugirió el notable escritor Marcos Aguinis. De hecho, de la dificultad para defender a las fraudulentas AFJP se llegó al intento de movilizar a sus empleados en defensa de la fuente de trabajo. Biolcati lo diría sin eufemismos en uno de los encuentros anuales de la Sociedad Rural: el Estado es un depredador insaciable. Lo dijo con elogiable sinceridad, no se escudó en ningún gobierno circunstancial, dijo “el Estado”.

En el debate de las retenciones móviles en el Senado de la Nación ya había habido varios precedentes de este tipo de argumentos. Allí se sostuvo que había que liberar el “campo” de las retenciones para que creciera exponencialmente la “torta” de la riqueza nacional. Después habría llegado el momento del reparto entre quienes no se hubieran llenado los bolsillos de plata y siguieran siendo pobres. Con la discusión de la ley de medios, el debate alcanzó mayor sofisticación. La cuestión de los límites a la apropiación monopólica de los medios fue prolijamente desplazada por la de la libertad de prensa. Se utilizó a la audiencia de rehén en la puja, sobre la base de sembrar el miedo a la desaparición de determinados programas o canales. No es una casualidad que esta ley –aprobada pero sistemáticamente estorbada en su aplicación por jueces solícitos a los intereses de las grandes empresas del sector– provoque las tensiones que provoca.

La regulación de los medios es un punto de cruce entre la esfera del mercado y la del uso de la palabra, ambas vitales para la democracia. El monopolio de la palabra no es solamente una situación inicua en términos económicos, es además una amenaza para la vigencia de la democracia, cualquiera de cuyas definiciones, hasta las más liberales, sitúa en un primer plano la pluralidad de la información.

Algunos entusiastas de la etimología recusan el uso de la palabra monopolio porque, sostienen, monopolio significa uno solo. Entonces, para que haya monopolio no debe haber ningún otro proveedor de la mercancía en cuestión. Con esa definición no habría monopolios en el mundo, ni se justificarían las leyes antitrust que rigen en muchos países. La etimología, decía Borges, sirve para saber lo que las palabras ya no significan.

Y así como para algunos la ley de medios nos acerca a la situación de Venezuela, el proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias empresariales nos convertiría en cofrades del régimen cubano. ¿Hace falta decir que esta fraseología no solamente es de derecha sino que lo es de una variante que huele a naftalina?

¿A ninguno de los analistas del establishment mediático se le ha ocurrido preguntarle al señor empresario Méndez, que repite impertérrito ese sonsonete, si piensa que el artículo 14 bis de la Constitución es comunista y totalitario?

Sería largo repasar todo el temario del debate. Incluiría la discusión sobre el estatus del Banco Central y la pretensión de su autonomía respecto de las autoridades ejecutivas del Estado, las denuncias sobre la trama civil empresarial que sostuvo a la dictadura y muchos otros frentes conflictivos de estos años. Lo que aquí se pretende es sugerir una mirada cuidadosa de lo que se está discutiendo y definiendo en estos días en nuestro país. Porque quien logre instalar hegemónicamente su interpretación sobre la naturaleza del debate tendrá prácticamente asegurado un duradero triunfo.

Hemos terminado catastróficamente y salido penosamente de un largo ciclo de fundamentalismo neoliberal. Estamos ante la opción entre sostener esa salida, revisarla y mejorarla en todos sus aspectos o entrar en un nuevo ciclo de derecha presentado con un nuevo decorado discursivo.

Edgardo Mocca