que venga el día

«...Y sentao junto al jogón / a esperar que venga el día / al cimarrón se prendía / hasta ponerse rechoncho / mientras su china dormía / tapadita con su poncho»

6/9/14

LA NUEVA CLASE MEDIA





La estructura social en el país ha registrado una interesante transformación en los últimos diez años. Detectar ese cambio facilita la comprensión de algunos acontecimientos económicos y políticos que quedan envueltos en deliberadas confusiones. La más usual es que el mercado laboral y la situación social se encuentran igual que en los ’90. Algunos más exaltados dicen peor. Ese relato ficcional tiene un objetivo político electoral de corto plazo, y otro más estructural de intentar desacreditar los avances en el bienestar de la población de lo que denominan despectivamente políticas populistas.

Esos análisis están alejados de abordajes cualitativos y cuantitativos y están motivados por la revancha ortodoxa que están palpitando. La actual fase recesiva del ciclo económico con dificultades en el frente externo por la escasez de divisas la utilizan como prueba de que nada ha cambiado y que el desenlace será el mismo que en el período de acumulación regido por la valorización financiera. Sin embargo, es otro el régimen de generación de riqueza ahora basado en la economía real, el nivel de ocupación y la estructura social, lo que limita aunque no anula la capacidad de daño de quienes aspiran a la restauración conservadora. Un factor poco mencionado que actuará como barrera a ese deseo es la irrupción de una nueva clase media a partir de la intensidad del proceso de asalarización de la población económicamente activa desde 2003. La resistencia de ese sector fue quebrada en su momento con la represión a sangre y fuego en la dictadura militar, y luego también con la hiperinflación de 1989 que actuó como disciplinador social. Ninguna de esas dos posibilidades es probable, más allá del desvarío del titular de la UIA, Héctor Méndez, y de los promotores del miedo disfrazados de economistas.





Décadas de políticas económicas neoliberales tuvieron como saldo una sociedad fragmentada, con profundas asimetrías y extrema polarización de los ingresos. La mitad de la población en condiciones de incorporarse en forma activa al mercado laboral estaba en serios problemas por la desocupación y por salarios desarticulados de la protección social, con crecientes subsidios por desempleo. En 2003, en relación con la Población Económicamente Activa (PEA), los asalariados constituían dos tercios de los ocupados, de los cuales los registrados en la seguridad social constituían apenas 37,4 por ciento de los ocupados, una muy baja proporción del empleo total. Los perceptores de subsidios ascendían a 6,8 por ciento de la PEA ocupada en el tercer trimestre de 2003.

En los últimos diez años, la situación laboral muestra un crecimiento notable de los asalariados, cuya participación en la PEA supera los registros históricos más elevados. Aumentó en 9 puntos porcentuales al pasar de 66,4 a 75,5 por ciento, lo que representa en términos absolutos la incorporación de unos 3,4 millones de trabajadores asalariados a la población ocupada urbana. En perspectiva histórica, esa proporción de asalariados es superior a la registrada a mediados de la década del ’70, cuando en un proceso de crecimiento económico impulsado por la industria los asalariados habían llegado a constituir el 74 por ciento de la PEA ocupada.

La asalarización de las ocupaciones es homogénea, ya que está articulada con la protección social, mientras que los trabajadores precarizados, cuyos ingresos no están registrados en el sistema de jubilaciones, pierden peso relativo. La disminución absoluta y relativa de los desocupados y de la población que percibe subsidios por desempleo permitió la recomposición de la estructura ocupacional. La proporción de perceptores de subsidios es inferior al 1 por ciento de la PEA. No pocos analistas y políticos siguen confundiendo la Asignación Universal por Hijo como un subsidio por desempleo, pese a que desde 2009 esa ampliación de derechos sociales desplazó a la iniciativa que atendía a la población con problemas laborales.

