En un fallo insólito, la Cámara de Casación Penal suspendió el viernes la realización de las pruebas de ADN a Felipe y Marcela Noble Herrera.
La Sala II, presidida por Raúl Madueño y con la anuencia de Luis García y Guillermo Yacobucci, dio pie a un pedido de los abogados de Clarín quienes presentaron un recurso de queja para apelar a la Corte Suprema.
La “queja” se debe a que el lunes, la Cámara Federal de San Martín ordenó al juez Conrado Bergesio no dilatar más el envío al Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN obtenidas en dos procedimientos periciales los días 29 y 30 de diciembre del año pasado.
Los camaristas de Casación se prestaron a un juego perverso: las muestras de sangre y los objetos íntimos de Felipe y Marcela contienen un material genético cuya duración, para que no se deteriore, es de 60 días. Esa fecha de vencimiento, apenas pasada, hacía peligrar la validez del material.
Sin embargo, los abogados de abuelas de Plaza de Mayo habían prestado conformidad para que resultaran válidas. Los genetistas del Banco de Datos estaban por comenzar su trabajo pero, de modo increíble, la familia judicial cerró una vez más las puertas al tratamiento de esta historia que no tiene antecedentes en la democracia argentina.
La impunidad que ha logrado el mayor multimedia argentino para mantener en la clandestinidad la identidad de los hijos adoptados por la directora y principal accionista de Clarín coincide con una fecha trágica para los argentinos.
El miércoles 24 de marzo, muchos recordarán la complicidad que tuvo ese diario con la dictadura sangrienta que tituló “Nuevo Gobierno” el arribo de la dictadura genocida. Cuesta entender que esa empresa periodística no haya tenido fisuras en estos años y sus periodistas, accionistas y directivos no hayan abierto canales para que se sepan los motivos de haber sido el principal soporte mediático de los genocidas Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.
Nadie salió a romper la omertà existente. Ellos deberían ser los primeros interesados en que se sepa la verdad. Nadie quisiera ser tratado en un quirófano donde las condiciones de asepsia sean malas. Nadie quisiera saber que los medios que consume están intoxicados de violación grave a los derechos humanos. Y, según consta en el expediente, hay muchos motivos para sospechar que Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos.
”Una niña abandonada”
Ernestina Herrera de Noble se presentó el 13 de mayo de 1976 ante el Juzgado de Menores N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Ofelia Hejt (hoy fallecida) y declaró que once días antes había encontrado una niña abandonada en la puerta de su casa, dentro de una caja de cartón.
Dijo que cuidó de ella desde entonces y pidió la guarda provisoria y posterior adopción. La señora ofreció dos testigos a favor de su historia, una vecina, Yolanda Echagüe de Aragón, y Roberto García, cuidador de una vivienda lindera. La jueza le otorgó de inmediato la guarda provisional de la niña, a la que llamó Marcela.
Dos meses más tarde, el 7 de julio, ante el mismo juzgado, se presentó una mujer que dijo llamarse Carmen Luisa Delta y ser madre soltera del bebé que llevaba en brazos y que, según ella declaró, había nacido tres meses antes, el 17 de abril. Declaró que no podía mantenerlo y, en consecuencia, le dejaba el niño a la jueza. En el juzgado quedaron consignados un número de documento de identidad y un domicilio. La señora de Noble se presentó ese mismo día, 7 de julio, y pidió la guarda del niño. La jueza se la dio en el momento. Unos días después quedó inscrito como Felipe.
La dirección y el DNI de la supuesta madre de Felipe resultaron falsos. A esa historia se agrega otra, revelada por el periodista y abogado Pablo Llonto en el libro La Noble Ernestina.
Roberto García fue “inducido y obligado a firmar un texto preparado por los abogados para ser presentado en un juzgado civil relatando un hecho falso”. Pero García no sólo mintió sino que era uno de los choferes del diario Clarín.
Lucha interna en la Justicia. Pasaron 34 años de aquellos acontecimientos. Y ocho en los cuales, las Abuelas de Plaza de Mayo no pudieron avanzar en la causa judicial.
