que venga el día

«...Y sentao junto al jogón / a esperar que venga el día / al cimarrón se prendía / hasta ponerse rechoncho / mientras su china dormía / tapadita con su poncho»

11/9/11

HABLEMOS DE CORRUPCIÓN






José Massoni fue el primer presidente de la Oficina Anticorrupción, entre 1999 y 2002, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa y el interinato de Duhalde.

Con el aséptico título de Estado de la corrupción en la Argentina y en el mundo, 1990-2011, Massoni acaba de publicar un libro que presentará mañana a las 18.30, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. El ex juez y camarista analiza la “corrupción sistémica” que se instaló con el golpe criminal del 24 de marzo de 1976, que “pegó en las bases estructurales de un estado nación independiente”, liquidó la industria que estaba a punto de despegar hacia el desarrollo y la sustituyó por la importación y el negocio financiero, desarticuló el sistema tecnológico, redujo a la mitad la participación del salario en el Producto Interno Bruto y endeudó a la sociedad. El primer gobierno electo después de la dictadura terminó antes de tiempo por “un golpe de mercado producido por los principales grupos económicos” en una “utilización del poder económico de manera corrupta determinando políticas públicas a favor de sus intereses y contra los del país”. A partir de 1989 Carlos Menem fue “el estandarte de un fenómeno político y social nunca sucedido en la historia argentina: que tomara el poder total el capital dominante en el país y en los centros de poder internacional”. Comenzó así el más acelerado proceso de remate del capital social acumulado por generaciones de argentinos en las empresas públicas, “una perversión total, un saqueo de los bienes de los argentinos, una operación de corrupción monumental, de dimensiones inimaginables”.

Cada privatización podía “disputar el liderazgo en una competencia de aspectos profundamente corrompidos, que involucraban millones y millones de dólares”. La Alianza se impuso en 1999 agitando la bandera de la lucha contra la corrupción, sin percibir que ésa era la explicación pergeñada por el Consenso de Washington para atribuir a la corrupción del gobierno “los desastres producidos por la política económica”. Massoni sabe de qué habla.

Cuanto más eficaz fuera la Oficina Anticorrupción que él encabezaba, más funcional resultaría “a esa línea que bajaba desde el imperio”, dice. La Alianza asumió “en condiciones estructurales de un país empobrecido hasta el vaciamiento”, con un elevado déficit fiscal y una deuda externa con vencimientos anuales agobiantes. Esas “cuestiones cruciales eran sepultadas hasta el punto de la inexistencia pública por las noticias vinculadas a la corrupción local”. Con lo que el ex fiscal llama “ineficacia suicida”, aquel gobierno ni pensó en “cambiar la situación de manera drástica, con consciente participación popular”. En cambio, sólo atendió “las urgencias coyunturales dentro del mismo esquema de dependencia a los organismos financieros internacionales” y de ese modo “con rapidez meteórica dilapidó su capital político”.

Massoni anota que “no entran en la lista de los actos transparentes y honestos quitarles de un plumazo a los asalariados, mediante un úcase dictado entre gallos y medianoche, dos tercios de sus ingresos en beneficio directo de los empleadores; ni licuar los ahorros de los pequeños y medianos ahorristas en beneficio de los grandes bancos nacionales y extranjeros”. Estos fueron “monumentales actos de corrupción masiva perpetrada desde el poder y, por ende, absolutamente impune”. Terminada la política de privatizaciones neoliberal “dejó de existir la insuperable fuente de corrupción que ella constituía por sí misma”.

Cambio de clima

Massoni no elude el análisis de la corrupción bajo los gobiernos de Kirchner y CFK. Por el contrario, realiza un prolijo inventario de todos los casos denunciados y con el rigor de un instructor judicial demuestra su inconsistencia o circunscribe su gravedad, sin justificar nunca actos ilegales pero teniendo en cuenta el contexto y la intencionalidad de cada acusación. Ambos presidentes impulsaron “una activa participación del Estado en la economía, tanto para fortalecerlo como para ordenar beneficios a determinados sectores productivos, frenar otros, dictar medidas para incrementar la recaudación fiscal, aumentar drásticamente la obra pública, incrementar las reservas del Banco Central, intervenir en el mercado financiero para manejar el precio el dólar, redistribuir la renta, otorgar subsidios a servicios populares, reestatizar el sistema jubilatorio, otorgar subsidios a desocupados y a los menores carecientes, y entre muchas medidas más, renegociar los contratos con las empresas de servicios privatizadas y extranjerizadas, como también la deuda externa”. Para el autor, “la madre de todas las corrupciones” fue “la política de desguace del Estado y su venta a cualquier postor” y considera que “las privatizaciones de los 90 por sí solas eran una multiplicación exponencial de todas las maniobras sucias necesarias y convergentes para las tramitaciones de cada una”. Agrega que “en magnitud seguirán siendo inalcanzables por años de sumar todos los actos de corrupción que se sucedan en la gestión de recursos por una economía reestatizada”. En el presente, “la casi totalidad de los medios audiovisuales y gráficos” muestran una atmósfera en la que “campea una corrupción inigualada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional (casi no mencionan a los otros poderes de la República)”. Todos esos medios “están embarcados en una postura opositora frontal a la presidente, que en algún momento favorable a la oposición, llegó a tener características explícitas de destituyente”, y “no mostraron un ápice de crítica por los fenómenos inigualablemente peores de los noventa, cuando en rigor integraban el grupo que había tomado el poder. Por ese motivo, más allá de la verdad total o parcial que contengan las denuncias, sin duda generan la sospecha de que están sesgadas en un sentido destructivo de la imagen política de los denunciados”.

