Fue en la noche del jueves pasado. La sala del teatro Broadway estaba llena. Y una voz aguda bramaba a través de por parlantes:
–¡En la lucha contra la inseguridad no tenemos ninguna competencia!
Un coro de aullidos y aplausos festejó las palabras del candidato. Éste prosiguió:
–La inseguridad la arreglamos rápidamente. En un año podemos bajarla en un 70 por ciento.
Otra salva de aplausos remató la frase. Pero la misma encerraba una pequeña paradoja: había sido pronunciada nada menos que desde una cárcel.
Había que ver a Luis Abelardo Patti –procesado por siete casos de secuestro, tortura y homicidio– con la mirada perdida en un punto indefinido y sin escatimar gesticulaciones, arengando a una multitud imaginaria desde un teléfono público del penal de Marcos Paz. Pero esa imagen absurda contenía una suerte de originalidad: el ex subcomisario es el único candidato que por estos días retoma semejante eje de campaña.
En cambio, Francisco de Narváez –que edificó su imagen pública en base a tal reclamo, incluso con instrumentos de valía como su ya famoso mapa de la inseguridad– tiene ahora otras preocupaciones más urgentes: el escándalo judicial por su presunto vínculo con el Rey de la Efedrina, las impugnaciones de cuatro colegas de lista, sus desavenencias con el ex gobernador Felipe Solá, manifestaciones de militantes despechados en su bunker de Las Cañitas y hasta la aparición de un candidato casi homónimo –el tal Fernando Narváez– que, según el líder de Unión-Pro, puede llegar a confundir a sus posibles votantes.
Su aliada porteña, Gabriela Michetti, padece –aunque en menor escala– una situación similar: su demanda proselitista por obtener recursos nacionales para que su jefe político, Mauricio Macri, pueda financiar a la Policía Metropolitana –un sueño conexo a la problemática de la inseguridad– se vio relegado debido a denuncias contra ella por “usufructuar recursos del Estado” para alimentar su campaña.
Sin embargo, más allá de estos dos ejemplos específicos, lo cierto es que en las últimas semanas el tema de la violencia callejera parece haber desaparecido de la agenda política. Ello no deja de ser curioso, puesto que poco antes tal cuestión desvelaba por igual a legisladores, funcionarios, dirigentes y candidatos. Ahora, por caso, ya nadie habla de bajar la imputabilidad de los menores, ni de otras estrategias efectistas para conjurar el flagelo de la delincuencia. Por el contrario, la polémica sobre las llamadas candidaturas testimoniales, la descalificación opositora de éstas y su intrincado correlato judicial terminaron por monopolizar gran parte del espacio discursivo previo al 28 de junio, sin desmerecer –claro– la puja ideológica que se dirime por televisión en Gran Cuñado.
Los medios, a su vez, no son ajenos a esta tendencia. Al respecto, la psicosis ante la indefención pública tuvo su punto culminante el 17 de abril, en oportunidad de un hecho sobre el que correrían ríos de tinta: el crimen de Daniel Capristo en manos de un menor. Ya se sabe que la reacción de los vecinos ante lo sucedido consistió en el linchamiento inconcluso de un fiscal. Pero esa situación extrema –asimilada con una apasionada naturalidad por los movileros presentes– marcó el retiro temporal de la inseguridad en la agenda periodística. Al igual que el año pasado, durante los meses del lock out agrario, cuando la casi nula profusión de informaciones policiales hizo parecer a la sociedad argentina tan apacible como la de Atenas durante la era de Pericles.
El martes pasado, el asesinato de un policía bonaerense en manos de pistoleros que asaltaban una casa en La Matanza no mereció la repercusión que tuvieron los otros seis crímenes de uniformados ocurridos en lo que va del año. Tampoco obtuvo la debida atención otro virulento episodio, esta vez sucedido en la localidad de Adrogué, cuando dos sujetos que huían en un vehículo robado fueron abatidos por la policía en el transcurso de un tiroteo, tras atropellar un servidor del orden. La cuestión es que uno de los asaltantes era nada menos que un convicto que justo gozaba de una salida temporaria. En otra coyuntura, aquel simple detalle hubiese causado debates barriales, televisivos y parlamentarios, con el probable tratamiento de algún proyecto de ley para limitar o suprimir la aplicación de tal beneficio.
Casi en paralelo, el imperio de la cambiante realidad opacó los tensos momentos vividos durante un atraco en la pizzería La Farola, de Belgrano, con un saldo de otro malviviente acribillado por la metralla policial. El hecho habría incomodado tanto a sus víctimas que uno de ellos, el afamado modisto Robero Piazza, incurrió en el siguiente exabrupto: “Ese chorro bien muerto está; lástima que no hayan matado a los otros cuatro”. Esas impactantes palabras, lejos de reverdecer el debate sobre la pena de muerte –así como en su momento lo hizo una frase similar salida de la boca de Susana Giménez– fueron sólo reproducidas sin pena ni gloria en algunos programas vespertinos de chimentos.
Tanto es así que, en estas circunstancias, Patti es el único garante de la seguridad, siempre y cuando, desde luego, continúe en su actual lugar de residencia.
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