En Uruguay, dentro del Frente Amplio hay divergencias sobre la legitimidad de derogar la llamada Ley de Caducidad que deja un alto grado de impunidad a los genocidas de aquel país. Un referéndum de 1989, y un plebiscito de 2007, no contaron con los votos suficientes como para derogarla y recientemente algunos dirigentes del Frente se opusieron a derogarla vía parlamentaria con el argumento de que una mayoría parlamentaria no puede estar por encima de una consulta popular. Es decir, si José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro no se ponen de acuerdo sobre un tema así no puede pensarse de que alguno de esos dos dirigentes tupamaros esté flojeando y quiera el olvido. Sin embargo, pese a que ambos fueron protagonistas de un estoicismo extraordinario contra la dictadura, años después no logran aunar criterios para llevar a los genocidas a la cárcel.
En Brasil, los militares hicieron una autoamnistía en 1979 que no fue derogada desde que en ese país hay elecciones libres (1985). Desde entonces, los crímenes cometidos durante la dictadura no fueron juzgados. Un reciente fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impone a Brasil el juzgamiento de crímenes. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ex presa política y torturada durante su detención, sostuvo que “cumplir esta decisión de la Corte significa, además de demostrar la necesidad de asegurar el derecho a la memoria y a la reparación, la posibilidad de dar a las futuras generaciones la responsabilidad de prevenir prácticas similares”. Sin embargo, las alianzas propias de su gobierno llevan a que el Congreso todavía no haya fijado plazo para tratar la creación de la Comisión de Verdad que fue impulsada por Dilma durante la campaña.
En Chile, el genocida Augusto Pinochet logró morir rodeado de absoluta impunidad y los juicios por los crímenes de su dictadura avanzan con muchísima dificultad.
La situación en otros países latinoamericanos que sufrieron dictaduras no es muy diferente.
Es decir, las fuerzas sociales y políticas que pretenden hacer justicia sobre el pasado reciente y cerrar las puertas a nuevos intentos violentos encuentran fuertísima resistencia en corporaciones de poder y sectores sociales que no asumen la lucha por los derechos humanos como algo propio. Ni la lucha por hacer justicia sobre el pasado, ni la lucha por extender el concepto de derechos humanos a la dignidad, el trabajo registrado, la vivienda así como la plena e irrestricta vigencia de instituciones donde no haya impunidad.
La Argentina logró, gracias al empuje impresionante de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo tener un soporte ético y político para que Néstor Kirchner impulsara la derogación irrestricta de las normas de impunidad y para impulsar los juicios a los genocidas. Así, en este 2011, se terminaron de derribar todas las trabas para que funcionen tribunales orales en todo el territorio nacional. Junto con esto, la sociedad argentina se fue adueñando de un concepto importantísimo: extender los derechos humanos a otros campos. Ya no se trata sólo de juzgar genocidas sino de incluir en vez de excluir, de tener dignidad y soberanía en vez de temor y sometimiento. La sociedad argentina revive el protagonismo de la épica por una sociedad sin pobres, sin injusticias y sin ninguna persecución a la protesta social.
El agregado que hace la diferencia al camino elegido por la mayoría del pueblo argentino es que identificó a los grupos de empresarios civiles que formaron parte de la dictadura.
El Grupo Clarín quedó en la incómoda situación de verse conminado por ley (la de Servicios de Comunicación Audiovisual) a ir desandando el camino de privilegios que creó durante la dictadura y que consolidó durante el neoliberalismo. Sin embargo, muchos intereses retrógrados, huérfanos de expresiones políticas fuertes, juegan sus cartas al poder extorsivo del monopolio mediático. Hay que reconocerlo, en la sociedad argentina, al igual que en el resto del mundo hay sectores que se identifican con esa derecha retrógrada. Un genocidio de miles de desaparecidos contó con la militancia comprometida de muchos cobardes y pusilánimes.
Clarín silenció durante años el tema de la identidad biológica de Felipe y Marcela Noble. Hoy salieron con los tapones de punta a decir que “van a terminar con la persecución”. Se trata de una operación psicopática que invierte la carga de la prueba. La realidad es que debieron, tarde, ir a la Justicia. Hicieron lo que Estela de Carlotto y las Abuelas reclamaron durante años. Ellas quieren la verdad. Probablemente, los abogados y agentes de espionaje privado que trabajaron para “la operación ADN” les hayan dicho a Héctor Magnetto y a Ernestina Herrera de Noble que duerman sin frazada, que va a dar negativo el cotejo de las muestras genéticas con las que están en el Banco de Datos Genéticos. Probablemente, la instalación del tema produzca temores y confusiones en algunos sectores justo en una semana donde se define el lanzamiento de Cristina Fernández de Kircher a un nuevo período.
Pero la gran pregunta es: ¿qué ejemplo pretenden dar a la sociedad el monopolio y el coro de comunicadores que lo acompaña en la operación ADN?
La respuesta es fácil: la de un grupo con mucho poder, con el poder que demostraron muchas veces de hacer daño y condicionar o voltear gobiernos. Pero este 2011 muestra relaciones de fuerza diferentes. Ya no podrán condicionar ni la marcha del calendario electoral, ni podrán modificar las preferencias del electorado que le permitirán a Cristina ganar en primera vuelta ni tampoco podrán frenar los juicios a los genocidas. Si de algo sirven estos golpes de efecto es para recordar que los procesos de profundización de la distribución de la riqueza y de empoderamiento del pueblo deben darse con mucha militancia, mucho compromiso, mucha humildad y austeridad.
No es bueno sentirse solo. En ninguno de los dos sentidos. Porque hay un pueblo que siente que es protagonista y porque hay un conglomerado empresarial y político que tiene una base social cada vez menor. Y para profundizar el proceso es preciso disputarle esa base social, para que cada uno de ellos se sienta involucrado en el concepto más amplio de la lucha por los derechos humanos.
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