Estas cifras y las siguientes surgen de la Encuesta Permanente de Hogares y están incluidas en el documento El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social de la Argentina: 2003-2011. Sus autores, Héctor Palomino y Pablo Dalle, se preguntan cómo interpretar el proceso de asalarización en la estructura social y qué carácter social tuvo ese proceso. Para buscar respuestas definen que el grupo ocupacional que más creció en ese período fue el de obreros calificados de la industria y de servicios básicos asociados, que incluyen las actividades vinculadas con la industria manufacturera, la construcción, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, gas y agua. Este grupo ocupacional, el más numeroso entre los asalariados, se expandió 65 por ciento, lo que equivale a un millón de nuevos trabajadores en ese período pasando de 1,6 a 2,6 millones, lo que representa un tercio del incremento total de asalariados. Tres grupos ocupacionales (obreros calificados de la industria y servicios básicos, empleados administrativos y profesionales) cubren más de la mitad de esa expansión asalariada. “Esta evolución permite afirmar que desde 2003 el crecimiento económico impulsó la expansión del empleo vinculado tanto con el núcleo de la clase obrera como de los cuadros administrativos y los profesionales en relación de dependencia, estos últimos tradicionalmente asociados con las clases medias”, destacan Palomino y Dalle.

Precisada la magnitud de esta transformación, los investigadores interpretan la evolución de esos grupos ocupaciones como el crecimiento de las “nuevas clases medias” formadas por directivos, profesionales y empleados de la administración. Señalan que el epicentro de ese cambio en la estructura ocupacional y social fue el aumento de los estratos asalariados de clase media y la clase obrera calificada.

En el documento se menciona que las clases medias ampliaron sus fronteras en la estratificación social, puesto que los grupos ocupacionales que integran esta heterogénea clase social pasaron de 43,0 a 46,4 por ciento. “Un hecho destacable es que dicha expansión se debió fundamentalmente al crecimiento del estrato inferior que se incrementó 3,2 puntos porcentuales”, explican Palomino y Dalle. Los grupos ocupacionales que más crecieron en este estrato fueron los empleados administrativos y los técnicos, docentes y trabajadores calificados de la salud. También lo hizo parte de la pequeña burguesía compuesta por dueños de comercios, locales de servicios o talleres con local establecido y algunos pocos empleados. Este grupo pasó del 2,7 por ciento en 2003 al 3,3 por ciento en 2011. En cambio, los trabajadores por cuenta propia (con un local, auto o maquinaria) disminuyeron su peso relativo del 11,0 al 9,6 por ciento. La clase media superior se mantuvo casi en el mismo nivel relativo, sin embargo, uno de los grupos que la componen, los profesionales asalariados, incrementó su peso relativo en el total de la población del 4,1 al 5,0 por ciento. Las clases populares disminuyeron su participación relativa del 56,1 al 52,8 por ciento.

Palomino y Dalle indican que en los últimos años en la Argentina ha habido dos tipos de movilidad social: individual y colectiva, y ambos estuvieron asociados. Mencionan que los flujos de movilidad individual de trabajadores desde el sector informal hacia ocupaciones registradas constituyeron una base fértil sobre la cual se desarrolló un proceso intenso de movilización y mejoras colectivas obtenidas por la clase obrera calificada y un sector de la clase media asalariada. “El efecto combinado del crecimiento del empleo asalariado y del cambio de composición hacia un incremento de la participación de trabajadores registrados ha impulsado un fortalecimiento del sistema de relaciones laborales”, afirman, para detallar que su núcleo es la relación salarial que vincula a los trabajadores con un sistema de garantías como el de jubilaciones y pensiones, la protección de la salud para el grupo familiar a través de las obras sociales, y negociación colectiva de los salarios y las condiciones de trabajo. “En este sentido, el flujo de movilidad ascendente desde un estrato precario de la clase trabajadora a otro integrado formalmente implicó un proceso de recolectivización, que se reflejó en el fortalecimiento de los sindicatos tanto en su densidad como en su capacidad para negociar los salarios”, concluyen.

Esta nueva estructura social permite incorporar una dimensión adicional a los análisis tradicionales de diferentes acontecimientos económicos, como el insistente pedido de las centrales sindicales por el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia, como también demanda la necesidad de tener un discurso político renovado hacia ese dinámico sujeto social. La estratificación de clases surgida del actual proceso económico y social que alteró la estructura productiva y ocupacional, y por políticas públicas de redistribución de ingresos y ampliación de derechos (inclusión previsional y asignación universal), derivaron en transformaciones en el volumen y composición de las clases sociales. En ese contexto, las “nuevas clases medias” tienen demandas de segunda generación con capacidad para resistir la revancha ortodoxa que les promete bonanzas sin decirles que esa ilusión las terminará hundiendo a la situación de deterioro de los ’90.








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