Hace más de 25 años, la historiadora norteamericana Barbara Tuchman escribió acerca de la locura en la historia, o cómo determinados actores políticos tomaron decisiones catastróficas aún cuando existían otras alternativas más favorables a sus intereses. Esa locura, hecha de ceguera y obsesión, es la que por ejemplo empujó a los Estados Unidos a la guerra de Vietnam.
Sin el dramatismo de la guerra, observamos en nuestro escenario político actual que la compulsión al error, lejos de análisis o reflexión, abarca las opciones del arco opositor. Quizás adoptar una lógica que obra en contra de sus propios intereses, aunque les impide pensar el mediano plazo, satisface sus repulsiones inmediatas hacia el proyecto nacional, su conducción y sus actos de gobierno. Así es como presentan a la sociedad una alternativa basada sólo en la destrucción de lo realizado; adoptan frente a cada situación la alternativa que más desgaste o desestabilice al Gobierno, aunque vaya en contra de los intereses de los argentinos, y quizá de la vocación de poder de los propios opositores. Veamos algunos ejemplos.
La Resolución 125. La primera reacción violenta del establishment en contra de la política económica del Gobierno fue el conflicto que comenzó en marzo de 2008 sobre las retenciones a las exportaciones agrarias. Allí se enfrentó el bloque de empresarios agrarios contra el Gobierno. Era una disputa por la apropiación de 3.000 millones de dólares. Es lógico que los rentistas y productores grandes y medianos pelearan por esa renta; pero la mayoría de los activistas que cortaban rutas eran pequeños productores. Pues bien: en la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen con un sistema de compensaciones y reintegros que aumentaba la rentabilidad de los productores más chicos (por ejemplo, establecía retenciones segmentadas y subvenciones por la distancia a los puertos). El rechazo del arco opositor y de la Mesa de Enlace a esta solución favoreció a los rentistas y productores medianos y grandes, y dañó a los pequeños. Sin embargo, los perjudicados recibieron con alegría esta decisión y continuaron trabajando como barrabravas de la Mesa de Enlace. Perdieron así las ventajas que les otorgaba la Resolución 125 tal como se aprobó en la Cámara de Diputados. Su encono en contra del Gobierno les impidió pensar.
El uso de reservas internacionales. El tema del pago de deuda externa con reservas convulsionó al país en los primeros meses de 2010: nos quedaríamos sin reservas, el país quebraría, se dilapidaría el patrimonio nacional. Había que impedirlo a toda costa; para eso se movilizó el aparato mediático, salió con escándalo el presidente del Banco Central, gritaron los gurúes, el arco opositor llamó a la defensa de la Patria.
Sin embargo, el problema era mucho más simple. Las reservas son de uso normal: pagar importaciones, servicios de turismo, dividendos de la inversión extranjera, mantener el sistema cambiario de “flotación administrada”. No existe ningún problema para el uso de reservas. La razón del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado sólo era autorizar al Banco Central a recibir a cambio de las reservas a utilizar, una letra emitida por el Tesoro Nacional en lugar de pesos.
Vista la legalidad de esa operación, quedaban tres posibilidades para cubrir la deuda que vence en 2010: pagar con más endeudamiento, con aportes presupuestarios o utilizar reservas.
El endeudamiento en el mercado de capitales requería el pago de intereses usurarios cercanos al 14% anual. El pago con aportes presupuestarios suponía lograr un superávit fiscal primario del orden de 5 puntos del producto interno bruto; hubiera requerido un ajuste fiscal salvaje que desencadenaría una recesión que disminuiría los recursos fiscales.
En definitiva, el Gobierno optó por pagar con el uso de reservas. Existen las necesarias como para administrar el tipo de cambio y prevenir eventuales shocks externos. Esas reservas reditúan una tasa de interés muy baja. Es lógico entonces utilizarlas para cubrir los vencimientos de deuda. Nadie recurriría a un usurero ni hambrearía a sus hijos si tiene dinero de sobra en su casa.
