El Gobierno Nacional envió 6 proyectos al Congreso Nacional que pretenden avanzar sobre la necesaria democratización del Poder Judicial, sin dudas, el más conservador de todos los estamentos del Estado. No se analizarán acá cada iniciativa, en Agencia Paco Urondo hay material de sobra al respecto. Sí nos parece más oportuno volver sobre una situación que ocurre hoy y seguirá ocurriendo mañana, después de enterarnos que la República no concluyó ni mucho menos.
Sin muchas vueltas: reflexionar sobre la lógica represiva que caracteriza el accionar de la Justicia en Argentina (y en tantas otras partes del mundo) y que implica el encarcelamiento en condiciones humillantes de miles de pobres. En los penales del país hay 60 mil detenidos. Están hacinados, comen y visten mal, sufren todo tipo de atropellos por parte de un sistema penitenciario sin control civil. La Justicia rara vez hace lugar a los infinitos amparos que procuran alertar sobre este diagnóstico.
De esos 60 mil detenidos, se estima que el 60% no tiene condena. Ese número fue mayor pero se redujo a partir de una reforma procesal que introdujo la figura del “juicio abreviado”. Según Horacio Verbitsky, “no mejora la situación real, pero la ´maquilla´. Es decir, en vez de tantos detenidos sin condena, hay condenados sin juicio”. ¿Qué ocurre en realidad? Muchos presos aceptan la culpabilidad (aunque no fueran responsables del delito) en una negociación perversa con el sistema. En vez de estar cuatro o cinco años detenidos sin condena, asumen “su responsabilidad” y son condenados a… tres años.
Las estadísticas dejan entrever una realidad aún peor: de ese 60% de detenidos sin condena, los informes dan cuenta de un 30% de personas que finalmente serán absueltas. Así las cosas, hoy en el país hay alrededor de 10 mil presos que son inocentes. “Diez mil personas privadas de su libertad por un delito que no han cometido es un factor profundamente disruptivo de la sociedad, del tejido social”, describió Verbitsky en la entrevista antes citada.
Se arriba a estos números espantosos porque el Poder Judicial implementa la prisión preventiva como lógica de disciplinamiento social de los sectores vulnerados. Los pobres tienen que demostrar que no son culpables, y deben hacerlo en prisión. No es casual que está lógica emerja después del desmantelamiento del Estado de Bienestar. El sociólogo francés Loïc Wacquant observó que cuando desaparece el "Estado Providencia" es reemplazado por el "Estado Penitencia".
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que “el ordenamiento jurídico argentino no autoriza, sin debido proceso y condena judicial, a privar a nadie de su libertad por su peligrosidad”. Poco se escucha decir sobre ésto a los notables defensores de la Constitución.
Las frías estadísticas esconden historias de carne y hueso. Por ejemplo, los jóvenes Luz Gómez y Diego Romero que hace más de un año están presos por un delito que no cometieron. Son dos víctimas de una maquinaria judicial profundamente autoritaria y clasista. Fueron encarcelados inmediatamente sin que existiera ningún riesgo contra la investigación. El juez y el fiscal prácticamente no escucharon a los jóvenes (los vieron una sola vez), que también señalan la desidia del abogado propuesto por el propio Estado. Por su parte, sus familiares debieron marchar al Tribunal para que se aceptara la realización de una prueba clave, que finalmente se hizo y favoreció a la pareja. Sin embargo, Luz y Diego siguen con prisión domiciliaria, sin poder trabajar y viviendo gracias a la ayuda de los seres más cercanos. Estas historias deberán ser parte de un próximo debate sobre qué implica, profundamente, democratizar el poder judicial
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