En una nota reciente (¿Quién va a escuchar la radio de los wichís?, Página/12, 18 de enero), Pascual Calicchio responde acertadamente a las preguntas desafortunadas de Jorge Lanata sobre la importancia de “las radios de los wichís”.
Desmerecer la importancia de la pluralidad de voces es ignorar necesidades básicas de la democracia. La democracia supone una pluralidad de oportunidades de expresión particularmente para aquellos que rara vez son escuchados en los medios o cuyas vidas son filtradas por los requerimientos del rating o la razón política. El mercado no garantiza que todos los ciudadanos estén en condiciones similares de expresar sus ideas y demandas, por la simple razón de que no todos los públicos son igualmente atractivos para la publicidad y el rédito comercial.
Que una expresión comunicacional tenga limitada audiencia o escaso éxito publicitario no implica que no sea necesaria o valiosa. De hecho, las democracias, algunas más que otras, diseñan políticas precisamente para apuntalar la presencia de opiniones que son importantes porque contribuyen a la pluralidad de la esfera mediática. Este es el principio de la radiodifusión pública, no persigue el éxito comercial masivo, sino que se piensa como una contribución democrática para nivelar las desigualdades del mercado, activar la libertad de expresión, y dar oportunidades a voces que carecen de respaldo comercial.
Sin embargo, hay dos cuestiones fundamentales que deben ser discutidas, especialmente en el contexto de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Un tema es que el otorgamiento de un tercio de las licencias a actores sociales no resuelve el delicado problema del financiamiento de los medios. La propiedad y el financiamiento son cuestiones diferentes, pero están íntimamente vinculadas. Alguien siempre paga por el funcionamiento de los medios, directa o indirectamente. La palabra no es gratis.
Y quien paga tiene expectativas. Un medio público puede ser financiado con recursos privados como suele ocurrir en América latina, donde es habitual que la publicidad comercial permee las pantallas de la mal llamada “televisión pública”. Asimismo, una radio de “razón social” puede ser financiada por dineros públicos o privados, como sucede en varios países de la región donde los poderes de turno son los mecenas de emisoras “comunitarias” que encauzan voces locales mientras que no critiquen a quien las financia.
En estos casos se desvirtúa el propósito tanto de los medios públicos como de las licencias otorgadas a organizaciones sociales, sindicales, religiosas y otras.
Tanto el Gobierno como el mercado son los grandes financiadores de los medios.
Por eso, no sería sorprendente que los medios que supuestamente apuntan a diversificar la escena mediática, recurran a las tradicionales fuentes de financiamiento. De ser así, serían canales para intereses particulares atrincherados en el Estado o el mercado aunque estén bajo “nuevo” dueño. El nuevo jefe sería el mismo viejo jefe. Se perpetuarían viejos problemas de limitado pluralismo y se perdería una oportunidad única de confrontar un problema medular de la democracia: la construcción de un sistema mixto de información y comunicación que refleje la heterogeneidad de la sociedad argentina.
La diversificación de propiedad no garantiza que efectivamente se logre el pluralismo si no se atiende el problema del financiamiento.
Otro desafío es el problema de la comunicación como espacio para el debate entre posiciones diferentes. La comunicación no es solamente el derecho a la expresión, sino también la oportunidad de intercambio de ideas diferentes. La democratización de las licencias ofrece una alternativa para apoyar voces diferentes en la vasta ecología mediática, pero este no el único desafío de la democracia comunicativa.
Uno de los desafíos centrales es quién escucha y con quién se habla. El encuentro de perspectivas diferentes es un rasgo central de las democracias contemporáneas. La maduración de Internet muestra este desafío. La “red de redes” alivia, pero no resuelve, el problema de acceso en tanto se disminuye la brecha digital. No es exagerado decir que cualquier forma de expresión que haya existido tiene cabida en el vasto mundo caótico de Internet. Cada vez más, sin embargo, debido al poder de buscadores como Google y hábitos de uso, Internet funciona como un conjunto infinito de cámaras de eco que, como el espejo, rebotan opiniones autorreferentes. Las mayorías están conformes con exponerse a ideas que se ajustan a sus visiones existentes, preferencias y prejuicios. Las islas informacionales no ofrecen oportunidades para conocer lo que desconoce.
¿Por qué es esto preocupante? La democracia requiere espacios comunes para ciudadanías cada vez más diversas y divididas. Es preciso que los medios ayuden a la ciudadanía a enfrentarse con la diferencia, característica central de las sociedades contemporáneas. De lo contrario, se corre el riesgo de que hablemos entre nosotros sin tener oportunidades o incentivos de conocer otras historias, y que la comunicación refleje la agudización de minisociedades relativamente cerradas, desinteresadas en saber qué pasa más allá de sus fronteras.
Se requieren nuevas ideas para enfrentar estos nuevos problemas de la democracia. No se puede pensar un panorama mediático complejo, desagregado en múltiples plataformas individualizadas, solamente en términos de las limitaciones de los viejos medios. Si la libertad de expresión fue el gran desafío comunicacional de la revolución democrática moderna, cuestión que está lejos de ser resuelta, la comunicación en la diferencia emerge como problema fundamental.
Ninguno de los dos desafíos mencionados tiene soluciones fáciles. No hay receta para garantizar que el financiamiento de medios “sociales” efectivamente fortalezca el pluralismo o que existan espacios de comunicación entre ideas y mundos diferentes. Son temas inéditos en una escena mediática atravesada por cambios acelerados. Sería lamentable que el potencial de las innovaciones legales y tecnológicas sea fagocitado por viejas dinámicas que priorizan intereses particulares sobre el interés público.
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