Durante su gestión, la OA presentó un millar de denuncias y ninguna fue rechazada por falta de elementos probatorios. Los casos eran tantos que se decidió seleccionar aquellos en los cuales el perjuicio superara el millón de dólares, cosa que hoy sería imposible ya que el “clima de corrupción absoluta” de la década del noventa “no es el que impera en la actualidad”.

Massoni señala varias diferencias cualitativas. “Lo primero que hizo Menem fue armarse una Corte Suprema de obsecuentes que lo cubrieron en cuanto perpetró, mientras que Kirchner hizo todo lo contrario”, dice. Entonces, las investigaciones recién pudieron comenzar una vez concluido el gobierno responsable, “con muchas causas prescriptas y los ex funcionarios enriquecidos sin retorno”. Ahora, en cambio, la primera investigación (el caso Skanska) comenzó al tercer año del gobierno de Kirchner “y por denuncia de la AFIP. Hubo dos jueces que avanzaron con la investigación y a los funcionarios se les pidió la renuncia”.

El ex titular de la OA considera que la regla que adoptó Kirchner y siguió Cristina, “de que un funcionario procesado no puede mantenerse en funciones, es un aporte a la transparencia valioso contra la impunidad”. En síntesis, “que a pesar del constante machacar de los medios”, dice, “objetivamente no parece el actual un gobierno que nade en un charco de corrupción (aunque, como ya dijimos, seguro que la hay). Está muy lejos de la situación imperante en los noventa”.

El pecado capital

Massoni destaca que Kirchner y Cristina han tomado decisiones “contrarias a las que hubiera adoptado el núcleo duro de la oligarquía argentina y los grandes capitales nacionales, y en especial las grandes corporaciones internacionales. No es que los hayan perjudicado seriamente, pero han retomado el paradigma de un Estado presente, activo en la economía y en políticas populares, y han marcado algunos límites, cuando ellos no quieren ninguno”.

Menciona dos cables de Wikileaks en los que dos sucesivos embajadores de los Estados Unidos admiten “razones políticas para las decisiones del gobierno argentino, mostrando sin tapujos cuál es la molestia principal que padece la línea de acción de los intereses” que representan. El pecado capital que Estados Unidos reprocha al ministro Julio De Vido es el de “promover un mayor papel del Estado en la economía”, aunque respecto de las denuncias en su contra el embajador Lino Gutiérrez aclara que “nunca le probaron nada”.

Los casos de corrupción que existen “han sido suficientes para que se lanzaran todos los medios de desinformación y formación de opinión a convencer a la población de que se encuentra en el reino de la corrupción pública y en peligro de vida constante por la inseguridad. Como obviamente, casos de corrupción existen (vemos que por sistema no sería posible que no existieran) y también suceden robos y crímenes como en cualquier sociedad –en rigor mucho menos que en la gran mayoría– el cuadro que resulta –a contramano del crecimiento económico, del empleo, del comercio, del turismo, de la industria, la producción agrícola ganadera, el descenso de la desocupación, la pobreza y la indigencia– es inquietante, entre deprimente y exasperante, llevando a su clímax la desesperación y el miedo”.



Allá ellos

Este libro contiene casi todas las explicaciones que los partidos y los medios de oposición necesitarían para entender los resultados electorales de agosto. Su encolumnamiento detrás de un psicópata, cuyas incongruencias saltan a primera vista, indica que no los han comprendido y que marchan hacia un nuevo baño de realidad en octubre. A eso me referí cuando dije que vienen por más y que lo van a encontrar, en una columna que un par de tres tontos interpretaron como una amenaza. Allá ellos.



No hay comentarios:

Publicar un comentario