La implementación de la ley de medios, más allá del caso Clarín, implica menor concentración y, a la vez, genera preguntas sobre qué nuevos actores emergerán y sobre la construcción del “tercer sector”.
Aún si hubiera habido 7/D en los términos previos a la última extensión de la cautelar planteada por el Grupo Clarín podría haberse hablado de 7/D con el vaso medio lleno o de 7/D con el vaso medio vacío. Mucho antes de que la ley de servicios audiovisuales entrara al Congreso para su debate y sanción, desde este espacio se dijo que la pura letra fría de la ley, por mejor redactada que estuviera, no iba a ser suficiente herramienta para afrontar la construcción de una comunicación auténticamente democrática, con fuerte participación de actores que no fueran ni privados ni estatales. Esa comunicación iba a depender –y depende– de mucha voluntad de las distintas autoridades gubernamentales, de su capacidad de gestión, de mucha generosidad política y participación, de la vitalidad de la propia sociedad y de los respaldos que la sociedad recibiera en términos de estímulo, financiación y viabilidad de proyectos, profesionalización, generación de redes federales de producción y contenidos. La ley necesita tiempo y sociedad.
A 3 años de la sanción de la norma, el objetivo de construir el tercer sector ha sido cumplido sólo parcialmente y a partir no tanto de la tarea de la Afsca como de experiencias tan valiosas e innovadoras como las que se generan, por ejemplo, desde el Instituto de Cine, el Bacua (Banco Universal de Contenidos Universales Argentino), la Televisión Digital Abierta, la TDT, o la señal Encuentro.
La derecha aún recuerda con deleite morboso aquel llamado a licitación hecho por la Afsca de cara a la conformación del tercer sector que terminó mal. No queda claro qué pasó en ese caso, si se trató de una deficiencia en la gestión del organismo, que tampoco termina de afinar datos sobre el mapa comunicacional argentino o sobre la cantidad de empresas que maneja el Grupo Clarín. Como sea, la construcción del tercer sector avanzó con trabas y dificultades. Habría que añadir que esas dificultades en parte son entendibles y estaban previstas: lo que se está haciendo en Argentina en materia de políticas de comunicación y cultura, incluyendo la ley de medios, es una suerte de gigantesco experimento social, una exploración y construcción de nuevos paradigmas (que además no vienen con un librito o teoría cerrada), algo que apenas tiene antecedentes mundiales.
Al mismo tiempo, los procesos de adecuación, más allá de las guerrillas judiciales y administrativas que seguirán dilatándose en el caso de Clarín u otros actores posibles, parecen encaminarse más a un reparto de poder entre actores empresarios, a veces al interior de los grupos, que a una construcción social nueva y potente. Aún así, y dado que la adecuación implicará desconcentración (de nuevo: más allá de lo que suceda con el caso Clarín), hay un avance importante que seguirá necesitando nuevos ajustes, más transformaciones y, sobre todo, mucho tiempo, porque el cambio al que se apuesta es cultural, social, y no exclusivamente relacionado a un problema de titularidades de licencias.
Avances, dudas. Hay, entre sectores que apoyaron y apoyan la ley de medios, una sensación ambigua respecto de los resultados de su implementación. Parte de lo mejor es el alto nivel de legitimación de la norma. El dato puede verificarse en el hecho de que incluso la mayoría de los sectores opositores dejaron de impugnarla a los gritos. Lo que en todo caso cuestionan es cómo se está aplicando. Las dos críticas más fuertes tienen que ver con la no creación del tercer sector y con el hecho de que la ley no se haya aplicado en tres años a grupos que no fueran Clarín, amparado en la cautelar. La respuesta a la que apeló el Gobierno respecto de la segunda crítica es que aplicar la ley a otros grupos hubiera significado fortalecer el poder del holding más poderoso, contrariando el espíritu de la norma.
En cuanto a las sensaciones ambiguas, algunas tienen que ver con las reingenierías a las que parecen apostar grupos como Vila-Manzano o el del santiagueño Néstor Ick, que según describió Martín Sabbatella se adecuarían repartiendo licencias “en familia”. Sabbatella incluso sugirió que los accionistas del Grupo Clarín tendrían derecho a hacer algo parecido, hipótesis que alguna vez se manejó desde estas páginas. Esa salida no está en absoluto reñida con la letra de la ley, no es ilegal, sin embargo, parece disonante respecto del espíritu de la misma.
