Obispos y Arzobispos cobran Jubilaciones de Privilegio

En la Argentina, 26 obispos y arzobispos retirados cobran jubilaciones de privilegio, aun sin haber hecho aportes en toda su vida.

Son, por así decirlo, “jubilaciones divinas”, que están sustentadas íntegramente por el Estado Nacional y se otorgan con exclusividad a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, generando un gasto mensual de $ 287.560. Es decir, $ 3.450.720 al año, que deben pagar con sus impuestos todos los argentinos. Los creyentes y los no creyentes. Incluso, los que pertenecen a otros cultos religiosos.

El beneficio fue otorgado por la última dictadura cívico militar, de armoniosa relación con la cúpula eclesiástica. Se estableció por decreto, en 1977, y lleva la rúbrica del genocida Jorge Rafael Videla. Se trata de uno de los tantos legados que nuestro país heredó de tiempos dictatoriales. Pero, a diferencia de lo que sucedió con otras leyes, que fueron modificadas o derogadas, esta norma aún se mantiene intacta.

A 28 años del retorno de la democracia, la Iglesia Católica nunca perdió este privilegio, incluso cuando el propio Congreso de la Nación lo echó por tierra en 2002. Ese año, el Poder Legislativo derogó todos los regímenes jubilatorios especiales, pero el entonces presidente interino Eduardo Duhalde vetó parcialmente la disposición del Parlamento, con lo que el beneficio para los eclesiásticos, junto a otros, continuó vigente. Su eliminación es, de esta manera, una cuenta pendiente de todos los gobiernos constitucionales que se sucedieron desde 1983 a la fecha.


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La Ley 21.540, sobre la “Asignación a determinados dignatarios pertenecientes al Culto Católico Apostólico Romano”, fue sancionada el 25 de febrero de 1977.

A través de ella, la dictadura dispuso que arzobispos y obispos retirados gozaran “de una asignación mensual y vitalicia equivalente al 70% de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia”.

Además, se determinó que este dinero fuese otorgado a los prelados que acreditaran “75 años de edad o incapacidad” y que la remuneración sería “móvil”, con lo que, a cada aumento del sueldo básico de los magistrados, también se produce, automáticamente, un incremento en las jubilaciones de la jerarquía eclesiástica.


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El universo de quienes están habilitados a percibir este privilegio se compone de 27 obispos y 7 arzobispos eméritos –es decir, retirados–, lo que arroja un total de 34 casos. Sin embargo, algunos de ellos decidieron no recibir esta asignación especial, como sucede con Paulino Reale, ex obispo de Venado Tuerto, quien explicó: “No tramité el beneficio porque me acostumbré a vivir con poco. Los que lo cobran, bueno, es una decisión personal. Tiene que ver con cómo y dónde quieren vivir.” El mismo camino siguieron, también, los arzobispos eméritos Estanislao Karlic, de Paraná, y Eduardo Mirás, de Rosario.

Quienes sí accedieron a este privilegio conforman, según informó la Secretaría de Culto de la Nación, un total de 26 religiosos: 21 obispos y 5 arzobispos. Siguiendo la medida del 70% del salario de un juez nacional de primera instancia –que en la actualidad cobra exactamente un básico de $ 15.805,94–, cada uno de los prelados que se acogieron a este ventajoso régimen percibe $ 11.060 al mes, lo que equivale a ocho jubilaciones mínimas. Dicho de otra forma: un solo “jubilado divino” cobra lo mismo que ocho comunes. Y si se suman los 26 casos confirmados por la Secretaría de Culto, los casi 3,5 millones de pesos que las arcas públicas deben erogar al año para este fin, equivalen a 12.500 asignaciones universales por hijo o a 2.400 jubilaciones mínimas.

Sin embargo, algunos de los privilegiados sostuvieron que actualmente perciben un monto inferior a los 8000 pesos. Por ejemplo, el ex obispo de Morón Justo Oscar Laguna, quien accedió a este beneficio a principios del año 2005, aseguró que “la asignación apenas supera los 7000 pesos y debería ser mucho más, porque no alcanza para nada”.