Raúl Madueño sucedió al frente de la Cámara de Casación Penal a Raúl Bisordi, quien en los días previos del aniversario del golpe, en 2007, disparó:
“(Néstor) Kirchner es el enemigo número uno mío”. Con una horrorosa construcción sintáctica, dejó salir todo su autoritarismo y su complicidad con los crímenes de la dictadura. Madueño sucedió a Bisordi y no tiene el mismo estilo gritón y desafiante. Sin embargo, tienen el mismo grupo de pertenencia.
Madueño es uno de los fogoneros de los ataques del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, que actúa esponsoreado por el grupo Clarín cada vez que sale a atacar al gobierno.
Los conocedores de tribunales dicen que Madueño tiene, pese a todo, antecedentes más aceptables como jurista que Yacobucci y García, ambos subrogantes en el tribunal. Estos dos jueces dictaron un fallo temerario que, basados en el tiempo pasado sin dictarse condena en primera instancia, decidieron la libertad de buena parte de los genocidas de la ESMA, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Acosta.
Guillermo Yacobucci es un nazi confeso: escribía en la revista Cabildo en 1977, junto a connotados criminales como Ramón Camps o Acdel Vilas. Su vinculación con el Opus Dei es también pública.
El abogado de Clarín que actúa como lobbista ante los magistrados es Jorge Anzorreguy, hermano del ex jefe de los espías Hugo Anzorreguy. Ambos tuvieron un rol destacado en la recomposición de la familia judicial en los años 90.El nombre de Conrado Bergesio al frente del juzgado que atesora la causa de los hijos adoptivos de Noble fue una sugerencia de los abogados de Clarín cuando a fines de 2003 lograron que Roberto Marquevich, que estaba al frente del tribunal, fuera eyectado fuera del Poder Judicial.
Acosado por sus pares después de haber encarcelado a la viuda de Clarín por falsear la identidad de Felipe y Marcela, se retiró a cuarteles de invierno cuando un jury de enjuiciamiento estaba por terminar con su carrera judicial.
Desde entonces, Bergesio hizo los deberes para pasar a la historia como el juez que hizo todo lo posible para que dos familias de desaparecidos –que no se sabe cuáles son– tengan la posibilidad cierta de recuperar a sus nietos.
La frustración. El miércoles los abogados de abuelas se mostraban esperanzado en que se comenzara con el estudio de las muestras genéticas y que en 45 días se dilucidara esta historia tan demorada. Sin embargo, el viernes sintieron toda la impotencia ante la resolución de Casación: “Reclamamos que se rechace el recurso de forma inmediata, dado que las apelaciones presentadas no llevaban la firma de Marcela y Felipe (Noble Herrera) sino de terceros que se presentaron por ellos”.
Además, se refirieron a la impunidad con la que se maneja la defensa de Noble: “El agravante es que uno de los abogados, Jorge Anzorreguy, aparte de presentarse como asistente en esta causa, es abogado defensor de Ernestina Herrera de Noble. Es decir, representa a la imputada y, al mismo tiempo, defiende intereses objetivos distintos. Eso es un delito”.
Los letrados de Abuelas esperan que la Cámara de San Martín desoiga la absurda orden de Casación. De ese modo, el Banco de Datos comenzaría con el análisis de las muestras en un escenario complejo, ya que éstas fueron obtenidas de una manera bastante irregular y el estudio comenzaría después de los 60 días sugeridos como válidos para su conservación intacta.
Si Casación diera marcha atrás o la Cámara de San Martín confirma su decisión, a mediados de mayo, antes de que la Patria celebre sus 200 años, estaría dilucidado un tema que, todavía, tiene a la mayoría de los medios en vilo, pero del cual se cuidan de informar. Los medios de comunicación son depositarios de altísimo grado de credibilidad por parte de la sociedad. Por carácter transitivo, los receptores “les creen” a los periodistas y a los empresarios de esos medios. En cualquier manual de estilo –incluido el de Clarín se establece que la información publicada debe ser verdadera. Pasados 34 años del golpe de Estado, los lobbistas de Clarín siguen convencidos de que la impunidad puede permanecer intacta con esta historia fraudulenta de la identidad de Felipe y Marcela. Ellos ya son grandes, es una pena que no decidan romper el cerco ideológico que los rodea y sigan aceptando ser meros “objetos” de los abogados de la empresa que preside su –autodenominada madre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario