Tres hechos modifican los relatos posibles sobre la política de la dictadura burguesa terrorista en materia de la desaparición de personas: la discusión entre Jorge Rafael Videla y su amanuense, Ceferino Reato, sobre el número de asesinatos ejecutados bajo su responsabilidad; la citación judicial de Carlos Blaquier, presidente de Ledesma, para indagar la responsabilidad que le cupo en los episodios del 22 al 27 de julio de 1976 en el ingenio de su propiedad; y la admisión por parte del Episcopado de la autenticidad del documento publicado por Horacio Verbitsky en Página/12, del 6 de mayo (SECRETO DE CONFESION).
Tres hechos, un resultado: la victoria del relato popular, el relato de los organismos de Derechos Humanos queda en pie, los otros se derrumbaron.
Videla “confiesa” a la jerarquía católica el “método” puesto en práctica (captura, tortura, asesinato y desaparición de los cuerpos de antagonistas políticos) en defensa del orden occidental y cristiano. Treinta y cuatro años más tarde no caben dudas documentales; Emilio Mignone ya había demostrado analíticamente en Iglesia y Dictadura, la complicidad estructural de la jerarquía católica. Ahora sabemos que además se dedicaron a falsificar la historia, para impedir que los responsables políticos, entre otros la propia Iglesia, respondan ante la ley.
Investigaciones específicas permitirán determinar el papel de los 250 capellanes militares en las mazmorras de la dictadura, así como el rol de ciertos empresarios y las Fuerzas Armadas.
Avancemos con calma. Reato, según La Nación, aclaró que las entrevistas con Videla no fueron grabadas, porque “está prohibido ingresar con grabadores” al penal. Pero explicó que “tomaba nota de cada respuesta y luego las pasaba en limpio” y que el ex jefe militar pudo revisar todas sus respuestas, como consta en originales que conserva. “Es una técnica que utilizo con todos mis entrevistados cuando no puedo grabar las entrevistas”, explicó el periodista, al insistir en que le interesaba brindar a los lectores “las respuestas que efectivamente Videla quería dar, evitando errores e imprecisiones”. El ex dictador fijó la cantidad de personas desaparecidas entre 7.000 y 8.000, en una entrevista realizada el 26 de octubre de 2011, lo que luego reiteró el 16 de noviembre siguiente.
Es útil entender el procedimiento. Videla cuenta, Reato transcribe y pasa en limpio; Videla lee el texto, corrige las “inexactitudes” de su puño y letra, y Reato publica la versión retocada por Videla. La buena fe de ambas partes está fuera de discusión. El periodista comparte la voluntad del responsable militar de la represión por dar a conocer “los hechos”, y se propone facilitarle los instrumentos profesionales para que “la verdad” llegue a los lectores.
Y sin embargo, tanta escrupulosidad naufraga. Videla señala que el dato publicado (número de víctimas asesinadas bajo su responsabilidad, 7.000 u 8.000) resulta “falaz” y arriesga una explicación que limita la responsabilidad del periodista. Reato replica casi con dureza: “Dada la voluntad de Videla de clarificarlas, haría muy bien a la verdad histórica que él intentara precisarlas con la información que debe tener y la que puede reunir en los contactos que todavía mantiene con sus subordinados de aquellos tiempos.”
El convenio de trabajo entre Videla y Reato súbitamente se ha modificado. ¿Qué pasó? La interna militar se puso en marcha. Los oficiales con causas pendientes se sintieron traicionados. Una cosa es “confesar” ante la cúpula católica –que se calló prolijamente la boca, y sólo contesta exhortos judiciales– y otra bien distinta reconocer que las cosas fueron como se sabe.
Ejemplo paradigmático: el cuerpo de Mario Roberto Santucho, responsable máximo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Videla reconoció su ejecución, pero sostuvo que el destino final de Santucho era responsabilidad del jefe de cuerpo. Es decir, del entonces general Santiago Omar Riveros; el ex comandante de Institutos Militares, con arresto domiciliario por las condenas recibidas en virtud de los delitos cometidos en Campo de Mayo, según La Nación desplegó una “llamativa verborragia”. Riveros escuchó la lectura de los dichos de Videla y respondió: “Lo que (Videla) hizo fue un acto deleznable, vil y cobarde, me cabeceó el muerto, es una mendacidad absoluta y total, yo no podía dar ninguna orden al respecto.”
