Pocos meses atrás, el investigador de Flacso, Pablo Manzanelli, realizó un preciso análisis sobre parte de la política económica desarrollada por el Gobierno. Según señaló este especialista en estudios de posconvertibilidad, desde el año 2007 la progresividad en la distribución del ingreso comenzó a estancarse, con una participación de alrededor del 40% de la masa salarial en el producto bruto nacional.
“Ese parecería ser el límite distributivo que toleran los grandes grupos en la Argentina”, señaló, añadiendo que desde ese momento “las fracciones dominantes del capital plantearon una devaluación para reeditar el proceso de reducción de salario real de 2002, lo que entró en tensión con la política de ingresos del kirchnerismo”. De acuerdo a Manzanelli, “el Gobierno empezó a enfrentar a los sectores dominantes, y a plantear, en lugar de una devaluación, la reinversión de las utilidades para apuntalar la competitividad, el crecimiento y resolver los problemas de restricción externa”.
Así, es posible observar que durante los últimos años el Gobierno intentó delinear una política económica diferente a la que planteaban estos grupos concentrados –fundamentalmente ligados a la exportación–, y gran parte del arco político, económico y mediático opositor. Por eso, si bien se buscó evitar el dogma de la convertibilidad, las subas en el precio del dólar fueron mínimas, y crecieron siempre por debajo de los aumentos salariales, lo que permitió sostener, cuando no incrementar, el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
No sólo los estudios de Manzanelli exhiben la decisión previa del Gobierno por evitar una fuerte devaluación. Cuando se intensificaron las presiones, las propias declaraciones del Gobierno reafirmaron este rumbo. El 6 de mayo del año pasado, la presidenta Cristina Kirchner señaló que “los que quieran ganar plata con la devaluación esperen a otro gobierno”. Poco tiempo después, el 11 de agosto, sostuvo que “tocar el tipo de cambio es devaluación, argentinos y argentinas, ¿y sabés dónde se te va tu salario cuando devalúan? Ya la vimos esta película”. Por último, el pasado 2 de diciembre, el ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó que el Gobierno no tenía en agenda “ni la caída de salarios ni devaluar tremendamente el peso”.
Si bien estas medidas permitieron sostener por varios años la cotización que el Gobierno buscaba para el dólar, por el otro no hicieron más que incrementar la presión por la moneda norteamericana.
Estas declaraciones sólo reafirmaban un rumbo tomado hacía tiempo, en el que debido a la fuerte presión por el dólar, paulatinamente se incrementó la intervención estatal para sostener las reservas y el valor de la moneda norteamericana, tanto por medio de la búsqueda de nuevas divisas como restringiendo también la salida de las mismas, acelerando paralelamente las minidevaluaciones del peso.
Si bien estas medidas permitieron sostener por varios años la cotización que el Gobierno buscaba para el dólar, por el otro no hicieron más que incrementar la presión por la moneda norteamericana, que en el último año tuvo su correlato en el fuerte aumento del dólar paralelo. La última de las medidas intervencionistas fue dispuesta el pasado martes, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) restringió la posibilidad de comprar en el exterior a través de internet y sin pagar impuestos a sólo dos transacciones anuales por operaciones de un total de 25 dólares.
Pero el miércoles, todo cambió. Por primera vez durante un día de fuerte presión, el Banco Central no intervino para frenar la cotización del dólar oficial. El resultado, un dólar que de 6,90 saltó a 7,15. El jueves, la autoridad monetaria pareció volver a actuar (o a no hacerlo) de la misma forma, aunque sobre el final de la jornada intervino y logró bajarlo de 8,40 a 8,01. No obstante, el saldo del día fue el de una devaluación aún más fuerte.
Por la mañana del pasado viernes, el Gobierno comunicó que se liberaría el dólar para atesoramiento, (más allá de que se supone que en condiciones reguladas, es decir, bajo justificación fiscal), y que disminuiría del 35 al 20% el anticipo del Impuesto a las Ganancias para la adquisición de divisas con fines turísticos o en compras en el exterior con tarjeta de crédito. La medida, junto a las tomadas en días anteriores, provocó incertidumbre en los especuladores, lo que implicó que el dólar paralelo bajara un peso (se comercializó a 12 pesos). Por su parte, el Banco Central volvió a intervenir, pero en esta ocasión para sostener el precio de la divisa norteamericana en 8,01.
Así, en los últimos tres días de la semana, se implementaron nuevas medidas de línea ortodoxa, es decir, de disminución de la intervención del Estado en la regulación, dejando que las fuerzas del mercado definan la cotización según la oferta y la demanda.
“No ha sido una devaluación inducida por el Estado. Para aquellos amantes del libre mercado, la oferta y demanda de divisas es la que se expresó ayer en el mercado de cambios”, reafirmó el jueves en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dando por sentado también que el Gobierno dejó en libertad a este mercado. También Kicillof se pronunció el viernes al respecto, afirmando que “hay intereses muy fuertes atentando contra el proyecto económico. Ayer hubo un ataque especulativo contra el peso”.
Las acciones, y declaraciones, dejan en claro que el Gobierno tuvo siempre como estrategia de política económica evitar las fuertes devaluaciones, y su consecuente perjuicio sobre los ingresos de la clase trabajadora. Por eso, es altamente probable que las últimas medidas de gobierno hayan sido la reacción lógica y entendible ante un mercado que había logrado torcerle el brazo, antes que por una súbita nueva idea de país. Dirigir la economía de una nación, empero, no es sólo objetivos deseables, sino hechos. Y en los hechos, el Gobierno puede haber querido, pero no sabido, o podido, confrontar a los sectores concentrados para evitar la fuerte devaluación.
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