Es imposible saber si entre las lecturas de Conrado Bergesio se encuentran las obras de los grandes cuentistas norteamericanos, pero su actuación de la última semana se parece mucho al despertar de Rip Van Winkle, aquel personaje de Washington Irving que, después de dormir durante años, descubrió que el mundo que conocía, y sus propias circunstancias, habían cambiado.
A primera vista, el juez federal de San Isidro repitió en apenas 3 días –y de manera contradictoria– lo que no había hecho en los 7 años que lleva a cargo la causa que investiga la presunta apropiación indebida de los dos niños que Ernestina Laura Herrera de Noble inscribió irregularmente como sus hijos adoptivos en 1976.
Obligado por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, el miércoles 30 Bergesio convocó a Marcela y Felipe Herrera Noble para que se les extrajera sangre en el Cuerpo Médico Forense.
Los jóvenes se presentaron voluntariamente, ya que se trataba de una medida conveniente a la estrategia de los abogados del Grupo Clarín. Esto es: facilitar muestras de ADN para que fueran comparadas –fuera del Banco Nacional de Datos Genéticos– con las de las familias Gualdero-García y Miranda-Lanoscou, apenas 2 de los más de 20 grupos de familiares de desaparecidos entre los que podrían encontrarse sus familias biológicas.
Como la defensa de la viuda de Noble tiene la certeza de que ni Felipe ni Marcela tienen relaciones de filiación con ninguna de esas dos familias, la jugada apuntaba a que, una vez establecida la inexistencia del vínculo, Bergesio ordenara destruir las muestras y cerrara la causa.
Los rápidos reflejos de las Abuelas de Plaza de Mayo –que, igual que la fiscal Rita Molina, se opusieron a la medida y anunciaron que pedirían el juicio político del magistrado– impidieron que la maniobra se consumara. Puesto entre la espada y la pared por los querellantes y por el texto de la Ley de Recolección de ADN, el jueves Bergesio pegó un volantazo en la causa y allanó los domicilios de Marcela y de Felipe Noble Herrera (en este último caso, aunque el joven se casó hace pocos días, el procedimiento se realizó en la casa de Ernestina Herrera de Noble) e incautó cepillos y ropa. Finalmente, envió estas muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand, donde deberán compararse con el material suministrado por todas las familias de desaparecidos.
Por primera vez, Conrado Bergesio tomó –porque no tenía otra alternativa– una medida contraria a los intereses de Clarín, el grupo que, 7 años atrás, hizo todo lo posible para ponerlo en el lugar donde está.
La genética del Camarón. En diciembre de 2002, cuando ordenó detener a Ernestina Herrera de Noble por “ falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento público falso” , el juez Roberto Marquevich no sabía que comenzaba la cuenta regresiva de su destitución. Clarín intentaba, en todos los frentes y por todos los medios, poner la causa en manos de un juez amigo. En ese sentido, los antecedentes de Conrado Bergesio eran inmejorables.
Semanas después, Alcira Ríos, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, recibió una insólita propuesta de su colega Eduardo Padilla Fox:
–Doctora, ayúdenos a sacar a Marquevich de la causa, que si se la sacan se la van a dar al juez del Juzgado 2, el doctor Bergesio, que es un muy buen juez, nosotros ya hablamos con él y es muy serio –la encaró el defensor de la viuda de Noble.
–De ninguna manera, doctor.
–¿Por qué?, si es muy buen juez.
–Para nada, porque actuó en el Camarón.
Dicen quienes lo conocen, que Conrado Bergesio no suele exhibir entre sus credenciales su paso por el tristemente célebre Camarón, el fuero antisubversivo creado por la dictadura de Lanusse en mayo de 1971, también conocido como “ la cámara del terror”.
Su mentor intelectual fue el entonces ministro de Justicia, Jaime Perriaux. Dividido en tres salas, los vocales designados fueron los jueces Ernesto Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Carlos Enrique Malbrán (Sala I); César Black, Eduardo Munilla Lacasa, Jaime Smart (Sala II); y Tomás Barrera Aguirre –sucedido por Esteban Vergara–, Jorge Quiroga, Mario Fernández Badesich (Sala III). Las acusaciones corrieron por cuenta de los fiscales Jorge González Novillo, Gabino Salas y Osvaldo Fassi.
Quienes tienen años en la Justicia recuerdan que el juez asignado debía culminar la investigación en menos de 40 días, y luego de que el fiscal y los defensores ofrecían sus pruebas, se realizaba un juicio oral frente a los jueces que dictaban sentencia. En ese contexto, unas 600 personas fueron condenadas.
