En los últimos años, la Argentina asistió a un período de alto crecimiento económico y mejoras sociales. Esa recuperación se produjo después de la peor crisis de la historia del país, acaecida en 2001. A partir de las políticas aplicadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner, comenzaron a ponerse en cuestión los supuestos sobre los que asentaba el modelo neoliberal y su correspondiente correlato en la inserción internacional de la Argentina.
En particular, la constitución de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), de la cual fue primer secretario general Néstor Kirchner, marcó un camino para la consolidación de los intereses de los países que la conforman como un bloque común frente a los grandes poderes mundiales y los procesos de desestabilización en la región, como en el caso de Ecuador.
Se ha debatido si el período que nace en 2003 constituye o no el inicio de un nuevo modelo de desarrollo. Sin duda, los cambios ocurridos actuaron sobre uno de los ejes principales del esquema impuesto en los años ’70 y fortalecido en los ’90. A pesar de que la deuda externa siguió siendo elevada, las políticas aplicadas fueron desarticulando la valorización financiera como motor de la economía.
En primer lugar, el crecimiento estuvo basado esencialmente en el ahorro interno, que alcanzó cerca de un 27 por ciento del Producto en 2007.
Segundo, el sector industrial pasó a ser un factor principal para explicar las altas tasas de crecimiento, cerca del 9 por ciento anual del PIB.
Tercero, los términos de intercambio fueron favorables, aunque el perfil del comercio exterior continuó siendo primario-exportador, pero con un creciente componente industrial.
Cuarto, las balanzas comerciales positivas permitieron acumular reservas, y las retenciones y la mejora en la recaudación interna generaron superávit gemelos.
Quinto, la política de desendeudamiento con el canje de la mayor parte de la deuda y el pago de los compromisos asumidos con el FMI desalentaron la especulación financiera.
Sexto, el mercado de cambios se liberó, pero la flotación administrada del Banco Central actuó de forma de controlar el tipo de cambio, manteniéndolo competitivo.
Al mismo tiempo, el gasto público se elevó notablemente, tanto por mayores desembolsos en la inversión pública como por los postergados aumentos salariales y de haberes de los jubilados, a lo que se debe sumar la ampliación en el universo de beneficiarios como consecuencia del Plan de Inclusión Previsional y luego, durante la presidencia de Cristina Fernández, de la Asignación Universal por Hijo y de la nacionalización de las AFJP, volviendo esos cuantiosos fondos, cuyos efectos negativos fueron notorios desde el punto de vista fiscal y de manejo empresario, a manos del Estado.
La imposición de retenciones a la exportación no sólo permitió incrementar sustancialmente los recursos tributarios, morigerando parte de las ganancias extraordinarias del sector agroexportador. También frenó un aumento en los precios internos de los alimentos exportables y procuró detener el avance de la sojización, que atenta contra la calidad de la tierra, la producción de otros bienes necesarios y el medio ambiente. Se puso así a disposición del Estado recursos que sirven como recaudo anticíclico y del pago de la deuda, para aumentar gastos sociales y de infraestructura, otorgar subsidios a servicios públicos o estimular actividades productivas.
En cambio, no se realizó una reforma tributaria que contemplara una reducción de los impuestos al consumo, aumentara la progresividad de los gravámenes sobre las ganancias, y creara algún tipo de tributo a las rentas financieras, y se le criticó al gobierno el manejo de las estadísticas oficiales, especialmente de precios, que subestiman, según ciertos sectores, los índices de inflación. En cuanto a la situación social, los niveles de pobreza descendieron de 44,3 por ciento en 2004 al 12 por ciento en el primer semestre de 2010, y en el mismo período 2004–2010 la tasa de desempleo abierto, que era del 14,4 por ciento, cayó a un dígito, 7,9 por ciento.
En síntesis, el gobierno de Néstor Kirchner representó la recuperación del país después de una crisis casi terminal y el inicio de políticas de Estado, basadas en una nueva cultura de defensa de los intereses nacionales continuada luego por Cristina Fernández
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