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Desde el área de Culto mantienen bajo llave la nómina de prelados que reciben estas jubilaciones. Sin embargo, Tiempo Argentino pudo determinar que los siguientes son algunos de los beneficiarios:

En lo que refiere a los 5 arzobispos, se trata de Moisés Blanchoud, prelado emérito de Salta; Domingo Castagna, de Corrientes; Rubén Di Monte, de Mercedes; Mario Maulión, de Paraná; y Edgardo Storni, de Santa Fe.

Entre los 21 obispos, se encuentran, entre otros, el mencionado Laguna; Miguel Hesayne, de Viedma; Pedro Lira, de San Francisco; Jorge Lona, de San Luis; Néstor Navarro y José Pedro Pozzi, ambos de Río Negro; Cipriano García Fernández, de Cafayate; Rinaldo Bredice, de Santa Rosa; Bernardo Witte, de Concepción; José Sartori, de Chaco; Pedro Ronchino, de Comodoro Rivadavia; Emilio Bianchi Di Cárcano, de Azul; y Guillermo Leaden, de Buenos Aires.


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Algunos de ellos comenzaron a percibir el dinero dispuesto por la Junta Militar en la década de 1990. Por ejemplo, el ex obispo salteño Pedro Lira, que en la actualidad tiene 97 años, explicó que cobra esta asignación desde hace más de dos décadas. “Es un dinero para gente culta. No es sólo para los obispos”, esbozó el prelado, quien realizó una enérgica defensa del beneficio creado por la dictadura: “Esta ley la dieron los militares, y en esto hay que respetarlos, porque la cultura está despreciada en este país. Gracias a Dios se introdujo esta ley.” En un determinado momento, Lira dio por concluida abruptamente la entrevista: “Usted, periodista, tiene una curiosidad morbosa. La curiosidad no es de varón, es de mujer”, arguyó. Antes de cortar la comunicación, el ex obispo se despidió con un “viva la patria, viva Dios”. En los últimos 20 años, Lira cobró más de un millón de pesos gracias a su privilegiada jubilación.

El arzobispo emérito de Salta, Moisés Blanchoud, que cobra este beneficio desde 2003, sostuvo: “Es, simplemente, lo que el gobierno nacional debe devolver a la Iglesia Católica por lo que nos robó la presidencia de Rivadavia en 1822.”

También hay prelados más jóvenes, que empezaron a percibir la asignación recién el año pasado. Es el caso del obispo emérito de San Luis, Jorge Lona, quien consideró: “Esta asignación es parte de lo que dicta la Constitución Nacional. He cumplido mi responsabilidad durante mis años de actividad y me parece que no debe ser motivo de escándalo.”

Otros eclesiásticos prefirieron, directamente, no referirse al tema. Por ejemplo, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, retirado desde 1995, adujo que “su consulta es lo mismo que si yo le preguntase cuánta plata tiene en el bolsillo”. Idéntica respuesta planteó el ex obispo de Cafayate, Cipriano García Fernández, quien manifestó encontrarse “muy ocupado” para referirse al tema.


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Un punto que habla del especial trato que la Junta Militar mantuvo con la curia, es que este beneficio es propiedad exclusiva de la jerarquía católica, ya que los 2.500 cultos restantes que existen en el país no gozan de ningún tipo de retiro especial. Por si fuese poco, a pesar de que al jubilarse el Estado les garantiza una situación económica acomodada, durante sus años de actividad estos prelados no deben realizar aportes jubilatorios. Es tan sólo otro de los tantos privilegios de los que gozan.

En dialogó extenso con monseñor Justo Oscar Laguna, el ex obispo de Morón justificó la enorme distancia entre una jubilación ordinaria y la asignación especial que perciben los prelados argentinos: “¿Sabe cuántos años fui obispo? Cincuenta. ¿A usted le parece que un lavacopas debería tener la misma jubilación que un obispo? A mí me parece que no”.