El caso Telefé. Cuando promediaba el debate sobre la ley de medios, diputados opositores de centroizquierda –bien dispuestos a apoyar la norma– alertaron sobre el rol que pudieran tener las telefónicas en el negocio de la comunicación. La respuesta del kirchnerismo fue rápida e inteligente. La Presidenta misma anunció que quedarían afuera. Hoy, la situación parece distinta: el oficialismo relativiza la relación entre Telefé y Telefónica. Los argumentos sobre el origen de los capitales de Telefónica española y sobre la relación entre ésta, Telefónica de Argentina, Telefé y la prestación de servicios tienen una parte cierta pero son “endebles”, según dijo el respetado especialista Martín Becerra, apelando a un calificativo prudente. Una hipótesis posible sobre el modo en que se aplicaría la ley en ese caso pasa por la idea de la negociación: una suerte de tolerancia hacia la situación aparentemente irregular de Telefé y a cambio el compromiso de esa empresa de desprenderse de su exceso de licencias.
De nuevo, en este caso la mitad del vaso lleno corresponde a uno de los objetivos cruciales de la ley: desconcentrar primero, para luego diversificar las voces. Lo que no está claro es hasta dónde el perfil de los eventuales compradores de licencias cedidas por los grupos se corresponderá con la idea de una comunicación distinta o más diversa. Aquí entran a tallar otras complejidades.
La primera tiene que ver con los plazos de las transferencias. Entre la presentación de los planes de adecuación o la actuación de oficio de la Afsca, las tasaciones, el llamado a concurso, el éxito o no de ese llamado a concurso, se suman tiempos quizá más largos de los informados por Sabbatella.
La segunda complejidad, que ya se planteó en estas páginas, es qué empresarios o nuevos actores comunicacionales tendrán espaldas financieras para hacerse cargo de las licencias y sostenerlas en el tiempo.
La tercera es “qué comunicación” saldrá en cada caso. Si es por un tipo de comunicación popular (expresión que se enuncia fácil pero dice poco), no parece que el “tercer sector” pueda ser comprador de empresas. Un ideal posible pero difícil de concretar sería que emergentes de ese tercer sector pudieran acceder al menos a pequeñas o medianas empresas mediante ingenierías y sinergias en las que confluyan –como sucede en algunas de las experiencias mencionadas más arriba– patas federales, universitarias, cooperativas, de organizaciones sociales.
Éste es otro modo de decir que lo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual necesita para dar lo mejor de sí es un escenario político-cultural como el actual, con un Estado (nacional, provincial, municipal) presente a la hora de seguir estimulando su potencial. Pero además se requiere de tiempo, mucho tiempo, y mucha creatividad. Uno de los argumentos más necios que usaron quienes se opusieron a la ley fue el de decir “la ley me gusta, pero no con este Gobierno”. La ley trasciende al gobierno que la sancionó y si es buena queda para ser implementada. Si algún opositor quiere mejorar su implementación puede hacer fuerza desde su lugar de representación en la Afsca, desde el Congreso, desde los medios o en un próximo gobierno, y si la ley no previó alguna cosa puede modificarse.
Tiempo es lo que se necesita, dedicación, generosidad, creatividad, capacidad de gestión y de innovación. A la ley hay que imaginarla y proyectarla trascendiendo lo que fue cierto imaginario mágico del 7/D, entre otras cosas porque la inmensa y complejísima ecuación de la comunicación y la cultura no se resuelve exclusivamente con la fórmula “Grupo Clarín adecuado”. Si es por las reingenierías internas que vayan a practicarse al interior de cada grupo, acaso dentro de veinte años nadie se acordará de quiénes eran socios, amigos o familiares; menos aún en un negocio donde las lógicas financieras cambian los escenarios a un ritmo vertiginoso, en general perverso. Las grandes transformaciones culturales hay que medirlas en tiempos largos. Apurarse hoy en hacer el balance de lo que está sucediendo puede ser un ejercicio equivocado y eso incluye esta propia nota.
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