Ese es el punto. Sostiene Reato en La Nación:“(…) la forma de ocultar el cuerpo de cada una de esas personas quedaba a criterio del jefe de zona”. Recuerda la página 62 del libro, donde cita a Videla: “La responsabilidad de cada caso recayó en el comandante de la zona, que utilizó el método que creyó más apropiado.” Ahora se entiende, no importa que el discurso militar se caiga en pedazos, y requiera ser restaurado. Todo intento de aggiornarlo sirve para que las “responsabilidades penales” queden a la vista (“me cabeceó un muerto”) y Riveros no está dispuesto a hacerse cargo de nada. Eso fue lo que le prometieron: impunidad total, ningún oficial sería molestado nunca, más allá de lo que hubiera hecho.
EL AFFAIRE LEDESMA. En el bosque de los signos la marca Blaquier equivale a poder omnímodo. Las leyes no los obligan. Los pobladores que se enferman de dolencias respiratorias causadas por el bagazo (desecho de la caña de azúcar) nunca han podido obtener en el hospital local un diagnóstico que diga “bagazosis”. Esa enfermedad está proscripta, sin embargo Libertador-Ledesma sigue siendo la localidad de América con el promedio de vida más bajo: 43 años. Los Aredez fueron los primeros que resistieron a los Blaquier.
Luis Aredez era “un mediquito zurdo” que tenía el “gesto demagógico” de recetar remedios caros para los obreros del ingenio, según lo definió el capataz Mario Paz en la película Sol de Noche, de Eduardo Aliverti. Por eso y por pretender que Ledesma pague impuestos desapareció sin más.
Nadie ignoraba nada, sólo que todos sabían: ¿el doctor Carlos Blaquier, preso? Imposible. Estamos hablando del presidente honorario de la Sociedad Científica Argentina, junto a Bernardo Alberto Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein, reconocido defensor de la política industrial del gobierno K, muy amigo del senador Gerardo Morales, en un reportaje “iconoclasta” Blaquier replica cínicamente a La Nación: “No tenemos que ejercer ninguna defensa porque nadie nos hizo un juicio. Hablan, pero si tuvieran pruebas nos habrían hecho un juicio.” Pues bien, la hora del juicio llegó y Blaquier corretea por Europa. No tiene edad ni hábito para la clandestinidad, de modo que más tarde o más temprano deberá “tocar el pianito”. Y cuando lo haga la igualdad ante la ley dejará de ser una interesante teoría jurídica para pasar a ser una valiosa práctica societaria.
Entre 1976 y 1983, rigió el estado de excepción en la sociedad argentina. La ley estaba en suspenso. El único derecho que se garantizaba era el de propiedad, y no en todos los casos por cierto. Por tanto, cuando un integrante de un grupo de tareas torturaba, violaba y asesinaba estaba sirviendo a la “patria”, mientras que, si un integrante de la Villa 31 sustraía un pasacasetes era sin más un peligrosísimo delincuente. Con el restablecimiento de los gobiernos parlamentarios la cosa no cambió demasiado. Y el juicio a las Juntas Militares, si bien puso en foco el problema, también sirvió para responsabilizar a los “militares” y desreponsabilizar a los civiles.
Sólo había víctimas y victimarios, los beneficiarios de la dictadura burguesa terrorista se volatilizaron. Esa siniestra fábula no hizo menos daño que la práctica terrorista. Educó a una sociedad en el sometimiento irrestricto al poder económico, a tal punto que lesionar cualquier “interés” comercial y la confiscación lisa y llana se volvieron sinónimos. Que un Blaquier deba responder en causa imprescriptible contiene implícito todo un curso de derecho civil, igual que la impunidad, pero de signo opuesto. Ya era tiempo.
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