Asimismo, Laguna reconoció que “los obispos deberían realizar aportes jubilatorios durante sus años de actividad”. Y, pese a que es el primer sacerdote católico procesado en una causa por Derechos Humanos (al presuntamente mentir sobre el asesinato del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, durante la última dictadura), aseguró: “No me gusta que esto haya nacido de un decreto en el Proceso. Siempre debe haber intervención del Parlamento”.


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Llamativamente, quienes se alejaron de sus cargos eclesiásticos por motivos polémicos no quedaron exentos de este beneficio. El caso de Edgardo Storni, que renunció a la diócesis de Santa Fe envuelto en escándalos sexuales y económicos por los que está siendo juzgado, es paradigmático.

Storni dejó la actividad el 21 de septiembre de 2002, acusado de abusos sexuales, pedofilia y malversación de fondos. Tres meses más tarde, el entonces secretario de Culto Esteban Caselli aprobó la jubilación de privilegio que Storni cobra desde los 66 años, mucho antes de haber cumplido los 75, tal como dicta la ley. Ya en 2009, el arzobispo emérito fue condenado por el delito de “abuso sexual agravado” a la pena de 8 años de prisión. Pero en mayo de 2011, la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe declaró la nulidad de la sentencia condenatoria, por lo que la causa volverá a primera instancia, al Juzgado de Sentencia Nº 3, a cargo del juez Cristian Fiz. Pese a todo, Storni retuvo su título de arzobispo emérito y continuó cobrando su asignación especial. En ese lapso, por este concepto embolsó más de 500 mil pesos.


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Si se suman todas las jubilaciones mensuales que percibieron estos 26 prelados en los últimos diez años, se deduce que el Estado argentino erogó un monto global aproximado de 14 millones de pesos. La cifra se desprende de las distintas asignaciones que los obispos y arzobispos retirados percibieron desde el año 2001 a la actualidad, y se basa en el porcentaje determinado por la Ley 21.540.

“Si bien todas estas remuneraciones se sustentan en instrumentos legales, no son legítimas, ya que fueron decretadas por la dictadura militar”, sostuvo Fortunato Mallimaci, sociólogo de la religión perteneciente al CONICET y especialista en temas relacionados con la Iglesia Católica. “Estos beneficios no respetan la pluralidad religiosa y constituyen un privilegio otorgado a las jerarquías católicas que no corresponde a un país democrático”, agregó Mallimaci.

En el mismo sentido se pronunció el ex diputado nacional Luis Zamora. “Es algo completamente repudiable. ¿Por qué los judíos, los evangelistas o los ateos deben mantener a una iglesia en la cual no creen?”, se preguntó el referente de Autodeterminación y Libertad, quien se hizo famoso por ser uno de los pocos legisladores que rechazó tajantemente la jubilación de privilegio que le correspondía como diputado.

Es preciso recordar que la mencionada Ley 21.540, además de la firma de Videla, lleva las de Julio Bardi y César Guzzetti, cuyos prontuarios no son tan conocidos como el del ex presidente de facto, pero no por eso resultan menos condenables.

Bardi fue ministro de Bienestar Social y ocupó un cargo clave en los años más duros de la represión: de 1977 a 1978, fue jefe de inteligencia del Estado Mayor General Naval. Por su parte, Guzzetti –quien falleció en 1988– fue ministro de Relaciones Exteriores de Videla, cargo que le permitió mantener un trato aceitado con Henry Kissinger, secretario de Estado de los EE UU, y quien dio la aprobación tácita para que el gobierno militar desplegara un aparato represivo que de inmediato derivó en el terrorismo de Estado.

Como se ve, sobran antecedentes para cuestionar la legitimidad de esta ley y las razones de su vigencia. Sin embargo, las autoridades máximas de la Iglesia Católica aún conservan este privilegio que les legó Videla, quien solía repetir eso de que “un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”.

Manuel Alfieri
Tiempo Argentino