En este caso, el arco opositor, integrado además de los políticos por destacados miembros del establishment económico, no vaciló en oponerse al pago con reservas, aunque se deterioraran las condiciones económicas del país. No le importaba si a poco andar subía la tasa de interés o se instalaba una recesión, aunque lo afectara como empresario y hasta pudiera arruinarlo. Lo que importaba en lo inmediato era deteriorar al Gobierno. Otra vez era el prejuicio que les impedía pensar, de acuerdo con la definición de Horacio González.
El pago del 82% en las jubilaciones. El tema actual de discusión es el aumento de las jubilaciones hasta el 82% de lo que cobran los trabajadores en actividad. Se han presentado varios proyectos de los que resultan costos anuales de 22.000 millones de pesos si se otorga ese aumento sólo a quienes tienen la jubilación mínima; y 140.000 millones si se amplía a todos los jubilados. Es probable que por el principio de igualdad ante la ley, aunque se sancionara el proyecto de mínima, se extiendan los beneficios a todos los jubilados.
La característica de estos proyectos es que les falta el cálculo del costo fiscal y no determinan la fuente de financiamiento. Violan así la ley 24.156 de Administración Financiera y el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Tampoco se consideran las estimaciones actuariales de la evolución del sistema previsional, que cada vez tiene menos trabajadores activos para financiar a los jubilados. Carece de prospectiva para asegurar la sostenibilidad del sistema, en el presente y en el futuro.
Si se sancionara la ley, los importantes montos en juego y la falta de financiamiento llevarían a un ajuste fiscal que haría imposibles los aumentos que se otorgan en el papel. Ya ocurrió: el presidente Alfonsín, entre otras medidas, decretó la emergencia previsional y paralizó los juicios contra las Cajas Nacionales de Previsión. En 2001, el presidente de la Rúa les quitó el 13% a los jubilados, aun cuando no se pagaba el 82%.
En cambio, la política de aumentos paulatinos y constantes que practica el Gobierno ha subido la jubilación mínima de 150 pesos en 2003 a 1.090 en 2010. Se otorgan incrementos viables y permanentes, fijados por ley, que se relacionan con los salarios de los trabajadores en actividad y la recaudación fiscal, que son las fuentes de financiamiento de la seguridad social. Refiriéndose a insensateces análogas, se ha dicho: “Se prefirió perseguir lo impracticable, a riesgo de perder lo posible. Es una de las necedades gubernamentales más conocidas” (Barbara Tuchman, La marche folle de l’histoire, París, 1985).
Lo que ocurre es que, otra vez, el objetivo no es mejorar la situación de los jubilados, sino desgastar al Gobierno, sea provocando una crisis fiscal si se concede el aumento; o presentándolo ante la opinión pública como sádico, en una operación mediática. Se reitera la conducta: la ofuscación impide pensar.
Desfinanciamiento y más gastos. El arco opositor se ha propuesto desfinanciar al gobierno. De tal modo creen, en un cálculo de mínima, que pueden frustrar las obras públicas y las nuevas conquistas sociales, lo cual disminuiría las posibilidades electorales del oficialismo; y en una esperanza de máxima, que se desencadenaría una crisis financiera de tal magnitud que voltearía al Gobierno. Para eso, por una parte le quitan ingresos al Estado nacional y por el otro le imponen pesadas obligaciones financieras.
Algunos de los recursos que se le quitarían al Gobierno Nacional son: primero, la autorización para retener el 15% de los impuestos coparticipables; según los proyectos presentados, tiene un costo fiscal que oscila según sus distintas modalidades, entre 78.790 millones de pesos y 20.320 millones. Segundo, la coparticipación a las provincias del impuesto al cheque, con un costo fiscal de 9.800 millones de pesos. Tercero, oposición al uso de reservas para pagar deuda externa, lo cual hubiera recargado al presupuesto nacional en 6.569 millones de dólares. Por el otro lado, se le imponen al Gobierno nuevos y pesados gastos. Los que implican el 82% jubilatorio oscilan entre 22.400 millones de pesos a 140.000 millones, según su cobertura.
Frente a esta realidad surgen preguntas obvias: ¿están bloqueados para pensar más allá de lo inmediato? ¿O han renunciado a gobernar y entonces no les importa que se establezcan futuras trabas insalvables? La ecuación de la insensatez no parece seducir a una sociedad argentina que, paso a paso, toma conciencia de la magnitud de los cambios realizados y de las transformaciones en marcha.
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