Bergesio, en aquellos años, era un promisorio empleado, un engranaje menor de una maquinaria que ningún jurista con prestigio aceptó integrar porque violaba el principio del “juez natural” . En pocas palabras: la garantía constitucional que toda persona tiene a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad al hecho delictivo que se le imputa. Sin embargo, no era la única aberración que incluía el engendro. El tribunal, además, se constituía en instancia única, podía mantener incomunicado al imputado durante 20 días y tenía la atribución de no dar a conocer al procesado la acusación fiscal. En los hechos, un sistema de incomunicación prolongado que alentó y encubrió las sesiones de torturas que se generalizarían después del 76. En esa escuela Conrado César Bergesio comenzó a practicar la justicia.
Los interesados en poner a Bergesio a cargo de la causa Noble tenían en sus archivos (los archivos de los grandes diarios argentinos suelen ser muy completos) otro dato que lo pintaba como el hombre ideal para ocuparse de un caso de apropiación indebida de hijos de desaparecidos.
En 1998, el antiguo empleado del Camarón había pedido el juicio político de su colega Roberto Marquevich por no haberle concedido la prisión domiciliaria al genocida Jorge Rafael Videla, procesado por el robo de bebés. Marquevich había sostenido que el beneficio previsto para las personas mayores de 70 años sólo puede ser aplicado a los condenados y no a los procesados, como era Videla. Entonces Bergesio buscó un pelo en la sopa y mostró un caso similar en el que Marquevich, a su juicio, había dictaminado de manera opuesta al concederle arresto domiciliario a una señora llamada María del Carmen Eduartes.
En el pedido de juicio político, Bergesio no dijo que el caso de la señora Eduartes tenía una diferencia abismal con el de Videla: la mujer era cuadripléjica, no iba a fugarse a ningún lado, ni tampoco podía actuar para encubrir su propio delito.
Su carrera judicial tiene también –entre muchas otras– dos perlas que vale la pena destacar para pintarlo de cuerpo ideológico entero. Una de ellas, haber otorgado la excarcelación a los ciudadanos peruanos –requeridos por la justicia de ese país– Ernesto Schultz Landazuri, José Enrique Crousillat López Torres y su hijo José Francisco Crousillat Carreño, acusados de venderle por 619 mil dólares mensuales al monje negro de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, una fastuosa operación de prensa para lavar la imagen del alicaído presidente de ascendencia japonesa.
Estos empresarios se habían escapado de Perú para eludir a los jueces. Detenidos en la Argentina, Bergesio los liberó, tras lo cual volvieron a fugarse rápidamente. La otra perla –que data de 2001– fue haberse declarado competente para modificar las restricciones del arresto domiciliario de Carlos Menem dispuesto por el juez Jorge Urso. El ex presidente estaba procesado como jefe de una asociación ilícita que había traficado armas a Croacia y Ecuador. La jugada había sido perfectamente planificada por “ el grupo de combate” –como se autodenominaban los abogados del riojano–, que habían logrado instalarlo en la quinta que Armando Gostanian tenía en Don Torcuato para que quedara en la jurisdicción de Conrado César Bergesio.
El mejor alumno… hasta ayer. “Cuando la Cámara me apartó de la causa por haber detenido a la señora de Noble se la llevó al doctor Bergesio, juez conocido por toda la Justicia como íntimo amigo de militares y de gente vinculada al proceso militar”, suele repetir el desplazado juez Marquevich cuando se lo interroga sobre el asunto. Lo ocurrido en los últimos siete años parece darle la razón. “Las medidas que tomó y las dilaciones en los procedimientos hacen pensar que es más el abogado de la familia Noble que un juez de la República”, dicen cerca de la querella.
La cabriola del jueves pasado, cuando –acorralado por la posibilidad del juicio político– allanó las viviendas de Marcela y Felipe Noble para recoger muestras de ADN que deberán ser comparados en el Banco Nacional de Datos Genéticos, no le sirvió para mejorar su desgastada imagen judicial. Los organismos de derechos humanos y buena parte de la sociedad siguen desconfiando de él, pero ahora tiene un nuevo enemigo, el Grupo Clarín, cuyo abogado, Jorge Anzorreguy, anunció que apelará para conseguir la nulidad del procedimiento.
Si los procedimientos son claros, pronto los ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera dirán de dónde provienen y les darán la posibilidad de recuperar sus identidades. Esos ADN, asimismo, pueden llegar a demostrar que la viuda de Noble podría haber sido no sólo una cómplice propagandística y económica de la dictadura, sino también una apropiadora de hijos de desaparecidos. Ese ADN, finalmente, responderá también a otra pregunta: ¿es posible creerle a Clarín?
En cuanto al ADN judicial de Conrado César Bergesio ya está dicho casi todo.
Jorge Anzorreguy, Alejandro Carrió y Roxana Piña conforman el extraño trío de abogados que representa a los herederos del Grupo Clarín, Marcela y Felipe Herrera de Noble.Con historias diferentes, los tres letrados tienen en común que sus estudios atienden a las principales empresas, a los protagonistas de la política y a muchos nombres del poder. Y son muy caros. “Cobran no menos de 100 mil pesos para empezar a hablar” , confía uno de sus colegas.
