Extendiendo la visión un tanto más allá de lo conflictos coyunturales que se repiten semana tras semana, lo que emerge con cada vez más fuerza es una politización creciente de la sociedad en su conjunto. Las diversas políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno nacional fueron erigiéndose como fuertes clivajes sociales generando repercusiones en una multiplicidad de escenarios, y creando con ello un clima donde parece resucitar la discusión pública de los asuntos comunes.
El abandono del período neoliberal supuso y sigue suponiendo una multiplicidad de cambios en diferentes planos. Uno de ellos parece ser el retorno de la política como una cuestión eminentemente pública. Las acaloradas discusiones generadas por la célebre resolución 125 o los intensos debates que suscitó la Ley de Servicios Audiovisuales; las repercusiones en la sociedad sobre la estatización de las AFJP o la utilización de las reservas del Banco Central, permiten al menos sospechar una suerte de “descosificación” y apropiación de la política y el gobierno, y el fin de aquella idea que los encerraba como actividades especializadas y monopolio de unos cuantos.
Al mismo tiempo, empieza a diluirse otra de las tantas ideas fuertes de los ’90: una noción de la política entendida como necesidad de consenso. Aquel consensualismo tan propio del período neoliberal, presente aún en discursos como el del ex presidente Duhalde instando por una unión nacional que incluya también a los defensores de Videla, revela una falta total de comprensión de aquello que está en juego en la política democrática. Por el contrario, la intensidad con la que se vive y se discute cada medida oficial parece ir reconstruyendo poco a poco aquella dimensión antagónica constitutiva y propia de lo político.
Contra aquella idea errónea y peligrosa vinculada con el hecho de que para ser democrático hay que buscar el consenso, se enfrentan los debates políticos actuales generando la tan necesaria alineación por intereses y reforzando las condiciones de posibilidad de toda democracia: el enfrentamiento y puesta en juego de distintas alternativas. En ese sentido, la democracia no debe entenderse como un mero procedimiento, sino como un régimen político que no puede ni debe ser agnóstico en lo relativo al bien común, puesto que se define y constituye por su afirmación de determinados valores.
Mientras que los trágicos sucesos del 2001 pusieron de manifiesto la profunda crisis de representatividad, expresada en un sincero hastío de la sociedad hacia la política en general, en nuestros días comienzan a aparecer signos de reconciliación. Las recientes manifestaciones autoconvocadas en apoyo al Gobierno nacional –sospechosamente ignoradas por los grandes medios de comunicación– son la muestra más cabal de aquello: “ciudadanos” sin afiliación partidaria que deciden sin más concentrarse para expresar una voluntad de acompañamiento a un proceso que, con diferentes matices, sienten que los incluye.
Sin embargo, este renacer de lo político se enfrenta a una lucha cotidiana contra una oposición que se afana por obstaculizar cualquier medida. Una oposición que no propone, que no busca discutir, que no argumenta. Una oposición que judicializa la política y le sustrae, así, lo propio de ella, puesto que la lleva a un plano que no le es propio y donde se socavan sus propias reglas de interacción. Una oposición que desde una retórica vacía se autoproclama guardiana de la democracia, pero que en su accionar se perfila cada vez más golpista.
El monocorde argumento que utilizan sobre una supuesta corrupción generalizada, así como los reiterados pronósticos de un apocalipsis inminente, o las críticas limitadas sobre el autoritarismo presidencial, se instituyen como prácticas cuyo correlato ignoran la dimensión verdaderamente política, en el sentido de que evitan bajo todos los medios entrar en la discusión necesaria que implica crear o mantener una organización social acorde con intereses y valoraciones específicos.
Los procesos históricos suelen ser lentos y complejos. Además de lo hecho, el retorno final de lo político hacia la dimensión amplia de lo social dependerá, entre otras cosas, de las capacidades para superar los formatos clásicos de representación –que recortan al mínimo los poderes de la mayoría– y de la apertura de nuevas instancias genuinas de participación. Tarea en la cual todos contamos, desde diferentes lugares, con esa interesante responsabilidad.
participemos de la defensa de la ey de Medios,9 de abril, 19hs en el obelisco.
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