Las madres contra el paco

Unas 300 madres de distintas barriadas pobres del conurbano bonaerense y de la Capital Federal se reunieron para buscar soluciones a un tema que pone en jaque a sus hijos:

El paco, una adicción a la que califican como “una droga de exterminio que ataca a los más pobres”. Ellas le piden ayuda al Estado, pero no quieren que les lleven “programas enlatados y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer”. Isabel Vázquez y Alicia Romero, dos madres de Lomas, aclaran que ellas han pasado por el drama del paco en su propia familia y que por eso saben “muy bien” lo que hay que hacer. Por eso quieren que el Estado “trabaje con nosotras, que nos brinde recursos, pero que tenga en cuenta que hasta ahora, todo lo que hizo el Estado fracasó. Lo que exigimos las madres es que haya más compromiso, porque, si las madres sabemos quién vende el paco, la policía también sabe, quién lo vende. Queremos que no pase lo de siempre: que vaya preso el perejil y que siga en libertad el narcotraficante, que es el que mata a nuestros hijos”.

El movimiento Madres en Lucha empezó en Lomas de Zamora, en el año 2005, pero después fue surgiendo en otros lugares: Capital Federal, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría y Presidente Perón. Isabel y Alicia fueron las organizadoras del II Encuentro de la Red de Madres contra el Paco y por la Vida, además de ser las que iniciaron el camino en Lomas. Como todas las mujeres, comenzaron su lucha porque alguno de sus hijos cayó en la adicción y porque supieron de otros casos en el comedor comunitario que ellas tienen en su barrio, Villa Lamadrid.

“Los chicos tenían un problema de salud, pero en la Argentina no hay prevención. ¿Cómo llega el chico al hospital si es un tema que no se tiene en cuenta? Las madres, con miedo, con vergüenza por el qué dirán, nos tuvimos que organizar”, dice Alicia.

“De la vergüenza y del miedo sacamos coraje y tomando como ejemplo a nuestras Madres de Plaza de Mayo, nos organizamos con marchas, con escraches a los que venden la droga. En nuestro barrio logramos sacar los ‘kioscos’ (donde se venden el paco y otras drogas), pero todavía no logramos sacar a los ‘delivery’, pero seguimos luchando”, dice Isabel.

Isabel Vázquez perdio a su hijo, Emanuel Vázquez, de 27 años, quien fue asesinado el 24/2/09: "Tiene que ver con nuestra actividad, mi hijo recibía amenazas frecuentemente. Le sacaban fotos, le cruzaban autos y le tirotearon un coche. Trataban de intimidarlo porque les molestaba que organice a los chicos".

Emanuel no era cualquier vecino de Villa Lamadrid, en los alrededores de la feria La Salada. Era el hijo de Isabel Vázquez, una referente con 20 años en el barrio y un comedor en el que llegan a alimentarse hasta 500 personas por día. Isabel, en medio de la tristeza denunció que fue una muerte anunciada. “Hace bastante que la peleamos. Nos gritan. Nos escupen. Nos insultan. El año pasado me pegaron un piedrazo. Me llaman por teléfono amenazándome. A él lo provocaron de miles de maneras”, dijo. Sin embargo, no pide la pena de muerte como Susana Giménez, porque entiende el problema, y trabaja con los chicos.

Emanuel había estado preso en la cárcel de Olmos por un intento de robo y había caído en el consumo de pasta base, una droga basura que inundó su zona. Isabel dice que si hay 172 manzanas en Villa Lamadrid, por lo menos hay 172 transas, porque el asunto se volvió una manera de sobrevivir. Isabel comenzó a ayudar a los adictos cuando los veía llegar a su comedor “destruidos”. Logró curar a su hijo y con él y otras mamás rescatar “a unos 100 pibes que luego formaron una cooperativa que puso una playa de estacionamiento” frente a uno de los tres sectores de La Salada: Ocean. La feria a la que miércoles y domingos llegan unas 100 mil personas. Con algunos sectores de ese meganegocio también habían tenido problemas. Los enemigos los rodeaban.

"Nosotras recibimos apoyo de la provincia y de Nación, pero necesitamos más y en forma urgente porque acá todos los días se nos mueren los pibes. Necesitamos trabajo genuino, que los chicos terminen la primaria y la secundaria. Si todos, como dicen los chicos, ‘nos ponemos las pilas’ y nos comprometemos, este problema se soluciona”.

Las dos subrayan que lo más importante es que “exista una decisión política de ponerle fin al problema. Esa es la tarea que le reclamamos al Estado”. Cuando empezaron su lucha, al paco era vendido “a dos cuadras del comedor y de la escuela que tenemos enfrente del comedor. Allí nos dimos cuenta de que tampoco las autoridades educativas sabían qué hacer frente a lo que estaba sucediendo y por eso salimos a la calle”.