Durante la década de los 90, Jorge Anzorreguy fue dueño y señor del fuero federal. Durante esos años dorados del menemismo, sólo necesitaba una agenda y un teléfono para barajar cual mazo de cartas las principales causas judiciales del país. Desde esa época, a su estudio se lo vinculó con los jueces adictos, los fallos beneficiosos, los dictámenes cómplices por acción u omisión que sacaron de apuros a casi todos los poderosos de la Argentina.
Nadie duda de que Anzorreguy, hermano del ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), es uno de los más eficientes digitadores del Poder Judicial argentino. Con los códigos en una mano y la agenda telefónica en la otra, Anzorreguy está en el vértice de una red de estudios poderosos y bien conectados que atienden a las principales empresas, a los protagonistas de la política y a muchos nombres del poder y les indican a qué despacho vip debe ir cada cliente.
Pero además, hay docenas de jueces que deben sus cargos a los buenos oficios del actual letrado de los Noble. Anzorreguy logró, por ejemplo, el nombramiento de su cuñado, Eduardo Moliné O’Connor como miembro la Corte Suprema.
La meteórica y malograda carrera del destituido juez Juan José Galeano sólo se explica por su amistad con los hermanos Jorge y Hugo Anzorreguy. Todos intervinieron en la famosa causa del sanatorio Güemes, que llevó a la cárcel al juez Remigio González Moreno, acusado de cohecho.
Fue en abril de los 90 que los destinos de Galeano y Jorge Anzorreguy se cruzaron. Gracias a la intervención de un oscuro secretario llamado Juan José Galeano, el estudio Anzorreguy se anotó un resonante éxito y suculentos honorarios. En reconocimiento a la labor realizada, en 1993, Galeano fue designado juez federal. Nadie dudó de que el espaldarazo había tomado impulso en la calle 25 de Mayo, la casa de los espías, el lugar desde el cual Hugo Anzorreguy –asesorado por su hermano Jorge– manejaba los hilos de la Justicia. Hoy, sin embargo, Galeano y Hugo Anzorreguy están imputados en el encubrimiento al atentado contra la AMIA.
Pero Jorge Anzorreguy no sólo se ha especializado en manejar los invisibles hilos de la mal llamada “familia judicial”, sino que cuando ha sido necesario, también se ha ocupado de purgarla de acuerdo a las necesidades de sus clientes: “Mi destitución se hizo sobre la base de un trabajo de Jorge Anzorreguy, que era abogado de la señora de Noble y que me vino a ver varias veces para que yo cambie de criterio”, ha dicho el juez Roberto Marquevich, antecesor de Conrado Bergesio en la causa que desde hace siete años tiene a la viuda de Noble en el banquillo de los acusados. “En una oportunidad, Anzorreguy llegó a hablarme de una jubilación privada”, desliza Marquevich.
Durante el escándalo de los sobresueldos en el Poder Judicial, los nombres de Jorge y Hugo Anzorreguy volvieron a cruzarse: se decía que era Jorge el que repartía a los jueces federales la plata que Hugo manejaba en la Side, tal como dejó entrever el ex ministro Oscar Camilión.
Actual directivo del Tortugas Country Club, Jorge insiste en despegarse de lo que fue la actuación de su procesado hermano al frente de la Secretaría de Inteligencia.
Antiguas rencillas entre Jorge y Hugo hicieron que los dos hermanos se distanciaran. Y que sus mujeres –las hermanas Moliné O'Connor– sean capaces de levantarse de un restaurante si la otra ocupa una mesa. Dinero, cargos, acusaciones cruzadas y el estudio Anzorreguy convirtieron a los dos hermanos en enemigos irreconciliables.
Gustavo, que es el menor de los cuatro hermanos, y su esposa plantearon que no estaban de acuerdo con dividir las ganancias del estudio en cuatro partes iguales porque Hugo no trabajaba allí. El jefe de los espías del menemismo contraargumentaba que buena parte de la selecta clientela del estudio se debía única y exclusivamente a la tarea que él desempeñaba en la Side y que triangulaba los clientes. Desde entonces las relaciones sólo han ido de mal en peor con el paso del tiempo.
Otro abogado de la señora Ernestina Herrera de Noble es Alejandro Carrió, que también es defensor de Francisco de Narváez, principal accionista de América TV, en la causa por el tráfico de efedrina. Al mismo tiempo, el abogado preside la Asociación por los Derechos Civiles, que se pronunció en contra de la nueva ley audiovisual, objetada por Noble y De Narváez.
La tercera miembro del trío es Roxana Piña, que representó a Francis Smith en un caso de plagio contra Luis Miguel.
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