Los 6 proyectos de ley que reforman el sistema judicial enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo generaron mucha resistencia y rechazo entre algunos de los involucrados que se niegan al cambio.
Sin ir más lejos, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, lanzó un paro de tres días en rechazo al debate. Del otro lado, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, vertió mínimas y tímidas declaraciones aduciendo que en un futuro no muy lejano podría tener que intervenir, como ministro del tribunal, en una decisión sobre la reforma.
Sin embargo, no todos los miembros del Poder Judicial se abroquelaron en rechazo a las iniciativas que plantean la modernización del sistema.
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En ese sentido, el juez del tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Daniel Carral, declaró: "En términos generales, en al menos cuatro de los seis proyectos hay un consenso tanto de los sectores involucrados en la gestión judicial como en la sociedad toda", en referencia a la creación de tres nuevas Cámaras de Casación; la publicidad de los actos judiciales; la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios y el concurso público para ingresar al Poder Judicial.
"Los proyectos que aparecen como más difíciles de consensuar en este momento se relacionan con la reforma del Consejo de la Magistratura y aquello vinculado al nuevo régimen de medidas cautelares. Con respecto a la Magistratura, la verdad es que habrá que ver en la futura discusión del proyecto en las Cámaras si se puede precisar bien cuál es el mejor mecanismo a través del cual los jueces serán electos por el voto popular, de qué manera. Me parece bien que haya una mayor amplitud en la participación de la gente para elegir a quienes van a representar a los jueces", afirmó Carral.
En tanto, puntualizó: "Ahora, si esto significa necesariamente que tengan que ir en una boleta o a través de partidos políticos es algo que quizá tenga que discutirse, o si existen otros mecanismos que se puedan someter a la decisión popular".
Por último, Carral afirmó: "Respecto de las cautelares, me parece que hay muchísimos ejemplos que nos tienen que hacer repensar que el régimen vigente expone a los jueces a una posición de arrogarse también, en definitiva, la suma del poder público. Porque hay ejemplos claros de leyes sancionadas que no pueden entrar en vigencia porque a un juez se le ocurre sacar una cautelar. Y esa cautelar, como toda medida cautelar, es una medida provisoria, revisable, y sin embargo está vigente durante años y no se resuelve la cuestión de fondo".
"Entonces, poner algún límite temporal para que los jueces terminen de resolver la cuestión de fondo cuando media una medida cautelar es algo admirable. En cualquier caso, en aquellos que son noticia todos los días y en algunos otros que no son tan noticia que la gente debiera pensar también, por ejemplo cuando hay una persona que está detenida con prisión preventiva. Los jueces no pueden estar años con una persona bajo prisión preventiva, eso es una medida cautelar también", agregó.
Y subrayó: "Esta regulación, en principio, no me parece mal. Siempre y cuando, y así parece que la ley lo deja establecido, se preserven particulares situaciones para la vida, la libertad, la integridad física e incluso para el medio ambiente".
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Sobre el mismo punto, el exfiscal federal Félix Crous, actual titular de la Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad (Procunar), sostuvo: "La reforma del Consejo incorpora dos elementos fundamentales: la elección popular de los electores de los jueces y los partidos políticos como instancia mediadora, el sinceramiento y la jerarquización de la política de partidos en todos los departamentos del Estado".
Además, manifestó: "Creo que son un conjunto de proyectos muy interesantes en cuanto, no sólo a la transformación que plantean, sino al sistema de organización. Como posición global, a mí me parecen muy importantes. Todos los proyectos son muy interesantes, pero algunos atacan temas más estructurales, dos de ellos sobre todo. El tema de la reforma del Consejo de la Magistratura y, en segundo orden, el sistema de ingreso al Poder Judicial".
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Por su parte, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alejandro Slokar, sostuvo: "En términos generales la reforma es favorable, muy positiva porque tiene la capacidad de alterar el perfil de un poder del Estado que es el Poder Judicial y las relaciones entre ese poder y la sociedad".
"Democratización, transparencia, agilidad son básicas", agregó el magistrado.
En ese sentido, Slokar manifestó que la reforma va en contra de las condiciones actuales: "El desprestigio social que tiene el Poder Judicial es porque se lo observa como un poder demasiado autoritario, con privilegios anti igualitarios y poco abierto a la sociedad. Y una exigencia elemental de la democracia es el deber de rendir cuentas, que además hace a una esencia ética y de responsabilidad".
"En ese orden, el conjunto, el paquete de iniciativas que comprenden la reforma me parecen decididamente loables porque tienden a la reconstrucción de un puente entre el Poder Judicial y la sociedad y de otra parte a la transformación del poder del Estado como un poder más plural, más democrático y, en definitiva, más fuerte", remarcó.
"Que la Corte se ocupe de dictar sentencias y no de administrar el Poder Judicial, porque para administrar el Poder Judicial la Constitución dice que está el Consejo de la Magistratura", concluyó Slokar.
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A su vez, el fiscal general de la Unidad de Coordinación de Causas de Derechos Humanos, Jorge Auat, manifestó: "Estoy absolutamente de acuerdo con todos los proyectos. Además, espero que se siga profundizando esta iniciativa y estos cambios. Desde Justicia Legítima (agrupación de jueces y fiscales que reclaman cambios en el Poder Judicial) compartimos todos los proyectos".
Aunque sostuvo: "Los proyectos no van a agotar la discusión que nosotros iniciamos en la Biblioteca Nacional, son nada más que parte de lo que pensamos que tiene que haber. Lo fundamental es instalar la discusión con carácter permanente. Este es el objetivo de nuestro foro".
"Y queremos que haya nuevos proyectos que inicien el cambio que tanto espera la sociedad. Este es el único poder al que no lo atravesó la democracia en su totalidad. Jueces y funcionarios de la Dictadura pasaron a ser en 24 horas jueces y funcionarios de la democracia y este es un fenómeno que me parece no podemos soslayarlo. Y marcó, de algún modo, un paradigma de funcionamiento del Poder Judicial, del sistema judicial en su totalidad, y creo que es hora de empezar a mirar cuáles son los déficit que tiene, si está a la altura de las expectativas de la gente y ver cómo hacer para que deje de estar de espaldas a la sociedad", agregó Auat.
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Por su parte, el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Rozanski, expresó: "Estoy completamente de acuerdo con los proyectos, por lo menos con los que he leído, todavía no los termine de leer en detalle. Coincido con todos los proyectos y con la idea de cada uno de ellos".
"La parte más importante es la modificación del tema de elección para lo que es el Consejo de la Magistratura. Reemplazar la elección dentro de cada una de las corporaciones por la votación popular me parece que es un avance importante", sostuvo.
Y explicó: "Es un viejo reclamo que el Consejo de la Magistratura pueda realmente tener una amplitud de criterio que le van a dar en este caso, las distintas disciplinas que van a estar representadas por los académicos en lugar de ser pura y exclusivamente los abogados. Y en el caso de los abogados y jueces, o sea los representantes de cada una de esas profesiones, van a estar elegidos por la gente y no por los propios grupos de cada corporación. En el caso de los jueces no llegan a 2 mil electores y van a pasar 15 millones", concluyó.
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En tanto, la Procuradora General de la Nación y jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, remarcó: "Estamos madurando progresivamente la relevancia que van a tener los proyectos. Tenemos motivos para pensar que esto va a ser diferente".
Gils Carbó destacó además la elección mediante voto popular de integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, al considerar que va a significar una "mayor participación ciudadana y transparencia".
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