“Los chicos afectados se fueron de la escuela y ahora que algunos se están recuperando, tienen que volver, pero necesitan apoyo, para estudiar y para trabajar. Tienen que estar contenidos. Logramos conseguir becas en el gobierno nacional, donde tenemos una apertura, pero no ocurre lo mismo con los municipios y con la provincia, es decir en nuestro propio territorio”.

“Nosotras pedimos que nos ayuden, no que nos traigan un programa enlatado y nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotras sabemos lo que tenemos que hacer, necesitamos los recursos y que nos ayuden en lo técnico, en lo asistencial, en todos aquellos temas que nosotras no podemos manejar.”

El consumo de pasta base o paco, residuo que queda del proceso de elaboración de la cocaína, es un mal que no encuentra respuestas.

Dicen los que se atreven a probarla que les genera una ansiedad que los impulsa a realizar cualquier cosa con tal de obtener una dosis.

Los índices sobre su utilización crecen año a año. Según el Tercer Estudio Nacional sobre consumo de estupefacientes que realizó la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), fueron 85.000 las personas que se drogaron con pasta base de cocaína durante el 2006.

Y para la Federación de ONG destinadas a la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (Fonga), el número de pacientes en tratamiento por paco aumentó un 400% en los últimos tres años.

Gustavo no puede dejar de consumir paco. En realidad, no quiere. Desde hace 8 años que lo hace de manera habitual y nada parece amedrentarlo. Para conseguir más droga, hizo de todo: "Robé, amenacé y le disparé a personas", dice. Hoy, una dosis de paco, que puede pesar uno o 1,5 gramos, se compra a 5 pesos.

Un paquero consume promedio 50 dosis por día, pero eso varía según la plata que cada uno tenga.

Los consumidores de paco son conocidos como "muertos vivos" o "zombis". Están demacrados y caminan encorvados, como si sostuvieron el peso del mundo en los hombros. El 100% de los consumidores admiten que robaron para fumar y, en algunos casos, dispararon contra personas.

"Esto es re falso. Acá no hay amigos, sólo intereses. Si tenés droga se te acercan, si no no existís. Estamos todos muy enfermos. La droga te lleva a la cárcel, al hospital o, si tenés suerte, a la muerte", explica Gustavo, que tiene un hijo pequeño.

Los paqueros se refugian en los pasillos. En los estrechos caminos de la villa se ve como se agolpan en la puerta de los transas . "Todos saben dónde está".

La cumbia se escucha en cada pasillo y en cada rincón. No importa la hora que sea. Las calles interiores son angostas y las casas, en su mayoría, son de madera y chapa.

A partir de la crisis social y financiera que vivió la Argentina en 2001, el país, y en especial el conurbano bonaerense, se convirtió en el lugar ideal para la instalación de laboratorios de producción de cocaína. Así fue como creció de manera vertiginosa el consumo de paco, que es el residuo del proceso de la producción de la cocaína. Aunque, hoy, el paco salió de la villa y está ganando terreno en la clase media.

“El Estado tiene que trabajar junto con las madres. Hasta ahora, todo lo que hizo el Estado fracasó. Las madres tenemos muchísimas cosas para dar y sabemos los problemas. Sabemos quién vende, quién no vende, quién es quién entre los pibes del barrio. El nuestro es un barrio muy pobre y el paco es una droga de exterminio que ataca a los más pobres”, insiste Isabel. “La inseguridad en nuestros barrios pasa por el narcotráfico. No tenemos bancos ni nada importante que robar. El chico que roba es para consumir.”

Marisol Digno, vecina de Villa Corina, partido de Avellaneda, tiene un hijo de 16 años que consumió paco durante dos años. “Estuve seis meses buscando ayuda para internar a mi hijo. En el juzgado nadie me atendía, nadie me daba una respuesta, me tenían de acá para allá”.

Desesperada, comenzó a buscar a otras madres con el mismo problema y llegó a la red. El salir a la calle no fue fácil: “Mi hijo estuvo desaparecido diez días. Yo no sabía dónde estaba, porque él se tuvo que esconder. El ‘transa’, como sabía que yo estaba haciendo cosas contra ellos, lo amenazó de muerte a mi hijo y también a mí. Hicimos una marcha en Villa Corina y recién ese día mi hijo apareció y estuvo a la cabeza de la marcha”.

Con la movilización lograron que le hicieran una evaluación en el Hospital Evita de Lanús y que lo internaran en una clínica. El día previo a la marcha, la comisaría 7º de Avellaneda le aceptó recién la denuncia que quería hacer contra los que venden la droga en el barrio y por la desaparición de su hijo. “Les dije: no se me perdió un perrito, es mi hijo, hagan algo, pero no me habían dado bolilla”.