En un acto público en la Legislatura de Río Negro, el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, pateó el tablero y aseguró que se avanzará en la recuperación de “tierras públicas que se entregaron al capital extranjero y a los amigos del poder”.
El funcionario –que heredó la presidencia luego del fallecimiento de Carlos Soria – le apuntó además a la responsabilidad en la extranjerización del gobierno del radical Miguel Saiz, al decir que las cesiones fueron “un emblema de la corrupción”, y que se rifaron “las tierras más valiosas, más ricas y más sanas que tiene la provincia”.
Las declaraciones, que imponen un enorme desafío a la actual conducción, son el primer esbozo público de un plan de la provincia para revisar, caso por caso, todas las cesiones de tierras a capitales foráneos que se hicieron con anuencia política desde el menemismo hasta la actualidad.
Según confirmaron a Tiempo Argentino fuentes oficiales, la idea es partir de un caso testigo y más que polémico de entrega de casi 25 mil hectáreas en la meseta de Somuncurá, un área natural protegida ubicada en el centro sur de Río Negro y el centro norte de Chubut.
En el año 2006, el Estado entregó estas tierras fiscales al señor Horacio Montes, pero la operación empezó a levantar sospechas. Diez días antes de la adjudicación, el comprador armó una SA con Nicolás van Ditmar, la mano derecha del magnate inglés Joe Lewis, quien en los ’90 y hasta hoy es amo y señor de Lago Escondido, un patrimonio natural que fue privatizado y al que los argentinos siguen sin tener acceso.
La sociedad anónima formada –El Tomillar SA– pagó tan sólo $ 9,18 la hectárea y logró un interesante plan de pago de diez cuotas por año. Eso no es todo: a Montes se le entregaron tres terrenos, uno de 11 mil hectáreas, otro de 7.000 y otro de 5.000. Esta cesión constituye un delito previsto por la Ley 279 de Tierras de Río Negro, que sólo habilita a vender un predio por persona.
En Río Negro confían en que se puede revertir el contrato, porque hasta el momento sólo se pagó un 50% del valor total de las propiedades, lo que da lugar a la intervención y el análisis.
“Vamos a estudiar todos los casos, hay algunos con mayor certeza para pedir la nulidad. Hay un plan de estudio del tema más allá de la ley nacional”, explicó a Tiempo Luis Bardeggia, actual interventor del Instituto de la Vivienda y uno de los diputados que más investigó como diputado el avance de la entrega de tierras a extranjeros. El funcionario aclaró que el tema es grave, porque más del 20% de la superficie rural en las zonas de Bariloche y El Bolsón está en manos de extranjeros, es decir, más de lo que permite la ley nacional.
Paralelamente, la iniciativa tendrá un correlato legislativo. “En la sesión del jueves vamos a tratar la creación de una Comisión de Seguimiento de las Transacciones y un registro de tierras”, adelantó Silvia Horne, diputada del Movimiento Evita, y agregó que “es un primer paso para el blanqueo de los negociados”. Es que, además, la justicia debe avanzar en las denuncias penales a funcionarios del gobierno de Saiz, acusados de ser socios en los casos de extranjerización.
“Nunca olvidemos que los funcionarios no somos los dueños del patrimonio del Estado; el pueblo es el dueño del patrimonio provincial, nosotros somos circunstanciales pasajeros en la administración de los recursos públicos”, recordó Weretilneck, quien deberá demostrar compromiso con la causa.
Debe revertir ante la opinión pública la imagen muy cuestionada de su antecesor Carlos Soria, recibiendo en una de sus primeras reuniones, nada menos que a Van Ditmar, socio de Lewis.
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